La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.

Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.

Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.

Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).

Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.

Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.

Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.

Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.

Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.

- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.

- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.

- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.

- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.

- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.

- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.

- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.

Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.

Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.

Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.

Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.

Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.

Juan Marcelo Pereira

pereira.juan.pereira@nacionmedia.com.

“En nuestro proyecto municipal tenemos una combinación muy importante entre experiencia y renovación”, indicó el candidato a intendente de Ciudad del Este, Rigoberto “Rigo” Chamorro, al destacar la nomina de candidatos a concejales municipales de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“Lo que más destaco es que tenemos un equipo diverso, con jóvenes, profesionales y personas con experiencia que conocen profundamente la realidad de Ciudad del Este. Tenemos jóvenes que quieren involucrarse, aportar ideas y asumir responsabilidades, eso para mí es fundamental, porque Ciudad del Este necesita de una nueva generación de dirigentes preparada para participar activamente en la gestión pública”, refirió en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

El empresario agregó que “no quiero concejales que estén solo para levantar la mano o acompañar decisiones. Quiero concejales que estudien los proyectos, controlen, propongan y trabajen junto a la ciudadanía. Cada candidato tiene una historia de trabajo y una capacidad que puede aportar al municipio. Nuestro equipo entiende que ser concejal implica una gran responsabilidad con los esteños, queremos recuperar el valor de la palabra, del compromiso y del trabajo. La ciudad necesita representantes que estén cerca de los barrios y escuchen permanentemente a la gente”.

La Junta Municipal de Ciudad del Este cuenta con un total de 12 bancas y la lista de aspirantes colorados se encuentra integrada por Silvio Morel, Isra Barreto, Ernesto “Poroto” Guerin, Federico González, Javito Ocampos, Juan Ángel Núñez, Karen Barreto, Hugo Barreto, Blas Guerrero, Wilberto Cabañas, Osvaldo Sánchez y Osvaldito Abadie.

“Ellos conocen nuevas formas de comunicarse, de emprender y de encontrar soluciones por eso quiero que tengan un protagonismo real dentro de nuestro proyecto. La renovación no significa dejar de lado la experiencia, sino sumar nuevas capacidades. Ese es el equipo que estamos construyendo: plural, preparado y comprometido con Ciudad del Este, ya que queremos incorporar nuevas herramientas de gestión, tecnología y transparencia. Los jóvenes tienen mucho que aportar en ese proceso”, comentó.

Chamorro agregó también que “más que pedir un voto por una persona, queremos que los ciudadanos conozcan qué equipo estamos proponiendo y qué queremos hacer. Nuestra propuesta parte de una idea sencilla: el municipio debe estar al servicio de la gente, necesitamos concejales que acompañen los buenos proyectos, pero que también ejerzan con responsabilidad su función de control, queremos una Junta Municipal que debata, estudie y proponga soluciones ya que Ciudad del Este tiene enormes posibilidades, pero también problemas que necesitan gestión y planificación, por eso estamos incorporando profesionales y jóvenes con ganas de trabajar”, puntualizó.

Añadió que los candidatos a edil que logren la victoria en las elecciones del 4 de octubre tendrán como principal desafío de estar permanentemente en los barrios, escuchando y dando soluciones a sus reclamos. “Escuchar a los vecinos debe ser una práctica cotidiana, no una actividad de campaña. Queremos trabajar con transparencia y con objetivos concretos, la gente debe poder saber qué se propone, cuánto cuesta y qué resultados se obtienen. A la vez queremos que los concejales sean accesibles y rindan cuentas de su trabajo ya que tenemos una visión de municipio moderno, eficiente, cercano y creemos que para lograrlo necesitamos un equipo que comparta una misma responsabilidad”, dijo.

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Señaló además que “la diferencia que quiero marcar está en nuestra forma de entender el trabajo municipal, con los candidatos a concejales colorados creemos en una política municipal basada en propuestas y resultados. Ciudad del Este necesita menos confrontación estéril y más capacidad de construir soluciones, ese es el camino que estamos planteando con nuestros candidatos”.

A la vez manifestó que desde el Partido Colorado apuntan a conseguir una representación sólida en la Junta Municipal que posibilite la concreción de su plan de gobierno, pero más allá de los números de bancas a conquistar, la meta es ganarse la confianza de los pobladores esteños con propuestas y presencia.

“Nuestro objetivo es lograr una representación que nos permita llevar adelante el proyecto que estamos presentando a la ciudadanía, pero no quiero reducir nuestra campaña a una discusión de números. Cada banca representa la confianza de un ciudadano y, por lo tanto, una responsabilidad enorme. Desde nuestro proyecto estamos trabajando para conseguir el mayor respaldo posible de los esteños, queremos que nuestro equipo tenga una representación sólida en la Junta Municipal debido a que eso nos permitirá impulsar las propuestas que estamos preparando para la ciudad, pero también entendemos que una elección se construye con trabajo y escuchando a la gente”, puntualizó.

Chamorro acotó: “No estamos haciendo una campaña desde una oficina, estamos recorriendo los barrios, conversando con vecinos y recogiendo propuestas. Nuestro objetivo es presentar candidatos que representen diferentes sectores de la ciudad y la cantidad de bancas será finalmente una decisión de los ciudadanos. Nosotros vamos a trabajar para obtener el respaldo necesario para contar con un equipo fuerte en la Junta y cualquiera sea la cantidad de concejales electos, el compromiso debe ser el mismo: trabajar por Ciudad del Este. Nuestra meta es ganar la confianza de la gente con propuestas, presencia y trabajo”.

Al ser consultado sobre la visión de trabajo que mantendrá con su equipo de candidatos a concejales de lograr la victoria en las municipales, Chamorro declaró que “la primera regla será trabajar como equipo, no quiero una intendencia por un lado y concejales por otro. Tenemos que construir una visión común de ciudad y trabajar coordinadamente, eso no significa que los concejales pierdan su independencia ni su función de control al contrario, necesitamos una Junta activa, responsable y comprometida. Vamos a establecer prioridades claras para los primeros años de gestión: infraestructura, servicios, ordenamiento, seguridad vial, espacios públicos, desarrollo económico y atención a los barrios serán parte de esa agenda”.

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En el marco de un operativo conjunto entre la Policía Federal y el Ministerio de Trabajo de Brasil, se pudo lograr el rescate de varios paraguayos que estaban en una granja situada en Puerto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. Las autoridades de dicho país sospechan que los compatriotas trabajaban en situación irregular en una granja perteneciente al candidato a diputado federal Aparecido Carlos Bernardo.

De acuerdo con el informe oficial, un total de 23 trabajadores en situación irregular fueron localizados en una propiedad perteneciente al candidato a diputado. Según la publicación del medio G1, los compatriotas no se encontraban registrados como trabajadores de manera formal, además de sufrir una retención de sus salarios y verse impedidos de abandonar las instalaciones.

La Policía Federal recibió una denuncia contra dicho establecimiento por supuestamente reclutar trabajadores extranjeros y mantenerlos en la propiedad en una situación de vulnerabilidad. Durante el allanamiento, los intervinientes también incautaron 14 armas de fuego, incluyendo fusiles de grueso calibre, además de municiones. Dichas armas no estaban registradas y a algunas les habían borrado los números de serie.

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En declaraciones a G1, Bernardo negó las denuncias en su contra, afirmando que sus empleados no se encuentran registrados formalmente por decisión personal. Asimismo, señaló que les brinda todas las comodidades, distribuyendo sus tareas en turnos y proveyéndoles aire acondicionado.

El político y empresario -quien es propietario de la Universidad Interamericana y fue CEO de la Universidad Central de Pedro Juan Caballero- sostuvo que la operación llevada a cabo en su granja es resultado de una “persecución política”, negando la existencia de trabajos forzosos o situaciones fuera de lo habitual. Asimismo, el político estaría ligado a otras actividades presuntamente ilícitas que están bajo investigación del Brasil y de Paraguay.

Igualmente, la sede actual de la Universidad Interamericana pertenece a la firma Ypyta y se encuentra en pleno litigio judicial en Asunción.

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La destrucción que sufrió Ciudad del Este en estos últimos ocho años es una situación nunca vista. El cambio que prometió Miguel Prieto al ubicarse en la intendencia con la caída de lo que señalaba una hegemo­nía colorada, fue una gran mentira que, sus actos en la municipalidad hicieron tocar fondo a esta ciudad cuyas calles, avenidas, plazas como demás espacios públicos están sumidos en la basura y el deterioro.

La ciudad entera está en la decadencia, esta es una realidad que no se había dado ni en los tiempos de las administraciones más denunciadas en la historia de la ciudad como fue principalmente, la gestión muni­cipal que antecedió a la de Miguel Prieto.

Prieto y sus amigos tomaron la municipa­lidad de Ciudad del Este después de una intervención política impulsada con una maratónica campaña mediática. El obje­tivo, a todas luces siempre fue delegar el poder en la administración a los opositores al partido colorado y lo consiguieron, pero los resultados que dejan luego de esa toma de hace ocho años son deplorables.

La mentira, la desidia y la corrupción se apoderó de Ciudad del Este. Más grave aún es que el estado de terapia intensiva admi­nistrativa y estructural está solapado por una hipocresía mayoritaria de los medios de comunicación que, sin desparpajo se desentienden y hasta intentan blanquear ante la opinión pública al exintendente des­tituido precisamente por actos de corrup­ción. Esta zona fronteriza del país, en gran medida es la antesala del territorio nacio­nal, es la primera impresión para quienes cruzan el puente de la Amistad o arriban de afuera al aeropuerto de Guaraní. Por ello es altamente nocivo para la imagen, el estatus país el semblante de Ciudad del Este que, hoy es noticia a nivel internacional por el basural que la inunda.

La última lluvia que removió las toneladas de basura, entre los que se podía ver monto­nes de desechos peligrosos, objetos cortan­tes, etc. puso ante los ojos del país y de otros países vecinos el estado calamitoso de Ciu­dad del Este. Esto es apenas una parte de este distrito carcomido por la corrupción en toda su extensión.

Las calles de Ciudad del Este están rotas, asfaltos llenos de pozos, pese a que Prieto y sus amigos pagaron miles de millones por una planta asfáltica, insumos de mantenimiento de pavimentos. La zona comercial como varios otros sitios están atascados de basura, chatarras, esto es una bomba de tiempo en una ciudad que moviliza hasta 100.000 perso­nas por día en su área comercial.

Las condiciones mencionadas de la ciudad son producto de la desidia y la corrupción, principalmente. Ocho años del prietismo han representado el mayor asalto a las arcas de municipalidad mediante la admi­nistración fraudulenta que sistematizaron en la institución.

Las maniobradas contrataciones públicas, la desmedida repartija, el perjuicio patri­monial con millonarios pagos sin contra­prestación de los servicios, el nepotismo voraz sin mayor productividad más que la complicidad en los fatos del exintendente y su camarilla de angurrientos, hicieron tocar fondo a Ciudad del Este.

El descaro imperante por mantener el zoquete y seguir manoteando los recursos municipales tienen a toda la gavilla enfo­cada en la reelección del sucesor de Prieto, Daniel Pereira Mujica. El secretario del exintendente, ubicado al frente de la muni­cipalidad en este momento, Pedro Acuña está realizando llamados a contratación a mansalva, con el mismo modus operandi de asegurar millonarios desembolsos en con­cepto de anticipo, en plena campaña elec­toral.

Este sistema de apurar licitaciones, de sacar llamados a mansalva, previa eleccio­nes es habitual por parte de la rosca empo­trada en la municipalidad desde la llegada de Prieto. Están acostumbrados a las rifa­das de la plata de la gente en busca de sos­tener el zoquete, no les importa sacrificar obras, infraestructura, sino liberar fondos.

En este contexto, queda muy pocas espe­ranzas a esta ciudad. La única alternativa es que en las urnas se acabe con el festín y el sufrimiento de un distrito que tiene todo el potencial de ser una zona de desarrollo.

Los resultados de la gestión de quienes están al mando de la comuna están a la vista, la decisión depende de los dueños de casa que son los contribuyentes de Ciudad del Este. La hipocresía que disfraza la mala gestión está en una instancia clave, acabar con la desidia y la corrupción dependerá del poder concedido o retirado mediante las urnas.