Prácticas abusivas, mal servicio, publicidad engañosa, falta de información clara y problemas vinculados a datos personales crediticios concentran cerca del 92 % de los conflictos recibidos por Sedeco durante el primer semestre de 2026.

Los datos de la Sedeco muestran cuáles son actualmente los principales motivos de reclamo de los consumido­res paraguayos. Según explicó su titu­lar, Sara Irún, las prácticas abusivas, el mal servicio, la publicidad engañosa, la falta de información clara y los pro­blemas vinculados a datos personales crediticios concentran cerca del 92 % de los conflictos recibidos durante el primer semestre de 2026.

“Detrás de muchos de estos pro­blemas existe un desequilibrio en la relación de consumo. A la tradicional asimetría de información, donde el proveedor conoce en profundidad lo que ofrece, hoy se suma una asimetría tecnológica, en un mercado cada vez más digital y complejo”, señaló.

Ante este escenario, la ministra destacó la importancia de formar consumidores informados. “Cuanta más información tenga el consumidor,mayor será su capacidad para elegir y exigir el cumplimiento de sus dere­chos”, afirmó.

Cinco sectores concentran el 54 % del total de reclamos recibidos por Sedeco. Servicios financieros y seguros ocupan el primer lugar, con el 19 %. Allí se observan principalmente pro­blemas vinculados a cobranzas, como llamadas reiteradas, hostigamiento,contacto con familiares o empleadores y solicitudes de cobros cuya proceden­cia es cuestionada por el consumidor.

Le siguen telecomunicaciones, con el 12 %, principalmente por cambios tarifarios, promociones, dificultades para dar de baja servicios y problemas de calidad. Productos electróni­cos y electrodomésticos repre­sentan el 11%, con predominio de fallas de productos nuevos, garantías, demoras del servicio técnico y conflictos de posventa.

El sector automotor concentra el 6%, por cuestiones contractua­les, señas, condiciones de entrega y fallas reiteradas en vehículos, mientras que transporte repre­senta el 5 %, con reclamos por cancelaciones, reprogramaciones, cambios de tarifa, horarios e itine­rarios, reembolsos y atención.

Un mercado que cambió. La expansión del comercio electrónico y las compras por redes sociales plantea nuevos desafíos. “Nuestra Ley de Defen­sa del Consumidor tiene casi 30 años y fue concebida para una realidad muy distinta a la actual”, sostuvo la ministra.

Por ello, desde Sedeco impulsan “una actualización integral a través de un proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que contemple expresamente la protección en el entorno di­gital, las nuevas formas de publicidad -incluida la realizada por influencers-, las modalidades actuales de contrata­ción y los créditos de consumo”.

En paralelo, la institución avanza en su propia modernización. Actualmen­te los reclamos pueden presentarse digitalmente, cuenta con audiencias virtuales y utiliza expediente electróni­co, anticipó.

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) busca transformar su modelo de atención con una gestión más digital, accesible y preventiva, según destacó la ministra, Sara Irún. En conversación con La Nación/Nación Media, precisó que entre los principales cambios implementados se encuentran la posibilidad de presentar reclamos a través de la página web, las audiencias virtuales y el expediente electrónico, herramientas que permiten mejorar la trazabilidad y el seguimiento de los casos.

Durante el primer semestre de 2026, la institución registró casi 10.000 consultas y más de 4.500 reclamos, mientras que el valor recuperado a favor de los consumidores superó los G. 1.000 millones. A esto se suma una tasa superior al 94 % de conciliaciones, mediante acuerdos entre consumidores y proveedores, devolución de cobros indebidos, restitución de dinero y reparación o sustitución de productos, entre otras soluciones.

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Para Irún, el objetivo es que la Sedeco no se limite a actuar una vez producido el conflicto, sino que avance hacia un esquema preventivo, utilizando también las denuncias, etiquetas y comentarios publicados en redes sociales como señales para detectar posibles irregularidades y actuar con mayor rapidez, especialmente cuando puedan afectar la salud o seguridad de los consumidores.

En ese marco, durante los primeros seis meses del año se realizaron 226 fiscalizaciones, de las cuales solo 12 derivaron en sumarios administrativos, equivalente a cerca del 5 %. La institución interpreta este resultado como una señal de que aproximadamente el 95 % de los establecimientos fiscalizados cumplió o adecuó sus prácticas.

Sin embargo, el crecimiento de la demanda también representa un desafío para la institución. Los reclamos aumentaron 345 % en 2025 frente al año anterior y volvieron a crecer 57 % durante el primer semestre de 2026.

Irún reconoció que Sedeco cuenta con una estructura reducida y recursos humanos limitados, por lo que se impulsan mejoras en los procesos y herramientas de gestión, además de solicitudes para fortalecer su capacidad operativa.

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Los errores en los historiales crediticios y la falta de actualización de las deudas canceladas continúan siendo una de las principales causas de conflictos entre consumidores y empresas financieras.

La ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, recordó que tanto los proveedores como los burós de crédito tienen obligaciones legales destinadas a proteger los derechos de los usuarios y garantizar la confiabilidad de la información financiera.

La titular de Sedeco explicó que antes de consultar información de un cliente en un buró de crédito, las empresas deben informar expresamente qué entidad recibirá los datos, con qué finalidad serán utilizados y cuáles son los derechos del consumidor, además de solicitar y conservar evidencia del consentimiento otorgado.

Irún señaló que los burós de crédito deben mantener información correcta y permanentemente actualizada. En ese sentido, cuando un consumidor cancela una deuda, el proveedor está obligado a comunicar esa situación para que el historial crediticio refleje la nueva condición.

Si existe una controversia sobre la información reportada, el buró debe registrar que el caso se encuentra en reclamo y tramitar las solicitudes de rectificación o eliminación de datos cuando corresponda.

Los errores en los historiales crediticios y la falta de actualización de las deudas canceladas continúan siendo una de las principales causas de conflictos entre consumidores y empresas financieras.

En conversación con La Nación/Nación Media, la ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, recordó que tanto los proveedores como los burós de crédito tienen obligaciones legales destinadas a proteger los derechos de los usuarios y garantizar la confiabilidad de la información financiera.

La titular de Sedeco explicó que antes de consultar información de un cliente en un buró de crédito, las empresas deben informar expresamente qué entidad recibirá los datos, con qué finalidad serán utilizados y cuáles son los derechos del consumidor, además de solicitar y conservar evidencia del consentimiento otorgado.

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Irún señaló que los burós de crédito deben mantener información correcta y permanentemente actualizada. En ese sentido, cuando un consumidor cancela una deuda, el proveedor está obligado a comunicar esa situación para que el historial crediticio refleje la nueva condición.

Si existe una controversia sobre la información reportada, el buró debe registrar que el caso se encuentra en reclamo y tramitar las solicitudes de rectificación o eliminación de datos cuando corresponda.

Advirtió que mantener una obligación como pendiente cuando ya fue cancelada puede generar importantes perjuicios, especialmente para quienes buscan acceder a nuevos créditos o productos financieros.

Para prevenir este tipo de situaciones, Sedeco recomienda que las empresas implementen controles entre sus áreas de cobranza, facturación y reporte crediticio, además de sistemas internos que permitan detectar y corregir rápidamente inconsistencias antes de que afecten al consumidor.

La ministra también expuso que los usuarios tienen derecho a solicitar el contrato, los extractos y toda la documentación que respalde un cobro, así como acceder a su historial crediticio, pedir su actualización o corrección y obtener una copia del informe utilizado cuando una solicitud de crédito haya sido rechazada.

Ante cualquier irregularidad, aconsejó presentar primero un reclamo por escrito al proveedor y conservar toda la documentación relacionada, como comprobantes de pago, extractos y comunicaciones. “La confianza en el sistema económico se construye con información clara, consentimiento verificable y respuestas oportunas”, finalizó.

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