La Asociación de Pacientes con Psoriasis y Enfermedades Autoinmunes de la Piel (APPEAP) manifestó su preocupación ante la falta de medicamentos esenciales para pacientes con psoriasis, artritis psoriásica, artritis reumatoidea y dermatitis atópica que se atienden en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Según indicó la organización, desde hace varias semanas e incluso meses no se dispone de fármacos como Adalimumab, Upadacitinib y Metotrexato, medicamentos fundamentales para el tratamiento y control de enfermedades autoinmunes crónicas.

Desde APPEAP explicaron que la continuidad de los tratamientos resulta clave para evitar brotes severos, progresión del daño articular y pérdida de funcionalidad, además de otras complicaciones que afectan la calidad de vida de los pacientes.

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La asociación recordó que el pasado 4 de mayo de 2026 presentó una nota formal al presidente del IPS, doctor Isaías Ricardo Fretes, poniendo a conocimiento la situación que atraviesan los pacientes. Hasta el momento, señalaron que aún no recibieron una respuesta oficial.

No obstante, desde la organización reconocieron que las nuevas autoridades del IPS se encuentran en un proceso de evaluación y conocimiento de una institución compleja, lo que implica la revisión de procesos internos y mecanismos administrativos.

En ese contexto, APPEAP consideró necesario que, mientras avanzan las soluciones estructurales, se implementen medidas transitorias que permitan garantizar la continuidad de los tratamientos para pacientes crónicos y autoinmunes.

Asimismo, remarcaron la importancia de contar con previsibilidad en la provisión de medicamentos y respuestas oportunas para evitar interrupciones que puedan comprometer el estado de salud de los pacientes.

• Por Benjamín Livieres
• Analista político

“Primero vamos a poner la casa en orden y después vendrá la reforma de la Carta Orgánica”, dijo el nuevo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, en la última de sus numerosas apariciones mediáticas. Si por el ordenamiento de la casa se refiere a la adopción de medidas de emergencia o “parches” para aliviar la crisis originada por la falta de insumos y medicamentos, sus afirmaciones cobran sentido. De otra forma, no, dado que mal podría ponerse orden en esta institución sin proceder a las urgentes reformas estructurales que originan sus crisis recurrentes.

Hay que apagar los incendios, no hay duda alguna. Sin embargo, el ordenamiento de las prioridades expuestas por Fretes no resulta convincente, por aquello de que “se puede mascar chicle y cruzar la calle”. Las reformas estructurales que siempre se anuncian, pero cuyos contenidos se ignoran, deben comenzar a ser discutidas sin más demoras.

En cuanto a las urgencias, la política de los anuncios no funciona. La practicó el expresidente de la previsional Jorge Brítez, y después de 30 meses se fue sin dejar un memo al respecto. Y Fretes, que tiene a su favor un amplio consenso, no dispone ni de la cuarta parte del tiempo que tuvo su antecesor.

Las palabras, en la actualidad, se valoran positivamente si están antecedidas por hechos. El “vamos a sanear el vademécum” no hace falta anunciar. Háganlo y después informen. Igual con las investigaciones de presuntos hechos de corrupción. Detéctenlos, comuniquen a los asegurados –a quienes en teoría se deben– y denuncien responsablemente ante la Fiscalía, si así corresponde. Lo mismo aplica para la auditoría que se hará sobre los inmuebles de la previsional, que será realizada por el auditor del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, exdirector administrativo de Itaipú en el gobierno de Mario Abdo.

Lo que el asegurado reclama son cambios concretos en materia de gestión, que no dependen ni se contraponen a la puesta en marcha del debate sobre los cambios de fondo. Cuestiones básicas, como propone Camilo Pérez para Asunción cuando habla de resolver los problemas de los baches, la basura y brindar condiciones mínimas de seguridad, que en el caso de la previsional significa acabar con el desabastecimiento en los hospitales, así como con el calvario que representa obtener un turno para consulta, estudios o un procedimiento quirúrgico.

Lo antedicho, valga resaltar, no es un alegato contra la información, uno de los pilares de la trasparencia, sino del lugar que debe ocupar en las labores que desarrollen las autoridades de la previsional, porque los problemas ya fueron objeto de innumerables diagnósticos y los planes para hacer frente a algunos de ellos se vienen divulgando desde hace cuatro semanas. Es poner el énfasis en la gestión, en las acciones que se ejecuten y, sobre la base de lo realizado, desarrollar las políticas comunicacionales que muestren sus resultados.

Ahora bien, como “mascar chicle” no es suficiente, en simultáneo es necesario “cruzar la calle”, es decir, impulsar el debate sobre las reformas estructurales y no esperar a no esperar a que futuras crisis se utilicen como justificación para introducir cambios a las apuradas, de consecuencias generalmente perjudiciales para los afectados, que no son 230.000 aportantes, cono en la “caja fiscal”. En el caso del Instituto de Previsión Social son 1 millón, más sus beneficiarios.

Uno de los inconvenientes más frecuentes con que tropieza habitualmente la mayoría de las personas con problemas de salud, tanto en el interior del país como en la zona capitalina, es la falta de aten­ción médica rápida en los centros públicos. Por eso se ven todos los días largas filas de personas esperando varias horas, incluso desde la madrugada, para ser atendidas en los hospitales y unidades de salud tanto del Instituto de Previsión Social (IPS) como del Ministerio de Salud Pública y Bienes­tar Social.

Las causas de las largas esperas y de otras dificultades son numerosas y parecen difí­ciles de superar. Pero no hay dudas de que con nuevos enfoques, mayor esfuerzo y excelente organización de las entidades involucradas se podrán paliar los proble­mas para mejorar la atención. La experien­cia demuestra que hasta las dificultades de mayor envergadura tienen respuestas adecuadas cuando existen más dedicación y firmeza en la actuación de las entidades responsables.

Los milagros existen, no hay duda, pero más que los prodigios que no abundan, a menudo es importante encarar nuevas políticas con enfoques apropiados que se ajustan a la realidad para obtener resulta­dos de mayor envergadura. A causa de las dificultades, miles de personas con seguro social o que pueden ir a los hospitales esta­tales prefieran contratar entidades priva­das para asegurar su atención sanitaria sin mayores inconvenientes.

Ante esta realidad, los principales respon­sables de la salud pública estatal y previ­sional se reunieron para trabajar juntos y así mejorar la atención a la ciudadanía, una idea de gran valor teniendo en cuenta lo que se puede conseguir. La ministra de Salud, María Teresa Barán, y el presi­dente del IPS, Isaías Fretes, se propusie­ron hacer más fuerte la articulación entre las dos entidades para avanzar en accio­nes conjuntas con el propósito de opti­mizar los servicios que prestan en todo el país. En la ocasión se resaltó que ya exis­ten experiencias positivas de trabajo con­junto de dependencias de ambas entidades en distintos puntos del país, hecho que se desea extender con más apoyo.

Explicando lo conversado en el encuen­tro, la ministra Barán dio como ejemplo de los servicios que se están compartiendo en varios puntos del país la experiencia en localidades del departamento de Itapúa y resaltó el trabajo conjunto en el distrito de Ayolas, Misiones, donde personas con seguro y sin seguro social tienen acceso a servicios de terapia intensiva mediante la cooperación de ambas instituciones.

Teniendo en cuenta los nuevos hospita­les que se están proyectando para distin­tos puntos del interior del país, la ministra apuntó que los mismos tendrían que enca­rarse con un modelo de complementación con las otras instituciones del área. Esto para lograr una utilización más eficiente de los recursos disponibles y para alcan­zar una mejor cobertura sanitaria para los pobladores. Lo que significa que los centros de salud del ministerio tendrían que traba­jar de manera coordinada con los del IPS.

No hay dudas de que, si se quieren mejorar los servicios públicos de salud en todo el país, ambas instituciones deben establecer una política oficial de trabajo compartido en la tarea de proteger a las personas.

Ese trabajo conjunto es, hasta ahora, una excepción que se está llevando adelante en Ayolas y en algunas localidades de Itapúa. Y debe convertirse, incluso por ley, en una tarea que sume los elementos de ambas entidades públicas para hacer una misma agrupación que cuide y proteja la situación sanitaria de la mayoría de las personas del país. Dos entidades diferentes, que tienen el mismo propósito, no se pueden dar las espaldas, como ha ocurrido por mucho tiempo.

El Gobierno nacional debe lograr que esa conjunción, que ahora es una excep­ción, sea la regla principal de las entidades públicas dedicadas a la salud de la gente, sobre todo en regiones del interior del país. Y para ello, si hace falta, el Congreso Nacional tendría que estudiar las normas legales que posibiliten y consagren jurídi­camente esa unión para el bien de la ciu­dadanía necesitada. Todo lo que se haga para posibilitar el cuidado de la salud de la gente será bienvenido.

Por eso, tanto los legisladores, como otros funcionarios con poder de decisión, deben enfocar su esfuerzo en hacer posible el tra­bajo conjunto para calmar los dolores y posibilitar más salud a miles de ciudada­nas y ciudadanos de todo el país.

El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, aseguró que el cronograma electoral se cumplirá a cabalidad, y que no existen motivos para postergar o suspender las elecciones internas partidarias programadas para el 7 de junio. El titular electoral refirió que existen otras intenciones con el pedido de disidentes y opositores, que sería volver a las listas cerradas para los cargos plurinominales.

“Pareciera y yo diría que existe casi la certeza que la intención de un grupo importante del sector político es llegar al final de sustituir el sistema electoral, que se vuelva a las listas cerradas, las famosas listas sábanas. Ese parece ser realmente el trasfondo”, dijo este martes en nota al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Paraguay concretó la apertura de un nuevo mercado para el sector avícola con la habilitación de Emiratos Árabes Unidos para las exportaciones de productos cárnicos del rubro aviar. Así lo anunció este martes el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

“Esta habilitación representa un importante avance para el sector avícola nacional y es el resultado de un trabajo técnico y diplomático, orientado a fortalecer la presencia de los productos paraguayos de origen animal en mercados internacionales”, destaca el comunicado del servicio veterinario.

Organizaciones civiles y familiares de la primera abogada del país entregaron una nota al presidente de la previsional para frenar el derrumbe de este patrimonio histórico. Buscan convertir las ruinas en un centro cultural y de contención para las mujeres.

La emblemática vivienda de Serafina Dávalos, ubicada en pleno centro de Asunción (sobre la calle Luis Alberto de Herrera casi Estados Unidos), se encuentra en un avanzado estado de deterioro y abandono que amenaza con su derrumbe definitivo.

Continuando con el análisis del salario mínimo, en la segunda reunión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasam) prosiguió el debate sobre el reajuste salarial, cuya propuesta final deberá ser presentada antes del próximo 15 de junio. Durante el encuentro, el sector empresarial reiteró su postura de mantener el ajuste en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El viceministro del Trabajo, César Segovia, mencionó que la recomendación será presentada este miércoles, en la próxima sesión de la comisión. “El miércoles 13 se realizó la segunda reunión, siguiendo con el cronograma de actividades. El sector empresarial tuvo algunas observaciones y debe presentar una contestación por escrito”, comentó en el programa Así son las cosas, emitido por el canal GEN/Nación Media.

El viceministro de Industria, Javier Viveros, estuvo presente en el evento conocido como Conexa 2026, en la ciudad de Florianópolis, Santa Catarina. El alto funcionario expuso ante alrededor de 4.000 empresarios del país vecino las oportunidades de integración con Paraguay.

La actividad reúne a líderes empresariales, representantes institucionales y actores del sector productivo de todo Brasil, con el objetivo de fortalecer el asociativismo, generar oportunidades de negocios e impulsar la conexión entre industrias y cadenas de valor de la región. Se trata de uno de los principales encuentros empresariales del vecino país, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El senador liberal Dionisio Amarilla manifestó su profunda preocupación ante el peligroso escenario electoral que se está construyendo de cara a las internas partidarias. Indicó que durante los recorridos que está realizando en distritos del interior del país recibe denuncias sobre aquellos lugares donde han logrado candidaturas únicas o de consensos para las elecciones de intendencias municipales, desde el Nuevo Liberalismo estarían instando a la gente a “cargar las urnas”, en las próximas internas partidarias previstas para el 7 de junio.

En ese sentido, la Lista 100 del movimiento Diálogo Azul emitió un comunicado, denunciando esta situación, el cual fue igualmente confirmado por el senador liberal Amarilla en comunicación con La Nación/Nación Media, señalando que bajo el argumento de un supuesto “consenso”, “unidad” y “desmovilización electoral”, se ha impulsado una operación política orientada a desalentar la competencia interna legítima, evitando deliberadamente la confrontación democrática de ideas, proyectos y liderazgos dentro del PLRA.

El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, tomó la decisión de rechazar la solicitud de autorización judicial realizada por el destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, para viajar al Brasil, en consonancia con el reciente fallo de un tribunal que consideró inconsistencias en su pedido.

El juzgado entendió que no se justificaron suficientemente las razones que hagan necesaria su salida del país. “Para este juzgado, el simple hecho de solicitar la salida del país por motivos de carácter institucional y empresarial no justifica la necesidad del viaje ni lo torna imprescindible, resultando insuficiente para asegurar el sometimiento del procesado al presente proceso”, señala parte de la resolución.