Tras semanas de movilización ciudadana, debates judiciales y una intensa campaña en defensa del bienestar animal, el caso de Canela parece encaminarse hacia una resolución consensuada. Este jueves se firmó un acuerdo mediante el cual la custodia definitiva de la perrita fue entregada voluntariamente a Diana Camarasa, quien estuvo a cargo de su recuperación.
La noticia motivó la suspensión de una movilización que había sido convocada en apoyo a Canela, cuyo caso conmovió a miles de personas dentro y fuera del país.
Según se informó, la firma del documento legal se realizó en el estudio jurídico del abogado Diego Tuma y representó el cierre de un conflicto que generó una amplia repercusión pública, especialmente después de que la perrita sobreviviera a graves lesiones que requirieron complejos tratamientos veterinarios.
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Canela se convirtió en un símbolo de la lucha por el bienestar animal en Paraguay. Su historia movilizó a organizaciones, activistas y ciudadanos que siguieron de cerca cada etapa de su recuperación y del proceso judicial relacionado con su tenencia.
Los impulsores de la iniciativa destacaron que el acompañamiento ciudadano fue determinante para visibilizar el caso y abrir un debate más amplio sobre la protección de los animales y la responsabilidad de sus cuidadores.
Así, el acuerdo pone fin a una controversia que en los últimos días había generado críticas, recursos legales y pronunciamientos de distintos sectores vinculados a la defensa animal.
Para quienes siguieron la historia desde el inicio, la jornada representa mucho más que la resolución de un conflicto de custodia: simboliza el desenlace de un caso que logró sensibilizar a la sociedad y colocar el bienestar animal en el centro de la discusión pública.
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Zoofilia en Caaguazú: rescatan a animales y detenido se expone a hasta 6 años de cárcel
Un hombre fue detenido en la ciudad de San Joaquín, departamento de Caaguazú, en el marco de una investigación por un presunto caso de zoofilia y maltrato animal, tras una denuncia acompañada de evidencias que motivó la intervención de las autoridades.
El procedimiento fue encabezado por la agente fiscal Mirna Isabel Rodríguez, de la Unidad Penal N.° 1 y Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente y Maltrato Animal de la Fiscalía Zonal de Yhú, con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal.
Como resultado de las diligencias, el sospechoso fue detenido y los animales involucrados fueron puestos bajo resguardo para garantizar su protección mientras continúan las investigaciones.
La denuncia fue impulsada por activistas dedicados a la protección animal. Inicialmente fue recibida por Paty Elizeche, quien remitió las evidencias a Laura Yinde, de Caaguazú. Posteriormente, la información fue canalizada por Andrea Elliani, de Pata Patrulla, lo que permitió coordinar la intervención conjunta con la Dra. Liza Escobar y el Ministerio Público.
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Tratamiento jurídico de animales
Con la promulgación de la Ley N.° 7513/2025, los animales dejaron de ser considerados simples bienes u objetos y pasaron a ser reconocidos jurídicamente como “seres sintientes”, capaces de experimentar dolor físico, miedo, estrés y sufrimiento.
Este cambio introdujo un nuevo enfoque para investigar y sancionar los hechos de crueldad animal, ya que el bienestar del animal pasó a constituir un bien jurídico protegido. La normativa establece que no solo las lesiones visibles pueden constituir una prueba de maltrato, sino también situaciones que generen un sufrimiento significativo al animal.
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Penas de hasta seis años de prisión
La legislación endureció las sanciones para los hechos de crueldad animal, contemplando penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión en los casos más graves.
Además, el país cuenta con el Registro Nacional de Agresores de Animales (RAGAN), una herramienta creada para identificar a personas condenadas o sancionadas por maltrato animal, facilitar el seguimiento de reincidentes y fortalecer la actuación de la Justicia y de las autoridades competentes.
Las investigaciones sobre el caso continúan para determinar las responsabilidades penales correspondientes y esclarecer todas las circunstancias del hecho denunciado.
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“Para mí sí corre peligro”: alertan por el regreso de Canela a su familia anterior
El caso de la perrita Canela volvió a generar controversia luego de que la Dirección de Defensa Animal cuestionara una resolución judicial que ordena su retorno a su familia anterior, pese a denuncias de presuntas condiciones de riesgo en el entorno donde vivía.
El titular de la Dirección de Defensa Animal, Héctor Rubín, expresó su preocupación por la decisión de la jueza Carmen Román y advirtió que el animal podría volver a una situación insegura. Según señaló, la vivienda no contaría con condiciones adecuadas para la tenencia responsable de mascotas.
“Para mí sí corre peligro. Yo personalmente estuve en esa casa y verifiqué que no es segura, no están las condiciones”, afirmó Rubín a la 780 AM, quien indicó que en el lugar había otras mascotas, como gatos, que no estarían vacunados ni contarían con documentación sanitaria.
El funcionario sostuvo además que durante las verificaciones realizadas se solicitaron documentos vinculados a la salud y tenencia de Canela, sin que —según su versión— fueran presentados en su totalidad. En ese sentido, insistió en que el caso ya había sido advertido previamente en actas e informes técnicos.
Rubín también cuestionó la fundamentación de la decisión judicial y afirmó que la institución a su cargo fue parte activa del proceso de seguimiento del caso. “Se está diciendo que no se hizo el trabajo, pero nosotros venimos interviniendo desde el inicio”, señaló.
El caso Canela ya había generado amplia repercusión pública debido a que la perrita fue víctima de una grave lesión en el hocico tras una explosión, situación por la cual debió someterse a complejas intervenciones quirúrgicas y un largo proceso de recuperación.
Desde la Dirección de Defensa Animal sostienen que el animal logró una mejoría significativa bajo el cuidado de su actual rescatista y cuidadora, a quien identifican como Diana Camarasa, y consideran que su permanencia en ese entorno sería lo más adecuado para su bienestar.
“Canela con su cuidadora está bien, pero cuando es separada presenta problemas de conducta y alimentación”, afirmaron desde la institución a la 780 AM, insistiendo en que el bienestar del animal debe ser el eje central de la decisión.
El caso continúa en evaluación en el ámbito judicial, mientras crece la discusión pública sobre los criterios de tenencia, protección animal y el alcance de las decisiones en situaciones de maltrato o rescate.
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Caso Canela: ¿resolución judicial prioriza vínculo familiar por encima del bienestar de la mascota?
La decisión judicial que ordena el retorno de Canela a la familia que la tenía cuando sufrió la explosión que destruyó su mandíbula sigue generando una fuerte reacción ciudadana. Sin embargo, más allá de la resolución en sí, fueron las explicaciones brindadas por la jueza Carmen Román las que encendieron aún más el debate.
Durante una entrevista concedida a Canal 9, la magistrada defendió su decisión argumentando que Canela tiene una familia y que, conforme a su interpretación de la normativa vigente, corresponde que vuelva con ella. “Al contar con una familia es lo que corresponde, que vuelva con la familia”, sostuvo Román.
Las declaraciones provocaron cuestionamientos inmediatos de los conductores del programa, quienes insistieron en un aspecto que para muchos ciudadanos resulta central: las condiciones en las que se encontraba el animal cuando sufrió la gravísima lesión que conmocionó al país.
Canela perdió parte del hocico tras un brutal episodio y desde entonces su recuperación ha dependido de tratamientos veterinarios especializados, cirugías y cuidados permanentes financiados gracias a la movilización de cientos de personas y de la fundación Olfateando Huellas liderada por Diana Camarasa.
Uno de los puntos más criticados de la entrevista fue cuando la jueza afirmó que no corresponde privar a la perra de su familia por una cuestión económica. “No podemos nosotros, porque sea de nivel económico bajo, privarle a Canela de su familia”, expresó.
Ante las consultas sobre si el juzgado verificó la capacidad económica de los propietarios para sostener un tratamiento que requiere importantes recursos mensuales, la magistrada respondió que si los dueños se opusieron a entregar definitivamente al animal, se presume que están en condiciones de hacerse cargo.
Esa explicación fue recibida con incredulidad por parte de los entrevistadores y posteriormente por numerosos usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron que no se hayan expuesto públicamente evaluaciones concretas sobre las condiciones materiales para garantizar la continuidad del tratamiento.
Otro aspecto que generó controversia fue la explicación sobre las circunstancias que derivaron en las lesiones sufridas por Canela. Román sostuvo que el incidente no ocurrió dentro de la vivienda y que los propietarios no fueron quienes protagonizaron directamente el episodio. “Los dueños no fueron los que protagonizaron ese accidente”, afirmó.
Sin embargo, durante la entrevista se le señaló que la vivienda no contaba con un perímetro de protección adecuado para impedir que el animal saliera a la vía pública, situación que para muchos representa precisamente una responsabilidad de sus cuidadores.
Las respuestas de la magistrada fueron interpretadas por numerosos sectores como una priorización del vínculo familiar por encima de las garantías sobre la recuperación y el bienestar futuro del animal.
Mientras continúa la polémica, organizaciones animaleras, ciudadanos y profesionales vinculados a la protección animal mantienen su preocupación por el futuro de Canela, cuyo caso se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la lucha por una mayor protección de los animales en Paraguay.
La discusión ya no gira únicamente en torno al destino de una perra que logró sobrevivir a graves heridas, sino también sobre cuáles deben ser los criterios que prevalezcan cuando la Justicia debe decidir entre la propiedad formal de un animal y las condiciones reales para garantizar su bienestar.
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Según jueza, investigación determinó que no fueron los dueños quienes atentaron contra Canela
Este martes, la jueza Carmen Román, quien ordenó la restitución de Canela a sus propietarios originales, informó que la medida fue tomada tras una investigación que duró seis meses y que determinó que la familia original de la perrita no fue la que ocasionó el daño. Hasta el momento está imputado un adolescente que sería vecino de los propietarios.
Según la magistrada, hace seis meses el Ministerio Público abrió la investigación en el caso y fue la familia la que solicitó en su momento que Canela les sea devuelta. En ese periodo de tiempo se pudo constatar que sus dueños intentaron involucrarse y colaborar con el tratamiento de la afectada, pero no le permitieron.
Existe una carpeta fiscal en la que se presentaron todas las evidencias como circuito cerrado, testimonios testificales, información de la institución que asistió a la can y hay un menor de 17 años imputado en el caso.
“Canela sufrió esas agresiones, pero no fue en el entorno familiar y no fueron hijos de los dueños los que provocaron este daño, no fue así, esa información está totalmente tergiversada. Toda la presión mediática que afectó muchísimo, porque la información era que este adolescente le puso la bomba en la boca”, detalló la jueza, en entrevista con NPY.
Cómo ocurrió el hecho
La jueza aseguró que lo mismo está ocurriendo ahora que se libró esta orden, porque la información que está siendo divulgada es que Canela volverá con sus agresores. “En todo momento le pidieron para que puedan dar en adopción a la perrita y la familia original se había negado”, afirmó.
Además, explicó que el hecho fue provocado por un adolescente del barrio que vive a cuadras de la casa de la familia y que pasaba por ahí, como era motivo de fiestas de fin de año, utilizó un explosivo en este caso un cebollón. “Prendió la pirotecnia la cual tiró y Canela salió de la casa detrás de ese destello. No pasó dentro del domicilio, ella cruzó la calle”, manifestó.
Agregó que al ver lo ocurrido, la familia asistió a su perrita e incluso hicieron llegar su aporte monetario para su tratamiento. “Luego les llegó la prohibición de que se puedan acercar, lo que les imposibilitó seguir el proceso de recuperación e intervenciones a la que fue sometida”, resaltó.
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Desacato
Román resaltó que existe una ley que obliga a las personas a cumplir los mandatos judiciales y que en el caso de que no entreguen a Canela, la persona que la tiene estaría en desacato.“Existe una resolución fundada argumentada y existe una ley que nos obliga a todos a cumplir lo que establece un mandato judicial. Se llegó a la conclusión de que no fueron los dueños los que generaron esa agresión, entonces, no existe una razón del por qué sacarle de su entorno familiar”, finalizó la jueza.
Canela había sido sometida a varias cirugías, incluida la colocación de una prótesis mandibular, y se encontraba en proceso de recuperación bajo supervisión veterinaria especializada luego de que sufriera graves heridas al estallar un “cebollón” en su hocico el 1 de enero pasado.
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