La Corte Suprema de Argentina dejó firme este jueves una medida preventiva que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir la ley de financiamiento universitario, norma que el presidente había vetado al aducir que iba en contra de su política de austeridad fiscal.

El máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo contra la aplicación de la ley, de acuerdo al documento judicial.

El fallo de la Corte implica la actualización salarial a docentes desde diciembre de 2023 y la recomposición de becas estudiantiles que habían sido discontinuadas.

La ley, aprobada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada por Milei y ratificada después por el Parlamento en octubre del año pasado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nunca la aplicó.

La decisión de la Corte busca zanjar un conflicto que lleva más de dos años entre el gobierno y las universidades públicas, y que dio lugar a masivas manifestaciones en defensa de una mayor financiación para la educación superior.

“Fue un camino largo y difícil”, dijo en X Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al celebrar que la sociedad “nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social”.

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El gobierno se mantuvo en silencio. El Poder Ejecutivo había condicionado, por decreto, que el cumplimiento de la ley dependa de que el Congreso garantice cómo financiarla.

Un tribunal mantiene una causa abierta para resolver si ese decreto es constitucional, según un amparo colectivo presentado por las universidades.

El fallo de la Corte Suprema de este jueves obliga al Ejecutivo a cumplir la ley hasta tanto se resuelva esa cuestión de fondo.

A principios de junio la secretaría de Educación había propuesto un aumento salarial del 24,33 % a los docentes y la reposición de algunas partidas para gastos de funcionamiento.

Sindicatos docentes denunciaron que en los últimos dos años los salarios cayeron 40 % y se produjo la renuncia de cientos de profesores.

La última de cuatro marchas federales en defensa de la ley de financiamiento universitario tuvo lugar el 13 de mayo pasado, cuando una multitud se congregó frente a la Casa de Gobierno bajo la consigna “Milei, cumplí la ley”.

• Fuente: AFP

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El Gobierno dispuso medidas urgentes a ser adoptadas en las instituciones educativas a nivel nacional, a modo de proteger a los estudiantes ante la ola de frío que azota al país. Para el efecto, el presidente de la República, Santiago Peña, convocó este miércoles a una reunión al ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez y posteriormente oficializó las recomendaciones.

“Me reuní con el ministro de Educación, Luis Ramírez, para coordinar medidas inmediatas ante la ola de frío, acordando la flexibilización en el uso de uniformes y de los horarios de entrada para proteger la salud de nuestros estudiantes, además de otorgar autonomía a cada institución para organizar sus jornadas de esta semana”, comunicó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en “X”. El encuentro entre ambas autoridades fue propicio para evaluar otras iniciativas impulsadas desde esta cartera de Estado y que generan gran impacto en la sociedad.

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“Asimismo, evaluamos los avances del programa Ñe’ẽry, con el cual entregamos libros a las familias en Central y Asunción para continuar nuestra hoja de ruta hacia el interior, reafirmando el compromiso del Gobierno del Paraguay con el desarrollo educativo de nuestros alumnos”, refirió el gobernante.

Paraguay atraviesa una ola de frío polar con mínimas extremas que oscilan entre 1° C y 5° C en gran parte del país y probabilidad de escarchas. Las autoridades meteorológicas recomiendan abrigar especialmente a niños, adultos mayores y mascotas, además de tener cuidado al salir temprano de los hogares.

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Ante las bajas temperaturas que afectan a gran parte del país, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recordó que las instituciones educativas tienen la facultad de ajustar sus horarios de ingreso y flexibilizar el uso del uniforme para resguardar la salud de los estudiantes.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, instó a las familias, docentes y directivos a priorizar el abrigo de los alumnos por encima de las exigencias relacionadas con la vestimenta escolar.

“Insto a las familias, a escuelas y directores, a que en estas fechas no sean tan estrictos con el uniforme, que vayan con camperas más abrigadas y que tengan colores distintos a los del colegio. Vamos a sacar una circular que esa es una norma prevista y que cada quien puede determinar empezar un poco más tarde las clases. No pasa nada”, expresó a la 730 AM.

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Según explicó, las escuelas y colegios cuentan con autonomía para retrasar el inicio de las actividades académicas, permitiendo que los estudiantes ingresen a las 7:30 u 8:00, en lugar del horario habitual, si así lo consideran conveniente.

Ramírez señaló además que esta flexibilidad cobra especial relevancia en una semana marcada no solo por las bajas temperaturas, sino también por el partido de la selección paraguaya previsto para la noche del jueves 25, que concluirá en la madrugada del viernes.

En ese contexto, el ministro indicó que las comunidades educativas también pueden optar por un asueto escolar, siempre que exista un acuerdo con las familias y se presente al MEC un plan para recuperar posteriormente las horas de clase.

La cartera educativa no prevé una suspensión general de actividades, pero habilita a cada institución a adoptar medidas acordes a su realidad, priorizando el bienestar de estudiantes y docentes durante la ola de frío.

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El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.

El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.

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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.

Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.

A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.

Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económi­cos y Anticorrupción, Nés­tor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la eje­cución del contrato de fidei­comiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la cons­trucción de cuatro hospi­tales.

Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.

Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.

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