La directora de la organización Olfateando Huellas, Diana Camarasa Delgado, denunció ser víctima de supuesto acoso y amedrentamiento tras negarse a entregar a la perrita Canela a sus antiguos dueños, como lo dispuso la jueza Carmen Rossana Román.
“Hoy (jueves) estuvieron en mi propiedad la exdueña de Canela junto con su abogado, policías y un ñembo adiestrador canino de nombre Pablo Olmos, a quien en su momento le dimos mucho trabajo por medio de la fundación”, indicó a través de la página oficial de la organización protectora de animales.
Añadió que dichas personas estuvieron sacando fotos y realizando filmaciones de su propiedad con intenciones desconocidas, incluso entraron en el predio vecino, al parecer buscando alguna cosa, precisó Camarasa.
“Me siento acosada, amedrentada y con miedo de que le suceda algo a mis animales. Quiero dejar constancia por este medio y también lo haré de manera formal, por si mi propiedad sea dañada, mis animales sean perjudicados o para lo que hubiere lugar”, expresó la protectora de animales.
Por otro lado, informó que Canela ya no se encuentra en su propiedad y que la información sobre su destino será manejada por los medios legales que corresponda.
La resolución de la jueza Penal de la Adolescencia de Luque de devolver a sus antiguos dueños a Canela generó un fuerte rechazo ciudadano así como la indignación de grupos proteccionistas y organizaciones de defensa animal.
La Dirección de Defensa y Bienestar Animal rechazó la medida argumentando que el entorno familiar falló en el deber del cuidado y resguardo de la mascota. Sin embargo, la jueza argumentó que la familia no tuvo responsabilidad directa en la agresión al animal, el cual perdió la mandíbula a causa de la explosión de un petardo en la boca.
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Femicidio: funeraria amenaza con devolver el cuerpo a familiares si no pagan el cajón, denuncian
Familiares de Liz Andrea Ortellado (30), víctima de feminicidio el pasado fin de semana en Guarambaré, denunciaron que la funeraria les exige la suma de G. 10 millones por el cajón y que, si no pagan, les devolvería el cadáver.
“Ellos me buscaron por el tema del niño, para que la custodia vaya con la abuela materna. Pero ahora estamos ante otro problema principal: la gente de la funeraria se comunicó con los parientes y le dijeron que iban a devolver el cadáver en plástico”, relató este martes el abogado Miguel Godoy, en declaraciones a la 1020 AM.
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En ese sentido, el profesional mencionó que la víctima fatal se desempeñaba como funcionaria de una empresa, y que los directivos de la misma se harían cargo de los gastos. Sin embargo, no cumplieron.
“Se comprometieron a pagar el cajón, pero lastimosamente, la empresa no se estaba haciendo responsable. El cuerpo ya estaba en el cajón, pero iban a volver a sacar y devolver el cuerpo porque ya perdieron comunicación con la gente de la empresa", precisó el abogado.
Explicó que, ante lo sucedido, lo que corresponde es que la gente de la empresa se haga cargo, atendiendo los salarios caídos, el aguinaldo proporcional y demás.
“Estoy tratando de comunicarme con la funeraria San Lázaro para tratar de solucionar el caso. Es bastante triste, porque los familiares ya están pasando un gran dolor”, lamentó Godoy.
El principal sospechoso, Walter Fabián Acosta Duarte (34), fue hallado sin vida a pocos metros de la vivienda. La hipótesis que manejan los investigadores es la de un presunto feminicidio seguido de suicidio. La víctima ya había denunciado anteriormente al sindicado por violencia.
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Reclamo por bloqueo de garaje y consumo de alcohol en la vereda termina en supuesto amedrentamiento: ¿qué dice la ley?
Un reclamo vecinal por el uso de un espacio público terminó en una denuncia por supuesto amedrentamiento frente a la Plaza La Alborada, en la zona de Laurelty, Luque. Una familia asegura que fue víctima de una situación intimidatoria luego de pedir que se respetara el acceso a su vivienda, se liberara su garaje y se despejara la vereda ocupada por personas vinculadas a un torneo barrial.
Según la denuncia, un grupo de personas que participaba de actividades deportivas en la plaza pública habría bloqueado el ingreso al garaje de la vivienda, ocupado la vereda, consumido bebidas alcohólicas y generado ruidos molestos durante el desarrollo de los encuentros.
La situación habría escalado cuando la vecina afectada solicitó que retiraran el vehículo frente a su garaje y liberaran el acceso a su domicilio. De acuerdo con el relato de la familia, los involucrados habrían reaccionado de manera prepotente y varios de ellos habrían ingresado hasta la propiedad de la afectada, en una actitud que fue interpretada como un intento de amedrentamiento.
Los denunciantes sostienen que el episodio no es aislado, sino parte de una problemática que se repite cada vez que se realizan torneos en la Plaza La Alborada. Afirman que ya presentaron reclamos ante la Municipalidad de Luque y la Policía Nacional por situaciones relacionadas con el desorden, la ocupación de espacios destinados al tránsito peatonal, la polución sonora y el consumo de alcohol en el lugar.
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Vecinos reclaman controles
Los residentes de la zona cuestionan que una plaza pública destinada al encuentro comunitario termine generando conflictos con quienes viven en sus alrededores.
Entre los principales reclamos figuran el respeto a las veredas como espacios de circulación, el libre acceso a los domicilios, el control del ruido y la regulación de actividades que puedan afectar la tranquilidad del vecindario.
La denuncia será elevada al fiscal de turno, Jorge Escobar, titular de la Unidad Penal N° 2 de Luque, según informaron los afectados.
¿Qué dice la ley sobre el consumo de alcohol en la vía pública?
En Paraguay, el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos está prohibido por la Ley 1642, que restringe esta práctica en calles, plazas, parques y veredas, con el objetivo de preservar el orden público y la seguridad ciudadana.
Ante estas situaciones, las autoridades pueden intervenir, disponer el retiro de las personas del lugar, decomisar bebidas alcohólicas y aplicar las medidas previstas por la normativa.
Además, las disposiciones municipales buscan garantizar que el uso de espacios públicos no afecte derechos de terceros, como el descanso, la tranquilidad y el acceso libre a las viviendas.
El conflicto en Laurelty vuelve a instalar el debate sobre los límites entre el uso recreativo de los espacios públicos y la obligación de respetar la convivencia con los vecinos.
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Bloqueo de calle
Estacionar correctamente en la vía pública no es solo una muestra de respeto hacia peatones y conductores, sino también una obligación legal según la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 5016/14. La normativa establece que solo se debe estacionar en lugares permitidos, evitando zonas prohibidas y áreas donde se obstruya el tránsito o la seguridad.
La ley prohíbe estacionar en veredas, cruces peatonales, curvas, puentes, túneles, entradas de garajes y salidas de emergencia. Es clave respetar las señales verticales y horizontales, como líneas amarillas o carteles específicos, que advierten sobre restricciones. Estas disposiciones buscan garantizar la fluidez del tránsito y la seguridad de todos los usuarios.
El incumplimiento de las normas de estacionamiento puede considerarse una falta grave o gravísima, con sanciones que incluyen multas, remoción del vehículo y pérdida de puntos en la licencia. Según el art. A 67, estacionar donde afecte la visibilidad, la señalización o la seguridad cuesta hasta 7 jornales (G. 753.389), lo mismo que hacerlo frente a accesos de hospitales, escuelas o garajes debidamente señalizados, hasta 10 metros antes y después de estos, salvo los vehículos relacionados a la función del establecimiento.
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Paciente con cáncer de cerebro lleva tres meses sin medicación
La Federación Paraguaya de Personas con Enfermedades Raras (FEPPER) denuncia que una paciente con melanoma avanzado (cáncer de cerebro) se encuentra sumamente deteriorada debido a la falta de sus medicamentos, por lo que pide se haga cumplir una resolución judicial que ordena la provisión de la medicación.
“Transcurrieron más de dos meses y la sentencia sigue sin cumplirse, mientras la enfermedad avanza sin piedad”, expresan a través de un comunicado.
El 29 de abril de 2026, la Justicia hizo lugar a una acción de amparo y dispuso que el Ministerio de Salud arbitrara los mecanismos necesarios para asegurar su tratamiento.
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“Prometen dar curso a su caso y analizar la disponibilidad de fondos para realizar la compra. Pero esa promesa no le va a salvar la vida cuando su cuerpo se deteriora. Vamos a morir esperando”, lamentan.
Ante esta situación, solicitan el cumplimiento inmediato de la sentencia y la provisión completa y continua del tratamiento indicado para la paciente.
“No aceptamos nuevas promesas, trámites ni dilaciones. La paciente necesita su tratamiento ahora. El Estado debe cumplir la sentencia antes de que sea demasiado tarde”, advierten.
En caso contrario, la FEPPER llevará el caso ante organismos internacionales. “La falta de fondos no puede seguir utilizándose como excusa cuando hay vidas en riesgo y una orden judicial vigente”, argumentan.
Se trata de una madre, aportante del IPS, pero la previsional no hizo caso al amparo; entonces, tuvo que recurrir a Salud Pública. Desde abril hasta ahora está sin medicación y su enfermedad ha avanzado de acuerdo al último diagnóstico médico.
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Trabajadoras denuncian a institución de educación superior por falta de pago de salarios
Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.
Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.
“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.
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Denuncia y proceso legal
La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.
“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.
Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.
Violación laboral
Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.
“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.
Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.
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