Ciudad del Este. Agencia Regional.
La agente del Ministerio Público, Liliana Denice Duarte, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar N.° 1 de Ciudad del Este, presentó imputación contra un hombre de 31 años y pidió su prisión, por la presunta comisión del hecho punible de violencia familiar.
El mismo está detenido, tras ser denunciado por golpear y amenazar con cuchillo a su pareja, una mujer de 35 años. Ocurrió en el barrio Obrero de Ciudad del Este, a las 00:40 del 7 de junio de 2026.
El procesado comenzó enviando mensajes telefónicos a su expareja, amenazándola de muerte. Luego habría llegado al domicilio en aparente estado de ebriedad y bajo efectos de sustancias estupefacientes, donde comenzó a violentar la puerta de la casa.
Finalmente, tras patear la puerta de metal en forma insistente pudo tumbarla e ingresar a la pieza. Seguidamente, el hombre habría agredido físicamente a la víctima, tomándola del cabello, golpeándola en el rostro y en otras partes del cuerpo, además de amenazarla con un arma blanca.
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El hecho fue presenciado por el hijo de la víctima, un adolescente de 13 años, quien salió de la casa a pedir auxilio policial. Personal patrullero llegó al sitio y procedió a la aprehensión del violento, quien por disposición fiscal, fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando resultado positivo.
El escrito de imputación señala que se sustenta en la denuncia policial, en el acta de procedimiento, el informe de alcotest positivo, fotografías de lesiones y los mensajes recibidos por la víctima. También la declaración testifical de la agredida, el informe psicológico, la inspección médica forense y otras evidencias.
La Fiscalía imputó al sospechoso por violencia familiar y solicitó al juzgado la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.
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Itakyry: un hombre violó prohibición de acercamiento a su exesposa y fue detenido en flagrancia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Personal policial de la Comisaría 12ª de Itakyry aprehendió a un hombre en flagrancia por desacato a una orden judicial y su vehículo fue incautado por exposición al peligro en el tránsito terrestre. Fue ayer a las 17:30 en el barrio Loma de Itakyry. El hombre violó la prohibición de acercamiento a su exesposa, según se constató tras la denuncia de la mujer, ya que fue encontrado en el predio de la casa.
Se trata de Dionicio Cristaldo Armoa, de 40 años, domiciliado en el barrio San Sebastián de Itakyry, quien cuenta con antecedente por homicidio doloso. Llegó hasta la casa de su exesposa en una camioneta marca Nissan, modelo Vanette Trucck, color blanco, placa CBY870 Py, inscripto en el Registro Único del Automotor a nombre de Prisciliano Segovia Galeano.
Los agentes acudieron al sitio ante el llamado de la víctima, Betty Cocco Bóveda, de 37 años, quien dijo estar en peligro ante la presencia, en aparente estado de ebriedad, de su expareja. El hombre había pasado sobre el tejido perimetral del predio y estaba intentando ingresar a la casa cuando la mujer hizo la llamada solicitando auxilio.
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Es lo que informó a La Nación/Nación Media el comisario Fredy García, jefe de la Comisaría 12 de Itakyry. Cristaldo Armoa tiene prohibición de acercamiento al hogar y al lugar donde se encontrare la mujer en un radio de 300 metros, por causa de violencia familiar, según orden de la jueza de paz de Itakyry, Luz Marina Ortega More.
Los policías llegaron a la casa y encontraron al hombre en el inmueble por lo cual fue aprehendido en flagrancia y trasladado a la sede policial. Tras el aviso al fiscal de turno Fidel Godoy, la camioneta fue incautada.
La mujer contó al personal interviniente que Dionicio Cristaldo le manifestó en otras ocasiones que la mataría en la primera oportunidad y por esa razón es que temía por su vida al verlo ya dentro de predio queriendo ingresar de cualquier forma a su casa.
“Nosotros hemos recibido anteriormente varias denuncias de la mujer en contra de su exesposo por hechos de amenazas a su vida”, dijo el comisario García
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Mujer que fue reportada como desaparecida dejó su casa “cansada de violencia”
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una mujer que dejó su casa junto con sus hijos menores de edad, manifestando estar cansada de hechos de violencia, dijo a una fiscala por vía telemática que no volverá a la región, que mantendrá en reserva su ubicación y no se presentará ante el Ministerio Público para las evaluaciones de rigor.
El caso tiene su antecedente en la Comisaría 6ª. de Presidente Franco que recibió una denuncia el domingo 30 de agosto, a las 22:47, por la desaparición de una mujer y sus tres hijos menores de 4, 6 y 11 años de edad. El aviso había hecho el hijastro de la mujer, después de llegar a la casa y darse cuenta del abandono. Tras la comunicación al Ministerio Público se había dado la orden de búsqueda.
Sin embargo, a las 00:30 del lunes 31 de agosto, a menos de dos horas de la denuncia por desaparición, la mujer se presentó a la misma comisaría a reportar que había dejado la casa con sus hijos, cansada de muchos malos tratos verbales, “cansada de la violencia”, de la que era objeto por parte de su pareja, según explicó a La Nación/Nación Media la fiscal Viviana Sánchez.
La agente dijo no haber sido informada inicialmente por la comisaría (supuesto error en cambio de guardia) del aviso que había realizado la mujer sobre el abandono de la casa. Sánchez contó que la misma mujer, al enterarse por informaciones en redes sociales sobre su desaparición, se comunicó con ella a través de su asistente.
En la conversación por vía telemática, la que había sido dada como desaparecida, explicó a la fiscala Viviana Sánchez que ella sí se fue de la casa con sus hijos, que se encuentra en un lugar seguro y que no va a volver. Mencionó como la causa de su accionar el haber sido maltratada siempre y víctima de violencia sicológica por parte de su pareja, según lo referido por la agente.
Al ser requerida por la fiscala que debe ser asistida sicológicamente en el Ministerio Público para avanzar en la investigación, la mujer repitió que no va a volver, pidió mantener en reserva su ubicación, por temor y no se presentará a la Fiscalía. “Necesitamos la evaluación sicológica para iniciar un proceso y tomar alguna medida” refirió Sánchez.
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Influencer da su versión y rechaza acusación de fraude
La influencer Ana Kim Jang, conocida como Ana Coreana, dio su versión acerca de la imputación por los delitos de apropiación, lesión de confianza, estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Mencionó presuntas irregularidades y apropiación de los ingresos de la empresa por parte de la familia Kao/Wang. En la causa están procesadas otras cuatro personas.
“Rechazo categóricamente cualquier acusación de fraude. Siempre he actuado dentro del marco legal, respetando los procedimientos establecidos”, menciona un comunicado dado a conocer por la mediática en representación de la familia Kim – K & K Shopping´s S. A. tras las acciones jurídicas promovidas por la familia Kao/Wang.
“Desde la constitución de la firma en febrero de 2009, la familia Kim asumió de manera exclusiva la gestión, operación y desarrollo integral del centro comercial. En estos años de operación, la familia Kao/Wang nunca trabajó en la obra, no asistía a los asuntos sociales, no asumía riesgos y desalentaba las inversiones. Tampoco confiaron en que el proyecto Shopping Paris superaría las expectativas; sin embargo, ante el éxito actual, han cambiado de actitud”, dice la primera parte del comunicado.
En otro punto, señala que en cuanto a la distribución de funciones “la familia Kao/Wang se acomodó a esta situación mientras la familia Kim trabajaba incansablemente. Aunque se les invitaba a las reuniones, no asistían alegando viajes o asuntos personales. Así, se consolidó una distribución de funciones donde ellos se limitaban a percibir los beneficios correspondientes”.
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En otro apartado, el comunicado menciona supuestas “irregularidades detectadas”, donde indica que la controversia actual surge tras detectarse que “la familia Kao/Wang ocupó y alquiló espacios del centro comercial a terceros sin autorización” y que los ingresos generados fueron a las cuentas bancarias de Susana (Wang Hsiao Mua) y Rosana Ming Kao, “sin ingresar a la cuenta de la empresa como corresponde, apropiándose así de los ingresos genuinos de la firma”.
En cuanto al reparto legal de dividendos, detalla que “el conflicto aumentó tras la venta del edificio Bonita Kim. Las utilidades se distribuyeron en estricta proporción a la participación accionaria de cada familia, conforme a la ley. Pese a ello, la familia Kao/Wang rechazó la distribución proporcional e inició reclamos infundados”.
Participación accionaria
Así también, expresa su rechazo a las acusaciones de la familia denunciante. “La modificación de la participación accionaria responde a nuevas inversiones aportadas e integradas exclusivamente por la familia Kim. Este proceso fue aprobado en asamblea extraordinaria y ordinaria, cumpliendo los estatutos, las leyes vigentes, las publicaciones legales y contando con la aprobación de la Abogacía del Tesoro”, menciona.
Además habla de instrumentalización judicial y lamenta que “mediante maniobras cuestionables”, se hayan penalizado asuntos de índole netamente societaria.
El comunicado finaliza diciendo que “la familia Kim reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo honesto. Exigimos respeto al funcionamiento institucional de K & K Shopping´s S. A. y confiamos en que las instancias correspondientes esclarecerán la verdad".
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Revelan conflicto entre accionistas de empresa dueña de shopping de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, imputó a cinco personas, entre accionistas y ejecutivos de la firma K & K Shopping’s S.A., por supuesta apropiación, lesión de confianza, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y su uso.
La empresa K & K S.A. es la propietaria del Shopping Paris de Ciudad del Este. Los procesados son: Elizabeth Kim Jang, presidenta del directorio, apoderada y representante legal de K & K Shopping´s S.A.; Kim Jang, accionista; Nam Jun Kwon, vicepresidente del directorio; Antonio Ramón Galeano Vega, síndico titular y Alexis Florentín Gauto, secretario de asamblea.
La investigación abarca una serie de actuaciones societarias realizadas entre mayo de 2025 y marzo de 2026, las cuales, según la Fiscalía, perjudicaron a dos accionistas del grupo KAO/WANG, Rosana Ming Kao y Hasiao Hua Wang
La Fiscalía detalla que el capital de la empresa era de G. 103.000 millones y estaba distribuido en partes iguales entre los grupos KIM y KAO/WANG. La situación cambió tras la asamblea del 5 de mayo de 2025, que resolvió reducir a G. 38.850 millones mediante el rescate de acciones y estableció pagos de G. 3.207.500.000 para una de las accionistas y G. 28.867.500.000 para la otra.
En la imputación se indica que, las sumas citadas quedaron a cargo de la sociedad para su entrega a las titulares, pero nunca habrían sido abonadas. Un comprobante emitido por la propia empresa el 26 de mayo de 2025 consignó como pagado el monto de G. 26.558.100.000, tras una retención tributaria de G. 2.309.400.000 sobre la suma mayor.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el dinero jamás ingresó a las afectadas. De hecho, el 15 de enero de 2026, una de ellas fue convocada para firmar los recibos correspondientes, pero se negó con el argumento que los valores continuaban impagos.
Paralelamente, la composición accionaria volvió a tener modificaciones sustanciales, según el escrito fiscal. El 18 de diciembre de 2025, el capital se incrementó de G. 38.850 millones a G. 49.350 millones mediante la emisión de 210 acciones adjudicadas a una sola accionista, cuya participación subió del 50 % al 61 %, reduciendo la del grupo KAO/WANG al 39 %.
Posteriormente, el 13 de marzo de 2026, se ejecutó un nuevo aumento hasta alcanzar los G. 103.350 millones con 1.080 nuevas acciones. De estas, 560 respondían a un supuesto aporte de G. 28.000 millones y fueron adjudicadas nuevamente a la misma persona, quien pasó a controlar el 71 % de la firma, dejando a las dos afectadas con un 29 % conjunto.
La investigación señala que estos aportes —por un total de G. 38.500 millones— no habrían sido efectivamente integrados, emitiéndose acciones sin que la sociedad recibiera el capital.
La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la etapa preparatoria debido a la complejidad del caso y al volumen de documentación por analizar, requiriendo la aplicación de medidas alternativas a la prisión para todos los procesados.