Un joven de 22 años falleció este viernes en la compañía Azcurra de Costa Jhu, Paraguarí, tras caer de un camión de carga en movimiento. El accidente fatal nuevamente fue protagonizado por un vehículo transportador de ladrillos que quedó sin frenos.

El percance se produjo alrededor de las 08:00 en el kilómetro 23 de la Ruta D009. Bomberos Voluntarios de Caacupé y personal de Criminalística acudieron al lugar y constataron el deceso del trabajador.

El informe policial preliminar señala que un camión Mercedes-Benz con chapa ANG 438, guiado por Fabrino Giménez Galeano (60), transportaba ladrillos cuando aparentemente quedó sin frenos.

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El conductor perdió el control del rodado y terminó volcado. Ante esta situación, dos de los acompañantes se habrían arrojado del camión. Como consecuencia, Derlis Giménez Araujo (22) sufrió lesiones de gravedad y falleció en el lugar.

Otro acompañante, Enrique Giménez Araujo (20), resultó lesionado y fue trasladado hasta el Centro de Salud de Pirayú. El hecho fue comunicado al Ministerio Público, y continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente.

El terrible accidente en Pedrozo que se cobró seis vidas también tuvo como protagonista a un camión que transportaba ladrillos. Presuntamente, estos conductores utilizan caminos alternativos para evitar controles que se intensificaron desde la semana pasada.

La Patrulla Caminera procede al control de todos los camiones que bajen por el cerro y al pesaje de la carga que transportan mediante una báscula móvil.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, considera que seguir la ruta del dinero es actualmente uno de los mayores desafíos y principal frente de batalla del Estado paraguayo ante el crimen organizado. Señaló que esta lucha no representa únicamente una amenaza vinculada al narcotráfico y la violencia, sino también al funcionamiento de las instituciones.

En una entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro señaló que el lavado de dinero y la capacidad de estas estructuras de infiltrarse en instituciones, así como comprar voluntades, o financiar campañas, son la mayor amenaza para la democracia.

Riera hizo esta puntualización al hacer una balance de los tres años de gestión gubernativa en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; señalando que para combatir este problema, el Estado también se tuvo que “organizar” y unir fuerzas para enfrentarles con todo el peso de la ley.

“Creo que el tema más complicado es seguir la ruta del dinero, que es lavada mediante empresas pseudo legales donde hay abogados, escribanos, funcionarios corruptos, periodistas, jueces, fiscales que sumados al uso de kriptomonedas hacen este trabajo muy complicado”, expresó.

Añadió que cuando el dinero del crimen organizado no se encuentra, los criminales lo utilizan para permear el sector público y privado comprando jueces, fiscales, abogados, escribanos, policías, militares, periodistas y demás. “Eso les permite financiar campañas y así los electos, responden al “sponsor” y no a los electores protegiéndolos del alcance la la ley. Es hoy por hoy la mayor amenaza de nuestra democracia", remarcó.

Ante esta situación, destacó la suma del poder público (fuerzas militares y la Policía Nacional), con tropas combinadas en los grandes operaciones en perfecta coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial. También destacó la colaboración de los aliados internacionales en los diferentes mecanismos de cooperación (comando bipartito, tripartito, Interpol, Coaliciones y todos los países del mundo), intercambiando inteligencia, tecnología y estrategia conjunta.

El ministro Riera destacó, finalmente, la implementación del Plan Sumar como una estrategia integral frente al microtráfico, que combina la acción de la fuerza pública, el tratamiento de las adicciones desde Salud Pública y la prevención entre los jóvenes desde Educación. Señaló que la segunda etapa apunta a llevar estas acciones directamente a los barrios.

Indicó que esta lucha particularmente contra el microtráfico se está abordando a nivel nacional, trabajando de forma coordinada en el marco de la política de Estado, repartiendo tareas en los problemas de aplicación de la ley mediante toda la fuerza pública coordinada entendido como un tema de Seguridad (la oferta) y el tratamiento de los adictos (la demanda).

“Mediante el Ministerio de Salud Pública, se aborda este tema como un problema de Sanidad Pública con especialistas en adicciones y, finalmente, la prevención para los más jóvenes mediante acciones concretas lideradas por el Ministerio de Educación. Esta es una política de estado. Y los resultados son muy esperanzadores porque en esta segunda etapa estamos bajando a los barrios con el Plan Sumar en Tu Barrio 2.0″, concluyó.

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• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.

El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.

“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.

Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.

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El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.

Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.

El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.

No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.

Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.

Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.

Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.

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En el marco del Día de Gobierno, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander y Víctor Ríos, ambos superintendentes de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, participaron de la habilitación de la oficina de la Unidad de Género, ubicada en el Palacio de Justicia de esta circunscripción.

La dependencia forma parte del proyecto “Mujeres en la Justicia”, desarrollado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el acompañamiento del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

Los ministros realizaron el tradicional corte de cinta tricolor, con lo que quedó oficialmente habilitada la oficina, que tendrá a su cargo acciones orientadas a la implementación de las políticas de género en el ámbito de la administración de justicia. Con esta apertura, la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia avanza en el proceso de desconcentración territorial, con el propósito de acercar sus servicios y asistencia técnica a las circunscripciones judiciales del interior del país.

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La Unidad de Género de Paraguarí será responsable de desarrollar las acciones previstas en la Acordada N.º 657/10, que establece la implementación de la política de transversalidad de género en el Poder Judicial. La oficina brindará asesoramiento técnico al Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial, a magistrados y magistradas, así como al funcionariado judicial, en materia de género y derechos de las mujeres.

La habilitación de esta oficina constituye la primera acción de un plan destinado a establecer unidades especializadas en diferentes puntos del territorio nacional. La cooperación española brinda asistencia técnica especializada a la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia y apoya el equipamiento de las oficinas, entre otras acciones.

También constituye la primera acción contemplada en el Plan Piloto de Descentralización Territorial de la Secretaría de Género. En una segunda etapa, está prevista la inauguración de tres oficinas más en las Circunscripciones Judiciales de Central, Itapúa y Alto Paraná.

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