El juez penal de garantías Raúl Florentín dispuso este Viernes Santo la prisión preventiva de Dalia Angélica López Troche (55) en el Departamento de Judiciales Femenino de Asunción por 10 días.

La medida fue tomada en base a los supuestos problemas de salud que aquejan a la detenida, según argumento del magistrado. Además, ordenó la constitución del médico forense de turno del Poder Judicial a los efectos de constatar el estado de salud de la imputada en su lugar de reclusión.

Posteriormente, pasará a guardar reclusión en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple) o en el establecimiento penitenciario más adecuado, no habiendo otra resolución que disponga lo contrario, según señala el documento judicial.

El juzgado consideró el informe elaborado por el médico forense de turno del Ministerio Público, Dr. Jorge Maldonado, y las manifestaciones del médico tratante de la detenida, Héctor D’eclessis, quien señaló que Dalia López presenta patologías de base como hipertensión arterial, diabetes y arritmia cardíaca, indicando que la misma consume habitualmente numerosos medicamentos.

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Además, el informe forense detalla que la imputada debe ser evaluada por médicos especialistas en clínica médica, endocrinología, cardiología, a fin de que se puedan certificar las patologías referidas e indicar estudios auxiliares de diagnóstico que sean necesarios, así como la correcta dosificación de los medicamentos.

Considerando el informe médico forense del Ministerio Público, el juzgado consideró pertinente que provisoriamente la procesada guarde prisión preventiva por el plazo de diez días. Asimismo, levantó el estado de rebeldía que pesaba sobre la procesada.

La defensa ofreció de fianza un inmueble de más de 1 millón de dólares solicitando la libertad ambulatoria de la mujer. Sin embargo, el pedido no corrió.

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El Tribunal de Apelación Especializado integrado por Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres, ratificó la prisión preventiva de Gianina García Troche, en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, ubicado en la ciudad de Emboscada. La pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se encuentra imputada por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

De manera unánime, los camaristas confirmaron la resolución de la juez penal de Garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, de mantener la prisión preventiva de García Troche ante el requerimiento de sus abogados Hugo Núñez y Daniel Garcete, consistente en otorgar a su clienta el arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Los letrados indicaron en su requerimiento que existían elementos nuevos que desvirtúan la imputación, en este caso, la supuesta falsificación de la escritura pública de constitución de la empresa; la prisión de Marset en Estados Unidos, así como la falta de fundamentación del fallo sobre la prisión de la mujer.

“Los motivos que justifican la prisión de Gianina García, no han variado, pues no existen nuevos elementos aportados a la causa, y la privación de la libertad de Marset no resulta suficiente como justificativo para alterar su estado”, refiere el tribunal.

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En su petición, los abogados también alegaron que la prisión preventiva a García Troche ya era excesiva, que no había ausencia de justificación de la medida, debido a que no existe peligro de fuga y que su sometimiento fue voluntario.

Los camaristas agregaron que “es necesario que la responsabilidad de la misma sea determinada en un juicio con todas las garantías y respetando los principios procesales - artículo. 1ro. del C.P.P.-. Para ello se debe asegurar su presencia al acto”.

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“Puedo asegurar transparencia, que seremos implacables para mantener el prestigio, la eficiencia y eficacia de una institución tan grande como las Fuerzas Armadas”, dijo el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, en torno a la detención preventiva de dos militares, que habrían favorecido a Gianina García Troche, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, durante su estadía en el penal de Viñas Cué.

La investigación contra los uniformados se debe al hallazgo de elementos no autorizados en la celda de García Troche, imputada por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas en el marco del operativo A Ultranza Py, lanzado en febrero de 2022.

“Más que dolor, siento indignación, es lo que tengo. Si esto se llega a comprobar fehacientemente, que tuvieron negligencia en el cumplimiento de sus funciones, viene a empañar la imagen que tratamos de construir”, indicó el general retirado, este viernes, a la 1020 AM.

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Los uniformados implicados son el teniente coronel Víctor Valiente y el mayor Marcos Sotelo, quienes ya fueron separados de sus cargos. “Las investigaciones de la Justicia Militar datan desde el pasado 2 de diciembre, cuando se comprobó que la señora consumía marihuana. Ambos fueron relevados de sus cargos el 18 de diciembre", señaló el ministro.

Valiente es investigado por presuntas faltas contra la disciplina militar, referente a la “negligencia y el poco compromiso que tuvo como titular de la Dirección del Servicio de Justicia Militar”, alegó González.

Mientras que a Sotelo por abuso de autoridad y faltas contra la disciplina militar. “Él se desempeñaba como jefe del área penal y habría ordenado el ingreso de los elementos no autorizados. Esto se determinará en el proceso judicial que se está llevando adelante“, comentó. Entre los elementos no autorizados que fueron entregados a García Troche figuran marihuana, un machetillo, preservativos.

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El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y María Belén Agüero, confirmó la condena de 10 años de cárcel para el exgerente periodístico de Canal 9, Carlos Granada, hallado culpable por los delitos de coacción, coacción sexual y violación. Igualmente, el condenado seguirá en libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia.

Los camaristas concluyeron que las fundamentaciones del Tribunal de Sentencia que sustentan la resolución apelada se basan en valoraciones objetivas, siguiendo los lineamientos de la psicología, la experiencia común, las reglas de la lógica y el recto entendimiento. Según indica el fallo: “No se advierte en la sentencia apelada ninguna inobservancia o errónea aplicación de la ley penal de fondo ni de forma”.

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También se menciona que la sentencia condenatoria no adolece de vicios ni nulidades, por lo que corresponde ratificar el fallo dictado en primera instancia.

En caso de que la máxima instancia judicial confirme nuevamente la condena, en línea con la decisión del tribunal, se dispondrá la detención de Carlos Granada para su posterior remisión a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, a fin de cumplir su pena.

Cabe recordar que un Tribunal de Sentencia condenó a Granada en noviembre de 2025 a 10 años de prisión tras ser acusado por coacción, coacción sexual y violación.

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