Una menor de edad que no habla español se convirtió en la protagonista de un acto de valentía que permitió desactivar un presunto caso de violencia intrafamiliar en la ciudad de Mbocayaty, Guairá.
El hecho ocurrió en la noche del miércoles 8 de abril, cuando la menor decidió acudir por sus propios medios hasta la Comisaría 9ª local para pedir ayuda.
Pese a la barrera idiomática, su lengua materna es el alemán, logró comunicarse con los agentes mediante una aplicación de traducción, a través de la cual denunció que su padrastro estaba maltratando física y psicológicamente a su madre.
A partir de ese relato, los uniformados se trasladaron hasta la vivienda ubicada en el barrio Santa Librada. Allí fueron recibidos por la pareja y, ante las dificultades para la comunicación, se solicitó la presencia de un traductor que facilitó el diálogo con la víctima.
La mujer, en condición de paraplejia, habría confirmado que era víctima constante de agresiones verbales y físicas por parte de su pareja, situación que también afectaría a la menor.
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Ante la gravedad del caso, los intervinientes procedieron a la aprehensión del sindicado, también de nacionalidad alemana, que no cuenta con antecedentes registrados según verificaciones realizadas a nivel de Interpol.
El hombre fue trasladado inicialmente a la sede policial y posteriormente al Hospital Regional de Villarrica para una evaluación médica. Más tarde, fue remitido a la Comisaría 5ª de Ybaroty, donde permanece a disposición del Ministerio Público.
La intervención fue comunicada al agente fiscal de turno de la Unidad N° 3, Osvaldo Mora. El caso, que pudo haber quedado silenciado, salió a la luz gracias a la determinación de una niña que, aun sin dominar el idioma, encontró la manera de pedir ayuda y proteger a su madre y a sí misma.
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Detienen a un hombre que habría amenazado matar a su pareja y quemar su vivienda
- Ciudad del Este. Agencia regional
Un hombre fue detenido en la casa de un vecino tras intentar huir de los policías después de haber sido denunciado por violencia familiar. Amenazó con quitarle la vida a su pareja y quemar su vivienda, según denunció la víctima ante la Comisaría 23ª del barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este.
Se trata de Reinaldo David Arguello Bogado (32), domiciliado supuestamente en el barrio Ciudad Nueva. Ya contaba con orden de captura en rebeldía por el hecho de violencia familiar.
El hecho ocurrió a las 12:40 de ayer jueves en el interior de una vivienda del barrio Ñasaidy, del Km 6,5 Acaray, siendo víctima una mujer de 34 años, domiciliada en el lugar mencionado.
La mujer manifestó a los policías que su pareja la amenazó con atentar contra su vida y quemar su vivienda, aclarando que el hombre ya cuenta con una orden de captura por un hecho similar. Contó que huyó de la casa para dirigirse a la comisaría y realizar la denuncia.
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El personal policial acudió a la casa junto con la denunciante y encontraron al hombre en el patio de la casa. Al darse cuenta de la presencia policial, el hombre trepó el cercado perimetral contiguo al vecino para intentar huir, pero los intervinientes ingresaron a la casa vecina y detuvieron al hombre para luego ser trasladado a la comisaría.
El procedimiento fue comunicado a la fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar, Liliana Denice Duarte, quien dispuso que el aprehendido sea trasladado hasta la Dirección de Policía de Alto Paraná por medida de seguridad y que la víctima se presente ante la unidad a su cargo para su comparecencia.
La fiscal Liliana Denice Duarte confirmó que, la misma mujer ya había denunciado a su pareja, se dictó la orden de captura, pero seguían viviendo juntos, tal como la víctima confirmó en su declaración en la Fiscalía.
La orden de captura seguía vigente cuando se presentó ayer el nuevo episodio de violencia y la mujer fue a denunciar de nuevo.
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Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
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Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
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¿Es momento de revisar las leyes?
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
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Procesan a un hombre por ataque a su expareja y amenaza de quema de su automóvil
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Beatriz Adorno Acuña, de Hernandarias, imputó a un hombre de 30 años por un supuesto hecho de violencia familiar ocurrido el 1 de octubre, alrededor de las 15:00, en una vivienda del barrio San Ramón de la citada ciudad.
El hombre habría ingresado sin autorización al inmueble de su expareja, una mujer de 30 años, y la habría amenazado con incendiar su automóvil, que estaba estacionado en el patio.
Posteriormente, también ingresó a la fuerza al interior de la vivienda donde causó destrozos al romper diversos objetos domésticos, entre ellos utensilios y muebles, manteniendo esa violencia acompañada de gritos hacia la mujer.
En medio de ese ambiente amenazó a la expareja que le causaría daños físicos a ella y a su familia, además de quemar su automóvil que se encontraba frente a la casa, de acuerdo al escrito de imputación.
La víctima salió de la casa a pedir auxilio y luego fue hasta la comisaría a presentar la denuncia, mientras el hombre permanecía dentro de la propiedad.
El personal de la Comisaría 5.ª acudió al sitio donde encontraron al hombre en el interior del inmueble, aún con una actitud violenta. Intentó resistirse, pero fue aprehendido, para luego ser comunicado el caso a la Fiscalía.
En el marco de la investigación, la víctima prestó declaración ante la unidad fiscal interviniente y expuso que la pareja se separó hace dos meses debido a los episodios de violencia protagonizados por el ahora imputado.
La fiscal requirió al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del imputado, argumentando la vulnerabilidad de la víctima y la existencia de riesgos de fuga y obstrucción.
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Hurto y violencia familiar: los delitos que acorralan a la juventud paraguaya
Un informe elaborado por el Observatorio del Ministerio Público reveló que el hurto y la violencia familiar encabezan la lista de los hechos punibles con mayor involucramiento de jóvenes en Paraguay. El análisis estadístico, que abarca 12 tipificaciones delictivas registradas entre los años 2021 y 2025, contabilizó un total de 725.501 causas ingresadas al sistema penal, exponiendo una problemática social que afecta de manera predominante a la población masculina de entre 18 y 30 años.
Entre los delitos contra la propiedad, el hurto fue el de mayor incidencia general con 314.777 denuncias, de las cuales el 60 % tuvo como sospechosos a jóvenes de la franja etaria estudiada y un 91 % de varones. En una línea similar, el robo sumó 89.170 causas y alcanzó el pico más alto de participación juvenil, donde el 67 % de los investigados pertenecía a este rango de edad y el 93 % eran hombres, abarcando modalidades como el robo agravado y con resultado de muerte.
Por su parte, los hechos punibles que atentan contra la integridad física y la convivencia también mostraron cifras preocupantes de crecimiento. La violencia familiar acumuló 172.722 denuncias en el quinquenio, con un 40 % de sospechosos de entre 18 y 30 años, mientras que las denuncias por exposición al peligro en el tránsito terrestre alcanzaron 47.304 causas, lideradas en un 47 % por conductores jóvenes. Asimismo, las causas por lesiones llegaron a 45.926 carpetas fiscales con una prevalencia juvenil del 40 %.
En materia de narcotráfico y delitos de gravedad institucional, la Ley N.º 1340/88 registró 13.991 investigaciones iniciadas, en las cuales los jóvenes representaron el 61 % del total de imputados. En cuanto a los crímenes de mayor impacto contra la vida y la libertad individual, la franja de 18 a 30 años concentró el 52 % de los indagados por lesión grave, el 40 % en casos de coacción sexual y el mayor porcentaje de las 6.565 denuncias por homicidio doloso registradas en el país.
El relevamiento expuso además situaciones de alta vulnerabilidad en el ámbito de la niñez y la protección del menor. De las 17.305 denuncias por abuso sexual infantil, el 30 % de los investigados pertenecía al rango juvenil, aunque el informe enfatizó con preocupación que un 14 % correspondía a adolescentes de 14 a 17 años. En contrapartida, las 7.680 denuncias por maltrato de niños bajo tutela mostraron una dinámica distinta, siendo las mujeres jóvenes el 75 % de las personas señaladas como responsables.
Desde la institución judicial remarcaron que el ingreso temprano al fuero penal genera secuelas inmediatas en la responsabilidad legal del ciudadano y fractura sus proyectos de desarrollo personal. Los antecedentes penales obstaculizan el acceso a la educación formal, la inserción en el mercado laboral y la estabilidad sociofamiliar, por lo que las autoridades instan a abordar esta realidad desde una perspectiva integral que combine prevención, educación y oportunidades reales para la juventud.