El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) designó hoy jueves al Abog. Pablo José Morínigo Cáceres, como nuevo director jurídico de la previsional.

Morínigo Cáceres fue designado en reemplazo del Abog. Enrique Arturo Galeano Moreno, según resolución 036-006/2026 y lleva la firma del titular de la institución, Dr. Isaías Ricardo Fretes.

Galeano permaneció en el cargo por casi dos meses, tras la salida de José González Maldonado, este último investigado por el Ministerio Público

Morínigo se desempeñaba como funcionario de la Procuraduría General de la República, cargo desde el cual llega a la nueva función en el ente previsional.

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Igualmente, el nuevo jefe jurídico forma parte del Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Una de las prioridades de la institución sería la verificación de los contratos de abogados externos vinculados al área jurídica.

Otra de las actividades a ser encaradas por la nueva jefatura de la dirección jurídica será igualmente la revisión de los alquileres de inmuebles pertenecientes al IPS, auditoría que actualmente está a cargo de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) que es el órgano técnico-normativo de control interno que asiste a la Presidencia de la República.

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• Por Benjamín Livieres
• Analista político

“Primero vamos a poner la casa en orden y después vendrá la reforma de la Carta Orgánica”, dijo el nuevo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, en la última de sus numerosas apariciones mediáticas. Si por el ordenamiento de la casa se refiere a la adopción de medidas de emergencia o “parches” para aliviar la crisis originada por la falta de insumos y medicamentos, sus afirmaciones cobran sentido. De otra forma, no, dado que mal podría ponerse orden en esta institución sin proceder a las urgentes reformas estructurales que originan sus crisis recurrentes.

Hay que apagar los incendios, no hay duda alguna. Sin embargo, el ordenamiento de las prioridades expuestas por Fretes no resulta convincente, por aquello de que “se puede mascar chicle y cruzar la calle”. Las reformas estructurales que siempre se anuncian, pero cuyos contenidos se ignoran, deben comenzar a ser discutidas sin más demoras.

En cuanto a las urgencias, la política de los anuncios no funciona. La practicó el expresidente de la previsional Jorge Brítez, y después de 30 meses se fue sin dejar un memo al respecto. Y Fretes, que tiene a su favor un amplio consenso, no dispone ni de la cuarta parte del tiempo que tuvo su antecesor.

Las palabras, en la actualidad, se valoran positivamente si están antecedidas por hechos. El “vamos a sanear el vademécum” no hace falta anunciar. Háganlo y después informen. Igual con las investigaciones de presuntos hechos de corrupción. Detéctenlos, comuniquen a los asegurados –a quienes en teoría se deben– y denuncien responsablemente ante la Fiscalía, si así corresponde. Lo mismo aplica para la auditoría que se hará sobre los inmuebles de la previsional, que será realizada por el auditor del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, exdirector administrativo de Itaipú en el gobierno de Mario Abdo.

Lo que el asegurado reclama son cambios concretos en materia de gestión, que no dependen ni se contraponen a la puesta en marcha del debate sobre los cambios de fondo. Cuestiones básicas, como propone Camilo Pérez para Asunción cuando habla de resolver los problemas de los baches, la basura y brindar condiciones mínimas de seguridad, que en el caso de la previsional significa acabar con el desabastecimiento en los hospitales, así como con el calvario que representa obtener un turno para consulta, estudios o un procedimiento quirúrgico.

Lo antedicho, valga resaltar, no es un alegato contra la información, uno de los pilares de la trasparencia, sino del lugar que debe ocupar en las labores que desarrollen las autoridades de la previsional, porque los problemas ya fueron objeto de innumerables diagnósticos y los planes para hacer frente a algunos de ellos se vienen divulgando desde hace cuatro semanas. Es poner el énfasis en la gestión, en las acciones que se ejecuten y, sobre la base de lo realizado, desarrollar las políticas comunicacionales que muestren sus resultados.

Ahora bien, como “mascar chicle” no es suficiente, en simultáneo es necesario “cruzar la calle”, es decir, impulsar el debate sobre las reformas estructurales y no esperar a no esperar a que futuras crisis se utilicen como justificación para introducir cambios a las apuradas, de consecuencias generalmente perjudiciales para los afectados, que no son 230.000 aportantes, cono en la “caja fiscal”. En el caso del Instituto de Previsión Social son 1 millón, más sus beneficiarios.

Uno de los inconvenientes más frecuentes con que tropieza habitualmente la mayoría de las personas con problemas de salud, tanto en el interior del país como en la zona capitalina, es la falta de aten­ción médica rápida en los centros públicos. Por eso se ven todos los días largas filas de personas esperando varias horas, incluso desde la madrugada, para ser atendidas en los hospitales y unidades de salud tanto del Instituto de Previsión Social (IPS) como del Ministerio de Salud Pública y Bienes­tar Social.

Las causas de las largas esperas y de otras dificultades son numerosas y parecen difí­ciles de superar. Pero no hay dudas de que con nuevos enfoques, mayor esfuerzo y excelente organización de las entidades involucradas se podrán paliar los proble­mas para mejorar la atención. La experien­cia demuestra que hasta las dificultades de mayor envergadura tienen respuestas adecuadas cuando existen más dedicación y firmeza en la actuación de las entidades responsables.

Los milagros existen, no hay duda, pero más que los prodigios que no abundan, a menudo es importante encarar nuevas políticas con enfoques apropiados que se ajustan a la realidad para obtener resulta­dos de mayor envergadura. A causa de las dificultades, miles de personas con seguro social o que pueden ir a los hospitales esta­tales prefieran contratar entidades priva­das para asegurar su atención sanitaria sin mayores inconvenientes.

Ante esta realidad, los principales respon­sables de la salud pública estatal y previ­sional se reunieron para trabajar juntos y así mejorar la atención a la ciudadanía, una idea de gran valor teniendo en cuenta lo que se puede conseguir. La ministra de Salud, María Teresa Barán, y el presi­dente del IPS, Isaías Fretes, se propusie­ron hacer más fuerte la articulación entre las dos entidades para avanzar en accio­nes conjuntas con el propósito de opti­mizar los servicios que prestan en todo el país. En la ocasión se resaltó que ya exis­ten experiencias positivas de trabajo con­junto de dependencias de ambas entidades en distintos puntos del país, hecho que se desea extender con más apoyo.

Explicando lo conversado en el encuen­tro, la ministra Barán dio como ejemplo de los servicios que se están compartiendo en varios puntos del país la experiencia en localidades del departamento de Itapúa y resaltó el trabajo conjunto en el distrito de Ayolas, Misiones, donde personas con seguro y sin seguro social tienen acceso a servicios de terapia intensiva mediante la cooperación de ambas instituciones.

Teniendo en cuenta los nuevos hospita­les que se están proyectando para distin­tos puntos del interior del país, la ministra apuntó que los mismos tendrían que enca­rarse con un modelo de complementación con las otras instituciones del área. Esto para lograr una utilización más eficiente de los recursos disponibles y para alcan­zar una mejor cobertura sanitaria para los pobladores. Lo que significa que los centros de salud del ministerio tendrían que traba­jar de manera coordinada con los del IPS.

No hay dudas de que, si se quieren mejorar los servicios públicos de salud en todo el país, ambas instituciones deben establecer una política oficial de trabajo compartido en la tarea de proteger a las personas.

Ese trabajo conjunto es, hasta ahora, una excepción que se está llevando adelante en Ayolas y en algunas localidades de Itapúa. Y debe convertirse, incluso por ley, en una tarea que sume los elementos de ambas entidades públicas para hacer una misma agrupación que cuide y proteja la situación sanitaria de la mayoría de las personas del país. Dos entidades diferentes, que tienen el mismo propósito, no se pueden dar las espaldas, como ha ocurrido por mucho tiempo.

El Gobierno nacional debe lograr que esa conjunción, que ahora es una excep­ción, sea la regla principal de las entidades públicas dedicadas a la salud de la gente, sobre todo en regiones del interior del país. Y para ello, si hace falta, el Congreso Nacional tendría que estudiar las normas legales que posibiliten y consagren jurídi­camente esa unión para el bien de la ciu­dadanía necesitada. Todo lo que se haga para posibilitar el cuidado de la salud de la gente será bienvenido.

Por eso, tanto los legisladores, como otros funcionarios con poder de decisión, deben enfocar su esfuerzo en hacer posible el tra­bajo conjunto para calmar los dolores y posibilitar más salud a miles de ciudada­nas y ciudadanos de todo el país.

Este martes, familiares de un paciente oncohematológico con diagnóstico de linfoma, solicitaron al Ministerio de Salud que se cumpla con el amparo para la compra de un costoso medicamento que requiere para su tratamiento. Desde hace dos meses, el juzgado penal de Garantías dictó sentencia definitiva para que este sea cumplido.

Se trata del señor Luis Carlos Ortiz Godoy, paciente que cuenta con diagnóstico de linfoma no Hodgkin de células B grandes difuso, quien ya pasó por un trasplante autólogo de médula osea. Hace dos meses sufrió una recaída y fue un golpe muy duro para la familia, que necesita ayuda para costear el tratamiento.

La doctora Laura Morel, del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), ante la gravedad de su situación indicó un tratamiento urgente que requiere de Glofitamab, cuyo valor sería G. 85 millones por vial, pero necesita 36 viales de 2,5 mg para todo el tratamiento que suman unos G. 800 millones.

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La familia no tiene los recursos para comprar y solicitó un amparo para que el Ministerio de Salud pueda adquirir el fármaco, al tratarse de un paciente de un ente estatal. Actualmente don Luis está recibiendo quimioterapia paliativa, pero es urgente que acceda al tratamiento para evitar que la enfermedad avance.

“Mi papá está a la espera de un medicamento súper caro que no está a nuestro a alcance y por eso hicimos el pedido de amparo, con mucha esperanza papá pidió esperar solo 2 meses por el medicamento, pero ya pasó ese tiempo, desde Salud no nos hacen caso es por eso que les pido ayuda”, expresó Adela Ortiz, hija del paciente, en entrevista con La Nación/Nación Media.

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El 10 de marzo de este año, el juzgado penal de Garantías N° 9 de Asunción dictó la Sentencia Definitiva N° 15, en la causa Amparo Constitucional promovido por Luis Carlos Ortiz Godoy contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

“Ahora está con quimio paliativa porque estaba muy mal y se le ordenó este tratamiento mientras esperan la llegada del medicamento (Glofitamab), pero ya no puede esperar. Hasta la fecha la cartera sanitaria no ha dado cumplimiento a dicha orden judicial por eso estamos pidiendo ayuda para llegar a las autoridades”, apuntó.

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