Cada uno de los candidatos de la Lista 1 tiene una tarea muy importante: escuchar, acompañar y estar cerca de la gente, afirmó el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.

De cara a las elecciones del domingo 4 de octubre, Cartes emitió un video en sus redes sociales para pedir a los candidatos de la Lista 1 responsabilidad y compromiso. Remarcó que los postulantes a cargos de intendentes y concejales municipales del partido deben hacer su tarea de manera ejemplar.

El candidato a intendente de la capital por la Lista 1 (ANR), Camilo Pérez, anunció que contempla el retiro de la red de bicisendas actualmente desplegada en la ciudad, debido al poco uso y al embotellamiento en la capital.

En charla con la 650 AM, Pérez admitió ser consciente del costo político que podría representar esta medida en el electorado, pero enfatizó que su prioridad es garantizar la fluidez en el tránsito capitalino en beneficio de la mayoría.

En el marco del Octubre Rosa, la Iglesia invita a tomar conciencia sobre la importancia del control anual y la detección precoz del cáncer de mama, gestos que salvan vidas.

Asimismo, eleva una oración por todas las personas que enfrentan esta enfermedad, “para que encuentren fortaleza, consuelo y esperanza en el Señor”, expresaron el Arzobispado de Asunción. De esta manera, la Iglesia se suma al llamado del Ministerio de Salud Pública a las mujeres de nuestro país de priorizar la prevención y los controles periódicos a fin de lograr una detección temprana.

“Creo que, una vez más, Abc Color penosamente se extralimita en su distorsión de las informaciones”, dijo este jueves el senador liberal Dionisio Amarilla, tras rechazar las publicaciones del medio de comunicación que califica como un “apriete político” un proyecto de declaración aprobado por la plenaria del Senado que guarda relación con el caso Atlas-Conmebol.

La iniciativa manifiesta preocupación por la demora de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en resolver una recusación en la causa judicial vinculada a hechos punibles de lavado de activos que salpica al titular del Banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, junto a otros cinco directivos de la entidad bancaria, además de tres acusados vinculados con el fallecido exdirigente deportivo Nicolás Leoz (1928-2019).

El fiscal Jorge Arce presentó una imputación contra el exintendente de Villa Hayes por la Alianza, Esteban Ríos Ayala, y su hijo, Esteban Ríos Isasi, por el delito de administración en provecho propio.

Ahora, un juez deberá admitir el acta de imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los procesados serán privados de su libertad o beneficiados con medidas alternativas a la prisión.

La propaganda electoral para las Elecciones Municipales 2026 llega a su fin este jueves 1 de octubre a las 23:59. Conforme al cronograma del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y al artículo 290 de la Ley n.º 7135/23, desde el primer minuto del viernes queda estrictamente prohibida cualquier difusión de mensajes proselitistas con el fin de garantizar el periodo de reflexión de los electores.

La restricción alcanza a todo tipo de difusión en espacios públicos, como afiches, pasacalles y pintatas con propuestas o imágenes de candidatos. Del mismo modo, la prohibición aplica a la emisión de propaganda en medios masivos de comunicación —televisión, radio, diarios, revistas y semanarios— que busquen captar la adhesión o el voto de la ciudadanía hacia determinadas plataformas políticas.

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, indicó que los organismos de seguridad del Estado están expectantes sobre las informaciones que pueda proveer el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en torno a su esquema desplegado en nuestro país. Ayer, en Bolivia se detuvo al fiscal general Roger Mariaca, sancionado por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

“Como yo siempre lo dije, cuando este tipo comience a hablar caerán como moscas. Acá lo prioritario y principal lógicamente es Bolivia, pero nosotros estamos expectantes a ver qué cuenta él con relación a Paraguay. No debemos olvidar que ahora está en pleno desarrollo el juicio oral y público el caso A Ultranza Py, pero, sin lugar, a dudas particularmente para mí es importante lo que él pueda llegar a decir con relación a Paraguay”, refirió el titular de la Senad, este jueves, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Fiscalía descartó que el crimen registrado en Eusebio Ayala tenga un trasfondo pasional y cambió la carátula de feminicidio a homicidio doloso agravado, confirmó este miércoles la fiscal Norma Salinas en diálogo con medios locales.

Afirmó que la gresca generada durante la fiesta habría desencadenado la posterior “venganza” de los autores. Mencionó que dos hombres ya están imputados y solo falta dar con un involucrado.

De momento, los nombres han sido revelados, pero ambos ya cuentan con orden de captura. Hay un tercer involucrado cuya identidad aún no pudo ser averiguada. “Es la persona que baja del vehículo (al momento del choque). Es la persona que nos falta identificar todavía”, refirió la representante del Ministerio Público.

Los imputados por el crimen de Rebeca son: Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo (28) y Junior Ramón Delvalle Almeida (30), alias “El Polaco”. Son buscados por la Policía y serán investigados por homicidio doloso agravado.Hay un tercer involucrado cuya identidad aún no pudo ser averiguada, según informó la Fiscalía.

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Añadió que, conforme a los avances investigativos y los datos que se fueron recogiendo, descartaron la hipótesis inicial de motivo pasional. “Cambiamos de feminicidio a homicidio doloso agravado, por la forma en que las ejecutaron”, indicó la profesional de justicia a NPY.

En ese contexto, descartó la relación sentimental de ninguna de las dos mujeres con los victimarios y mencionó que los mismos habrían actuado en una especie de desquite a raíz de una pelea registrada durante la jineteada.

“El móvil fue la gresca. Aunque no es justificativo para quitarle la vida a alguien, entendemos que este tipo de pelea no queda de balde”, manifestó la agente fiscal.

Destacó que, mediante el trabajo minucioso del Ministerio Público, lograron identificar a dos de los sospechosos. “Nos falta una identificación. Pero para nosotros es sustancial decir que hemos identificado a las personas”, precisó Salinas.

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El jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid emitió un veredicto condenatorio contra Augusto Marcelino (60), ciudadano dominicano que confesó haber asesinado a su expareja, la paraguaya Diana (29), el 30 de diciembre de 2024 en el distrito de Usera. La acusación particular, liderada por el abogado paraguayo Stephan Jorgensen, logró la declaración de culpabilidad del procesado, quien enfrenta una expectativa de pena de hasta 26 años de cárcel por asesinato y quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Al salir de la sede judicial tras ser convocado de urgencia, el profesional paraguayo confirmó el éxito de la primera etapa del juicio. “Acabo de salir del juzgado porque nos llamaron in extremis para leernos el veredicto del jurado; hemos ganado la parte penal”, manifestó Jorgensen. Aunque la condena privativa de libertad ya está firme en el pronunciamiento de la culpabilidad, el tribunal deberá formalizar en los próximos días la sentencia definitiva que establecerá los años exactos de prisión y la prohibición de acercamiento.

En el ámbito civil, la resolución incluirá severas indemnizaciones económicas destinadas a los deudos de la víctima. Se prevé que el fallo obligue al condenado a resarcir con 350.000 euros al hijo de Diana y con 85.000 euros a cada uno de sus padres. Jorgensen aclaró que, una vez notificada la sentencia redactada por los magistrados, la representación legal de la familia iniciará de inmediato las acciones y gestiones correspondientes para hacer efectivo el cobro del resarcimiento.

Paralelamente, la defensa impulsará una demanda de responsabilidad patrimonial contra las instituciones españolas por fallas graves en el sistema de protección. Pese a que Diana había presentado tres denuncias previas por malos tratos y contaba con una orden de alejamiento catalogada de “riesgo extremo” por el Ministerio del Interior, el crimen terminó consumándose. Ante esta vulnerabilidad institucional, la acusación sostendrá que el Estado no brindó las garantías ni los medios de resguardo requeridos para salvar su vida.

El letrado definió esta nueva fase como un “segundo round” estratégico que busca sentar un precedente sobre la tutela judicial efectiva para la comunidad migrante. Jorgensen, quien se formó profesionalmente en España y ejerce en Madrid, destacó la trascendencia del litigio al señalar que es una de las primeras ocasiones en que un profesional paraguayo encabeza una acusación de tanto impacto mediático e institucional dentro del sistema de justicia de ese país.

La resolución representa un avance crucial para los familiares de la compatriota, quienes buscan justicia integral tanto por la vía penal como a través de la reparación de daños. Para la diáspora paraguaya en Europa, el proceso expone la urgencia de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad ante la violencia de género, al tiempo que marca un hito en la representación jurídica de la comunidad en el extranjero.

El fiscal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, presentó una imputación contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra por los supuestos hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Ahora un juzgado deberá estudiar la admisión del acta de imputación.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían en el momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Camerón.

El suceso involucra directamente al entonces gerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo. El relato del escrito fiscal sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, luego de que se retiraran la jueza y la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.

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Asimismo, se le atribuye haber impedido el ingreso de una escribana pública al recinto y haber tenido una actuación similar respecto a otro trabajador de la firma.

Ante estos indicios, el fiscal Ledesma Blasser solicitó al Juzgado Penal de Garantías la admisión de la imputación y un plazo legal de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo (el cual podrá ser una acusación formal o el sobreseimiento del procesado). Cabe recordar que la imputación representa el inicio formal del proceso penal basado en sospechas fundadas.

El abogado Fernando René Marecos Gamarra aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Según manifestó Marecos Gamarra, el escrito de denuncia promovido ante la Fiscalía se encuentra plagado de profundas incongruencias y afirmó contar con abundante documentación fehaciente para respaldar su postura. La manifestación la hizo al sitio web Cuarto Poder Py.

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