El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que, en coordinación con el ministro de Defensa, Óscar González, se dispondrán de herramientas para el derribo de drones ante el episodio registrado ayer miércoles en la penitenciaría de Minga Guazú (Alto Paraná), que derivó en una requisa por la vulneración que podría representar para la seguridad del recinto penitenciario.

“En horario de la tarde de ayer, entrando ya a la noche, recibí el reporte del director general de Establecimientos Penitenciarios donde mencionaba el reporte del avistamiento de un dron sobrevolando la penitenciaría de Minga Guazú en el sector donde están los módulos 7 y 8, que son de alta y máxima seguridad”, expuso Nicora, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ante esta situación, el ministro de Justicia solicitó la cooperación de las Fuerzas Armadas para la utilización de elementos especializados para el derribo de los artefactos que sobrevuelan el perímetro de las penitenciarias.

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“Tenemos dos trabajos, todo parte en base a la Ley de emergencia penitenciaria, que es una herramienta que nos sirve mucho para trabajar con las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas de la Nación tiene un equipamiento antidrón y tuve una conversación con el ministro Óscar González, ya solicité contar con ese equipamiento, ese complemento de las Fuerzas Armadas”, detalló el titular de la cartera.

Explicó que desde el Ministerio de Justicia no cuentan con estos elementos específicos y el personal capacitado para su uso por lo que solicitó la cooperación del Ministerio de Defensa y a partir de ahora se podrá contar con el antidrón.

“El sobrevuelo de un dron puede ser para recabar información, puede ser también para entregar elementos prohibidos, sustancias prohibidas, como también armas, entonces estamos hablando de una cuestión de seguridad muy importante dentro del sistema. Aquí lo que se entiende es que se puede estar recabando información de infraestructura, ubicaciones, los movimientos, qué tipo de personal está, qué cantidad, en qué horarios”, explicó Nicora.

El sobrevuelo del dron se registró en módulos donde se encuentran personas privadas de libertad (PPL) con perfiles de mediana y alta peligrosidad, en su mayoría integrantes de una organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

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El Ministerio de Justicia informó este jueves que un grupo de hombres intentó atentar contra Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” en la penitenciaría de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Se presume que estas personas formarían parte del Primer Comando Capital (PCC) y tuvieron colaboración de agentes penitenciarios.

Según Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal, un grupo integrado por siete internos, que fueron identificados y formarían parte del PCC, llegaron hasta la celda Tío Rico. En ese momento, el recluso no se encontraba en el sitio porque estaba en una audiencia telemática.

“El 11 de mayo se detectaron movimientos por parte de un grupo de PPL, lo cual nos generó alerta. En ese momento, no se puso en riesgo la vida del interno que era el objetivo, pero se hicieron sumarios disciplinarios, traslados y otros trabajos”, expresó Maciel, en entrevista con “Tarde de Perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

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Refirió que se trató de algún intento de vulnerar su integridad física de alias Tío Rico y que actualmente se están investigando el caso.

“Toda la información recolectada ya fue comunicada al Tribunal de Sentencia, estuvieron vinculadas unas siete personas que asumimos, querían atentar contra la vida de Insfrán, es lo que podemos inferir”, señaló.

Agregó que también se tendrían información de que habrían participado en el hecho tres funcionarios penitenciarios. “Estos que se encargaban de vigilar el sector donde está la celda de Insfrán. Estos ya fueron apartados de su cargo”, puntualizó.

Miguel Insfrán está siendo investigado por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Su estructura fue desmantelada en el operativo A Ultranza PY, considerado el mayor procedimiento contra el narcotráfico. Se lo sindica como uno de los socios del uruguayo Sebastián Marset.

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Durante la sesión plenaria, el secretario de la Sala Constitucional y designado como interventor coadyuvante del Departamento de Consolidación de Datos Estadísticos de la Dirección de Estadísticas Judiciales, Julio Pavón, presentó un informe parcial de resultados sobre las medidas adoptadas en la Sección de Estadística Civil, a través del “Informe de Gestión de la Dirección de Estadísticas Judiciales - Sección de Estadística Civil - Circunscripción Judicial de Capital”.

En el documento, se registra un avance aproximado del 70 % en los trabajos de implementación de las mejoras propuestas, en atención a las observaciones formuladas por la Dirección General de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, el interventor explicó que “vengo a presentar un informe parcial referente a la intervención solicitada por la Corte Suprema de Justicia desde el 11 de marzo, sobre los puntos que en su momento detectara la Dirección General de Auditoría Interna, en la que hemos adoptado diversas medidas durante estos dos primeros meses”.

Entre las acciones implementadas mencionó la incorporación de un nuevo formulario de autorización para la entrega y retiro de actuaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 187 del Código de Organización Judicial, que dispone que los secretarios deberán presentar personalmente las resoluciones ante esta unidad de estadística.

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Indicó que esta nueva proforma permite identificar correctamente a los funcionarios autorizados por los actuarios de los juzgados que remiten las resoluciones a la Sección de Estadística Civil y exige, además, el detalle concreto de las actuaciones remitidas, a fin de preservar la custodia de las actuaciones procesales durante esa etapa de traslado y brindar mayor seguridad en su recepción, procesamiento y devolución.

Informó sobre la puesta en marcha de un nuevo formulario de constancia provisoria de entrada de las actuaciones recibidas y de salida definitiva. Explicó que este instrumento permite contar con mayor precisión respecto a los detalles de la recepción y dejar asentadas las observaciones que pudieran detectarse al momento del procesamiento, con la consiguiente devolución.

Destacó que el proceso simplificado al que se encuentra sometida la sección intervenida comprende etapas bien definidas: recepción, verificación, registro y archivo. En ese sentido, una vez recibida la actuación, esta pasa a la etapa de verificación, que implica el control de sus formalidades externas, tales como número, sellos, firmas y fechas. Solo una vez superada dicha instancia sin observaciones se procede al registro y archivo definitivo.

Igualmente, informó sobre la liberación de la función relativa al registro inicial de las nuevas acciones planteadas en el sistema Judisoft. Al respecto, explicó que se dispuso la exoneración de la carga y registro inicial de las nuevas acciones promovidas ante los distintos juzgados de Paz en la plataforma Judisoft, trasladándose dicha responsabilidad a los actuarios encargados de las secretarías afectadas por la resolución mencionada.

Precisó que esta tarea incidía significativamente en el cumplimiento de las demás funciones asignadas a la Sección de Estadística Civil, sin una justificación actual suficiente, considerando que anualmente ingresaban aproximadamente 35.000 expedientes con ese único fin. Añadió que esta medida permitirá descongestionar el flujo de trabajo y concentrar mayores esfuerzos en las labores propias de la sección.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el segundo proceso penal que enfrenta el exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien ya cumple una condena de 10 años de cárcel. Los ministros confirmaron a los miembros del Tribunal de Apelación, reactivando así la causa abierta por un supuesto esquema de corrupción que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 18.300 millones.

Tras esta decisión, el Tribunal de Apelación podrá estudiar el recurso presentado por la defensa de los acusados contra la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. En caso de ratificarse dicho fallo, el exgobernador y los demás procesados deberán afrontar el juzgamiento.

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La defensa buscaba apartar a los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres, argumentando que integran el mismo tribunal que intervino en la causa en la que González fue condenado. Sin embargo, la Corte concluyó que no existían fundamentos serios ni jurídicamente válidos para separarlos del caso.

De acuerdo con la acusación fiscal, los procesados habrían montado un esquema para concretar millonarias transferencias de fondos. Estos recursos debían destinarse a la ejecución de 51 proyectos vinculados al Consejo Regional de Salud de Central y a varias asociaciones civiles.

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