La cooperación judicial entre Paraguay y Brasil dio un nuevo paso con el objetivo de reducir los tiempos que demandan los procedimientos para el traslado de personas condenadas entre ambos países. Representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia analizaron medidas para optimizar la tramitación de estos casos, priorizando la actualización de los acuerdos bilaterales y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan una gestión más eficiente, informaron este jueves desde el Poder Judicial.

Funcionarios de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia se reunieron con representantes del Ministerio de Justicia. Durante el encuentro se revisaron los procedimientos vigentes para fortalecer la coordinación institucional y garantizar una aplicación más ágil de los compromisos asumidos por el Estado paraguayo en materia de cooperación judicial internacional.

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Las autoridades recordaron que el Ministerio de Justicia cumple el rol de autoridad central en los procesos de traslado de personas condenadas, mientras que la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados de ejecución, tiene la responsabilidad de hacer efectivas las resoluciones y asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por el país.

La directora de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, Mónica Paredes, explicó que uno de los principales desafíos detectados es el tiempo que demanda la traducción oficial de la documentación al portugués, requisito indispensable para la tramitación de los expedientes con Brasil. Ese proceso ha sido identificado como uno de los factores que más inciden en la demora de los traslados.

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Como parte de las soluciones planteadas, ambas instituciones acordaron avanzar en la utilización del Expediente Judicial Electrónico para el intercambio de documentos y actuaciones. La implementación de esta plataforma permitirá agilizar la circulación de la información entre los organismos involucrados, reducir los tiempos administrativos y fortalecer la respuesta del sistema judicial en los procedimientos de cooperación internacional.

Agentes de la Penitenciaría Regional de Misiones detectaron un dron sobrevolando de manera sospechosa anoche. El equipo fue visto a una distancia aproximada de 100 metros del perímetro de seguridad, lo que activó de inmediato los protocolos de vigilancia en la zona, informó el Ministerio de Justicia en un posteo realizado en X.

Las autoridades del penal iniciaron el monitoreo correspondiente para determinar el origen del vuelo y reforzar las medidas de seguridad para evitar el ingreso de cualquier tipo de sustancia.

“Se activó de manera inmediata el protocolo preventivo de seguridad, alertándose a todo el personal penitenciario de guardia, así como al personal de la Policía Nacional apostado frente a la institución y al personal militar encargado de la custodia perimetral, quienes reforzaron las medidas de vigilancia y el control de la zona”, señaló.

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Tras ser divisado por el personal de seguridad, alrededor de las 20:30, el dron se alejó de la zona “sin que se registraran ingresos de elementos prohibidos, incidentes de seguridad o alteraciones al orden interno”. La institución detalló que se dispuso el refuerzo de la vigilancia y el control perimetral que mantienen en coordinación con policías y militares.

Se estableció además un monitoreo permanente del área y la adopción de las medidas preventivas necesarias para resguardar la seguridad institucional. El objetivo de las autoridades es reforzar la vigilancia en todo el perímetro para neutralizar cualquier riesgo y garantizar el orden dentro de la penitenciaría.

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Ministerio de Justicia abre investigación para dilucidar las circunstancias en que se produjo la fuga.

El Ministerio de Justicia dis­puso ayer la apertura de una investigación administrativa a fin de esclarecer las circuns­tancias en que se produjo la fuga de dos personas privadas de libertad de la Penitenciaría Regional de Misiones y deter­minar las responsabilidades que pudieran correspon­der. El hecho fue detectado durante el cambio de guar­dia y el procedimiento de for­mación y control de internos.

Los fugados estaban alojados en el sector de Admisión Baja y fueron identificados como Ignacio Cubilla, condenado a 8 años de pena privativa de libertad por tráfico de sus­tancias estupefacientes; y Pascual Benítez Miranda, condenado a 6 años de pena privativa de libertad por homicidio doloso.

“De acuerdo con el informe preliminar, los internos habrían violentado la reja del pabellón y posteriormente cortado los tres cercos de tejido del vallado perimetral, logrando abandonar el esta­blecimiento penitenciario con dirección a una zona boscosa”, señala el reporte emitido por la cartera penitenciaria.

El Ministerio de Justicia informó que como resultado de la requisa general que se desarrolló en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo en el marco del operativo Guyra hũ 3, se logró el decomiso de unos 500 celulares. Además, sacaron de circulación varias tarjetas SIM, armas de fabricación casera y varios objetos no permitidos.

Este operativo se realizó con la intención de desarticular esquemas de delitos informáticos que operan desde el interior de las penitenciarías y fue desarrollado en coordinación con la Policía Nacional, de acuerdo a la información brindada por el departamento de Ciberseguridad del Ministerio del Interior.

El operativo comenzó a tempranas horas de este lunes y finalizó esta tarde cuyo resultado fue bastante favorable. El operativo Guyra hũ 3 tuvo como resultado la incautación de: 500 celulares, varias tarjetas SIM, armas de fabricación casera y varios objetos no permitidos dentro de las celdas.

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Las autoridades confirmaron que para lograr este resultado se movilizó a unos 300 agentes de seguridad entre ellos efectivos policiales, tácticos antimotines y 100 agentes penitenciarios. La dirección de Asuntos Internos inició una investigación para determinar si hay complicidad de funcionarios para el ingreso o permanencia de estos objetos prohibidos.

Estos procedimientos de requisas y controles se iniciaron con: Vyrá Hu 1, en San Pedro en el marco de las investigación por vaciamiento de billeteras electrónicas y luego siguió con Vyrá Hu 2 en Encarnación por los esquemas de estafas y suplantación de identidad.

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