El asesor de la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, reveló la estrategia de “alivio financiero” que impulsa la previsional para que el 75 % del presupuesto para medicamentos se pueda pagar en cuotas bancarias de corto plazo. La propuesta de Pereira no es solo desplazar vencimientos en lo inmediato, sino buscar un marco legal que permita reestructurar la deuda a 10 años (con 2 años de gracia) y emitir bonos.

Invitado en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media, señaló que el actual presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes, inició una serie de visitas a los distintos centros de atención, acompañado de la gerencia de abastecimiento y logística. Justamente, para empezar a inventariar no solamente las necesidades insatisfechas y la falta de medicamentos, sino también para medir la fuerza laboral médica.

Señaló que, a partir de ahí, están inventariando, incorporando una auditoría médica, acompañando a la auditoría a la administrativa normal como para medir las distintas órdenes de servicio que se solicitan. “El reto va a estar en, primero, saber cuánto tenemos y en base a eso dosificar lo que se necesita y en vez de tener para dos años para ir acortando en base al universo de los más de 500 medicamentos que componen el vademécum”, precisó.

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Mencionó que está acompañando esta etapa difícil para poder concretar financieramente todos los pasos que se puedan dar, no solamente para corregir esta situación desplazando vencimientos a fin de ganar tiempo. Pero, aclaró que de ninguna manera tiene que ser un sustituto a una reprogramación integral de la deuda.

Reconoció que la deuda total del IPS asciende a unos USD 1.265 millones (USD 800 millones con bancos y USD 400 millones con proveedoras) y que actualmente solo se cubre el 25 % de las necesidades operativas/medicamentos debido a la asfixia de las cuotas bancarias.

“Ese 25 % que resulta insuficiente, eso se deriva de la concentración en su mayor porcentaje, que es el 75 % restante, en atender las cuotas que el Fondo de Salud tiene con el sector bancario. Como esas deudas provienen de arreglos de deudas anteriores, créditos sindicados, cesiones de crédito de años anteriores, pero que todos son de corto plazo, ese cortoplacismo hace de que las cuotas sean demasiado grandes”, comentó.

El asesor del IPS aclaró que no se trata de una refinanciación, que se realiza cuando la deuda ya está vencida, y que la institución no se encuentra en incumplimiento de ningún tipo de obligación. La reestructuración parcial “es apenas una medida paliativa para tener un semestre más tranquilo y asegurarle a la gente que no le falte medicamento”, remarcó.

Pereira explicó que ahí recién empieza el verdadero desafío de aprovechar esta situación crítica y establecer un mecanismo legal que le permita al IPS poder tomar una deuda o emitir bonos local, de manera de que se pueda tener una reprogramación de deuda a 10 años, con mínimo 2 años de gracia y con un mecanismo de blindaje.

El asesor señaló que estará trabajando para que el IPS cuente un instrumento legal que contemple sus características de entidad autónoma, autárquica y descentralizada, con el objetivo de que pueda depender de sí misma porque tiene flujos importantes. “También trabajamos en forma simultánea y multifrontal, porque no solamente acá es arreglar la deuda, también tenemos que tomar medidas para aquellos que le deben al IPS, empezando por el Estado”, señaló.

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La diputada Rocío Vallejo anunció que en las próximas dos a tres semanas serán reabastecidos 180 medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS), tras reunirse este viernes con su presidente, el doctor Isaías Fretes, resaltando que “es el momento de salvar al IPS” al respaldar su gestión en sus tres primeros meses. Así también, señaló la grave falencia de personal de enfermería y la importancia del proyecto de ley para declarar a la previsional en emergencia.

Tras ser recibida por Fretes en su oficina, a tempranas horas de este viernes, la legisladora compartió con la prensa buenas noticias sobre los procesos licitatorios: “Próximamente ya se estarían reabasteciendo muchísimos medicamentos que estaban en falta. Y también explicarle a la ciudadanía que hace tres meses que está el doctor Isaías Fretes, donde él encuentra una institución con stock cero. Me explicó que estos procesos llevan su tiempo, incluso que tienen una mesa de trabajo con las farmacéuticas, como así también con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para buscar la agilización de procesos”.

“Y que se entienda también que muchos de los medicamentos, no es que están a disposición en las cantidades que necesita IPS, muchos de ellos requieren insumos del extranjero. Me explicó todos esos procesos, pero se está bastante avanzado en cuanto a lo que él ha encontrado en la institución, que todos sabemos la situación en la que él encontró la institución”, explicó Vallejo.

“Por otro lado, existe una preocupación muy angustiante con relación a recursos humanos y ahí es muy importante esa ley de emergencia que sea aprobada, en sentido de flexibilizar también la contratación de recursos humanos para el área de salud”, puntualizó la parlamentaria. “El tema de enfermeras, tienen una gran cantidad de personal de enfermería en falta, pero ahí tenemos otro problema bastante grave, que acá los enfermeros ganan menos del sueldo mínimo. Esa es una situación por la que tampoco la gente quiere venir, y que debe ser abordada por el Congreso para establecer los mecanismos de un aumento para poder pagar mejor al personal de salud”.

“Y la cuestión de las leyes que se fueron aprobando también de la reducción de la carga horaria de los médicos, que lógicamente eso implica que se necesitan más personales médicos para poder cubrir y eso también implica presupuesto. Es decir, yo creo que este es el momento porque tenemos la disposición técnica y política del presidente de IPS de hacer los cambios, de detectar los problemas, de demostrarlos tal cual son y de combatir aquellos procesos de corrupción. Hablamos en realidad de muchísimos temas”.

Vallejo también indicó su preocupación por los asegurados desprotegidos porque las patronales se encuentran en falta con su compromiso: “Algo que quedó en el tintero que tengo que venir a hablar con el director jurídico son las empresas que deben más de 800 millones de dólares al IPS, que no pagan por sus aportantes. Esa es otra reunión que voy a solicitar para ver cuáles son las acciones legales, porque en realidad eso es un hecho punible, ya desde el 2016”.

“También conversamos sobre varias otras posibilidades de ir descongestionando la atención de la gente, algunos proyectos de ley muy interesantes que fueron surgiendo y brindarle nuevamente el apoyo al doctor Fretes, que vuelvo a reiterar, él no puede hacer milagros en tres meses, pero sí se está avanzando mucho en esos procesos, sobre todo, de poner al asegurado en primer lugar. Todo es importante. Son importantes las denuncias, pero sobre todo es importante ese asegurado que pueda acceder a los medicamentos”, acotó la diputada.

Seguidamente, reiteró el próximo avance con los insumos y la urgencia de tomar acciones concretas: “Van a llegar muchos medicamentos en quince días, veinte días. Muchos de los, de los procesos no dependen ya de ellos, sino la provisión de los medicamentos, pero son más de 180 medicamentos que van a estar siendo reabastecidos, por lo menos para un tiempo importante para el usuario. Así que confiamos en que esto va a seguir teniendo un desarrollo de ir para adelante. Es muy importante esa ley de emergencia, con la propuesta también del senador (Juan) Afara, que ojalá pueda encontrar una receptividad en el Gobierno, que emite bonos todo el tiempo, pero acá es el momento de salvar al IPS”.

En otro pasaje, la congresista relató: “Me comentó también que tiene un equipo de personas asesoras, exministros de Hacienda, personas que estudiaron en el Ministerio de Hacienda, que lo están asesorando técnicamente para realizar esta reingeniería financiera y poder dar una respuesta también al pago de los proveedores. Acá se está debiendo más de 800 millones de dólares. Es decir, la emisión de bonos por 300 millones tampoco soluciona el problema total. Por eso hay que ver, es el momento de ver una solución integral. Y en ese punto, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, que lo ha designado al presidente Isaías Fretes, debe proporcionarle todas las herramientas y todos juntos debemos buscar todas las herramientas necesarias, dotarle de las leyes que se necesiten para poder hacer sustentable al IPS”.

El Ministerio de Salud Pública ha venido sufriendo un aumento paulatino de la demanda de pacientes y actualmente está sosteniendo todo el sistema de salud del país, dando respuesta incluso a los casos de alta complejidad, afirmó este jueves la ministra María Teresa Barán.

“En los últimos diez años, aumentamos 285 % la demanda. En el 2014, se cerró con 4.800.000 consultas, y en el 2025, cerramos con 18.700.000 consultas en el año“, señaló en declaraciones con la 1020 AM.

Mencionó que más del 70 % de la población paraguaya decide acceder al sistema de Salud Pública. A eso se suma el grave desabastecimiento del Instituto de Previsión Social (IPS). “Prácticamente 30 al 40 % de los servicios de salud también hoy absorbe al asegurado de IPS con tratamientos súper especializados”, precisó.

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Asimismo, recordó que centralizaron la atención oncológica a través del Centro de Día Oncológico, donde “más del 30 % son asegurados del IPS”, indicó. En ese sentido, mencionó que están dando respuesta a los casos de alta complejidad, recibiendo a todos los pacientes sin excepción.

“Hace diez años atrás, IPS era el sistema que daba respuesta a las grandes complejidades. Y hoy, es Salud Pública el que da esa respuesta a las altas complejidades a toda la ciudadanía paraguaya”, apuntó.

En cuanto a los reclamos de desabastecimiento de insumos, la ministra respondió que los recursos son limitados, pero están trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud y la descentralización. “No tenemos que olvidar que nosotros hace más de un año estamos trabajando en el ordenamiento de nuestro sistema financiero buscando usar el presupuesto de cada año para cada año”, puntualizó.

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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación tras el ataque armado registrado en el puesto policial de Naranjito, departamento de Canindeyú, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que este tipo de hechos no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también genera incertidumbre en las comunidades rurales y repercute sobre la actividad productiva.

Calificaron el episodio como un ataque directo contra las instituciones de la República y alertó sobre el impacto que la violencia puede tener en zonas donde se concentra una parte importante de la producción agropecuaria nacional.

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Desde la ARP señalaron que la seguridad constituye un factor fundamental para el desarrollo económico del interior del país, considerando que miles de familias dependen de actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos que requieren estabilidad para operar e invertir.

El gremio recordó que departamentos como Canindeyú forman parte de los principales polos productivos del Paraguay y que la presencia de hechos delictivos o grupos criminales genera preocupación tanto entre productores como entre inversionistas.

En ese sentido, enfatizó que la previsibilidad y la seguridad son elementos esenciales para sostener la generación de empleo y la actividad económica en las zonas rurales.

Además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad de Naranjito, la ARP manifestó su respaldo a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instituciones encargadas de la investigación y esclarecimiento del caso.

La organización también destacó la necesidad de fortalecer las acciones de combate contra el crimen organizado en áreas rurales, argumentando que el desarrollo productivo depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad a quienes trabajan e invierten en el campo.

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