En un acto con presencia del intendente Luis Bello, la municipalidad renovó el contrato colectivo de trabajadores.

Tras varios meses de diálogo, análisis téc­nico y trabajo con­junto, la Municipalidad de Asunción y las organizacio­nes sindicales alcanzaron un acuerdo para actualizar el Contrato Colectivo de Con­diciones de Trabajo (CCCT), adecuándolo al marco legal vigente. El acuerdo fue sus­crito ayer viernes, en depen­dencias de la Dirección de Servicios Urbanos, por el intendente de Asunción, Luis Bello, autoridades munici­pales y representantes de las organizaciones sindicales.

La actualización responde principalmente a la necesi­dad de armonizar el CCCT con la Ley n.º 7445/2025, de la Función Pública y del Ser­vicio Civil, que establece dis­posiciones para el ingreso a la función pública, la carrera administrativa, la promoción y otros aspectos de las rela­ciones laborales en el sector público.

El intendente Luis Bello destacó la importancia del acuerdo y recordó su trayec­toria dentro de la institución. “Yo empecé como funciona­rio municipal en el 2008. La última vez que se firmó un contrato colectivo de trabajo para los funcionarios de la Municipalidad de Asunción fue en 2010. Yo tenía dos años de antigüedad”, recordó.

El jefe comunal señaló que el proceso de recuperación y ordenamiento de la Munici­palidad también debe brin­dar previsibilidad a sus tra­bajadores. “Si le exigimos al funcionario, tenemos que trabajar bajo ese concepto: que sepan qué pueden exigir, a qué están obligados y que a fin de mes va a llegar su sala­rio”, manifestó. Bello sostuvo que el acuerdo permite esta­blecer con claridad las res­ponsabilidades y los derechos de los trabajadores.

Durante su intervención, mencionó además los avan­ces en el ordenamiento de la casa, la recuperación de ser­vicios municipales, el forta­lecimiento de Aseo Urbano, la incorporación de nue­vos camiones recolectores, la reactivación de obras de desagüe pluvial y el cumpli­miento de compromisos con funcionarios y jubilados. La actualización del CCCT esta­blece un marco común para las relaciones laborales, con responsabilidades y dere­chos definidos, orientado al buen funcionamiento de la institución y a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía.

La agente fiscal Silvia González Vester se constituyó en la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, en el marco de una investigación penal por presunta lesión de confianza. La diligencia judicial tuvo como propósito la verificación del estado físico de la flota vehicular municipal y constatar las condiciones operativas de los sistemas de provisión, control y carga de combustible asignados a dicha dependencia.

Durante la inspección técnica en el predio municipal, los fiscales detectaron dos tanques de almacenamiento de combustible con capacidad de 1.000 litros cada uno. Tras la verificación, se constató que solo uno de los tanques cuenta con un caudalímetro (marcador digital) para registrar los litros despachados, dejando al segundo tanque sin ningún tipo de control volumétrico. Asimismo, se hallaron elementos de carga manual como baldes y embudos, los cuales habrían sido utilizados para el traspaso informal de los combustibles, evadiendo los registros mecánicos obligatorios y los protocolos básicos de seguridad de la administración pública.

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La hipótesis del Ministerio Público gira en torno a la utilización, disposición y desvío irregular de combustible propiedad del municipio de Asunción, operaciones sospechosas que se concentran de forma directa en el área de Vialidad. La agente fiscal obtuvo documentación relacionada con las órdenes de trabajo de los camiones y registros diarios de consumo.

La investigación continuará con el cruce de datos para identificar la trazabilidad del combustible y determinar el perjuicio patrimonial exacto sufrido por la comuna capitalina, a fin de individualizar y procesar a los responsables de estos hechos.

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El Gobierno dará una respuesta rápida al reclamo por el tramo 3 de la Ruta del Progreso. Así lo confirmó el vicepresidente Pedro Alliana, quien señaló que ya se coordinó con el Ministerio de Obras Públicas la ejecución de trabajos de bacheo y la reparación de alcantarillas, mientras se resuelve el conflicto judicial con la empresa adjudicada para este tramo.

El segundo del Ejecutivo mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del departamento de Misiones, en la que gestionó una respuesta rápida al reclamo planteado por representantes de San Juan Bautista respecto al estado del tramo 3 de la ruta de acceso a la ciudad.

Alliana explicó que las autoridades de Misiones acercaron su preocupación y el pedido ya fue trasladado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que se encuentra al tanto de la situación.

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El vicepresidente señaló que, mientras se resuelve el proceso judicial relacionado con la empresa adjudicada para la ejecución del tramo 3, se coordinaron medidas inmediatas para atender las necesidades más urgentes de la zona. “Ya coordinamos con el Ministerio de Obras Públicas el bacheo de ese tramo 3 y también las alcantarillas”, informó Alliana.

Según explicó, los trabajos de reparación y drenaje tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad y evitar que las lluvias provoquen inundaciones que puedan afectar a escuelas, otras instituciones y viviendas ubicadas en el sector.

El vicepresidente agradeció la preocupación y gestión del intendente, del gobernador y de los concejales departamentales, destacando la coordinación entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional para buscar una solución al reclamo de los pobladores. “También agradecerle a José Luis, al intendente y futuro intendente reelecto acá, al gobernador y a los concejales por la preocupación”, expresó.

Alliana transmitió tranquilidad a los pobladores de San Juan Bautista y aseguró que se trabajará para dar una respuesta rápida al pedido planteado. “Queridos compañeros y amigos de San Juan, Misiones, queden tranquilos que vamos a darle una solución rápida a ese pedido, a ese reclamo de ustedes”, afirmó.

Las acciones coordinadas con el MOPC permitirán atender de manera inmediata los puntos más críticos del tramo, especialmente aquellos relacionados con el deterioro de la calzada y el sistema de drenaje, mientras continúa el proceso correspondiente para resolver la situación judicial vinculada a la obra.

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Luis Fernando Franco Vergara, miembro del conocido clan Franco, familia dominante de la ciudad de Fernando de la Mora, y nada menos que candidato liberal a la intendencia de este distrito, inició un fuerte operativo desde su rol de presidente de la Junta Municipal para asegurar G. 4.000 millones de la municipalidad en plena campaña proselitista.

Después de los períodos de la actual administración de Alcides Riveros, que significan 11 años a cargo de la ciudad, Franco descubrió el calamitoso estado de las calles y avenidas, que tiene hartos tanto a sus habitantes como a los transeúntes, y, en calidad de presidente de la Junta Municipal, presentó un pedido para declarar el “Estado de Emergencia Vial por 60 días” en este distrito.

La iniciativa del edil y candidato liberal, obviamente, aseguró el siguiente paso de forma inmediata, que consiste en la resolución de la Junta Municipal para acelerar un llamado a contratación para bacheos por valor de G. 12.000 millones.

En fecha 11 de junio de 2026, Franco realizó el pedido en sesión y la Junta Municipal aprobó la resolución que declara la emergencia vial, sin mencionar ningún dictamen técnico que brinde una radiografía de los problemas a solucionar y del proceso que ello implica.

Una semana después, el 18 de junio pasado, el intendente Alcides Riveros promulgó la resolución de la Junta y, con esto, se dio la venia para la millonaria contratación que, prácticamente, está bajo control del presidente de la Junta y aspirante a la jefatura municipal.

De hecho, la resolución deja bien en claro: “Establecer llamados a contratación, adquisiciones de materiales viales o servicios de bacheo y pavimentación que se realicen invocando la presente declaración de emergencia deberán ser remitidos obligatoriamente a la Junta Municipal para su correspondiente estudio y aprobación previa, conforme a los principios de transparencia y legalidad”.

Llama la atención que, al cierre del mandato de la actual administración, Franco, quien se encuentra en plena campaña proselitista, recién se haya dado cuenta del estado desastroso de Fernando de la Mora. Pero genera más sospechas el apurado trámite para liberar fondos por G. 4.000 millones, cuando el principal gestor es candidato a intendente.

Según la distribución presupuestaria presentada a Contrataciones Públicas, el presupuesto previsto es de G. 12.000 millones, de los cuales G. 4.000 millones están asignados para ahora y el resto para los años 2027 y 2028. Sin embargo, el llamado responde a una emergencia vial que debe solucionarse en 60 días.

El veloz llamado deja muchas dudas y las consultas llueven en el portal de Contrataciones Públicas. No se registran documentos de diagnósticos técnicos en la proyección de las obras.

Más que un escueto dibujo que menciona una reposición de 3 cm de la capa asfáltica, no existen argumentos técnicos que sustenten el acelerado llamado. No se publicaron datos sobre la cantidad de calles y avenidas que serán intervenidas, etc. Todo apunta a que la emergencia es la campaña del presidente de la Junta y no, precisamente, el histórico mal estado de las calles.