En la Fiscalía de Ciudad del Este fueron imputados tres jóvenes como supuestos miembros de un grupo criminal que ya cometió varios asaltos y robos. Foto: Archivo
Imputan a tres presuntos miembros de grupo criminal y al padre de uno como cómplice
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Alberto Torres Flores, titular de la Unidad Zonal 3 de Presidente Franco, imputó a tres supuestos miembros (de 23, 26 y 28 años) de una banda criminal, que habría sido responsable del asalto a un cambista y de otros hechos de robo a mano armada. También está procesado el padre de uno de los jóvenes, de 53 años, en calidad cómplice, porque habría facilitado su vehículo a la gavilla a cambio de dinero.
El escrito de imputación sostiene que los citados habrían conformado un grupo criminal para planificar el atraco. Uno de los hechos por los que se los imputa ocurrió el 28 de febrero de 2026, alrededor de las 05:15, cuando los tres hombres se trasladaron hasta Presidente Franco a bordo de un automóvil Toyota Premio, color plateado.
Vestidos con chalecos y pantalones tácticos, quepis y los rostros parcialmente cubiertos, interceptaron a la víctima frente a su vivienda en el barrio Santa Rosa a punta de armas de fuego. El afectado se disponía a salir en su rodado cuando fue encañonado y despojado de 800.000 guaraníes, dos anillos de oro, documentos personales y un teléfono celular de la marca Xiaomi.
El hecho quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado de la vivienda, donde también se pudo ver cuando abordaron nuevamente el vehículo para abandonar el lugar.
El fiscal Torres sostiene que el hombre de 53 años habría brindado apoyo logístico a la banda integrada por su hijo y los otros dos jóvenes. Ese apoyo consistía en facilitar su vehículo Toyota Premio, color plateado, con chapa AAR-787 Py, para que la gavilla lo utilizara en los atracos.
Investigaciones de la Policía Nacional vincula dicho rodado con al menos tres hechos de asalto a mano armada, ocurridos en diferentes zonas del departamento de Alto Paraná. El automóvil está inscripto a nombre del padre, quien presuntamente recibía beneficios económicos por su colaboración.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva y calificó la conducta de los tres jóvenes como robo agravado y asociación criminal en carácter de autores, mientras que para el hombre de 53 años la calificación legal es robo agravado en carácter de cómplice.
Este lunes se desarrolló una nueva jornada de juicio en contra de Miguel Prieto y sus excolaboradores por lesión de confianza y asociación criminal. Foto: Matias Amarilla
Tía Chela: tribunal desestima a titular de la DNCP y admite a testigos de la defensa
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El tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos, Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dio continuidad este lunes al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El tribunal definió sobre los incidentes planteados tanto por el Ministerio Público, parte acusadora, como de la defensa de Prieto y los demás acusados en el caso conocido como Tía Chela.
La acusación es por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales con la distribución de kits de alimentos en época de la pandemia, por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando Prieto era intendente.
Incidentes planteados por el Ministerio Público
Uno de los incidentes planteados por la Fiscalía es una nota del 28 de marzo del 2020, que ya se encontraba en la carpeta fiscal, en este caso se presentó el pedido de solicitar informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), sobre el cambio de productos incluidos en el kit de alimentos.
“El tribunal, al haber constatado la existencia de la referida nota, que ya obraba en la carpeta fiscal, no se configura en la circunstancia de hecho nuevo invocado por el Ministerio Público como fundamento de su petición. En consecuencia corresponde rechazar la inclusión de los informes solicitados”, fue la respuesta del tribunal.
Agrega que, “no obstante, si en el transcurso del debate el Tribunal considera necesario de contar con algunos de los dichos informes, pueda disponer la solicitud de los mismos conforme a las facultades que le confiere el artículo 394 del Código Procesal Penal, como medida de mejor proveer”.
El Tribunal de Sentencia resolvió sobre los incidentes presentados por la Fiscalía y la defensa. Foto: Matias Amarilla
Declaración testimonial de Agustín Encina
El tribunal también se expidió sobre el pedido de incluir la declaración testifical del director de la DNCP, Agustín Encina. “Debe señalarse que la prueba testimonial tiene por objeto incorporar al juicio el conocimiento que una persona posee respecto a hechos o circunstancias que ha percibido y que guarda relación con el objeto del proceso. Este tribunal advierte que el Ministerio Público no señaló concretamente hecho u objeto del presente juicio había conocido el señor Agustín Encina, ni que el mismo haya tenido intervención directa en las circunstancias fácticas contenidas de la acusación”, mencionan.
Mientras tanto, el tribunal señala que “al fundamentar su pedido el Ministerio Público sostuvo que su declaración resulta necesaria por tratarse de un testigo calificado y experto que podría responder consultas sobre la pertinencia de la nota del 28 de marzo del 2020 sobre su regularidad o irregularidad y explicar si resulta factible ese tipo de procedimientos en materia de contrataciones públicas. Se rechaza dicha incidencia”.
Incidentes planteados por la defensa
Sobre la inclusión probatoria de 28 enlaces o links correspondientes a publicaciones realizadas en redes sociales que habían sido ofrecidas durante la audiencia preliminar y que no habían sido admitidas por el juzgado penal de Garantías, correspondientes a publicaciones y registros audiovisuales vinculados, entre otros aspectos con la adquisición, preparación y entrega de los kits de alimentos y publicaciones de medios periodísticos, el tribunal considera que corresponde diferir sobre su resolución.
Miguel Prieto y sus excolaboradores están acusados por lesión de confianza y asociación criminal. Foto: Matias Amarilla
Inclusión de testigos
La defensa dividió la solicitud en dos grupos, el primer grupo cuatro personas, “se sustentó en hechos nuevos señalando que dichas personas fueron localizadas pocos días antes del inicio del juicio, las mismas se encuentran individualizadas entre las 25 personas mencionadas en el informe y sus declaraciones permitirían establecer si se recibieron los kits de alimentos, si las firmas obrantes en las planillas les pertenece, y dónde residía al momento de los hechos, así como confrontar tales circunstancias con el contenido del informe”.
Por lo que el tribunal definió que “sus testimonios pueden resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos y para la elaboración del elemento probatorio, razón por la cual corresponde admitirlos”. De igual manera admitió los 56 testigos, ofrecidos por la defensa en un segundo grupo, que no fueron admitidos por el juzgado penal de Garantías, fueron seleccionados de una nómina de 126 personas, afectadas a la preparación y distribución y entrega de los kits de alimentos en distintos.
“Será durante el debate del juicio cuando podrá determinarse si resulta necesaria la declaración de los testigos admitidos, pudiendo prescindirse de aquellos cuyos testimonios resulten repetitivos o sobreabundante”, definió el tribunal.
Por otra parte, el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa, de utilizar las redes sociales del exintendente para la transmisión del juicio, argumentando que los canales institucionales de la Corte y los diferentes medios de comunicación ya están transmitiendo cumpliendo el principio de publicidad.
Detuvieron a otro supuesto autor de robo de electrónicos en el centro de CDE
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes de Investigaciones detuvieron a uno de los supuestos integrantes de la banda criminal que ejecutó un asalto y robo de electrónicos y dinero al depósito de la empresa Brisas del Paraná, el pasado 18 de abril en el barrio Juan E. O´Leary de Ciudad del Este.
El procedimiento fue ayer a las 13:30 en la vía pública del barrio Carolina de la capital altoparanaense, en inmediaciones del Colegio Nacional “Forjadores de la Patria”. Se trata de César Suarez (29), domiciliado en Hernandarias, quien registra orden de captura en la causa N°. 13.462 que investiga el citado atraco.
El comisario Wilfrido Javier Maldonado, jefe de Investigaciones, explicó que se trataría de uno de los que integró la banda en la ejecución del asalto. Habría sido uno de los que descendieron del Toyota Premio, con arma de fuego en mano y luego redujeron a los empleados para ejecutar el robo, según el circuito cerrado de grabación.
Tras una tarea de inteligencia policial, agentes de Investigación llegaron hasta el lugar señalado, donde hicieron vigilancia discreta hasta visualizar en la vía pública a una persona con las características del buscado. Se hizo la identificación, corroborándose mediante consulta en el Sistema Quantum, que se trata de César Suarez, con orden de captura pendiente.
Tras los trámites de rigor fue trasladado a la Dirección de Policía a disposición del Juzgado y el informe al Ministerio Público. Son cuatro los detenidos hasta ahora por el caso, de los cuales, este último es el primero de los ejecutores directos del asalto y los otros tres fueron parte de la logística.
El comisario Maldonado refirió que tienen identificadas a otras seis personas sobre las cuales ya fueron emitidas ordenes de captura. Refirió que también tienen elementos para llegar a quien actuó como el que redujo las mercaderías, quien habría participado desde el inicio aportando para la logística de la banda.
Cuatro criminales reciben condenas de hasta 32 años por millonario robo
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Tras un juicio oral que se inició el 15 de junio de este año y que concluyó ayer jueves, en el Poder Judicial de Ciudad del Este, cuatro miembros de una banda criminal fueron sentenciados a condenas que van de entre 11 a 32 años de prisión por robo agravado, asociación criminal y otros. El robo fue de G. 810 millones.
El hecho juzgado fue un asalto a mano armada con extrema violencia en la residencia del empresario Wolnei Aloisio Troes Canal y su esposa Ibete Welter, magistrada de Ciudad del Este.
El cabecilla de la banda, Ubaldo Báez Ramírez, fue condenado a 22 años y 6 meses de pena privativa de libertad, más 10 años de medida de seguridad. Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea recibieron 20 años de pena carcelaria, más 5 años de medida de seguridad cada uno, mientras que Shirley Antonia Ramírez fue sentenciada a 11 años de prisión.
El Tribunal de Sentencia fue presidido por la magistrada Gloria Vera e integrado por los jueces Margarita Martínez y Diego Duarte, emitió su fallo condenatorio por unanimidad. Representaron al Ministerio Público, los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín.
El atraco ocurrió el 23 de diciembre del 2024, entre las 01:24 y las 01:30, cuando la banda irrumpió en la residencia de la familia Troes Canal, ubicada en el km 11 Acaray, fracción El Puente. Armados con pistolas, actuaron con suma violencia y exigieron a las víctimas que entregaran todo el dinero que tenían en la vivienda, según lo expuesto en juicio.
Los delincuentes sustrajeron dos mochilas con monedas grandes y cajas plásticas con billetes de menor denominación totalizando G. 810 millones en efectivo. Asimismo, se llevaron un DVR del circuito cerrado de cámaras de seguridad de la vivienda y una mira telescópica marca Maverick.
Las víctimas radicaron la denuncia y manifestaron que al menos cuatro hombres ingresaron a la vivienda para consumar el millonario golpe. Señalaron que los asaltantes colocaron un inhibidor de señal de 14 antenas para evitar la grabación del acto delictivo. Además, dejaron en el lugar una varilla de hierro y un bolso negro y amarillo.
En el marco de la investigación del caso, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron diversos actos investigativos que derivaron en la detención de los autores, la recuperación de parte de los objetos sustraídos y la incautación de armas de fuego.
Dos motociclistas interceptaron a un vehículo y el acompañante apuntó con arma de fuego al conductor para despojarlo de 40 mil dólares. Foto: Ilustrativa
Tras asalto, abrían robado USD 40 mil al funcionario de una empresa en CDE
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
El funcionario de una empresa dedicada al rubro de la construcción denunció ante la Comisaría 4ª del barrio Pablo Rojas, que fue víctima de asalto y robo de 40 mil dólares que llevaba en el vehículo. Ocurrió ayer jueves 27 de agosto siendo las 11:00 apx. en la vía pública, en el km 1.5 sobre la Ruta PY02, de acuerdo al reporte policial.
Se trata de Wilson Andrés Acuña Passerini (34), domiciliado en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Según la denuncia, fueron autores dos hombres que se trasladaban a bordo en una motocicleta, ambos con cascos protectores. El acompañante portaba arma de fuego, tipo pistola.
El funcionario manifestó que circulaba en un automóvil de la marca Volkswagen, modelo Gol, color gris oscuro, con destino a la empresa ubicada sobre la Ruta PY07, en zona del Km 4, cuando fue alcanzado por la motocicleta cuyo acompañante le tocó la ventanilla con el arma de fuego apuntándole e intimándole a que pare el rodado.
Acuña Passerini dijo que ante eso se detuvo y a punta de arma de fuego el motociclista lo despojó del bolso que contenía el dinero, para luego darse a la fuga. Agregó que tras el atraco se dirigió a la empresa, luego fue a la Comisaría 1ª y desde allí lo trasladaron a la Comisaría 4ª (jurisdicción del lugar del hecho), para hacer la denuncia.El caso fue comunicado a la Fiscalía de turno.
El subcomisario, Ronny Brizuela, subjefe de la Comisaría 4ª dijo que, de acuerdo a lo señalado por la víctima del asalto, el dinero robado es de la empresa Pandolfo. Agregó queel “funcionario se había ido a un banco de plaza para el depósito pertinente, pero no pudo hacerlo porque estaba cerrado”, lo cual llamó la atención del personal policial, teniendo en cuenta que los bancos abren hasta después del mediodía.