Los aranceles de hasta el 100 % impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una amplia gama de drones importados, así como sobre sus componentes, entraron en vigor este jueves a las 0:01 (4:01 GMT). Trump firmó en agosto una orden que fijaba estas tarifas, después de que la Casa Blanca señalara “la amenaza para la seguridad nacional que suponen las importaciones de drones y sus componentes”.

La orden también tiene como objetivo reforzar las cadenas de suministro nacionales. Los drones con un peso de despegue superior a 25 kilogramos, así como aquellos con capacidades de imagen térmica y estaciones de acoplamiento, afrontan un arancel del 100 %. Los más pequeños están sujetos a un impuesto del 25 %.

Algunos componentes de estas aeronaves no tripuladas que “no son particularmente sensibles” también estarán sujetos a aranceles, pero estos solo entrarán en vigor el 9 de febrero del próximo año. China expresó su oposición a los gravámenes previstos poco después de que Trump los anunciara. Pekín instó a Washington a retirarlos.

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino afirmó que las tasas “interrumpirán la cadena de suministro mundial de drones y socavarán aún más un entorno de mercado justo y competitivo”. La empresa china DJI, fundada en 2006, ha acaparado más de dos tercios del mercado mundial de drones en los últimos años, según varios estudios.

Desde 2022, sin embargo, DJI figura en una lista estadounidense de empresas chinas vinculadas a las fuerzas armadas del país y está sujeta a restricciones en el acceso a tecnología estadounidense. DJI ha combatido su inclusión en ese listado. En una nota oficial de diciembre de 2025, el gobierno estadounidense establecía la necesidad de fabricar drones y sus componentes en Estados Unidos.

Fuente: AFP.

El diputado liberal, Arnaldo Valdez, representante del departamento de Misiones, presentó un proyecto de declaración por el cual insta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a incluir el tramo Yabebyry-Panchito López, del departamento de Misiones, en el proyecto de construcción del Corredor de Integración Suroeste.

Con la iniciativa busca atender una necesidad concreta de conectividad que afecta a los pobladores del distrito de Yabebyry y, particularmente, a la comunidad de Panchito López, donde las dificultades de transitabilidad constituyen una problemática recurrente y limitan las posibilidades de desarrollo de la población.

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De hecho, días atrás el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, ya había anunciado que desde el Gobierno están evaluando la ampliación del proyecto del Corredor Suroeste, en dicho tramo, dependiendo del presupuesto cuya financiación será mediante el préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) por un monto de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (286 millones de dólares).

Al respecto, el legislador liberal argumentó que el Corredor de Integración Suroeste es una infraestructura estratégica para fortalecer la conexión vial entre los departamentos de Misiones y Ñeembucú. Indicó que favorecerá la movilidad de personas y productos, la reducción de los costos de transporte y el acceso de las comunidades a servicios esenciales, además de generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y turísticas.

En este contexto, señaló que la incorporación del tramo que une Yabebyry con Panchito López permitiría extender los beneficios de esta infraestructura a una comunidad que históricamente enfrentó dificultades para contar con una conexión vial adecuada.

“La incorporación de aproximadamente 9 kilómetros al corredor constituye una medida orientada a completar la conectividad de la zona y brindar una respuesta de carácter permanente a una necesidad largamente planteada por los pobladores”, señala un segmento de las fundamentaciones.

Indica que una infraestructura vial adecuada no solo mejora la transitabilidad, sino que también genera condiciones favorables para el crecimiento económico, la producción, el comercio, el turismo y el acceso oportuno a servicios públicos.

La propuesta declarativa plantea que el MOPC realice los estudios técnicos, administrativos y presupuestarios correspondientes para determinar la viabilidad de la incorporación del tramo, así como las acciones necesarias para establecer una solución vial permanente. La iniciativa será analizada en la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, para posteriormente ser considerada en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados.

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Personal de agrupaciones de acciones tácticas de la Policía Nacional llevó a cabo ayer una requisa en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú. Durante la intervención fueron incautados varios elementos prohibidos, entre los que se destaca estoques y teléfonos celulares.

La inspección se centró en los módulos 7 y 8 (planta baja y alta), destinados a reclusos considerados de alta peligrosidad. La misma se realizó con personal del establecimiento penitenciaría y la Jefatura de Seguridad, con el apoyo de agentes del Grupo de Operaciones Tácticas (GEO), efectivos de la Comisaría 8.ª de Minga Guazú y personal de apoyo táctico de la Penitenciaría Regional de Villarrica, informó este jueves el Ministerio de Justicia.

Entre lo requisado se hallaron seis estoques, cinco aparatos celulares, un cargador portátil y cables de conexión, una bombilla, cajas de cigarrillos y dos encendedores; además de una bolsa de polietileno que contenía una sustancia en polvo de color marrón claro que arrojó 43,7 gramos.

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La institución detalló que la sustancia decomisada fue analizada por el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, arrojando resultado negativo a supuesta cocaína.

La intervención fue liderada por el comisario principal Dario Núñez. El procedimiento fue comunicado al fiscal Especializado en la Lucha contra el Narcotráfico, Manuel Rojas, quien dispuso la entrega de la sustancia analizada a la Policía Nacional para su remisión e inspección en el Laboratorio Forense de la Fiscalía.

El Ministerio de Justicia afirmó que “continuará ejecutando estos operativos de forma periódica, sosteniendo una postura firme de tolerancia cero ante cualquier irregularidad”.

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El Gobierno dará una respuesta rápida al reclamo por el tramo 3 de la Ruta del Progreso. Así lo confirmó el vicepresidente Pedro Alliana, quien señaló que ya se coordinó con el Ministerio de Obras Públicas la ejecución de trabajos de bacheo y la reparación de alcantarillas, mientras se resuelve el conflicto judicial con la empresa adjudicada para este tramo.

El segundo del Ejecutivo mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del departamento de Misiones, en la que gestionó una respuesta rápida al reclamo planteado por representantes de San Juan Bautista respecto al estado del tramo 3 de la ruta de acceso a la ciudad.

Alliana explicó que las autoridades de Misiones acercaron su preocupación y el pedido ya fue trasladado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que se encuentra al tanto de la situación.

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El vicepresidente señaló que, mientras se resuelve el proceso judicial relacionado con la empresa adjudicada para la ejecución del tramo 3, se coordinaron medidas inmediatas para atender las necesidades más urgentes de la zona. “Ya coordinamos con el Ministerio de Obras Públicas el bacheo de ese tramo 3 y también las alcantarillas”, informó Alliana.

Según explicó, los trabajos de reparación y drenaje tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad y evitar que las lluvias provoquen inundaciones que puedan afectar a escuelas, otras instituciones y viviendas ubicadas en el sector.

El vicepresidente agradeció la preocupación y gestión del intendente, del gobernador y de los concejales departamentales, destacando la coordinación entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional para buscar una solución al reclamo de los pobladores. “También agradecerle a José Luis, al intendente y futuro intendente reelecto acá, al gobernador y a los concejales por la preocupación”, expresó.

Alliana transmitió tranquilidad a los pobladores de San Juan Bautista y aseguró que se trabajará para dar una respuesta rápida al pedido planteado. “Queridos compañeros y amigos de San Juan, Misiones, queden tranquilos que vamos a darle una solución rápida a ese pedido, a ese reclamo de ustedes”, afirmó.

Las acciones coordinadas con el MOPC permitirán atender de manera inmediata los puntos más críticos del tramo, especialmente aquellos relacionados con el deterioro de la calzada y el sistema de drenaje, mientras continúa el proceso correspondiente para resolver la situación judicial vinculada a la obra.

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