Ciudad del Este. Agencia Regional.
La comisaria 31 del barrio San Juan de Ciudad del Este reportó un hecho de violencia familiar, siendo victima una mujer de 67 años, así como la aprehensión de Sergio Giménez López (54). El mismo fue denunciado por haber golpeado a su concubina al punto de echarle un diente por la violenta agresión contra su rostro.
Ocurrió ayer domingo a las 19:30 en una vivienda ubicada en el Km 8 Acaray, barrio San Juan de esta ciudad. El personal policial acudió al sitio por el llamado al sistema de emergencia 911 y la víctima relató que momentos antes se habían peleado con su pareja, quien la agredió con golpes de puños por su cara.
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De acuerdo a la denuncia, la mujer contó que los golpes en su rostro fueron de extrema violencia que le ocasionaron la caída de un diente. Asimismo, reveló que su pareja es extremadamente violenta y cuando está bajo los efectos del alcohol es peor, por lo que tuvo que pedir auxilio al sistema 911.
Ante esa denuncia, el hombre fue aprehendido y llevado a la comisaría. El caso fue comunicado a la fiscal de turno, Susan Vega Colmán, de la Unidad Especializada Contra la Violencia Familiar, quien dispuso que la persona permanezca en carácter de detenido y que sea derivado a la Dirección de Policía de Alto Paraná.
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Hurto y violencia familiar: los delitos que acorralan a la juventud paraguaya
Un informe elaborado por el Observatorio del Ministerio Público reveló que el hurto y la violencia familiar encabezan la lista de los hechos punibles con mayor involucramiento de jóvenes en Paraguay. El análisis estadístico, que abarca 12 tipificaciones delictivas registradas entre los años 2021 y 2025, contabilizó un total de 725.501 causas ingresadas al sistema penal, exponiendo una problemática social que afecta de manera predominante a la población masculina de entre 18 y 30 años.
Entre los delitos contra la propiedad, el hurto fue el de mayor incidencia general con 314.777 denuncias, de las cuales el 60 % tuvo como sospechosos a jóvenes de la franja etaria estudiada y un 91 % de varones. En una línea similar, el robo sumó 89.170 causas y alcanzó el pico más alto de participación juvenil, donde el 67 % de los investigados pertenecía a este rango de edad y el 93 % eran hombres, abarcando modalidades como el robo agravado y con resultado de muerte.
Por su parte, los hechos punibles que atentan contra la integridad física y la convivencia también mostraron cifras preocupantes de crecimiento. La violencia familiar acumuló 172.722 denuncias en el quinquenio, con un 40 % de sospechosos de entre 18 y 30 años, mientras que las denuncias por exposición al peligro en el tránsito terrestre alcanzaron 47.304 causas, lideradas en un 47 % por conductores jóvenes. Asimismo, las causas por lesiones llegaron a 45.926 carpetas fiscales con una prevalencia juvenil del 40 %.
En materia de narcotráfico y delitos de gravedad institucional, la Ley N.º 1340/88 registró 13.991 investigaciones iniciadas, en las cuales los jóvenes representaron el 61 % del total de imputados. En cuanto a los crímenes de mayor impacto contra la vida y la libertad individual, la franja de 18 a 30 años concentró el 52 % de los indagados por lesión grave, el 40 % en casos de coacción sexual y el mayor porcentaje de las 6.565 denuncias por homicidio doloso registradas en el país.
El relevamiento expuso además situaciones de alta vulnerabilidad en el ámbito de la niñez y la protección del menor. De las 17.305 denuncias por abuso sexual infantil, el 30 % de los investigados pertenecía al rango juvenil, aunque el informe enfatizó con preocupación que un 14 % correspondía a adolescentes de 14 a 17 años. En contrapartida, las 7.680 denuncias por maltrato de niños bajo tutela mostraron una dinámica distinta, siendo las mujeres jóvenes el 75 % de las personas señaladas como responsables.
Desde la institución judicial remarcaron que el ingreso temprano al fuero penal genera secuelas inmediatas en la responsabilidad legal del ciudadano y fractura sus proyectos de desarrollo personal. Los antecedentes penales obstaculizan el acceso a la educación formal, la inserción en el mercado laboral y la estabilidad sociofamiliar, por lo que las autoridades instan a abordar esta realidad desde una perspectiva integral que combine prevención, educación y oportunidades reales para la juventud.
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Minga Porã: fiscal imputa a un hombre por tentativa de feminicidio y coacción grave
- Ciudad del Este. Agencia regional
Ovidio Mereles Paredes (41), denunciado por su pareja por golpearla e intentar matarla con arma blanca, está imputado por el fiscal Fernando Galeano, de la Unidad Penal N.º 2 de Minga Porã, por los supuestos hechos punibles de violencia familiar, tentativa de feminicidio y coacción grave.
La investigación se inició tras un violento episodio registrado en una vivienda del barrio 15 de Agosto, de Minga Porã, ocasión en que el supuesto victimario habría atacado con un cuchillo a su pareja. El imputado se encuentra prófugo y la Fiscalía solicitó su declaración de rebeldía.
El acto violento ocurrió el 12 de septiembre de 2026, entre las 02:50 y las 03:00, después que la pareja regresara a su vivienda, tras participar de un festejo por el aniversario del Partido Colorado. Una vez en la casa, el hombre habría iniciado una discusión con la víctima, motivada por celos y aparentemente bajo los efectos del alcohol.
Luego, en medio de insultos y descalificaciones por parte del hombre hacia su pareja, pasó a la agresión física a la mujer. Tras golpearla, habría tomado un cuchillo de cocina y amenazó de muerte a la mujer, quien se encontraba sentada en el suelo.
De acuerdo con los antecedentes, el agresor habría colocado el arma blanca a la altura del rostro y también del tórax de la víctima, mientras continuaba con las amenazas.
Todo el episodio de agresión y amenaza ocurrió frente a los hijos menores de edad. El pedido de auxilio que hizo la mujer alertó a los vecinos, quienes acudieron rápidamente al lugar.
Ante esta situación, el supuesto agresor habría abandonado la vivienda antes que el personal policial llegara. El acta de imputación también refiere antecedentes de episodios anteriores de violencia y señala que los hechos igualmente habrían sido observados por hijos menores de la pareja.
Asimismo, familiares y vecinos habrían aportado información sobre grabaciones del incidente que fueron difundidas en redes sociales. El Juzgado de Paz de Minga Porã dispuso medidas de protección para la víctima, entre ellas la prohibición de acercamiento y cualquier forma de violencia.
El fiscal Fernando Galeano pidió la prisión preventiva del hombre, una vez que sea capturado, al considerar que existen presupuestos para sostener la existencia de los hechos investigados y riesgos procesales.
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Detienen a un hombre durante entrega vigilada de dinero por supuesta extorsión
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una comitiva del Ministerio Público y del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, encabezada por la fiscal Claudelina Corvalán, procedió este jueves a la detención de un hombre durante una entrega vigilada de dinero, en el marco de una investigación por los supuestos hechos punibles de extorsión, apropiación y tráfico de influencias.
El dinero incautado alcanza los G. 1.000.000, pero ya se habrían desembolsado G. 60.000.000. El operativo se ejecutó en inmediaciones del domicilio de la persona investigada, en el barrio San Antonio de Ciudad del Este.
La causa comenzó con una denuncia presentada el 31 de agosto de 2026, ante la sospecha de que el hoy detenido habría estado pidiendo y recibiendo dinero a cambio de gestiones a favor de un familiar de la denunciante, que está procesado por violencia familiar y se encuentra privado de libertad.
El pedido de dinero ya se habría iniciado desde noviembre del 2025 y el denunciado argumentaba que tenía contactos e influencias en el Ministerio Público y en el Poder Judicial para obtener medidas más favorables al procesado, quien está en prisión.
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De acuerdo con la investigación, los desembolsos realizados hasta el momento totalizarían G. 60 millones. La víctima habría entregado dinero en reiteradas ocasiones e incluso vendido su vivienda para afrontar los pagos.
El detenido mencionaba además a una funcionaria fiscal como supuesta intermediaria para concretar las gestiones ofrecidas, hasta que la misma supuestamente tomó conocimiento que su nombre estaba siendo utilizado y comunicó a la Fiscalía.
Para concretar la entrega vigilada, la víctima acordó pagar un millón de guaraníes al investigado. El dinero fue previamente fotocopiado y autenticado por la actuaria judicial, tras autorización del Juzgado Penal de Garantías de Atención Permanente. La diligencia se hizo con agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, quienes procedieron a la detención del sospechoso.
Tras incautarse el dinero utilizado en la entrega vigilada, por orden judicial se allanó la vivienda del detenido y decomisaron un aparato celular. Todo quedó bajo resguardo del Ministerio Público para ser sometido a pericias y demás diligencias de la investigación.
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Concretan la primera aplicación de tobillera electrónica en Saltos del Guairá
En la localidad de Saltos del Guairá se implementó por primera vez el uso de tobillera electrónica en una persona que tiene un proceso legal por violencia familiar. Sin embargo, los primeros casos dentro del departamento de Canindeyú se usaron en personas que cuentan con prisión domiciliaria en la localidad de Katueté y Puente Kyjhá.
Esta persona fue beneficiada por la Jurisdicción Judicial de Canindeyú mediante el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simec). Se trata de un hombre que fijó como residencia en una vivienda ubicada en el kilómetro 6, que será monitoreado por la Policía Nacional.
“Es la primera vez que estamos recibiendo una persona con tobillera electrónica que guardará arresto domiciliario en nuestra jurisdicción. Estará siendo monitoreada mediante el sistema Simec, cuya oficina está en Alto Paraná”, expresó el comisario Miguel Troche, subjefe del puesto policial, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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La medida fue autorizada por la jueza Erika Chudecki Duarte, del Juzgado Penal de Garantías n.° 5, quien designó que el puesto policial ubicado en el kilómetro 7 se encargue de monitorear a esta persona. “El sistema nos va a avisar en caso de que haya una actividad fuera de lugar del GPS de la persona”, detalló.
Resaltó que en caso de que esta persona tenga algún problema de salud que requiera salir de su casa, su abogado deberá avisar al Juzgado, y desde la institución deberán avisar si está o no autorizado para realizar esa salida. La misma medida se aplica en caso de que fallezca un familiar del procesado.
El primer caso histórico fue en Katueté, en noviembre 2025 para un hombre procesado por violencia familiar, quien al demostrar su insolvencia económica se les exoneró el pago mensual del equipo. El segundo caso fue en Puente Kyjhá en Junio 2026 que involucró a un joven de 23 años, quien mientras portaba el dispositivo fue detenido tras irrumpir en un establecimiento rural.
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