El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), va completando sin pausas la titulación masiva en beneficio de familias de la colonia Santa Teresa Manduarã, distrito de Abaí, Departamento de Caazapá. Con la última entrega ya suman 221 los documentos entregados por el ente.

La segunda tanda se concretó esta semana con la tramitación de 121 títulos de propiedad y a finales de este mes ya van a ser entregados de forma definitiva a los beneficiarios, confirmó el gerente de Colonias, Luis Reguera.

“Quiero comunicar que en representación del señor presidente del Indert, el economista Francisco Ruiz Díaz estamos aquí nuevamente por instrucciones directas de él para traer otros 121 títulos de propiedad para la firma de los beneficiarios, que con la tanda anterior estamos completando los 221 títulos de propiedad”, destacó.

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Explicó que el primer grupo de documentos que se firmó con anterioridad ya está en la Dirección General de los Registros Públicos (Registro Unificado Nacional- RUN) y a fin de mes ya la primera tanda estará finiquitada para ser entregado a los beneficiarios.

“Entonces, les quiero comunicar que están acá los funcionarios de la Dirección de Registro de Beneficiarios con los títulos de propiedad ya verificados y vamos a iniciar la firma de esos títulos”, dijo a las familias beneficiadas que celebraron con aplausos la grata noticia, tras varios años de lucha por la titulación de sus lotes.

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El comisario Luis Benítez, jefe del Departamento contra el Tráfico de Armas, dio detalles del operativo que derivó en la captura de Dalia López el Jueves Santo. Comentó que durante ocho días se montó vigilancia en el sitio hasta que finalmente se decidió irrumpir en la residencia por la mañana del jueves.

“Tuvimos unos ocho días agotadores. El último día entramos a vigilar desde las 4 de la mañana, el procedimiento se dio a las 11:20 de la mañana. En ese tiempo estábamos dentro del vehículo, cerrado, apagado y adentro hacía calor”, señaló a La Tribu 650AM.

Según manifestó, la incursión se produjo cuando “la fuente humana entró en confianza y con un 25 % de probabilidad de éxito y 75 % en contra”.

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“Primero le comuniqué a mi director general y él a su vez le comunica al director de Investigación Criminal que es el comisario general Marcelino Espinoza. Y así hasta llegar al comandante, quien dio luz verde para que el procedimiento se lleve a cabo”, refirió.

Otro dato que aportó el jefe policial es que la camioneta hallada en el procedimiento está registrada a nombre de la empresa Cerebro S.A.

Ratificó que durante los ocho días de vigilancia, nadie se acercó al lugar, por lo que, por ahora, solo existen hipótesis y no datos concluyentes sobre el caso.

“Nosotros solamente sabemos que la camioneta está inscripta a nombre de una empresa Cerebro S.A. Y en esos ocho días de vigilancia absolutamente nadie se acercó a la casa. La camioneta es del año 2020, como dije nosotros tuvimos ocho días de vigilancia lo que pasó antes ahí no sé”, manifestó.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.

Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.

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Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.

Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.

Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.

Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.

“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.

Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.

Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.

Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.

“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.

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El fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad 1 Fiscalía Barrial N° 2 del barrio Herrera, de Asunción, brindó algunos detalles del operativo que culminó con la captura de la empresaria Dalia López, luego de 6 años de permanecer en la clandestinidad, pese a contar con orden de captura nacional e internacional en su contra.

Durante una entrevista en la radio 1020 Am, mencionó que López había manifestado al momento de su detención que no se había presentado ante la Justicia durante todo este tiempo, porque recibió supuestas amenazas de muerte que habrían condicionado su decisión.

El fiscal explicó que la mujer manifestó que su intención en un principio fue ponerse a disposición de las autoridades judiciales, pero que una advertencia recibida a último momento cambió el rumbo de los hechos.

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“Ella dijo que se iba a presentar, pero que la noche anterior le llamaron a decir que, si pisaba una comisaría, estaría muerta. La señora señaló que tenía toda la intención de presentarse, pero cuando recibió esas amenazas retrocedió por miedo”, expresó.

En lo que respecta al operativo, destacó que fue muy tranquilo, ya que justo al momento de realizar el procedimiento, una persona se predisponía a salir de la casa.

“Coincidió que justo al abrirse el portón ya nos encontrábamos ahí en frente, por lo que no se forzó ni el portón ni las puertas. Les informamos sobre el operativo, y todas las personas en la casa se sometieron tranquilamente, confirmando que la señora Dalia López se encontraba en la habitación de la casa y se procedió a la detención de la misma”, precisó.

Mencionó que al momento de su detención la mujer se encontraba lúcida, colaboradora, pero se la veía decaída. Informó que solicitó la constitución de paramédicos para corroborar que todo estaba en condiciones respecto a su salud, ya que se encontró gran cantidad de medicamentos en su habitación y manifestó una serie de enfermedades de base.

“Ella manifestó ser diabética, con presión alta y de tener algún tipo de arritmia. Se encontraron mucha cantidad de medicamentos en la habitación”, añadió.

En cuanto a las evidencias incautadas indicaron que se levantaron una importante cantidad de documentos, así como una millonaria suma de dinero en efectivo tanto en guaraníes como en dólares americanos. El fiscal Federico Leguizamón detalló que el monto alcanzaba los G. 440 millones y 220.000 dólares, distribuidos en distintos sectores de la habitación, principalmente en el placard y diversos armarios de la casa incluso en frascos de cafés.

“Según manifestaron, el origen de ese dinero es de sus actividades comerciales de la empresa”, dijo el fiscal. “Expresaron que a partir de la orden de captura de la señora Dalia las cuentas de la empresa fueron congeladas y que no tenían forma de bancarizar, pero que estaban todo contabilizados, registrados y que tenían forma de justificar. Eso manifestaron”, sostuvo.

Leguizamón señaló que fue el departamento de Inteligencia el que manejó la investigación para dar con el paradero de López, y que el Ministerio Público actuó en el momento que recibió la información de que la policía contaba con alto indicio del lugar de su paradero.

Informó, además, que su función como fiscal, culminó el jueves por la noche cuando finalizó la primera indagatoria donde López se abstuvo de declarar.

Confirmó además, que el caso ahora ya quedó a cargo de la Unidad de Crimen Organizado, a cargo del equipo de fiscales que ya cuenta conlourdes la causa, que son los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo y Juan Sandoval.

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