Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunció este jueves el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. Mariaca fue arrestado por policías la noche del miércoles en la ciudad de Santa Cruz (este). También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.

“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia”, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior). La Fiscalía General boliviana, “encabezada por Roger Mariaca, se volvió la organización criminal destinada a proteger incentivar y proteger el narcoterrorismo”, agregó. Según las autoridades, se le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.

Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú, a los que acusa de corrupción, vínculos con el narco o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.

El ministro Oviedo denunció que durante la madrugada cuatro personas intentaron retirar dinero en efectivo de la casa de Mariaca a bordo de una ambulancia, aunque no reveló la cantidad. Los policías retiraron fajos escondidos entre los compartimientos del vehículo médico, según un video difundido por el ministerio.

En total fueron detenidos cuatro fiscales, seis empleados del Ministerio Público y las cuatro personas encontradas en la ambulancia. Los fiscales están detenidos en la policía y serán remitidos a la justicia ordinaria local, dijo Oviedo.

La Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asumió el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución.

Mariaca fue designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad. Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que “se va a colaborar con todo”. “Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso”, afirmó.

Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.

El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones.

El ministro Oviedo dijo el jueves que el operativo para su captura fue realizado por la policía boliviana, pero con la “cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias” que colaboran “en la lucha contra el terrorismo”.

Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.

Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: “Mariaca es mi amigo”. La AFP no ha podido verificar la autenticidad de este video.

La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la fuerza.

“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.

“Estoy arrestada”, dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. “Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (...), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos”, afirmó. La policía también realizó operativos en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, según imágenes de medios locales.

Fuente: AFP.

Cada uno de los candidatos de la Lista 1 tiene una tarea muy importante: escuchar, acompañar y estar cerca de la gente, afirmó el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.

De cara a las elecciones del domingo 4 de octubre, Cartes emitió un video en sus redes sociales para pedir a los candidatos de la Lista 1 responsabilidad y compromiso. Remarcó que los postulantes a cargos de intendentes y concejales municipales del partido deben hacer su tarea de manera ejemplar.

El candidato a intendente de la capital por la Lista 1 (ANR), Camilo Pérez, anunció que contempla el retiro de la red de bicisendas actualmente desplegada en la ciudad, debido al poco uso y al embotellamiento en la capital.

En charla con la 650 AM, Pérez admitió ser consciente del costo político que podría representar esta medida en el electorado, pero enfatizó que su prioridad es garantizar la fluidez en el tránsito capitalino en beneficio de la mayoría.

En el marco del Octubre Rosa, la Iglesia invita a tomar conciencia sobre la importancia del control anual y la detección precoz del cáncer de mama, gestos que salvan vidas.

Asimismo, eleva una oración por todas las personas que enfrentan esta enfermedad, “para que encuentren fortaleza, consuelo y esperanza en el Señor”, expresaron el Arzobispado de Asunción. De esta manera, la Iglesia se suma al llamado del Ministerio de Salud Pública a las mujeres de nuestro país de priorizar la prevención y los controles periódicos a fin de lograr una detección temprana.

“Creo que, una vez más, Abc Color penosamente se extralimita en su distorsión de las informaciones”, dijo este jueves el senador liberal Dionisio Amarilla, tras rechazar las publicaciones del medio de comunicación que califica como un “apriete político” un proyecto de declaración aprobado por la plenaria del Senado que guarda relación con el caso Atlas-Conmebol.

La iniciativa manifiesta preocupación por la demora de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en resolver una recusación en la causa judicial vinculada a hechos punibles de lavado de activos que salpica al titular del Banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, junto a otros cinco directivos de la entidad bancaria, además de tres acusados vinculados con el fallecido exdirigente deportivo Nicolás Leoz (1928-2019).

El fiscal Jorge Arce presentó una imputación contra el exintendente de Villa Hayes por la Alianza, Esteban Ríos Ayala, y su hijo, Esteban Ríos Isasi, por el delito de administración en provecho propio.

Ahora, un juez deberá admitir el acta de imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los procesados serán privados de su libertad o beneficiados con medidas alternativas a la prisión.

La propaganda electoral para las Elecciones Municipales 2026 llega a su fin este jueves 1 de octubre a las 23:59. Conforme al cronograma del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y al artículo 290 de la Ley n.º 7135/23, desde el primer minuto del viernes queda estrictamente prohibida cualquier difusión de mensajes proselitistas con el fin de garantizar el periodo de reflexión de los electores.

La restricción alcanza a todo tipo de difusión en espacios públicos, como afiches, pasacalles y pintatas con propuestas o imágenes de candidatos. Del mismo modo, la prohibición aplica a la emisión de propaganda en medios masivos de comunicación —televisión, radio, diarios, revistas y semanarios— que busquen captar la adhesión o el voto de la ciudadanía hacia determinadas plataformas políticas.

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, indicó que los organismos de seguridad del Estado están expectantes sobre las informaciones que pueda proveer el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en torno a su esquema desplegado en nuestro país. Ayer, en Bolivia se detuvo al fiscal general Roger Mariaca, sancionado por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

“Como yo siempre lo dije, cuando este tipo comience a hablar caerán como moscas. Acá lo prioritario y principal lógicamente es Bolivia, pero nosotros estamos expectantes a ver qué cuenta él con relación a Paraguay. No debemos olvidar que ahora está en pleno desarrollo el juicio oral y público el caso A Ultranza Py, pero, sin lugar, a dudas particularmente para mí es importante lo que él pueda llegar a decir con relación a Paraguay”, refirió el titular de la Senad, este jueves, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, indicó que los organismos de seguridad del Estado están expectantes sobre las informaciones que pueda proveer el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en torno a su esquema desplegado en nuestro país. Ayer, en Bolivia se detuvo al fiscal general Roger Mariaca, sancionado por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

“Como yo siempre lo dije, cuando este tipo comience a hablar caerán como moscas. Acá lo prioritario y principal lógicamente es Bolivia, pero nosotros estamos expectantes a ver qué cuenta él con relación a Paraguay. No debemos olvidar que ahora está en pleno desarrollo el juicio oral y público el caso A Ultranza Py, pero, sin lugar, a dudas particularmente para mí es importante lo que él pueda llegar a decir con relación a Paraguay”, refirió el titular de la Senad, este jueves, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Rachid se refirió al megaoperativo A Ultranza Py que se lanzó el 22 de febrero de 2022 en Paraguay: “Hace tiempo nosotros venimos sosteniendo que esta estructura tenía sus vínculos en la Secretaría Nacional Antidrogas por las filtraciones que se llevaban a cabo en el operativo A Ultranza. Cómo se llegaba a las filtraciones y a través de quiénes, es lo importante para nosotros. Que Marsert cuente cómo operaba acá y con quiénes. Definitivamente este tipo tenía sus bases de operaciones primero luego en Paraguay y después en Bolivia”.

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Las afirmaciones de Rachid surgieron tras el despliegue policial concretado anoche en las ciudades bolivianas de Santa Cruz, La Paz y Sucre, que terminó con la aprehensión de autoridades, fiscales y exfuncionarios, entre ellos el fiscal general Roger Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Marset se habría instalado en Bolivia en 2022 y fue capturado el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra.

Rachid mencionó anteriormente que fue en el periodo del gobierno de Mario Abdo Benítez cuando Marset adquirió gran poder adquisitivo y su esquema criminal operó libremente. “Yo estoy seguro que tienen muchísima información porque los medios tecnológicos con que cuenta Estados Unidos, los avances que pueden llegar a hacer con los elementos encontrados como celulares, computadoras o lo que el mismo Marset pueda decir. Es un tipo que se va de boca, suelta nada más las cosas y como siempre digo más de uno estará preocupado”, comentó.

Las detenciones en Bolivia fueron desatadas tras un audio filtrado atribuido a Marset, quien actualmente está bajo un proceso judicial en Estados Unidos. “Hay que darle tiempo a los investigadores para que vayan a recabar más datos. Categórico, este tipo movía una estructura importante en Bolivia; si nos fijamos en el campo de expansión de las diversas autoridades que fueron vinculadas, se tiene al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, a la policía, militares, para este tipo pagar, por ejemplo, USD 1 millón por protección no es nada, eso es insignificante para todo el dinero que él movía a través de sus actividades ilícitas. Seguro hay muchísima información y solo está aflorando lo que se puede decir, que no nos extrañe que después de esto vengan pedidos de extradición”, puntualizó Rachid.

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Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.