El martes 31 de marzo vencen las licencias de conducción en los municipios del departamento Central, algunos conductores deben pagar por la revalidación; y otros, renovarlas. Las autoridades instan a los usuarios a realizar este trámite antes de la Semana Santa para evitar multas que pueden ser prevenibles.
Según Carlos Cáceres, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Lambaré, en la mayoría de los municipios se tiene como fecha de vencimiento de los registros de conducir este 31 de marzo. Los conductores aún tienen cuatro días para poder realizar esta gestión para seguir circulando con plena tranquilidad por todo un año.
“Invitamos a que se pongan al día para evitar inconvenientes, para que puedan viajar con todas la tranquilidad del mundo y evitar esa incomodidad que pasa cuando no realiza este pago”, expresó Cáceres, en entrevista con el programa “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Afirmó que la revalidación puede generar multas dentro del municipio, pero que la licencia esté vencida acarrea otro tipo de sanciones e impide a los conductores continuar con sus viajes. “Ahora no tenemos aún tanta gente. Tenemos facilidad de pago tanto en efectivo o por transferencia y también está en autopago”, apuntó.
Este año en todos los municipios se implementará el sistema de código QR, esto significa que al renovarlas el documento al dorso tendrá un código que proporcionará todos los datos del usuario y posibles infracciones.
“Las licencias que no cuenten con esta novedad podrán seguir circulando normalmente, siempre que tengan los sellos al día”, aclaró Cáceres.
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Implementarán Registro Nacional de Espectadores desde agosto para ingresar a eventos de fútbol
La Policía Nacional se encuentra lista para implementar el Registro Nacional de Espectadores (RENAES), que busca mejorar la seguridad en eventos deportivos, especialmente el fútbol. Solo faltan ajustar algunos detalles. Pero todo apunta a que este mecanismo tecnológico se aplicará desde agosto.
“La autoridad de aplicación será el Ministerio del Interior y el Consejo que integran la APF y los clubes”, explicó este miércoles el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Investigación de Cibercrimen, en diálogo con el programa Así son las Cosas de GEN y Universo 970AM/Nación Media.
Añadió que este sistema ya se aplica en entidades financieras, donde se utiliza para validar la identidad a través de un mecanismo digital. “Ahora, se está trabajando en cómo implementar en el ámbito deportivo, teniendo en cuenta que hay menores de edad, personas que quieran transferir a otras personas. Entonces, son detalles a tener en cuenta”, apuntó el jefe policial.
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El procedimiento consiste en la inscripción en la plataforma y los antecedentes habilitarán la compra de entradas. Es decir, la inscripción en la plataforma será obligatoria para adquirir entradas y acceder a los eventos deportivos, mientras que los antecedentes de cada aficionado también serán considerados como parte del proceso de habilitación.
Los hinchas que no pasen por el proceso de registro y compra de entrada pasarán por un control de seguridad. “Porque la policía podrá verificar la validez de la entrada que porta el ciudadano”, puntualizó.
Los que no cumplan dicho requisito deberán sortear dos filtros de verificación para impedir el ingreso de personas que no cuenten con una entrada válida o registrada a su nombre.
Mencionó que el control consistirá en una verificación vía QR del ticket respectivo, que se hará en el primer filtro antes de ingresar a la cancha. El segundo filtro se hará en el estadio con el escaneo de la entrada.
“La Policía podrá verificar la validez de la entrada que porta ese ciudadano. Va a haber dos filtros. El primero permitirá escanear el código QR del ticket y verificar si realmente corresponde a esa persona. Si no le corresponde, no debería pasar el primer filtro”, detalló Alarcón.
El segundo control se realizará en los accesos al estadio, donde nuevamente se escaneará la entrada antes de habilitar el ingreso. Con la implementación del RENAES, las autoridades buscan fortalecer los controles de seguridad en los espectáculos deportivos, identificar plenamente a los asistentes y reducir el ingreso irregular de personas a los estadios.
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San Lorenzo: abren sumario e investigan a PMT por presunta coacción a una joven
Este lunes, la fiscal Viviana Rivero tomó su declaración al agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de San Lorenzo que está siendo investigado por presunta coacción sexual contra una joven. Así también, la comuna abrió un sumario contra esta persona hasta que acabe la investigación.
El agente que fue denunciado por presunta coacción sexual contra una ciudadana se presentó esta mañana ante la Fiscalía de San Lorenzo para brindar declaración, pero el mismo no se encuentra detenido. A partir de su presentación se realizarán las diligencias correspondientes en el caso.
Hasta el momento se brindó el test de contención a la mujer que realizó la denuncia, estos estudios realizados a la víctima aún se encuentran en estudio y serán remitidos a la fiscal para agregar a la carpeta de investigación. Aún no se determinó la medida cautelar para el acusado, pero se espera que sea tomada durante la jornada de hoy.
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“La Municipalidad de San Lorenzo informa que, ante los hechos de público conocimiento que involucra a agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se ha dispuesto la apertura inmediata de los sumarios administrativos. Los funcionarios implicados serán sometidos al proceso disciplinario conforme al reglamento interno vigente”, expresaron en un comunicado.
Recordaron que la comuna está a total disposición de las autoridades competentes para colaborar activamente con la investigación derivada de la denuncia presentada. “Se aplicará con firmeza las sanciones que correspondan según el reglamento interno de la Policía Municipal de Tránsito”, resaltaron.
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TSJE castigará con quita de subsidios a partidos que no rindan cuentas en las municipales
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezado por Jorge Bogarín, informaron que para las elecciones municipales generales del 4 de octubre correrá la aplicación de sanciones por parte de la institución a partidos políticos que no rindan cuentas sobre los ingresos y gastos de campaña de sus candidatos a intendentes y concejales.
“Hay que tener en cuenta que las sanciones por incumplimiento en las elecciones internas municipales estuvieron a cargo de los órganos disciplinarios partidarios y ahí el TSJE no tuvo intervención en cuanto a las sanciones”, indicó a la 1140 AM el director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz.
Señaló también que “En este proceso para las elecciones municipales generales que se está iniciando, sí el Tribunal Electoral hace un control estricto del grado de cumplimiento y sanciona con una quita al subsidio electoral que le pudiera corresponder a la organización política por el grado del incumplimiento de sus candidatos tanto para las intendencias como para las concejalías. Las sanciones son aplicadas a las organizaciones políticas y no a los candidatos conforme a lo que establece la Ley de Financiamiento Político“.
Para las municipales generales, más de 19.000 aspirantes titulares y suplentes deberán presentar sus declaraciones de ingresos y gastos de campaña. “Revisar todas las documentaciones lleva bastante tiempo y este trabajo es realizado de manera conjunta con la Contraloría General de la República”, indicó.
Ruiz Díaz acotó: “La norma establece que, finalizadas las elecciones municipales, dentro de los 60 días, tanto las organizaciones políticas como los candidatos deben rendir cuentas de lo declarado; a partir de ahí, la dirección a mi cargo evalúa de acuerdo a nuestro sistema el grado de incumplimiento. No obstante, tenemos que controlar el cumplimiento de la formalidad de los documentos de respaldo de los gastos y eso lo hacemos a través de auditorías que también lo hace la Contraloría por 90 días”.
Señaló además: “Posteriormente, la Contraloría nos remite su informe de auditoría y también nosotros hacemos una fiscalización de todos los documentos presentados por cada uno de los candidatos. Esto nos lleva aproximadamente un año y medio, porque son varios y es el tiempo que nos da para establecer las quitas que pudieran corresponder a las organizaciones políticas“.
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Paraguay avanza hacia una economía digital más segura con la nueva Ley de Datos Personales
La Ley n.º 7.593 de Protección de Datos Personales marca un cambio significativo en la forma en que empresas, instituciones y organizaciones recopilan, almacenan y utilizan información de los ciudadanos. La normativa establece nuevos derechos para las personas, crea obligaciones más estrictas para quienes administran datos y pone en marcha una autoridad especializada de control que podrá aplicar sanciones ante incumplimientos.
Según explicó a La Nación/Nación Media, Adriana Ramos, asesora jurídica del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el principio central de la ley es que los ciudadanos recuperan el control sobre sus datos personales.
En la práctica, esto significa que cualquier persona podrá exigir información clara sobre qué datos se recopilan, para qué serán utilizados, cuánto tiempo serán conservados y si serán compartidos con terceros o transferidos al exterior.
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La legislación incorpora derechos como el acceso a la información almacenada por una empresa, la rectificación de datos incorrectos, la eliminación de registros cuando ya no exista una justificación para conservarlos, la oposición al uso de información para fines comerciales o publicitarios y la portabilidad de los datos entre distintos proveedores. También contempla la posibilidad de cuestionar decisiones tomadas exclusivamente por algoritmos o sistemas automatizados.
Para el sector privado, la normativa introduce nuevas exigencias operativas. Las empresas ya no podrán solicitar información sin una justificación válida y deberán contar con una base legal para hacerlo, ya sea mediante consentimiento del usuario, obligaciones contractuales o disposiciones legales.
Además, deberán aplicar el principio de minimización, limitándose a pedir únicamente los datos necesarios para la prestación de un servicio o la ejecución de una actividad determinada.
La ley tendrá impacto directo en sectores como el comercio electrónico, las aplicaciones móviles, los programas de fidelización, los servicios financieros, las aseguradoras, las telecomunicaciones y cualquier organización que maneje bases de datos de clientes.
También obliga a reforzar los mecanismos de ciberseguridad y establece que, en caso de filtraciones o incidentes que comprometan información personal, las empresas deberán informar a la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas.
Uno de los aspectos más relevantes es la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que funcionará dentro de la estructura del Mitic con autonomía funcional. Este organismo tendrá facultades para recibir denuncias, realizar auditorías, emitir reglamentaciones, supervisar transferencias internacionales de datos y aplicar sanciones cuando se detecten incumplimientos.
Para los ciudadanos, el procedimiento será gratuito. En caso de considerar que una empresa utilizó indebidamente sus datos, primero deberá presentar un reclamo ante la propia organización. Si no obtiene respuesta o esta resulta insuficiente, podrá acudir a la Agencia o recurrir a la garantía constitucional del hábeas data.
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