El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) decidió iniciar una fiscalización tras el accidente laboral ocurrido el sábado en una barcaza, donde una explosión produjo el fallecimiento de cinco trabajadores. Según los datos recabados, los funcionarios realizaban tareas de limpieza en la embarcación cuando se produjo la explosión, cuyas causas aún son investigadas.
Los técnicos del ministerio del Trabajo comenzaron las diligencias para constatar las condiciones en que se desarrollaban las labores, la situación laboral de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa responsable.
La institución fiscalizadora señaló que la intervención forma parte de sus atribuciones en materia de fiscalización laboral y busca esclarecer las condiciones en que ocurrió el accidente, además de determinar, dentro de su ámbito de competencia, si existieron incumplimientos de la legislación laboral y de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que acompañará el desarrollo de las investigaciones en coordinación con las demás instituciones intervinientes.
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Fiscalía investiga explosión de barcaza que dejó varios fallecidos
El agente fiscal de Villa Hayes, Rolando Rivas, investiga la explosión registrada el 4 de julio de 2026, en una barcaza de la empresa LPG Emprendimientos S.A., amarrada en la zona de Zanja H, sobre el río Paraguay, en la localidad de Beterete Cué, departamento de Presidente Hayes.
Tras recibir la comunicación del hecho, el representante del Ministerio Público se constituyó hasta la zona de Bañado Sur, en Asunción, a fin de realizar el levantamiento y la posterior entrega de los cuerpos de Simón Díaz González, de 34 años; Ever Nilson Sosa Rotela, de 26 años; y Giovanni Samuel Amarilla Alegre, de 24 años, todos empleados de la empresa.
El médico forense de turno del Ministerio Público, doctor Augusto Schacht, diagnosticó como causa de muerte de los tres trabajadores “traumatismo craneoencefálico severo con estallido de masa encefálica por explosión violenta”. Cumplidas las diligencias de rigor, los cuerpos fueron entregados a sus respectivos familiares.
Posteriormente, el fiscal Rolando Rivas, acompañado por personal de la Comisaría Novena de Beterete Cué, efectivos del Departamento de Criminalística de Presidente Hayes, encabezados por el Lic. Walther Villalba, el médico forense doctor Augusto Schacht, bomberos voluntarios y con el acompañamiento de la Armada Paraguaya, se trasladó hasta el lugar del hecho.
En el sitio se llevó a cabo la inspección ocular, la fijación fotográfica y el levantamiento de indicios, diligencias que forman parte de la investigación encabezada por el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en que se produjo la explosión de la embarcación.
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Explosión de barcaza en la Costanera Sur deja cuatro fallecidos
Una explosión ocurrida este sábado en una barcaza tipo tanquera, que estaba atada sobre la margen derecha del río Paraguay, frente a la Costanera Sur de Asunción, dejó como saldo cuatro personas fallecidas.
De acuerdo con los primeros datos, la embarcación se encontraba vacía a la hora del incidente, aunque en su interior se encontraban trabajadores realizando tareas de mantenimiento cuando se produjo la detonación.
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Tras informarse de lo sucedido, efectivos de la Prefectura General Naval desplegaron un operativo de emergencia con varias unidades navales para asistir en la zona y asegurar el lugar, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de incidentes.
Hasta el momento no fueron dadas a conocer las identidades de las víctimas ni las causas que originaron la explosión. Las autoridades continúan con el procedimiento y la investigación para determinar las circunstancias del hecho.
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CAP alerta sobre informalidad y pide reforzar fiscalización tras casos de botulismo
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) expresó su preocupación tras la confirmación de casos de botulismo alimentario en el país, señalando que este episodio expone los riesgos de la comercialización de alimentos fuera del sistema de registros sanitarios establecidos por el Estado para garantizar la seguridad de los consumidores.
A través de un pronunciamiento, el gremio recordó que se trata de una enfermedad que no registraba brotes en Paraguay desde hace décadas y que actualmente afecta a varias personas, algunas de ellas en estado crítico.
“El denominador común de todos los locales intervenidos, conforme confirmó Dinavisa públicamente, es que ninguno estaba habilitado. No contaban con Registro Sanitario de Producto Alimenticio (RSPA) ni con Registro de Establecimiento (RE)”, mencionaron.
Según detallaron, los locales vendían alimentos a consumidores que confiaban en ellos sin contar con ninguna garantía técnica, sin trazabilidad y sin control de proceso. “Conocemos bien estos requisitos porque los cumplimos. El RSPA y el RE no son trámites burocráticos, son el respaldo técnico que certifica que un alimento fue elaborado en condiciones sanitarias adecuadas, con ingredientes controlados y bajo procesos verificados”, resaltaron.
Proceso gratuito
En ese sentido, agregaron que Dinavisa ha dado pasos significativos en los últimos años para facilitar el acceso a estas habilitaciones, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, con procesos gratuitos y simplificados. “No habilitarse, por lo tanto, no es hoy una limitación económica ni burocrática, es una decisión de operar fuera de las reglas”, mencionaron.
La institución viene impulsando avances importantes en la simplificación de trámites y el acceso a registros sanitarios, por lo que este episodio evidenció la necesidad de fortalecer su capacidad de fiscalización, monitoreo y control efectivo del mercado ante la persistencia de establecimientos que operan al margen de la normativa vigente.
Sumado a ello consideraron que este caso también evidenció la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de Dinavisa para ampliar los controles y mejorar la fiscalización del mercado alimentario.
Asimismo, respaldaron la postura del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría General de la República en defensa del sistema de registro sanitario, aunque manifestaron preocupación por decisiones judiciales que, según señalaron, han permitido mediante medidas cautelares la comercialización de productos sin registro sanitario.
“La Corte Suprema de Justicia tiene hoy una responsabilidad que no puede seguir eludiendo: resolver los casos pendientes y poner fin a medidas cautelares que, en la práctica, funcionan como una autorización judicial para comercializar alimentos sin ningún control sanitario”, indicaron.
Finalmente, instaron a la ciudadanía a adquirir alimentos únicamente en establecimientos habilitados y verificar que los productos cuenten con registro sanitario vigente a través de las herramientas de consulta pública disponibles en el portal oficial de Dinavisa. “Esa consulta de dos minutos puede marcar una diferencia que ningún médico podrá revertir después”, enfatizó la CAP.
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TEP activa filtros de seguridad ante incidentes y denuncias de acreditaciones falsas
El presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP), Santiago Brizuela, realizó un balance sobre el inicio de la jornada electoral en los 481 locales de votación habilitados por el Partido Colorado. A nivel general, calificó de óptimo a nivel país el inicio de la jornada electoral con la instalación de las mesas de votación y el recibimiento a los electores desde tempranas horas.
Acompañado de Mónica Seifert, Matías Fernández y César González, confirmó además sobre la suspensión de las elecciones en un local de votación de la ciudad de Quyquyhó, debido a una vulneración del protocolo de seguridad. Mencionó que cerca de las 22:00 de ayer sábado, se detectó una gran cantidad de personas dentro del local electoral que ya debía estar completamente lacrado desde las 18:00.
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“A nivel general, las mesas ya están en óptimas condiciones, recibiendo a electores. Están todas instaladas pero tenemos dos denuncias, una que tiene que ver con hechos de violencia generados ayer y personas, incluyendo funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que no tienen autorización o no tenían autorización para estar en un local de votación ya lacrado”, expresó.
Al respecto, Brizuela remarcó que la competencia de estas elecciones internas recae sobre los tribunales electorales partidarios o independientes de los partidos políticos. “La presencia de cualquier persona fuera de lo que sea el resguardo policial en los locales electorales estaba prohibida desde el momento del lacrado del local de votación”, acotó.
Remarcó que el TEP como los TEI tienen la obligación de velar por la trazabilidad, la garantía que tiene que ver con los útiles electorales, llámese credenciales de máquina de votación o boletines de votación. Agregó que la situaicón vivida en Quyquyhó obligó a suspender provisoriamente el inicio de las elecciones hasta tanto se pueda corroborar mediante la acción del Ministerio Público. En este momento ya se está dirigiendo el fiscal Leonardo Cáceres hasta el lugar para una verificación.
“La única forma de volver a reencauzar la transparencia y poder brindar la garantía a los resultados que se puedan obtener en el distrito es verificando si esos maletines fueron vulnerados o no antes del inicio formal de la instalación de las mesas, solamente puede ser corroborado a través de un agente externo y es la instrucción que tiene el delegado electoral del Tribunal Electoral Partidario, de tal manera que se pueda verificar correctamente y con la imparcialidad debida”, precisó.
Igualmente, Brizuela mencionó que recibieron numerosos reportes sobre credenciales adulteradas mediante herramientas tecnológicas. El caso fue derivado a los apoderados generales para su retiro, asumiendo que muchas veces los comandos principales desconocen estas falsificaciones.
También señaló que recibieron reportes sobre un inconveniente técnico en el distrito de Guayaibí, donde el padrón electoral fue cargado erróneamente en el maletín. Aseguró que el problema se encuentra en proceso de subsanación.
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