Los efectos de la crisis de Ueno Bank podrían extenderse más allá de la entidad financiera y derivar en eventuales acciones legales contra el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Estado, ante una posible falla de supervisión, señaló el economista César Addario. Advirtió que un litigio de estas características podría generar un pasivo contingente y repercutir en las tasas de interés que paga el país en los mercados internacionales.

Durante una entrevista en el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN, el economista explicó que uno de los principales riesgos para Paraguay es que los tenedores de bonos vinculados a la crisis decidan iniciar acciones no solo contra la entidad involucrada, sino también contra los organismos responsables de la supervisión del sistema financiero.

Addario mencionó que existen antecedentes de situaciones similares en Argentina y Venezuela, por lo que consideró necesario anticiparse a posibles escenarios legales. Si bien sostuvo que las reservas internacionales del país se encuentran blindadas, alertó que un litigio podría resultar costoso, generar contingencias para el Estado y terminar afectando el costo del financiamiento externo.

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En paralelo, advirtió que la situación ya tuvo repercusiones en la percepción de riesgo de Paraguay. Según explicó, el mercado castigó los bonos paraguayos y el rendimiento del título de largo plazo superó el 7 %, reflejando una pérdida de confianza entre los inversores.

El economista alertó además sobre el riesgo de que los fondos que actualmente mantienen bonos paraguayos en sus carteras comiencen a desprenderse de estos instrumentos, lo que presionaría todavía más sus precios. En ese sentido, consideró que el Gobierno debe actuar rápidamente y presentar un plan concreto a los tenedores, con explicaciones sobre el manejo de la crisis, las medidas fiscales previstas y el cumplimiento de la regla fiscal en 2028.

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La producción de 19 asociaciones rurales de San Pedro llega este jueves a los consumidores mediante una feria de productos frescos del campo en la ciudad de Santaní. La iniciativa beneficia a unas 850 familias de distintos distritos del departamento, que encuentran en estos espacios una oportunidad para comercializar directamente sus productos y generar ingresos.

La actividad se desarrolla sobre la avenida Zoilo González, entre las plazas Libertad y Mariscal López, desde las 7:00 hasta agotar stock. Participan productores de Villa del Rosario, General Aquino, Itacurubí, Santaní, Guayaibí y Yataity del Norte, entre otras localidades que dependen del Centro Agropecuario de Desarrollo (CDA) de la zona.

La propuesta permite a los compradores acceder a alimentos frescos a precios diferenciados, con una oferta que incluye productos pecuarios, hortalizas, frutas, granos y otros artículos elaborados por las familias rurales. Entre las opciones se encuentra el queso Paraguay a G. 33.000 el kilo, la carne de cerdo a G. 30.000, el lechón a G. 32.000 y la carne de cabra a G. 35.000 por kilo.

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También se comercializan ovejas, gallinas caseras, patos y huevos caseros a G. 15.000 la docena. La variedad incluye choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel de abeja, maní, poroto manteca, habilla, almidón, ajo y tomate desde G. 5.000 por kilo. A esto se suman pimientos, mandioca a G. 2.500 el kilo y batata a G. 4.000.

La feria cuenta además con frutas de estación, granos, cebollitas de verdeo, artesanías, flores y plantas, ampliando las alternativas de compra para los consumidores y la posibilidad de comercialización para los pequeños productores.

La actividad es impulsada por el Gobierno, a través de las direcciones de Comercialización y de Extensión Agraria, en el marco del Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios (PIMA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Con estas jornadas se busca fortalecer los canales de venta de la agricultura familiar y facilitar el vínculo directo entre quienes producen y quienes compran, favoreciendo la generación de ingresos en las comunidades rurales.

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Agentes de la Senad de la regional Concepción realizaron un procedimiento en la zona de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, donde interceptaron un bus que transportaba un importante cargamento de cocaína.

Los intervinientes montaron un operativo para dar con el colectivo en la que iba el sospechoso que transportaba la droga. Y detectaron a un joven de 22 años que transportaba tres paquetes de clorhidrato de cocaína.

Estaba a bordo de un ómnibus que partió de Ciudad del Este con destino a Concepción, según informaron.

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El procedimiento se realizó el miércoles, alrededor de las 19:00, sobre la ruta PY08 “Blas Garay”, con apoyo del personal de Fuerzas Especiales de la Senad. Fue acompañado por el agente fiscal Jorge Encina y de la asistente fiscal Catalina Torres, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de San Pedro.

Durante la inspección del equipaje, los agentes antinarcóticos hallaron 3 kilos y 15 gramos de droga. Estaban ocultos dentro de un bolso envueltos en polietilenos de rojo y blanco. Además de la sustancia, incautaron además un teléfono celular de alta gama.

El detenido fue identificado como Gregorio Rafael López Arce (22), con antecedentes de prohibición de salir del país por transgresión a la Ley 716/96 de Delitos contra el Medio Ambiente.

Según informaron desde la Secretaría Nacional Antidrogas, la incautación representó un perjuicio de G. 300 millones para el microtráfico. Además se evitó que unas 6.000 dosis lleguen al microtráfico para su distribución.

El pasajero quedó a disposición del Ministerio Público.

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La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.

Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.

Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.

“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.

El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.

Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.

Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.

La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.

“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.

El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.

A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.

El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.

En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.

Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.

“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.