Este viernes, culminó el juicio contra Mario Benítez Melgarejo y el Tribunal de Sentencia lo condenó a 28 años de pena privativa de libertad por el feminicidio de su esposa y su hija de 14 años. La condena se logró luego de casi 3 años del crimen que dejó conmocionado al departamento de Canindeyú.
El agente fiscal Abelino Bareiro había solicitado 30 años de prisión para el hombre. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Hugo Medina, Sofía Jiménez y Bonifacio Rojas condenó al acusado a 28 años de prisión.
“Se trata de la pena más alta en el departamento por el hecho punible de feminicidio”, expresaron desde el Ministerio Público. El hombre habría asesinado a su esposa Fátima Yegros Duarte, de 33 años, y a su hija Gladys Mabel Benítez Melgarejo en setiembre del 2023.
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Antecedentes
El hecho ocurrió el 10 de setiembre de 2023, en una vivienda ubicada en la colonia Jamaica del distrito de La Paloma del Espíritu Santo, donde Benítez Melgarejo discutió con su pareja, en presencia de sus cinco hijos. Este le manifestó a su pareja que “le iba a solucionar su problema”.
Seguidamente, bajó la llave de la energía eléctrica, tomó un cuchillo y atacó a su esposa, a quien apuñaló en varias ocasiones. Al ver esto su hija intentó socorrer a su madre, momento en que el hoy condenado también la hirió con el cuchillo en la zona del abdomen. Madre e hija fueron auxiliadas por vecinos, pero fallecieron a raíz de las heridas.
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Condenan a 20 años de prisión a un hombre por homicidio de joven hallado en el río
- Ciudad del Este. Agencia regional
En julio del año 2025 vecinos del barrio Tres Fronteras se habían movilizado por la aparición de un joven vecino y luego, con el hallazgo de su cuerpo en el río Paraná, se aglomeraron en el puerto y después en la funeraria para exigir justicia. Poco antes de su desaparición, el joven “pasero” había estado compartiendo con otros vecinos.
Por ese caso fue condenado a 20 años de prisión Juan Eugenio Medina Ávalos (37), alias “Keño”, al ser hallado culpable de homicidio doloso en el juicio oral que concluyó este martes 22 de setiembre en el Poder Judicial de Ciudad del Este. El fiscal Alberto Torres es quien realizó la acusación.
El Tribunal de Sentencia fue presidido por el juez Fabio Aguilar Benítez e integrado por sus pares Serafín González y Vitalia Duarte.
El homicidio juzgado ocurrió el 20 de julio de 2025, alrededor de las 3:00, en la ribera del río Paraná, en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco.
En esa ocasión, Francisco Daniel López Peña, conocido como “Lope’i”, fue al lugar junto con otras personas con la intención de recuperar una motocicleta Kenton GTR 150, de color rojo, que se encontraba en poder de Cristhian Javier Aranda Benítez.
Según lo expuesto en juicio, en esa ocasión, Medina Ávalos, quien se desempeñaba como “campana” de un puerto clandestino, abordó al grupo con un rifle y efectuó varios disparos.
Uno de los proyectiles alcanzó a López Peña y le provocó la muerte. Posteriormente, Medina Ávalos solicitó una embarcación para trasladar el cuerpo y arrojar al río Paraná.
El cadáver fue localizado el 31 de julio de 2025 en la costa de Domingo Martínez de Irala. El informe médico forense determinó que la víctima presentaba un orificio de entrada y otro de salida de arma de fuego en el tórax, y diagnosticó como causa de muerte un shock hipovolémico por disparo de arma de fuego.
Las imágenes y audios de las cámaras de circuito cerrado resultaron relevantes para el tribunal, al registrar los disparos, el pedido de auxilio de la víctima y la posterior secuencia del traslado del cuerpo, según lo analizado en el juicio.
A estas evidencias se sumó un conjunto de elementos probatorios reunidos durante la investigación a cargo del fiscal Alberto Torres. Se sumaron documentos, informes policiales, declaraciones testimoniales, pericias y registros obtenidos durante los distintos procedimientos, con los cuales se sostuvo la acusación y la responsabilidad penal de Medina Ávalos.
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Corte ratifica condena a farandulero Carlos Viveros quién pagará G. 330 millones a víctima de estafa
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de dos años de cárcel contra el farandulero Carlos Viveros, por haber estafado al empresario Óscar Amarilla, propietario de la firma OMAM SA, en la venta de un vehículo Ford Mustang negro, año 2015.
Con esta resolución de la máxima instancia judicial, se ratifican las decisiones adoptadas por un tribunal de sentencia que, en octubre de 2025, halló culpable a Viveros por el delito de estafa, y la de un tribunal de apelación que, en abril de 2026, confirmó la pena. Los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia declararon inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del condenado, por lo que la sentencia queda firme.
Asimismo, con la resolución adoptada por la máxima instancia judicial, el condenado Carlos Viveros deberá resarcir —en un plazo de 36 meses— el perjuicio económico sufrido por la víctima, Óscar Amarilla, el cual asciende a aproximadamente G. 330 millones.
Los ministros de la Sala Penal consideraron que el escrito presentado por la defensa del condenado no cumple con los requisitos formales exigidos por la ley para considerarlo debidamente fundamentado. Por lo tanto, corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto y, por ende, confirmar la sentencia condenatoria para Viveros Cabral.
Fallo de segunda instancia
En su momento, los integrantes del tribunal de apelación —integrado por Adriana Giagni, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas— confirmaron la condena de dos años de cárcel contra Carlos Viveros. Los camaristas señalaron que “resultaron sumamente relevantes las declaraciones de Óscar Marcelo Amarilla Montiel, quien describió la forma en que acontecieron los hechos”.
Este testimonio se corroboró con las declaraciones de Horacio Cohelo De Souza, quien conocía la operación de compra del Mustang, y de Emanuel Martínez, comprador del vehículo Mercedes-Benz entregado como parte de pago. Asimismo, los jueces de segunda instancia mencionaron que durante el juicio oral se presentaron pruebas documentales clave, tales como el contrato de compraventa donde se establecieron los términos del acuerdo y otros documentos que acreditan la responsabilidad del hoy condenado.
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Antecedentes
La carpeta fiscal refiere que Viveros vendió un Ford Mustang a la empresa de Óscar Amarilla, quien entregó dinero en efectivo y un Mercedes-Benz como parte de pago. Sin embargo, el Mustang contaba con una orden de embargo previa, lo que derivó en el secuestro del automóvil y dejó al comprador sin el bien y sin el dinero invertido.
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Defensa critica pedido fiscal y dice que desorden de la universidad y del MEC no es culpa de Rivas
La abogada Alba Zaracho, representante legal del exsenador Hernán David Rivas —quien es juzgado por tener título de abogado dudoso—, calificó como infundada la solicitud de 12 años de cárcel realizada por el Ministerio Público. La defensora argumentó que el porcentaje del alegato dedicado exclusivamente a la conducta de Rivas fue muy inferior al tiempo empleado para cuestionar a los testigos y analizar sus declaraciones en el juicio oral.
Asimismo, la defensa del exsenador sostuvo que la acusación se basó, fundamentalmente, en la falta de archivos o antecedentes académicos de Hernán Rivas en la Universidad Sudamericana, así como en cuestiones relacionadas con la habilitación de la carrera de Derecho ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Sin embargo, enfatizó que el desorden administrativo y documental no puede atribuirse al alumno, ya que este no tiene injerencia en la organización de la institución educativa.
Por otra parte, la defensa de Rivas señaló que la Fiscalía inició la causa recién en el año 2023, a raíz de la denuncia de la exfiscal Casse Jiménez, a pesar de que ya existía una denuncia previa presentada por el abogado Federico Campos López Moreira con fecha del 11 de junio de 2020 (dos días después del registro del título de Rivas en el MEC).
También recordó que existía la posibilidad de iniciar la investigación de oficio en ese mismo año. Al postergarse la investigación hasta 2023, ya habían transcurrido los 5 años de plazo en los que la Universidad Sudamericana estaba obligada a resguardar la documentación académica.
Finalmente, la representación legal indicó que la acusación sobre el supuesto uso de influencia política para obtener el registro del título en tiempo récord carece de sustento probatorio, dado que tanto el entonces ministro Eduardo Petta como el director de Registro de Títulos manifestaron no haber hablado nunca con el procesado. Concluyó que se pretende atribuir a Rivas toda la responsabilidad por las falencias de la universidad y del MEC, y criticó que se cuestione la falta de conocimiento sobre la “experiencia universitaria” cuando esa misma situación se repitió en todos los testigos que fueron alumnos de dicha institución.
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Canindeyú registra cerca de 60.000 atenciones médicas en agosto
El Ministerio de Salud informó que la XIV Región Sanitaria reportó cerca de 60.000 consultas médicas entre hospitales y Unidades de Salud de la Familia (USF) durante el último mes. En ese mismo periodo se realizaron cerca de 400 cirugías mayores y menores.
Durante el mes de agosto, en los servicios de salud XIV Región Sanitaria - Canindeyú brindaron un total de 59.568 consultas médicas demostrando la alta capacidad de respuesta que posee este servicio especializado. De este número, 38.265 atenciones fueron ambulatorias, urgencias, domiciliarias, extramurales y teleconsultas.
En tanto que las 49 unidades de salud de la familia contabilizaron un total de 64.673 consultas. Estas se distribuyeron en 21.303 consultas, de las cuales 540 corresponden a domiciliaria, 19.256 a externa, 403 a extramural, 1.102 por urgencia y 2 teleconsulta. En cuanto al manejo de patologías crónicas, se registran 2.601 controles y seguimiento.
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Así también, en el área de diagnóstico por imágenes se procesaron 2.222 estudios especializados correspondientes a: 961 radiologías, 865 ecografías, 210 electrocardiogramas, 121 tomografías, 65 mamografías, que contribuyeron al diagnóstico oportuno y seguimiento de cada paciente.
El equipo médico quirúrgico del hospital llevó adelante 397 procedimientos de alta y baja complejidad durante el mes de agosto. Entre las intervenciones se destacaron 182 cirugías mayores, 57 cesáreas y 85 cirugías menores.
La cartera sanitaria indicó que las cifras dadas más arriba corresponden a consultas que se registraron en: Unidades de Salud de la Familia (USF), hospitales, centros de salud, programas de patologías crónicas y diagnósticos por imágenes dentro del departamento Central.
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