El agente fiscal de Villa Hayes, Rolando Rivas, investiga la explosión registrada el 4 de julio de 2026, en una barcaza de la empresa LPG Emprendimientos S.A., amarrada en la zona de Zanja H, sobre el río Paraguay, en la localidad de Beterete Cué, departamento de Presidente Hayes.
Tras recibir la comunicación del hecho, el representante del Ministerio Público se constituyó hasta la zona de Bañado Sur, en Asunción, a fin de realizar el levantamiento y la posterior entrega de los cuerpos de Simón Díaz González, de 34 años; Ever Nilson Sosa Rotela, de 26 años; y Giovanni Samuel Amarilla Alegre, de 24 años, todos empleados de la empresa.
El médico forense de turno del Ministerio Público, doctor Augusto Schacht, diagnosticó como causa de muerte de los tres trabajadores “traumatismo craneoencefálico severo con estallido de masa encefálica por explosión violenta”. Cumplidas las diligencias de rigor, los cuerpos fueron entregados a sus respectivos familiares.
Posteriormente, el fiscal Rolando Rivas, acompañado por personal de la Comisaría Novena de Beterete Cué, efectivos del Departamento de Criminalística de Presidente Hayes, encabezados por el Lic. Walther Villalba, el médico forense doctor Augusto Schacht, bomberos voluntarios y con el acompañamiento de la Armada Paraguaya, se trasladó hasta el lugar del hecho.
En el sitio se llevó a cabo la inspección ocular, la fijación fotográfica y el levantamiento de indicios, diligencias que forman parte de la investigación encabezada por el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en que se produjo la explosión de la embarcación.
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Incidentes en conformación de mesas y documentos falsos marcan la jornada electoral, según la Fiscalía
La fiscal Sandra Ledesma brindó un informe sobre los hechos denunciados a nivel nacional, tanto en la previa como en las primeras horas de las votaciones en los diferentes locales electorales. Se reportaron resoluciones adulteradas en el distrito de Humaitá, Ñeembucú, donde intervino la fiscal Patricia Ramírez, que derivó en la detención de una persona por intentar acreditar como documento una resolución falsa para registrar a un apoderado.
En tanto en Paraguarí, el fiscal Alfredo Ramos intervino a raíz de problemas en conformación de mesas, mientras en Santísima Trinidad (Asunción), la Junta Cívica reportó incidentes con los apoderados con relación a la colocación de mesas y las máquinas de votación, en un intento por cambiar el lugar asignado inicialmente por las autoridades electorales.
“Luego tenemos denuncias en el Colegio Ignacio A. Pane sobre voto asistido, que fue asistida por el fiscal Marcelo García de Zúñiga. También denuncias en conformación de mesas en Antequera, en San Pedro a cargo del fiscal Ángel Rodriguez. Denuncias en Belén, Concepción que es uno de los lugares donde tardó más la conformación de mesas, teniendo en cuenta que ciertos partidos políticos no asistieron a las personas para conformar las mesas”, detalló Ledesma desde el Centro de Monitoreo del Ministerio Público.
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Por otro lado, mencionó que en Ciudad del Este el fiscal Gabriel Segovia recibió denuncias de la instalación de un toldo cerca de un local de votación. En Asunción se registraron algunos inconvenientes al momento de la conformación de mesas, entre ellos en el Colegio Leandro Prieto, donde el presidente de mesa no permitió que veedores participen en el acto eleccionario, conforme expresó.
En el distrito La Catedral, la Junta Cívica denunció a un apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico por incidentar a las personas, en un intento de evitar el acto eleccionario.
Detenciones
En cuanto a los detenidos, la fiscal Ledesma informó que su colega, Estela Ramírez dispuso la detención de una persona que contaba con un carnet supuestamente proveído por la Justicia Electoral que no correspondía a la persona, o sea un documento adulterado.
“En Guairá también un detenido por soborno al elector a cargo de la fiscal Jadiyi Ortiz, en Avaí, Caazapá donde se rompieron papeletas, detención a cargo de la fiscal Liza Báez, que luego fue aclarado y ya la persona fue liberada. La fiscal Vivian Coronel en Ciudad del Este, un vehículo con propaganda electoral que fue invitado a retirarse. Ante la negativa de retirarse del lugar, fue dispuesta su detención”, comentó.
Igualmente, la representante del Ministerio Público se refirió a las denuncias a nivel país recibidas por la Oficina de Denuncias Penales. Puntualmente los reportes surgieron desde: Encarnación, Villarrica, Lambaré, Caacupé, Villa Hayes, San Estanislao, San Antonio, Yaguarón, Coronel Bogado, Quiindy, Ybycuí, zonal Yguazú, Choré. Recordemos que la pena de las personas que cometan algún delito electoral es de hasta 5 años de cárcel.
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Fijan para el 14 de octubre la audiencia preliminar para Rafael Filizzola
El juez penal de Garantías Yoan Paúl López fijó para el 14 de octubre a las 09:00 la audiencia preliminar para el senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza por un perjuicio de G. 1.200 millones en la remodelación de comisarías y construcción de baños en el caso conocido como “comisarías de oro”.
En la citada diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público, tal como lo sostiene el Ministerio Público, el cual considera que cuenta con suficientes elementos de prueba para que el caso se discuta en una audiencia oral.
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Semanas atrás, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro, en el caso conocido como “comisarías de oro”.
La Cámara hizo lugar al recurso de apelación planteado por la fiscal Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción n.º 3, y dejó sin efecto el A.I. N.º 371, de fecha 6 de mayo de 2026.
De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola continúa vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal. Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteado durante la tramitación de la causa.
Según el tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción. El proceso se origina en la investigación sobre la construcción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana, durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones.
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Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Rivas
El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.
Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.
Carece de historia académica real
La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.
“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.
“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.
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Hurto y violencia familiar: los delitos que acorralan a la juventud paraguaya
Un informe elaborado por el Observatorio del Ministerio Público reveló que el hurto y la violencia familiar encabezan la lista de los hechos punibles con mayor involucramiento de jóvenes en Paraguay. El análisis estadístico, que abarca 12 tipificaciones delictivas registradas entre los años 2021 y 2025, contabilizó un total de 725.501 causas ingresadas al sistema penal, exponiendo una problemática social que afecta de manera predominante a la población masculina de entre 18 y 30 años.
Entre los delitos contra la propiedad, el hurto fue el de mayor incidencia general con 314.777 denuncias, de las cuales el 60 % tuvo como sospechosos a jóvenes de la franja etaria estudiada y un 91 % de varones. En una línea similar, el robo sumó 89.170 causas y alcanzó el pico más alto de participación juvenil, donde el 67 % de los investigados pertenecía a este rango de edad y el 93 % eran hombres, abarcando modalidades como el robo agravado y con resultado de muerte.
Por su parte, los hechos punibles que atentan contra la integridad física y la convivencia también mostraron cifras preocupantes de crecimiento. La violencia familiar acumuló 172.722 denuncias en el quinquenio, con un 40 % de sospechosos de entre 18 y 30 años, mientras que las denuncias por exposición al peligro en el tránsito terrestre alcanzaron 47.304 causas, lideradas en un 47 % por conductores jóvenes. Asimismo, las causas por lesiones llegaron a 45.926 carpetas fiscales con una prevalencia juvenil del 40 %.
En materia de narcotráfico y delitos de gravedad institucional, la Ley N.º 1340/88 registró 13.991 investigaciones iniciadas, en las cuales los jóvenes representaron el 61 % del total de imputados. En cuanto a los crímenes de mayor impacto contra la vida y la libertad individual, la franja de 18 a 30 años concentró el 52 % de los indagados por lesión grave, el 40 % en casos de coacción sexual y el mayor porcentaje de las 6.565 denuncias por homicidio doloso registradas en el país.
El relevamiento expuso además situaciones de alta vulnerabilidad en el ámbito de la niñez y la protección del menor. De las 17.305 denuncias por abuso sexual infantil, el 30 % de los investigados pertenecía al rango juvenil, aunque el informe enfatizó con preocupación que un 14 % correspondía a adolescentes de 14 a 17 años. En contrapartida, las 7.680 denuncias por maltrato de niños bajo tutela mostraron una dinámica distinta, siendo las mujeres jóvenes el 75 % de las personas señaladas como responsables.
Desde la institución judicial remarcaron que el ingreso temprano al fuero penal genera secuelas inmediatas en la responsabilidad legal del ciudadano y fractura sus proyectos de desarrollo personal. Los antecedentes penales obstaculizan el acceso a la educación formal, la inserción en el mercado laboral y la estabilidad sociofamiliar, por lo que las autoridades instan a abordar esta realidad desde una perspectiva integral que combine prevención, educación y oportunidades reales para la juventud.