El abogado Oscar Tuma emitió un comunicado en sus redes sociales en el que realiza una aclaratoria a la opinión pública, en representación del doctor Líbero Antonio Oropallo, mediante el cual niega ser el dueño, accionista, director o responsable administrativo de la clínica de genética ubicada en Asunción, que fue clausurada en la fecha, tras constatarse que operaba sin la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud Pública.
El representante legal del Dr. Oropallo aseguró que la institución pertenece a terceros, quienes son los titulares y responsables de su administración, habilitación, funcionamiento y gestión interna.
“La vinculación del Dr. Oropallo con dicho establecimiento se limita a la existencia de un contrato comercial celebrado con los propietarios, mediante el cual estos fueron autorizados a utilizar su nombre e imagen profesional con fines de identificación, posicionamiento y marketing institucional”, expresa el comunicado.
El abogado Tuma insiste en nombre de su representado que debe quedar absolutamente claro que no se trata de una clínica de propiedad del Dr. Oropallo, ni de un establecimiento administrado por su defendido.
“El Dr. Oropallo no realiza consultorio médico en dicho lugar, ni tiene intervención en la gestión operativa diaria de la clínica. Por tanto, cualquier afirmación que lo presente como dueño, responsable directo o administrador del establecimiento resulta inexacta y puede inducir a error a la opinión pública”, concluye el comunicado.
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Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Pilsen, embajadora de una pasión centenaria
Por: Adelaida Alcaraz
Cuando los motores del Campeonato Mundial de Rally (WRC) comiencen rugir en Paraguay del 27 al 30 de agosto, Pilsen volverá a ocupar un lugar que conoce desde hace décadas. No porque sea una estrategia de marketing, sino porque siempre acompañó los momentos especiales que forman parte de la identidad de los paraguayos.
Mucho antes de que el WRC llegara al calendario internacional, cuando el polvo de los caminos ya reunía a los paraguayos alrededor de una pasión compartida, Pilsen acompañaba esa tradición. Hoy, que vuelve a recibir uno de los espectáculos deportivos más importantes del planeta, la marca renueva ese compromiso desde una convicción que atraviesa a toda Cervepar: demostrar que Paraguay puede organizar eventos con estándares internacionales sin perder su esencia.
Guillermo Martínez, gerente general de Cervepar, aseguró que este desafío trasciende cualquier activación comercial. “Para la firma y Pilsen, acompañar al WRC Paraguay es una forma de seguir apostando por un evento que ya demostró su capacidad para movilizar al país y proyectarlo al mundo. La primera edición marcó un antes y un después en el deporte motor de Paraguay, y hoy el reto es consolidar ese posicionamiento”, sostuvo.
Agregó que el rally no es algo nuevo y que ambos comparten una historia centenaria. “Desde que este deporte empezó a crecer en Paraguay, la marca ha venido acompañándolo. Al igual que el rally, Pilsen forma parte del ADN paraguayo”, señaló.
Detrás de esa presencia también existe una lectura empresarial marcada por un importante movimiento económico. Y es que el WRC no solo genera espectáculo. Moviliza hoteles, restaurantes, comercios, transporte, productores, turismo y cientos de negocios que encuentran una oportunidad.
“Como empresa paraguaya creemos en ese potencial y nos enorgullece ser parte de un evento que aporta tanto al país”, puntualizó Guillermo, dejando entrever que más que una cerveza, Pilsen es una marca país, por lo que si el WRC convierte a Paraguay en una vitrina internacional, Pilsen quiere ser parte de esa imagen.
Orgullo nacional, calidad mundial. Este concepto no aparece por casualidad, pues la empresa entiende que la calidad ya no solo se mide por el producto, sino también por la experiencia que ofrece a los consumidores.
Por eso el patrocinio va acompañado de campañas de consumo responsable, propuestas para los fanáticos y una presencia pensada para enriquecer el evento. “No se trata simplemente de estar presentes en un evento, sino de entender qué significa para la gente y compartir esa pasión”, indicó.
Guillermo dijo que uno de los ejes de esta edición será ampliar el impacto económico del rally. Para lograrlo, la compañía fortalecerá el trabajo con despensas y comercios para que también puedan beneficiarse del movimiento que genera la competencia.
Al mismo tiempo, renovará su respaldo a Diego Domínguez, uno de los máximos referentes del automovilismo paraguayo. “Nos llena de orgullo volver a acompañarlo como embajador de Pilsen. Renovar ese apoyo refleja nuestra convicción de respaldar al talento paraguayo, que hoy lleva nuestra bandera a la máxima categoría del rally mundial”, refirió.
Para concluir mencionó que en Cervepar trabajan todos los días con altos estándares de calidad, incorporando innovación y mejora continua para ofrecer productos de excelencia.
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“Esta es una reivindicación de la justicia”, dice Ovelar por el viaje de Cartes a EE. UU.
“La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega más lejos“, dijo Pedro Ovelar, abogado del exmandatario y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, por su viaje a Estados Unidos para participar en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, ayer domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
“Esta es una reivindicación de la justicia, hay una sensación muy agradable de que todo se haya puesto en su lugar, después de tanta persecución, de tanta mentiras y manipulaciones que la hemos vivido tan en carne propia durante tanto tiempo y tanta sensación de impotencia“, refirió Ovelar, este lunes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cartes fue víctima de un esquema de persecución política y económica desde el 2018 mediante la instrumentalización de instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Hubo una serie de acciones que se originaron desde Paraguay. Realmente se siente muy bien poder ir terminando esta nefasta parte de la historia paraguaya. Después del asesinato del exvicepresidente de la República, Luis María Argaña, donde lo destruyeron físicamente y ocasionaron un daño terrible a su familia y a toda la democracia paraguaya, yo creo que la persecución a Cartes fue, en la era democrática, uno de los intentos de magnicidio en vida que se ha dado contra el expresidente”, dijo Ovelar.
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Reconocimiento ciudadano
La maniobra obligó a Cartes a impulsar el 31 de julio del 2023 una denuncia penal por persecución política ante el Ministerio Público que generó que Abdo junto con sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías (extinto), Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene sean imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La operación política, incluso motivo para que Estados Unidos, en el marco del gobierno de Joe Biden, aplicará sanciones financieras y restricciones de visa a Cartes, medidas que terminaron siendo erradicadas por completo. “Acá hubo un grado de afectación hacia Horacio Cartes, su familia y detrás de toda esta angustia también a familias paraguayas a perder su fuente de trabajo. Esto fue celebrado por sus adversarios como si fuese que estaban haciendo algo bueno”, dijo Ovelar.
El abogado acotó: “No hay que olvidar por qué lo hacían. Fue desarrollado por ellos al sentir una impotencia política, buscaron la aniquilación personal y la muerte civil de una persona, así como la destrucción de todas sus empresas. No es en vano que hoy Cartes tenga el reconocimiento ciudadano a través de los votos que se manifiestan en cada elecciones, que se da porque al paraguayo le molesta la injusticia y no tolera que algo sea manipulado”.
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Caso Boidanich: “El juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias”, dice abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la decisión del Tribunal de Sentencia de absolver por unanimidad a su cliente, emitida ayer jueves, en el marco del proceso judicial que enfrentaba por supuesta frustración de la persecución penal que habría favorecido al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
“Ayer jueves, el Tribunal de Sentencia dictó oralmente su decisión y tiene permitido al final del juicio como una de las opciones indicar el sentido de la decisión y hacer una explicación oral, general de los argumentos. En el plazo de 5 días, el tribunal debe expedir por escrito la sentencia y, a partir de ahí, el Ministerio Público si lo estima pertinente puede plantear una apelación especial”, indicó el abogado, este viernes, al programa ”Así son las cosas" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera acotó: “Aún estamos pendientes en ese aspecto, todavía no estamos ante una decisión firme. Viendo el general de los casos, son muy pocos los ejemplos en los cuales la Fiscalía deja de recurrir a las sentencias de primera estancias, si esas no acompañan el sentido de las presentaciones que realizaron, así que lo más probable es que ocurra una apelación".
El Ministerio Público acusó inicialmente por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanich, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal. En su decisión, los magistrados señalaron que las pruebas no demostraron conducta ilícita del extitular de la Seprelad.
“Acá lo relevante es que el juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias que ocurrieron porque lo que se presentó al público como un supuesto comportamiento ilícito de la Seprelad era un análisis que estaba lleno de subjetividades. Para eso también sirve el juicio oral porque uno escucha a las personas propuestas como testigos, verificar las documentaciones y los hechos que se acreditan, cruzar las informaciones entre hechos y llegar a conclusiones bien concretas y fundadas, esto es un desgaste para la persona que enfrenta el juicio, pero bueno son las reglas del juego”, refirió.
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Lovera detalló que el proceso de investigación fiscal contra Boidanich inició en diciembre del 2018, pero fue recién convocado para una declaración indagatoria el 30 de marzo del 2023. “La Fiscalía, luego de 5 años de los hechos y 4 de investigación, entendió que había una sospecha y luego de unos meses se produjo la imputación. Este fue un proceso realmente extenso, no por el comportamiento del imputado ni de su defensa, sino por estos tiempos que se tomó el Ministerio Público”, comentó.