En el marco del juicio oral que se desarrolla contra Héctor Iván Grau, acusado por la agresión contra Benjamín Zapag, el odontólogo que integra la junta médica confirmó que la víctima tuvo graves consecuencias estéticas y funcionales por el brutal ataque que se registró en noviembre del 2022 en un local nocturno del barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción.
Ante el Tribunal de Sentencia, que preside la jueza Laura Ocampo e integran por Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, declararon testigos y, entre ellos, el odontólogo Juan Carlos Zárate, quien integró la junta médica que evaluó a la víctima y confirmó que tuvieron que realizar una reconstrucción, por lo que se puede determinar que las lesiones fueron severas.
El profesional detalló en sus declaraciones que los golpes que el joven recibió en el rostro tuvieron consecuencias no solo estéticas sin que en las funciones anatómicas, por lo que se debió reconstruir el hueso malar en zona del ojo con una placa y malla de titanio. Tras la intervención que recibió, Zapag necesitó unos dos meses para una recuperación total.
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Afirmó que tuvieron que realizar la restitución del hueso que se encarga de dar forma al rostro, además de proteger al ojo y que integra el proceso de masticar. En su declaración agregó que, si no se realizaba la intervención, el hueso podía soldarse nuevamente, pero que no iba a quedar con la misma anatomía y que podría presentar hundimiento en la zona.
El abogado defensor Álvaro Arias también interrogó al médico, quien afirmó que no evaluó personalmente a Benjamín Zapag tras el ataque y que tuvo en cuenta lo que hizo otro médico para llegar a su conclusión. Situación que fue cuestionada por la defensa, alegando que al no ser participe del tratamiento no pueden dar fe de la gravedad de lo que sucedió hace tres años.
El juicio oral contra Héctor Grau se inició en marzo pasado y, hasta la fecha, ya se presentaron los testigos y la conclusión de la junta médica que evaluó el caso. El joven está acusado de golpear a Benjamín Zapag en la discoteca Morgan Warehouse en la madrugada del 6 de noviembre del 2022.
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Caso Tía Chela: Óscar Orué confirma que la trazabilidad detectó facturas falsas
La trazabilidad de las operaciones comerciales vinculadas al caso Tía Chela permitió detectar el uso de facturas falsas en una de las empresas proveedoras, según confirmó Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. El funcionario explicó que el organismo realizó una fiscalización sobre las compras y siguió el recorrido de las mercaderías hasta determinar el origen de los bienes adquiridos.
Orué habló con 1020 am y explicó que la Administración Tributaria realizó una fiscalización y siguió la trazabilidad de las mercaderías vinculadas a Tía Chela y durante ese seguimiento se detectó la utilización de facturas falsas y la empresa involucrada fue sancionada.
“Nosotros hicimos la fiscalización y la trazabilidad de toda la compra, y se observó que se utilizó facturas falsas y se le sancionó a la empresa por la utilización de facturas falsas”, afirmó.
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El titular DINIT precisó que las facturas cuestionadas habrían sido utilizadas por la empresa que proveía las mercaderías a Tía Chela. Añadió que dicha firma estaba vinculada a quien identificó como expareja del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
La información aportada por Orué se relaciona con uno de los aspectos contemplados en la investigación fiscal, que busca reconstruir la cadena de proveedores y establecer de dónde provenían realmente las mercaderías que fueron facturadas.
La trazabilidad de las operaciones constituye uno de los elementos utilizados para seguir el circuito comercial de los productos y determinar la correspondencia entre las compras declaradas, las empresas intervinientes y la documentación respaldatoria.
En el marco de la misma causa, otros procesados vinculados al entorno de Prieto y empleados de la Municipalidad admitieron los hechos atribuidos por la Fiscalía y accedieron a salidas procesales con penas reducidas, según comentó en comunicación con Radio Ñanduti.
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“Temo por mi vida”: denunció que fue atacada a golpes en plena calle sin conocer el motivo
Una ciudadana identificada como Verónica Giménez relató a La Nación/ Nación Media que fue perseguida y agredida junto a su hermana cuando se dirigían a un centro médico en horas de la mañana. Afirma que los agresores golpearon su vehículo, rompieron un retrovisor y luego las atacaron físicamente. Asegura que también recibió amenazas de muerte y que actualmente recibe asistencia psicológica por estrés postraumático. El caso está en manos de la Fiscalía.
Una salida cotidiana rumbo al trabajo se convirtió en una experiencia que, un mes después, todavía le cuesta contar. La ciudadana denunció haber sido víctima de una violenta agresión en plena vía pública, luego de que dos personas que circulaban en una motocicleta comenzaran a perseguirla, golpear su vehículo y posteriormente atacarla físicamente junto a su hermana.
El episodio ocurrió el 30 de julio, alrededor de las 6:00, cuando la mujer se trasladaba por la avenida Fernando de la Mora. Antes de dirigirse a su lugar de trabajo debía llevar a su hermana a realizarse unos estudios médicos. Según su relato, al aproximarse a la zona de una estación de servicios de Bruno Guggiari, una motocicleta con dos ocupantes se acercó al vehículo. La víctima identificó a los mismos como Blas Antonio Barrios y Jessica Paola Rojas Cardozo.
“Comenzaron a golpear mi vehículo. Pensé que nos estaban intentando asaltar y levanté rápidamente las ventanillas, tratando de seguir. No quería enfrentarme con nadie, quería salir de ahí”, relató. Sin embargo, aseguró que los ocupantes de la motocicleta continuaron siguiéndolas, colocándose delante del automóvil, gritándoles y pateando el vehículo.
Ante la situación, su hermana comenzó a grabar con un teléfono celular. En las imágenes, según explicó la denunciante, quedó registrado el momento en que uno de los involucrados golpea el retrovisor del automóvil hasta romperlo.
Bajaron buscando una explicación
La situación llevó a las hermanas a detenerse cerca de un conocido local comercial ubicado en las inmediaciones de General Santos, al observar la presencia de un agente policial.
La mujer explicó que decidió bajar del vehículo porque consideró que la presencia del uniformado podía brindarles seguridad y, sobre todo, porque quería conocer el motivo del ataque. “Quería saber realmente por qué nos estaban atacando, porque no había tenido ningún percance antes, ningún tipo de accidente ni nada en absoluto”, manifestó.
Pero, según su denuncia, fue entonces cuando la situación escaló. La mujer aseguró que fue agredida físicamente y recibió golpes en el rostro y distintas partes del cuerpo. Su hermana también habría sido atacada cuando intentó intervenir.
De acuerdo con el relato, ambas sufrieron lesiones en el rostro, estómago, brazos, muñecas y manos. “Sin mediar muchas palabras me agredieron físicamente”, afirmó.
La denunciante también señaló que los agresores las llamaban “asesinas” y que intentaron quitarles los teléfonos celulares con los que estaban registrando lo ocurrido. En ese momento, personas que se encontraban en el lugar intervinieron para ayudar a las mujeres y evitar que les quitaran sus teléfonos.
“Les estoy profundamente agradecida porque, en medio de una situación desesperante, decidieron ayudarnos”, expresó.
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“Nunca supe a quién supuestamente había matado”
Uno de los aspectos que más desconcierta a la víctima, según su testimonio, es que hasta ahora asegura desconocer cuál habría sido el motivo del ataque.
Durante el episodio, los agresores supuestamente hacían referencia a que ella había salido de determinados lugares y la señalaban como “asesina”. La mujer sostiene que no tuvo ningún incidente durante el trayecto y que tampoco tuvo contacto previo con los denunciados.
“Saliste en el Mestizo”, recuerda que le decían, aunque asegura que no logró comprender con claridad las acusaciones debido a los gritos y la violencia del momento.
Incluso plantea como una posibilidad que se haya producido una confusión o que los agresores hayan tenido algún inconveniente con otra persona y posteriormente hayan seguido a su vehículo. “Conmigo no fue, ni un rasguño les dejé”, sostuvo.
La mujer tampoco descarta que se haya tratado de un ataque oportunista al verla circulando sola con su hermana.
Denuncias cruzadas y actuación policial
Tras el episodio, las hermanas solicitaron la intervención del sistema de emergencias. Cuando finalmente llegó una patrullera, fueron trasladadas hasta una comisaría y posteriormente la víctima formalizó su denuncia. También tuvo que recibir atención médica por las lesiones sufridas.
La denunciante afirma que los ocupantes de la motocicleta llegaron antes a la comisaría y permanecieron durante aproximadamente dos horas realizando una declaración que, según su testimonio, fue radicada en una dependencia de violencia intrafamiliar. “Me denunciaron por violencia a la mujer”, señaló.
La mujer indicó que todavía no pudo acceder al contenido de esa denuncia y que sus abogados trabajan con la Fiscalía para conocer exactamente qué fue lo que los otros involucrados manifestaron.
“Temo por mi vida”
Pero la consecuencia más profunda, según la víctima, no se limita a las lesiones físicas. A un mes de lo ocurrido, asegura que todavía tiene miedo de salir sola y que perdió la sensación de seguridad que tenía antes del ataque. “Temo por mi vida”, manifestó.
La mujer denunció además que durante la agresión recibió amenazas de que sería descuartizada. Sostiene que, por el nivel de violencia que experimentó, teme que los involucrados puedan volver a atacarla. “Con el grado de violencia que manejan estas personas tengo miedo que me hagan más daño”, expresó.
El impacto psicológico también continúa. La víctima contó que actualmente acude a una profesional de salud mental debido al estrés generado por lo ocurrido.“Me voy a la psicóloga porque estoy con estrés postraumático”, afirmó.
El caso se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía, mientras la víctima, a través de su representación legal, busca esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
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Juicio a Prieto: la defensa se opone a la inclusión testifical del titular de la DNCP
La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.
El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.
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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.
Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.
La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.
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Corrupción con kits de alimentos: Prieto enfrenta hoy a la Justicia
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto debe responder hoy ante la Justicia por el supuesto meganegociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como Tía Chela.
El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 8:00.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
ESQUEMA DELICTIVO
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas.
Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL.
El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo de 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
OTROS CASOS DE PRIETO
Miguel Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Es el caso conocido como “Tajy”.
El exjefe comunal soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
Siete de los once imputados admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones.
Concejal pedirá investigar carga de combustible
El concejal de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ernesto Guerín, anunció que solicitará información sobre la carga de combustible en vehículos utilizados para realizar la caravana encabezada por el extintendente esteño Miguel Prieto, quien hoy enfrenta a la Justicia por el caso Tía Chela.
“Ante informaciones sobre cargas de combustibles realizadas ayer en la Petropar del km 7, como concejal y contralor voy a investigar si los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este fueron utilizados para vehículos vinculados a las movilizaciones de apoyo al exintendente, sacado del cargo por corrupción, Miguel Prieto”, apuntó Guerín a través de sus redes sociales.
El edil explicó que surge la duda, ya que se observó varios vehículos realizando carga en una estación de servicios con emblema de la petrolera estatal, lo que se podría presumir que se estarían utilizando fondos de la comuna, manifestó.
“Solicitaremos los registros, vales y autorizaciones correspondientes. Si se comprueba alguna irregularidad, llegaremos hasta las últimas consecuencias y recurriremos a las instancias correspondientes”, detalló el concejal.