Una comitiva fiscal y policial realizó un allanamiento en un vivienda en el departamento de Itapúa, tras una denuncia por violencia familiar, en el sitio hallaron proyectiles, una placa de la Policía Nacional y detuvieron a una persona. La autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen de lo incautado.
Según el oficial Jorge Orquiola, la intervención se realizó en prosecución a una denuncia formulada por vecinos sobre un supuesto hecho de violencia familiar. Lo llamativo del caso es que en la vivienda de la pareja hallaron municiones y placa perteneciente a la Policía, por lo que se abrió una investigación.
“Fue un allanamiento de un recinto privado por una causa de violencia familiar, donde se encontró una placa con la insignia de la Policía Nacional, un estuche porta pistola con nueve cartuchos y la culata de arma de fuego”, confirmó Orquiola, en entrevista con C9N.
Lea también: Se entregó adolescente de 17 años que habría asesinado a su tío por celos en CDE
Afirmó que este caso se denunció el sábado pasado y en ese momento ya se logró detener al presunto autor del hecho de violencia. En esta oportunidad se realizó el allanamiento de la vivienda donde presuntamente se habría refugiado en varias oportunidades.
“El aprehendido, que sería un comerciante, ya se encuentra recluido en la penitenciaría de Itapúa. La denuncia por violencia fue realizada por un vecino y cuando llegamos encontramos a la pareja en la vía pública donde fue detenido”, refirió.
Lo que llamó la atención de los intervinientes es que estas personas contaban con la placa y partes de arma de fuego, siendo que ambos son comerciantes. Al momento del allanamiento solo se encontraba la propietaria del inquilinato.
Te puede interesar: Educadores del Este se suman a movilización por la “recuperación del IPS”
Dejanos tu comentario
Alto Verá: detienen a un hombre requerido con fines de extradición por homicidio
Rocío Gómez. Corresponsal en Itapúa.
En la tarde de ayer sábado, alrededor de las 14:35, fue detenido Alfredo Rocha Mascareño, paraguayo, soltero, de 42 años, en la compañía Perlita, distrito de Alto Verá, departamento de Itapúa.
La detención se realizó en cumplimiento de un oficio del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, primer turno de la capital, en el marco de una causa por exhorto por detención con fines de extradición.
Según el documento, a Rocha Mascareño se le atribuye haber efectuado entre tres o cuatro disparos de arma de fuego, de los cuales al menos dos impactaron en la humanidad de R. H. G., provocándole heridas de tal gravedad que le ocasionaron la muerte horas después.
El hecho está calificado como homicidio simple, cuya pena máxima aplicable es de 25 años. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Regional n.° 4 Itapúa del Departamento de Interpol, que procedió a la detención del hombre para ponerlo a disposición de la justicia.
Dejanos tu comentario
Fiscalía y Policía no logran ubicar a Miguel Cuevas tras allanamientos
El exdiputado abdista Miguel Cuevas no fue localizado durante dos allanamientos realizados por la Fiscalía y la Policía en la ciudad de Sapucái, en el departamento de Paraguarí, con el objetivo de detenerlo. Sobre el exlegislador pesa una orden de captura para cumplir una condena de 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, dictada por la jueza de Ejecución Especializada n.º 2, María Lidia Wyder. Según el informe de la Comisaría 13.ª de Sapucái, el procedimiento comenzó a las 17:20.
Los agentes ingresaron a un establecimiento en la compañía Yarigua’a y a una vivienda en el barrio San Blas. Ambos inmuebles figuran a nombre de Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz.
La comitiva fiscal estuvo encabezada por la agente fiscal de Delitos Económicos y Crimen Organizado, Dominica Zayas. Participaron personal del Departamento de Investigación de Delitos, efectivos de la Agrupación de Acciones Tácticas de Paraguarí y personal de la Comisaría 13.ª de Sapucái. Hasta la fecha, Miguel Cuevas permanece prófugo, con paradero desconocido, y la orden de captura sigue vigente.
Te puede interesar: Mipymes reclaman que la ayuda por el caso Ueno sigue sin llegar a las cuentas
Tres años de proceso judicial
En octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra el fallo de segunda instancia que había confirmado la sentencia condenatoria. Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel integraron el Tribunal de Sentencia que condenó al exlegislador el 15 de setiembre de 2023, luego de casi tres años del proceso judicial.
Tras recibir la notificación correspondiente, la magistrada María Lidia Wyder dejó sin efecto las medidas sustitutivas a la prisión que tenía el exlegislador desde el 12 de noviembre de 2020, dispuestas por el Juzgado Penal de Garantías N.º 11, a cargo de Yoan Paul López.
Acto seguido, la jueza de Ejecución Especializada ordenó la captura nacional del condenado Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, cuyo último domicilio informado al juzgado es el barrio San Blas del distrito de Sapucái, departamento de Paraguarí.
A la vez se notificó a la Comandancia de la Policía Nacional, al Departamento de Búsqueda de Prófugos de la Policía Nacional para que arbitren los medios necesarios para el cumplimiento de la presente resolución y a la Dirección General de Migraciones.
Otras sanciones
Cabe recordar que la sentencia ahora en ejecución estableció que, además de la pena de 5 años de pena privativa de libertad por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, se dispuso la inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo (cinco años). Así como el comiso especial y comiso sustitutivo de bienes, sumados al mantenimiento de embargos e inhibiciones de gravar y enajenar bienes inmuebles.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Elsa García e integrado por Yolanda Morel y Jesús Riera (actual camarista) concluyó que entre los años 2009 y 2019 el exgobernador de Paraguarí registró un saldo negativo de más de G. 1.900 millones.
Investigación de Nación Media
El proceso judicial que culmina con la orden de captura del exparlamentario tuvo su punto de partida en una exhaustiva investigación periodística desarrollada durante 1 año y 8 meses por el equipo de Nación Media, a través de las publicaciones del diario La Nación.
El trabajo de campo y análisis documental puso al descubierto un sostenido y desproporcionado crecimiento patrimonial de Miguel Cuevas a lo largo de su paso por la función pública –tras desempeñarse como intendente de Sapucái, gobernador de Paraguarí y presidente de la Cámara de Diputados–, contrastando sus ingresos oficiales como servidor del Estado con la repentina adquisición de estancias, propiedades de alto valor, ganado y movimientos financieros millonarios.
Dejanos tu comentario
Fiscalía y Policía no ubican a Miguel Cuevas tras allanamiento
Sobre el exlegislador pesa una orden de captura para cumplir una condena de 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
El exdiputado abdista Miguel Cuevas no fue localizado durante dos allanamientos realizados por la Fiscalía y la Policía en la ciudad de Sapucái, en el departamento de Paraguarí, en la tarde del viernes con el objetivo de detenerlo. Sobre el exlegislador pesa una orden de captura para cumplir una condena de 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, dictada por la jueza de Ejecución Especializada n.º 2, María Lidia Wyder. Según el informe de la Comisaría 13.ª de Sapucái, el procedimiento comenzó a las 17:20.
Los agentes ingresaron a un establecimiento en la compañía Yarigua’a y a una vivienda en el barrio San Blas. Ambos inmuebles figuran a nombre de Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz.
La comitiva fiscal estuvo encabezada por la agente fiscal de Delitos Económicos y Crimen Organizado, Dominica Zayas. Participaron personal del Departamento de Investigación de Delitos, efectivos de la Agrupación de Acciones Tácticas de Paraguarí y personal de la
Comisaría 13.ª de Sapucái. Hasta la fecha, Miguel Cuevas permanece prófugo, con paradero desconocido, y la orden de captura sigue vigente.
TRES AÑOS DE PROCESO JUDICIAL
En octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra el fallo de segunda instancia que había confirmado la sentencia condenatoria. Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel integraron el Tribunal de Sentencia que condenó al exlegislador el 15 de setiembre de 2023, luego de casi tres años del proceso judicial.
Tras recibir la notificación correspondiente, la magistrada María Lidia Wyder dejó sin efecto las medidas sustitutivas a la prisión que tenía el exlegislador desde el 12 de noviembre de 2020, dispuestas por el Juzgado Penal de Garantías N.º 11, a cargo de Yoan Paul López.
Acto seguido, la jueza de Ejecución Especializada ordenó la captura nacional del condenado Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, cuyo último domicilio informado al juzgado es el barrio San Blas del distrito de Sapucái, departamento de Paraguarí.
A la vez se notificó a la Comandancia de la Policía Nacional, al Departamento de Búsqueda de Prófugos de la Policía Nacional para que arbitren los medios necesarios para el cumplimiento de la presente resolución y a la Dirección General de Migraciones.
OTRAS SANCIONES
Cabe recordar que la sentencia ahora en ejecución estableció que, además de la pena de 5 años de pena privativa de libertad por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, se dispuso la inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo (cinco años). Así como el comiso especial y comiso sustitutivo de bienes, sumados al mantenimiento de embargos e inhibiciones de gravar y enajenar bienes inmuebles.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Elsa García e integrado por Yolanda Morel y Jesús Riera (actual camarista) concluyó que entre los años 2009 y 2019 el exgobernador de Paraguarí registró un saldo negativo de más de G. 1.900 millones.
INVESTIGACIÓN DE NACIÓN MEDIA
El proceso judicial que culmina con la orden de captura del exparlamentario tuvo su punto de partida en una exhaustiva investigación periodística desarrollada durante 1 año y 8 meses por el equipo de Nación Media, a través de las publicaciones del diario La Nación.
El trabajo de campo y análisis documental puso al descubierto un sostenido y desproporcionado crecimiento patrimonial de Miguel Cuevas a lo largo de su paso por la función pública –tras desempeñarse como intendente de Sapucái, gobernador de Paraguarí y presidente de la Cámara de Diputados–, contrastando sus ingresos oficiales como servidor del Estado con la repentina adquisición de estancias, propiedades de alto valor, ganado y movimientos financieros millonarios.
Dejanos tu comentario
Caso Ueno: Fiscalía allana presunto domicilio fiscal de Pear SRL tras denuncia de operación simulada
Los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Laura Giacummo realizaron este sábado un allanamiento en un inmueble que figura oficialmente como domicilio fiscal de Pear SRL, firma vinculada a Francisco Peña Palacios, en el marco de las diligencias abiertas en torno al caso Ueno Bank.
Durante el procedimiento, la comitiva fiscal constató de forma preliminar que la empresa ya no operaría en el sitio intervenido, pese a que la dirección continúa registrada como su domicilio fiscal. En el lugar funciona actualmente otro comercio, cuyos responsables entregaron a los intervinientes documentación societaria y comercial vinculada a Pear SRL, incluyendo antecedentes ligados a la compraventa de un inmueble.
La operación bajo la lupa fiscal
La diligencia apunta a esclarecer una transacción inmobiliaria fechada en 2023 entre Pear SRL y la entonces financiera Ueno. Según lo señalado por el exdirectivo de la entidad, Julio Rey Fernández, la firma adquirió en 2023 un predio de 1.184 hectáreas en la zona de María Antonia, departamento de Paraguarí, por un monto cercano a los USD 3 millones.
De acuerdo con la versión expuesta por Rey Fernández, dicha operación habría sido simulada, extremo que el Ministerio Público busca verificar o descartar a partir de la revisión de los legajos incautados y otras pruebas documentales.
Análisis de antecedentes
Los fiscales dispusieron el resguardo y posterior análisis de los papeles entregados durante el operativo para reconstruir el circuito documental y financiero de la compraventa realizada en 2023, así como para establecer su eventual incidencia en los hechos punibles investigados en el expediente.