Una polémica ley argentina que flexibiliza las regulaciones de explotación minera en zonas glaciares superó este lunes un obstáculo judicial y podrá aplicarse en la provincia de Santa Cruz, al revocarse la medida cautelar para esa zona.

La Procuración del Tesoro, que representa jurídicamente al Estado nacional, anunció que una Cámara Federal de Apelaciones patagónica (sur) admitió un recurso de un juzgado inferior que frenó la denominada “Ley de Glaciares” impulsada por el presidente Javier Milei.

Aprobada en el Congreso el 9 de abril pese a la dura resistencia de organizaciones ambientalistas, la ley reformó la norma que regía desde 2010 para permitir a los gobiernos locales redefinir las áreas de explotación minera en la zona periglaciar.

La legislación se aprobó en el marco del impulso a la minería de parte del mandatario ultraliberal, que desde que se consideró en 2023 buscó facilitar las inversiones en la actividad en un país que tiene vastas reservas de cobre, oro, litio y uranio.

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La ley estaba suspendida en Santa Cruz desde el 24 de abril, el mismo día en que la norma entraba en vigencia.

Un juzgado había hecho lugar a la medida cautelar pedida en una demanda colectiva del Concejo Deliberante de El Calafate, localidad distante a unos 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno, monumental masa de hielo de 30 km de largo y 70 metros de altura.

La presentación solicitaba que se declarara la “inconstitucionalidad” de la ley, y el magistrado aceptó suspender la norma mientras analizaba el planteo por el “peligro” que podría suponer su ejecución.

Tras el recurso de la Procuración, una Cámara Federal de Apelaciones revocó este lunes el fallo bajo el argumento de que “no contiene ninguna evaluación sobre las disposiciones de la ley que decide suspender”.

Aunque el amparo de Santa Cruz fue el primero que logró obstaculizar la nueva “Ley de glaciares”, forma parte de una serie de presentaciones en distintos juzgados de diferentes puntos de Argentina. Una demanda colectiva de Greenpeace es una de las que aseguran resolución.

Los ecologistas argumentan que la exploración minera en la zona periglaciar acelerará el cambio climático y restringirá el acceso al agua.

Argentina tiene unos 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro, es decir, masas de hielo cubiertas por roca.

• Fuente: AFP

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Funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se encuentran en la República Argentina para realizar jornadas de divulgación sobre el uso de la máquina de votación, en el marco de las internas simultáneas de las organizaciones políticas previstas para este domingo 7 de junio.

Así también, se ofrecen ciclos de capacitaciones dirigidos a candidatos, apoderados, veedores y miembros de Mesas Receptoras de Votos (MRV). Específicamente las actividades se desarrollan en las sedes de los comités electorales de Buenos Aires, Lomas de Zamora y La Plata.

Desde la Justicia Electoral se informó que estas actividades buscan acercar el proceso electoral a los compatriotas residentes en el exterior. Se pretende brindar a los connacionales las herramientas necesarias para ejercer su derecho al voto de manera informada y segura con miras a las elecciones de autoridades partidarias.

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En tanto a nivel nacional, se reportó una importante participación en los distritos del departamento de Caaguazú en la divulgación de las máquinas de votación.

“La Justicia Electoral mediante estas capacitaciones, busca que los electores practiquen y conozcan el uso del voto electrónico que será utilizado en las próximas elecciones internas simultáneas y las elecciones municipales”, señala un comunicado de la institución.

En la jornada electoral del próximo domingo, un total de 11 organizaciones políticas elegirán también a sus autoridades partidarias, entre las que se encuentran el PLRA, Partido Encuentro Nacional (PEN), Partido de la Participación Ciudadana (PPC) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Igualmente renovarán la conducción el Partido Patria Querida (PPQ), Partido Patriotas Independientes (PPI), Partido Político Hagamos (PPH) y el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) así como el Partido Cruzada Nacional (PCN), Partido Patria Soñada (PPS) y el Partido Libertad y República (PLYR).

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El peor desenlace tuvo la desaparición de Agostina Vega, una niña de 14 años, en la ciudad argentina de Córdoba, que durante una semana tuvo en vilo a todo el país. El rastro de la adolescente se perdió la noche del 23 de mayo y un taxista fue testigo clave en torno al presunto victimario, cuyas pistas condujeron hasta un descampado donde se produjo el macabro hallazgo, el sábado pasado.

“Me eximo de dar detalles por respeto a la familia, pero nos encontramos con el peor escenario“, dijo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN), y agregó que el ahora imputado “mintió desde el primer momento”, al referirse sobre Claudio Barrelier, de 33 años, expareja de la madre de Agostina, quien había sido detenido como único sospechoso del crimen.

El día de su desaparición, la niña y su hermano de 7 años fueron a buscar empanadas al negocio de su abuelo, cerca de su casa, pero ella no volvió. Entonces su mamá la llamó por teléfono a eso de las 22:30. “Sonó cuatro veces y después nunca más”, relató Melisa Heredia al diario porteño La Nación.

Al día siguiente, 24 de mayo, un taxista llamado Ariel vio la foto de Agostina en su teléfono y supo que había desaparecido, dándose cuenta que la había llevado la noche anterior para encontrarse con Barrelier. Luego, una cámara de seguridad captó a la menor entrando a la casa del hombre de 33 años, en el barrio Cofico. El remisero buscó en redes sociales y logró comunicarse con la madre.

“Le pregunté cuántos años tenía y me dijo que tenía 14. Le pregunté por qué iba ahí. Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa”, detalló Ariel a los medios locales, resaltando que le pareció muy sospechoso el episodio al llegar al destino, donde el hombre que la esperaba se acercó a pagarle, cubierto con campera y encapuchado, y poniéndose de costado para evitar que le viera la cara.

Con la hipótesis en torno a Barrelier, los peritos dieron con un registro, el 25 de mayo, que vinculaba al sospechoso con un vehículo de la marca Ford, en una casa del barrio Cofico. Con señales de su teléfono lograron ubicar el trayecto de ese automóvil por casi 40 minutos, hasta un predio de 240 hectáreas del barrio Ampliación Ferreyra, donde la inspección concluiría con el penoso hallazgo de los restos humanos enterrados en diversas zonas.

“Todavía queda por aclarar por qué estaba Agostina ese día en esa casa. Para nada la investigación está terminada. Tanto el entorno familiar como el no familiar es materia de investigación. Por el momento no hay más imputados, pero los que pudiera haber lo serán por el avance y el aval de la investigación”, dijo el fiscal Raúl Garzón ayer domingo.

El operativo en el descampado de Ampliación Ferreyra contó con perros rastreadores, helicópteros, drones y un despliegue de más de 200 agentes policiales. El fiscal Garzón aseguró en una conferencia de prensa que el crimen habría ocurrido entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la mañana del domingo 24.

Argentina y Panamá se sumaron a Ecuador entre los “10 peores países del mundo” para los derechos de los trabajadores, según un estudio de la Confederación Sindical Internacional (CSI) divulgado este lunes. Estas tres naciones latinoamericanas integran el grupo junto a Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Birmania, Nigeria, Túnez y Turquía, según el último informe Índice Global de los Derechos.

“Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría 5, segundo año consecutivo de deterioro de su calificación”, apuntó la CSI. “Las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más represivas y hostiles con el gobierno de extrema derecha del presidente Javier Milei”, sostiene el estudio.

El informe recordó que “Argentina ha instituido un protocolo antibloqueo para mantener ‘el orden público en caso de bloqueos de carreteras’, por el cual se autoriza a hacer un uso indiscriminado de la fuerza policial”.

“La calificación de Argentina ha empeorado por segundo año consecutivo, situándose en la categoría 5, el peor nivel alcanzado en el Índice por este país sudamericano. Esto representa un descenso brusco y sin precedentes de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años”, señala el estudio. El grupo 5 corresponde al de los países con “derechos no garantizados”.

Este retroceso obedece a la “existencia de violaciones regulares de los derechos a una situación en la que los trabajadores no tienen garantizados sus derechos”.

En el caso de Panamá, la CSI señaló que “trabajadores y sindicatos de este país centroamericano carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos, y se enfrentan a una opresión constante por parte de los empleadores y del Estado”.

Sobre Ecuador, el informe apuntó que “los legisladores ecuatorianos promulgaron en 2025 una ley que permite ejercer la vigilancia sin disponer de una orden judicial, así como interceptar comunicaciones y recopilar datos privados”.

Los países del grupo 5 “son los peores países del mundo para trabajar. Si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos”, indica el estudio.

Brasil, Costa Rica, El Salvador, Perú y Trinidad y Tobago están en el grupo 4, sobre países con “violaciones sistemáticas de derechos”.

Bahamas, Bolivia, Chile, Jamaica, México y Paraguay aparecen en el grupo 3, con “violaciones regulares” de derechos.

En el grupo 2 (“violaciones repetidas”) aparecen España, Portugal y República Dominicana.

El único país latinoamericano en el grupo 1 (“violaciones esporádicas”) es Uruguay, junto a Alemania, Austria, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Noruega y Suecia.

El estudio pone de relieve que Uruguay constituye “una excepción en una región caracterizada en gran medida por la represión sindical y la explotación”.

En general, América Latina “ha seguido siendo la más mortífera para los trabajadores y sus representantes, con ejecuciones extrajudiciales registradas en Colombia y México”.

“En cerca de 9 de cada 10 países se ha vulnerado el derecho de huelga y se ha impedido el registro de sindicatos. En aproximadamente la mitad de los 25 países de la región se ha detenido o encarcelado a trabajadores”, señala la CSI.

Luc Triangle, secretario general de la CSI, señaló que “el Índice 2026 revela que la crisis de los derechos de los trabajadores ya no se limita a unos pocos países: ahora se encuentra en el centro de las democracias”.

“Los gobiernos ya no protegen a los trabajadores y, en algunos casos, contribuyen a debilitar sus derechos”, apuntó.

Este informe, elaborado por la CSI desde 2014, clasifica a 151 países sobre la base de 97 indicadores que se apoyan en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en su jurisprudencia.

Fuente: AFP.