La Policía Nacional y el Ministerio Público buscan determinar el origen de los restos óseos y parte de un ataúd que fueron encontrados en un asentamiento de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Los materiales fueron levantados y se encuentran en la Morgue Judicial para su estudio.
Según el reporte policial, el hecho se registró durante la noche de ayer, martes 21 de julio, en el asentamiento Victoria, de Pedro Juan Caballero, a unos 2 kilómetros de la ciudad. Allí fueron hallados por un vecino que estaba circulando por la zona. Los restos humanos estaban en avanzado estado de descomposición.
Tras el macabro hallazgo, don Milciades Areco Sanabria, de 46 años, dio aviso a la Comisaría 6ta. local y esperó a que estos lleguen para guiarlos hasta el lugar. En el sitio, se toparon con partes del ataúd y también restos que serían humanos que ya estaban en avanzado estado de descomposición.
En el reporte indica que también encontraron prendas de vestir, mortaja y flores esparcidas por el suelo. Se convocó al agente fiscal de turno y al médico forense para realizar el levantamiento de todas las evidencias y poder determinar el origen de las partes del cuerpo.
Hasta el momento, se desconoce cómo llegaron hasta ahí, pues los vecinos aseguran que no se percataron de nada, por lo que, no pudieron brindar más datos. Tampoco se reportó denuncias de profanación de tumba en zona o dentro del departamento. La investigación se encuentra a cargo de la comisaría local.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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Investigan posible complicidad e incautan teléfonos para peritaje
La búsqueda continúa con una alerta amarilla de localización internacional y podrían realizarse allanamientos en estancias aledañas.
Avanza la investigación en el caso de la desaparición del pequeño Khael. Los investigadores hallaron varios teléfonos celulares y detuvieron a dos personas. “En el marco del proceso investigativo, tenemos ciertas novedades, aunque no concluyentes”, manifestó ayer el oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en diálogo con el programa “Dos en la ciudad”, del canal GEN y Universo 970 AM.
En ese sentido, mencionó que el martes, siendo las 11:20, incautaron ciertos elementos que eran propiedad del capataz de la hacienda, Walter Correa Pesoa, quien ya estuvo detenido el pasado 6 de octubre y volvió a ser detenido. También se detuvo a un peón identificado como Vicente Martínez, de 33 años.
OBJETOS INCAUTADOS
“Los objetos incautados son aparatos celulares, distintos al celular que el señor Walter Correa Pesoa ya había entregado para peritaje. También se incautaron chips de diferentes líneas, armas de fuego y una tarjeta de memoria”, precisó el agente policial.
Estas personas están detenidas mientras se realiza el peritaje de los aparatos electrónicos, indicó el uniformado. “Todo esto se debe a que en un momento dado, el señor Walter había declarado y había entregado un aparato celular, pero no dijo que poseía otro ni que poseía otros elementos que podían vincularlo”, explicó el investigador.
Por otra parte, mencionó que la mujer estaba siguiendo un proceso judicial de filiación con un ingeniero agrónomo. Sin embargo, su paternidad fue descartada a través de una prueba de ADN, señaló el oficial. No obstante, también fue incluido en la investigación. “Este señor también fue detenido en su tiempo, pero es diferente. Walter Correa Pesoa fue otra pareja de ella mientras desempeñaba funciones dentro de la casa”, detalló.
En cuanto a una posible localización del niño, afirmó que no cuentan con ningún rastro.
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El Gobierno nacional entrega 216 viviendas en Amambay
Gobierno nacional continúa fortaleciendo su política habitacional con la entrega de 216 viviendas en los distritos de Capitán Bado y Karapaí, en el departamento de Amambay. Las soluciones habitacionales benefician a familias organizadas y a comunidades indígenas, ampliando el acceso a una vivienda digna en el decimotercer departamento.
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, compartió con las familias beneficiadas durante los actos de entrega, acompañado por el gobernador Juan Silvino Acosta, los intendentes Rodney Villalba y Ezequiel Ayala, y concejales municipales.
DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS
La distribución de las viviendas se dio de la siguiente manera: en Capitán Bado, 65 viviendas para la Comisión de Viviendas Populares San José; Karapaí, 35 viviendas para el Comité Provivienda, y 35 para el Comité Vecinal San Andrés.
Mientras que para comunidades indígenas de ambos distritos 81 viviendas fueron para las comunidades Itaju, Mbarakay Ka’a Poty e Itapoty.
En el caso de las comunidades indígenas, las viviendas fueron construidas mediante un convenio con el Parque Tecnológico Itaipú (PTI). Estas soluciones habitacionales contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias, con respeto a sus costumbres y particularidades culturales.
Con estas entregas, el Gobierno reafirma su compromiso de ampliar el acceso a la vivienda en todo el país. La política habitacional registra 46.140 viviendas gestionadas y 34.850 entregadas a familias paraguayas, un alcance sin precedentes que refleja el impulso del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana en el mejoramiento de la calidad de vida de los paraguayos.
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MUVH entrega más de 200 viviendas a familias de Capitán Bado y Karapaí
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, desarrolló este viernes una jornada de gobierno en el departamento del Amambay, entregando un total de 216 viviendas a familias de los distritos de Capitán Bado y Karapaí.
El secretario de Estado resaltó que estas nuevas viviendas fueron entregadas en el marco de los programas habitacionales impulsados por el Gobierno de Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El ministro Baruja estuvo acompañado por el gobernador de Amambay, Juan Silvino Acosta; los respectivos intendentes Rodney Villalba y Ezequiel Ayala, además de concejales municipales.
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Distribución de las viviendas
Desde el MUVH informaron que en el distrito de Capitán Bado fueron entregadas 65 viviendas a integrantes de la Comisión de Viviendas Populares San José. En Karapaí, otras 35 corresponden al Comité Pro Vivienda y 35 al Comité Vecinal de Producción Agrícola San Andrés.
Asimismo, 81 viviendas fueron destinadas a las comunidades indígenas Itaju, Mbarakay Ka’a Poty e Itapoty, de ambos distritos. Estas soluciones habitacionales fueron construidas a través del Parque Tecnológico Itaipú (PTI).
Según los datos oficiales, bajo la administración del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, se registran 34.850 viviendas entregadas y 46.140 gestionadas en todo el país, como parte de las acciones orientadas a ampliar el acceso a una vivienda digna.
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