Agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná realizaron un allanamiento en la ciudad de Encarnación, en el marco de la investigación del asalto perpetrado contra una sucursal bancaria en el distrito de Naranjal. Incautaron vehículos y fue detenida una persona.
El procedimiento se llevó a cabo este viernes, alrededor de las 04:30, en una vivienda ubicada en el barrio Curupayty y derivó en la detención de un sospechoso y la incautación de varios elementos.
El operativo forma parte de 11 allanamientos simultáneos desplegados esta madrugada por la Policía Nacional en los departamentos de Alto Paraná, Caazapá e Itapúa en busca de los integrantes del grupo comando que hizo estallar un banco en Naranjal.
Durante el operativo fue detenido César Antonio Ramírez Roa, alias Largo, quien contaba con orden de captura en la causa abierta por supuesto hurto agravado en banda.
En el lugar, los intervinientes incautaron una camioneta Toyota Fortuner de color blanco, que presenta indicios de posible adulteración en el número de chasis, además de un automóvil Chevrolet Onix de dudosa procedencia.
También fueron hallados 27 cartuchos sin percutir de calibres 40 y 9 mm, tres teléfonos celulares y una caja con documentos. El allanamiento estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná en conjunto con la fiscal María del Carmen Meza, de la Unidad Penal de Naranjal.
El procedimiento, llevado a cabo por personal de Hechos Punibles de la Policía Nacional continúa en curso. El asalto al banco Sudameris en Naranjal ocurrió el 26 de febrero pasado, ocasión en la que 15 a 20 desconocidos llegaron con explosivos, detonaron la sede y se llevaron el dinero de la bóveda
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Caso Ueno Bank: detienen a dos exdirectivos del BCP y uno está prófugo
En el marco de la investigación del caso Ueno Bank continúan los allanamientos. En ese sentido, detuvieron este viernes a dos exmiembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y allanan la vivienda de Marco Aurelio González.
La Fiscalía confirmó a tempranas horas de hoy la detención de Miguel Ángel Mora y Liana Emilce Caballero Krause, exdirectores de la banca matriz. Asimismo, procedieron al allanamiento de la vivienda de Marco Aurelio González , quien se encuentra prófugo de la justicia. Los agentes no hallaron a Marco Aurelio en su domicilio.
Los directivos son investigados bajo la sospecha de haber incurrido en lesión de confianza, debido a que los mismos tuvieron conocimiento directo y temprano de la crítica situación institucional y solvencia de Ueno Bank, según datos manejados por los intervinientes.
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Conforme a los antecedentes y elementos colectados por el Ministerio Público, los tres habrían incurrido en la comisión de hechos punibles de lesión de confianza en el marco de la supervisión y control de Ueno Bank, atendiendo que no evitaron el perjuicio patrimonial de los ahorristas pese a tener amplio conocimientos de la situación del banco afectado por irregularidades administrativas.
En ese sentido, el expediente fiscal señala que en su carácter de miembros del Directorio del BCP, los citados directivos tuvieron conocimiento directo y temprano de la crítica situación institucional y de solvencia de Ueno Bank ya desde diciembre de 2025.
Asimismo, en febrero de 2026 en el seno del Directorio ya fueron alertados sobre el incumplimiento de los compromisos asumidos en el plan de factibilidad de 2024, la modificación irregular de fideicomisos sin autorización del cuerpo colegiado y las operaciones excesivas con compras vinculadas, tales como Redipro y Redisa por aproximadamente USD 140 millones, en infracción al artículo 43 de la Ley General de Bancos. Sin embargo, no tomaron medidas al respecto.
Liana Emilce Caballero Krause, exintegrante del Directorio y expresidenta interina del Banco Central del Paraguay (BCP), fue capturada durante un allanamiento realizado este viernes, en el marco de los procedimientos que se desarrollan en la investigación.
Con esta detención, ya son dos los expresidentes interinos del BCP capturados: Miguel Ángel Mora y Liana Caballero. En tanto, Marco Aurelio González cuenta con orden de detención, no fue localizado en su domicilio y permanece prófugo. No obstante, continúan los procedimientos.
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Certifican a trabajadores hoteleros para elevar la calidad del turismo
La iniciativa alcanzó a 21 colaboradores del Rio Hotel by Bourbon Ciudad del Este, cuyas capacidades en gastronomía y hospitalidad fueron reconocidas mediante un proceso de evaluación laboral.
La profesionalización del capital humano gana espacio dentro de la industria turística paraguaya. Un total de 21 trabajadores del Rio Hotel by Bourbon Ciudad del Este recibieron certificados de competencias laborales, tras un proceso que permitió validar formalmente sus conocimientos, habilidades y experiencia en distintas áreas de la actividad hotelera.
La iniciativa fue impulsada conjuntamente por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), con el propósito de fortalecer los estándares de atención y contribuir a la calidad de los servicios ofrecidos a los visitantes.
Los colaboradores certificados desempeñan funciones fundamentales para el funcionamiento del establecimiento, entre ellas mozos, mucamas y cocineros. Se trata de perfiles que tienen contacto directo con la experiencia de los huéspedes y forman parte de la cadena de valor de la actividad turística.
Reconocer la experiencia y las capacidades. El proceso de certificación busca dar reconocimiento formal a las competencias que los trabajadores adquirieron tanto mediante la formación como a través de su experiencia profesional. De esta manera, las habilidades desarrolladas en el ámbito laboral pueden contar con un respaldo institucional que contribuya a fortalecer sus perfiles y oportunidades de crecimiento.
El acto de entrega de certificados contó con la participación del ministro de Turismo, Javier Ramírez; la directora del Registro de Instituciones de Formación y Capacitación Laboral (REIFOCAL) de Sinafocal, Ylvi Acuña; y el gerente general del hotel, Marcio Hanai.
Capital humano como factor competitivo. La articulación entre las instituciones públicas y el sector privado apunta a fortalecer las capacidades de quienes trabajan en la industria turística, un componente clave para mejorar la competitividad de los establecimientos y los destinos.
Con esta iniciativa, Senatur destaca la valoración del talento humano como parte del desarrollo de la oferta turística de Alto Paraná y del Paraguay, vinculando la formación y la experiencia laboral con las necesidades de una industria que requiere cada vez mayores niveles de profesionalización.
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Ueno Bank: imputan al superintendente de Bancos por lesión de confianza y piden su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo y Verónica Valdez Rivas formularon imputación contra el superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor. Esto se da en el marco de la causa penal que investiga presuntas irregularidades relacionadas con las operaciones de Ueno Bank S.A. y el ejercicio de las funciones de supervisión del sistema financiero.
Asimismo, los fiscales pidieron al Juzgado de Garantías la prisión preventiva del imputado. Ante este pedido, el juez Humberto Otazú ya admitió la imputación y fijó para este viernes, a las 08:45, la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si Insfrán va a prisión o recibe medidas alternativas.
En la presente causa penal también están imputados el expresidente de la República Santiago Peña, así como el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. En el caso del exjefe de Estado, el mismo se encuentra privado de libertad en el Regimiento Escolta Presidencial, mientras que Carvallo está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
Según el acta de imputación, el superintendente habría tomado conocimiento formal, el 29 de abril de 2026, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno Bank, entre ellas Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.
La representación fiscal sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.
Asimismo, la investigación señala que el 16 de junio de 2026 se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente USD 74,4 millones. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.
Otro de los hechos atribuidos se refiere al tratamiento de un informe técnico remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, que advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera. Según el acta de imputación, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin haber sido elevado formalmente al Directorio de la institución. La Fiscalía también atribuye al imputado la presunta falta de impulso de medidas correctivas y el no haber comunicado oportunamente al Directorio del BCP la necesidad de adoptar disposiciones ante las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando operaciones financieras.
Como parte de las diligencias investigativas, los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Elena Fiore Franco encabezaron un allanamiento en la vivienda del superintendente, donde se ejecutó una orden de detención previamente dispuesta por el Ministerio Público. Durante el procedimiento fueron incautados documentos relacionados con sus funciones, computadoras, un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
Asimismo, se inspeccionaron dos vehículos. En uno de ellos fueron halladas maletas vacías, mientras que en el otro se localizaron documentos y una computadora de trabajo, que también fueron incautados. Los elementos recolectados serán sometidos a los análisis y pericias correspondientes para determinar su eventual relevancia para la investigación.
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Autoridades partidarias y dirigentes de Alto Paraná piden cambio de Justo Zacarías
Presidentes y miembros de seccionales, convencionales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y dirigentes de Alto Paraná emitieron una postura sobre la preocupante situación que envuelve a la resolución de Ueno Bank y sus consecuencias, en este caso para las entidades del Estado, y en especial para la Itaipú Binacional.
En un comunicado a la opinión pública, las autoridades partidarias y dirigentes exigieron la destitución inmediata del director de la Itaipú, Justo Zacarías, y de todo funcionario implicado, como así también la apertura de una investigación fiscal, sin demoras, por el presunto “latrocinio del dinero público”.
“Expresamos nuestra profunda indignación ante la colocación irresponsable de USD 163,8 millones y G. 115.200 millones de recursos vinculados a Itaipú a Ueno Bank. Se trata de una operación que compromete dinero público y exige explicaciones inmediatas, claras y documentadas”, exhorta el escrito emitido por la dirigencia altoparanaense.
Con estos argumentos, la nota refiere: “Ante la gravedad de los hechos y los cuestionamientos a la gestión de la dirección general paraguaya, exigimos la destitución inmediata de Justo Zacarías Irún. La ciudadanía no puede conformarse con exusas ni comunicados: quienes administran recursos públicos deben responder por sus decisiones”.
Así también, exigen a la fiscalía que actúe de manera inmediata, realizar una investigación sobre los que autorizaron, ejecutaron o encubrieron la operación, y se determine si hubo hechos punibles. “Si existieron cómplices o encubridores, deben ser identificados, llevados ante la justicia. No puede haber protección política ni privilegios para nadie. El presunto latrocinio del dinero público debe esclarecerse hasta el final. El silencio y la impunidad no son una opción”, reza el comunicado.
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