Agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público realizaron un allanamiento en la mañana de este jueves, en una casaquinta de Minga Guazú, en seguimiento a la investigación sobre el asalto a bancos en Santa Rita. El procedimiento tuvo lugar en el km 25 Monday, en el presunto refugio de la banda que habría asaltado cuatro entidades financieras en Santa Rita, durante la madrugada del pasado martes.

En el sitio fueron detenidas cinco personas, dos de ellas supuestos miembros del PCC, un paraguayo y un ciudadano brasileño, vinculados a la banda que cometió el asalto tipo comando.

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La Policía Nacional confirmó el hallazgo del presunto aguantadero de la banda responsable del megaasalto a los bancos en Santa Rita. En el lugar se hallaron numerosas evidencias. Se incautaron chalecos, pelucas, chalecos antibalas, armas, proyectiles, clavos miguelito, guantes, dinero en efectivo. También se incautó un vehículo.

El director de Investigación Criminal, comisario general Marcelino Espinoza, aseguró que existen “evidencias suficientes” y una “certeza total” de que el lugar funcionaba como base operativa del grupo criminal.

Los detenidos miembros del PCC fueron identificados como Emanuel Cidade Campos (21), alias Guaraní, de nacionalidad brasileña, y Leandro Alfredo Portillo Achucarro (30), paraguayo. El ciudadano brasileño sería el que preparó la dinamita utilizada en el atraco. Portillo Achucarro, por su parte, integraba el brazo operativo y logístico de la banda.

“En el 2024 hemos allanado en Juan León Mallorquín otra granja similar a esta granja donde hemos abatido a dos sujetos y se encontró a un ciudadano de nacionalidad brasileña, que en aquella oportunidad fue el único que se había escapado”, informó a los medios el jefe policial.

Las autoridades vinculan a los dos detenidos directamente con los ataques a los bancos Familiar y GNB en la madrugada del martes. “Podemos asegurar 1000 por 1000 que son integrantes de este grupo criminal que ha atentado con arma de fuego de grueso calibre contra las entidades bancarias en la ciudad de Santa Rita”, expresó a la 1080 el comisario Marcelino Espinoza.

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El Ministerio de Justicia sospecha de complicidad de los guardias tras hallazgo de drogas y objetos prohibidos en Minga Guazú.

El Ministerio de Justi­cia inició una inves­tigación interna en el penal de Minga Guazú luego de que dos requisas realiza­das entre el feriado del vier­nes y el sábado último per­mitieran descubrir celulares, drogas y otros objetos prohi­bidos en poder de personas privadas de libertad.

La inspección se realizó en los módulos 6 Alta y 7 del Cen­tro Penitenciario de Rein­serción Social, donde fueron incautados cinco celulares, cargadores y porciones de presunta cocaína (68,2 gra­mos) y marihuana (91,3 gra­mos) en una de las celdas del módulo 6.

Asimismo, los intervinien­tes hallaron cables, alargues caseros, armas de fabricación artesanal y detectaron com­partimientos clandestinos ocultos bajo el piso y cone­xiones eléctricas irregulares utilizadas para mantener en funcionamiento los disposi­tivos móviles.

Además, en el procedimiento efectuado en el pabellón A Alta localizaron frutas en proceso de fermentación que presun­tamente eran utilizadas para la fabricación clandestina de bebidas alcohólicas.

Tras el hallazgo, el director del penal, Saúl Hugo Salinas Gon­zález, comunicó el hecho a la Policía Nacional. Agentes de la Comisaría 8.ª de Minga Guazú acudieron al lugar y solicitaron la intervención del Departa­mento Antinarcóticos.

El caso fue comunicado al fis­cal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Elvio Aguilera, quien dispuso la remisión de las sustancias y los aparatos incautados a su unidad para las diligencias correspondientes.

El operativo se realizó tras previos controles motivados por avistamientos de drones cerca de módulos de internos de alto perfil y tras recientes traslados disciplinarios en el penal. El operativo derivó en la separación de varios internos considerados de alta peligrosidad, a fin de reducir riesgos y mantener el control dentro del establecimiento.

Por su parte, la Dirección de Asuntos Internos y Antico­rrupción abrió una investi­gación para determinar cómo ingresaron los objetos prohi­bidos al establecimiento y si existió participación o com­plicidad de funcionarios peni­tenciarios en estos hechos. Las autoridades anunciaron que se analizarán todas las evidencias para identificar posibles responsables.

El Ministerio de Justicia inició una investigación interna en el penal de Minga Guazú luego de que dos requisas realizadas entre el feriado del viernes y el sábado último permitieran descubrir celulares, drogas y otros objetos prohibidos en poder de personas privadas de libertad.

La inspección se realizó en los módulos 6 Alta y 7 del Centro Penitenciario de Reinserción Social, donde fueron incautados cinco celulares, cargadores y porciones de presunta cocaína (68,2 gramos) y marihuana (91,3 gramos) en una de las celdas del módulo 6.

Asimismo, los intervinientes hallaron cables, alargues caseros, armas de fabricación artesanal y detectaron compartimientos clandestinos ocultos bajo el piso y conexiones eléctricas irregulares utilizadas para mantener en funcionamiento los dispositivos móviles.

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Además, en el procedimiento efectuado en el pabellón A Alta localizaron frutas en proceso de fermentación que presuntamente eran utilizadas para la fabricación clandestina de bebidas alcohólicas.

Tras el hallazgo, el director del penal, Saúl Hugo Salinas González, comunicó el hecho a la Policía Nacional. Agentes de la Comisaría 8ª de Minga Guazú acudieron al lugar y solicitaron la intervención del Departamento Antinarcóticos.

El caso fue comunicado al fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Elvio Aguilera, quien dispuso la remisión de las sustancias y los aparatos incautados a su unidad para las diligencias correspondientes.

El operativo se realizó tras previos controles motivados por avistamientos de drones cerca de módulos de internos de alto perfil y tras recientes traslados disciplinarios en el penal. El operativo derivó en la separación de varios internos considerados de alta peligrosidad, a fin de reducir riesgos y mantener el control dentro del establecimiento.

Por su parte, la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción abrió una investigación para determinar cómo ingresaron los objetos prohibidos al establecimiento y si existió participación o complicidad de funcionarios penitenciarios en estos hechos. Las autoridades anunciaron que se analizarán todas las evidencias para identificar posibles responsables.

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¿Qué tan preparados están los controles migratorios para identificar el ingreso de personas con posibles agendas ocultas?, surge esta interrogante que alcanza a Paraguay, luego de revelarse recientemente un caso en Argentina que expone la existencia de una presunta red de influencia que habría buscado incidir en la opinión pública mediante medios de comunicación y operadores digitales.

El material periodístico elaborado por el diario digital Hoy Paraguay, detalla que de acuerdo a las investigaciones realizadas, durante el 2024 se habría desplegado una campaña destinada a atacar al gobierno del presidente del vecino país, Javier Milei. Detrás de la operación aparecía una red denominada “La Compañía”, identificada como una estructura de propaganda vinculada al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, que habría financiado la publicación de contenidos en medios argentinos mediante periodistas o colaboradores que operaban bajo identidades poco claras o directamente falsas.

El caso generó repercusión no solamente por el contenido de las publicaciones, sino por una pregunta que comenzó a surgir en los países de la región: ¿Qué tan preparados están los Estados para detectar a personas que ingresan con actividades o intereses diferentes a los que declaran oficialmente?

“De entrada, se nombra a Argentina, hablando de cifras como USD 2.000 o USD 2.500 por reportaje o nota en los principales medios. Se trataba de una organización que operaba desde La Paz, Bolivia, y que se encargaba de manipular información rusa, pro-Putin, pro Irán y pro Venezuela. Desde dicho centro de operaciones se contactaba a periodistas, influencers y medios para distribuir información falsa”, comentó el periodista y corresponsal de GEN en Europa, Christian Martin, quien analizó públicamente el caso y argumentó que Paraguay no debería sentirse ajeno a este tipo de riesgos.

Martin acotó que “es un mercado pequeño, pero también un país permeable por su ubicación geográfica y porque el ingreso resulta relativamente sencillo en comparación con otras naciones”.

Ante esa inquietud, el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, fue consultado en torno a los mecanismos de control aplicados a los extranjeros que buscan radicarse en Paraguay. Al respecto, indicó que el principal requisito es la presentación de los antecedentes penales del país de origen o del último país donde la persona haya residido durante los tres años anteriores.

“Ese es el documento insoslayable y el inevitable que debe poseer una persona”, afirmó. A ello se suma la verificación de datos a través de la Interpol, con el objetivo de detectar pedidos de captura internacional o cualquier otra alerta vigente.

Agregó que existen perfiles específicos que requieren controles adicionales, aunque aclaró que esos procedimientos forman parte de trabajos de inteligencia y, por razones de seguridad, no pueden ser divulgados públicamente.

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Uno de los fenómenos observados por las autoridades migratorias en los últimos años fue el incremento de ciudadanos provenientes de Rusia y Ucrania. De acuerdo a Kronawetter, este movimiento se dio principalmente como consecuencia de la guerra entre ambos países.

“Desde el 2024 se produjo un incremento en cuanto a ingresos de ciudadanos de origen ruso y ucraniano, como consecuencia del conflicto bélico entre ambas naciones. Nuestro país ha efectuado acciones concretas en el área de inteligencia, con agencias nacionales e internacionales, a fin de definir perfiles de riesgo y cruzar información sobre aquellos migrantes que puedan encajar en dichos perfiles”, refirió.

Agregó que este trabajo se viene desarrollando de manera sostenida desde el inicio del conflicto y que ha permitido obtener resultados positivos en materia preventiva.

Más allá de los controles, los números muestran que Paraguay atraviesa un momento de fuerte crecimiento en cuanto al interés de extranjeros por radicarse en el país. Informaciones de la Dirección Nacional de Migraciones señalan que durante el 2025 se registraron 47.687 solicitudes de residencia, cifra que representa un aumento superior al 63 % respecto al año anterior.

En ese mismo período fueron otorgadas 40.600 residencias, lo que implica un crecimiento superior al 42 %. Las razones son variadas. Algunos llegan atraídos por las oportunidades de inversión, otros por cuestiones laborales o académicas, mientras que muchos valoran aspectos como la estabilidad económica, el costo de vida o las menores restricciones en comparación con otros países.

Brasil encabeza actualmente la lista de extranjeros que más solicitan residencia en Paraguay. Le siguen Argentina y Alemania. Más atrás aparecen Bolivia, España, Venezuela, Países Bajos, Estados Unidos, Rusia y Francia.

Kronawetter comentó que la mayoría de los extranjeros opta inicialmente por la residencia temporal, un documento que permite permanecer legalmente en el país durante dos años. “Durante ese tiempo, evalúan si lo que los trajo al Paraguay cumple con sus expectativas. Luego pueden avanzar hacia la residencia permanente, que exige otro tipo de documentación”, puntualizó.

Los antecedentes penales, los controles migratorios y los cruces de información internacional constituyen hoy las principales herramientas para filtrar el ingreso de extranjeros. Sin embargo, casos como el revelado en Argentina muestran que algunas amenazas modernas no necesariamente llegan con antecedentes judiciales ni pedidos de captura. En ocasiones, las actividades que generan preocupación aparecen mucho después del ingreso al país.

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