Una masa tumoral de aproximadamente 30 centímetros y 1,650 kilogramos fue extraída durante una cesárea de urgencia practicada a una mujer de 29 años en el IPS Ciudad del Este. La intervención permitió resolver en un mismo procedimiento la emergencia obstétrica y la patología anexial detectada durante la cirugía.

La paciente cursaba 35,4 semanas de gestación y llegó al servicio de Ginecología y Obstetricia con intenso dolor abdominal. Debido a sus antecedentes de dos cesáreas y a la sospecha de una posible dehiscencia de la cicatriz uterina, los médicos determinaron que era necesario realizar una intervención de urgencia.

La cesárea se llevó a cabo y, a las 20:15, nació una bebé de sexo femenino, con un peso de 3.000 gramos. Durante el procedimiento, el equipo médico detectó además un tumor anexial de gran tamaño, por lo que resolvió realizar su extracción en el mismo acto quirúrgico.

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Los profesionales lograron retirar la tumoración y completar la intervención sin complicaciones mayores. Al efectuar ambos procedimientos de manera simultánea, se evitó que la paciente tuviera que afrontar posteriormente una nueva cirugía para tratar la masa.

El procedimiento estuvo a cargo de las gineco-obstetras Ilda Talavera, Gloria Feltes y Danilo González. El equipo de anestesia estuvo integrado por las doctoras Rosa Echagüe y Rossana Calonga, mientras que participaron en enfermería las licenciadas Mabel Vázquez y Martha Molinas.

La intervención requirió la coordinación de los equipos de Ginecología y Obstetricia, Anestesia y Enfermería, que atendieron tanto la urgencia relacionada con el embarazo como el hallazgo quirúrgico durante la cesárea.

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La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este pide esclarecer su vínculo con la comuna y la defensa particular de personas relacionadas con la institución.

Integrantes de la Contra­loría Ciudadana de Ciu­dad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la República (CGR) impulsar una fiscalización en torno al plantel de funciona­rios y empleados públicos de la municipalidad al denun­ciar una presunta incompati­bilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo. El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo con­forme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero de 2025 y paralela­mente ejercería la defensa téc­nica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto y su gavilla conformada por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos Francisco Arrúa y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.

“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompa­tibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inade­cuada de recursos o informa­ción institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipali­dad de Ciudad del Este, ejerce­ría la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.Señala también que “asimismo, se solicita veri­ficar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Acti­vos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.

En el escrito mencionan que algunas de las causas judicia­les guardarían relación con hechos denunciados, actua­ciones administrativas, recur­sos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirecta­mente con la Municipalidad de Ciudad del Este. “Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos debido a que, por una parte, mantiene un vín­culo remunerado con la institu­ción municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investi­gadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciuda­dana de acuerdo a las informa­ciones e investigaciones recopi­ladas por sus miembros.

Agregan que la situación requiere verificar si la denun­ciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documen­tos, antecedentes, datos per­sonales, expedientes adminis­trativos, informes jurídicos o cualquier otra información ins­titucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica. Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indi­rectamente, se utilizan recur­sos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, infor­mación o fondos de la Munici­palidad de Ciudad del Este. En el requerimiento, la Contra­loría Ciudadana hace alusión a la Ley n.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y emplea­dos públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan el Artículo n.º 51 de la ley que establece, entre las obligacio­nes de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses pro­pios o particulares, observar el principio de probidad adminis­trativa y actuar con imparcia­lidad. También hacen mención del Artículo n.º 52, inciso m), prohíbe a los servidores públi­cos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico. Igualmente, citan los incisos k), l), n), p) y r) del mismo artí­culo argumentando que en los mismos se detallan prohibicio­nes relacionadas con la obten­ción de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados par­ticulares y el ejercicio de ocu­paciones que no puedan con­ciliarse con las obligaciones del puesto público.

Además, citan en la solicitud el artículo n.º 61, inciso p), con­sidera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámi­tes o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.

También hacen referencia a la Ley n.º 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obli­gados a las personas nombra­das, contratadas o electas para prestar servicios en organis­mos o entidades del Estado. La declaración jurada debe pre­sentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.

“Los hechos expuestos ame­ritan una investigación des­tinada a determinar la natu­raleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectua­dos, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obliga­ciones legales de transparen­cia”, sostienen.

Una mujer fue detenida durante el allanamiento de una vivienda en el barrio María Auxiliadora de Atyrá, departamento de Cordillera, donde fueron incautados cocaína y marihuana. Los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) intervinieron un foco de microtráfico.

En el procedimiento fueron incautados 135,5 gramos de clorhidrato de cocaína y 349 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo, dos balanzas de precisión, un teléfono celular, una cámara con WiFi, un cúter y otros elementos vinculados a la distribución de drogas.

La cocaína incautada representa aproximadamente 271 dosis. Sumando las porciones de marihuana incautadas, el procedimiento permitió retirar del circuito de distribución callejera más de 600 dosis de drogas. Durante el allanamiento fue detenida Ada Jazmín Florentín Insfrán, de 34 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

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El procedimiento estuvo encabezado por la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad, bajo la coordinación del agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Cordillera, Gedeón Escobar.

La intervención permitió retirar de circulación una importante cantidad de sustancias destinadas al narcomenudeo y afectar directamente un punto de distribución de drogas en la zona.

Estas acciones forman parte de los trabajos que viene realizando la Senad en el marco del combate el microtráfico en todo el territorio nacional, atacando los puntos de venta y retirando las drogas de circulación.

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Este viernes, se reportó una pelea entre alumnas de una misma institución educativa en la ciudad de San Lorenzo, que dejó como saldo una menor herida y dos detenidas, que posteriormente fueron entregadas a sus padres. La joven recibió un golpe y corte a la altura de la cabeza, y ya habría sido amenazada de muerte por parte de las involucradas.

Según consta en el reporte de los intervinientes, el hecho se registró en pleno centro de la ciudad de San Lorenzo, sobre la calle peatonal que cruza frente a la municipalidad y el teatro. El hecho involucra a adolescentes de un colegio que queda en las inmediaciones, quienes aparentemente ya habrían discutido antes de salir.

“Se trata de una riña callejera entre alumnas de una misma institución educativa. En el lugar encontramos a la adolescente con el uniforme que estaba ensangrentada en la parte del rostro a quien auxiliamos inmediatamente, pero las autoras ya no estaban en el lugar”, detalló el comisario Alcides Gaona, en entrevista con C9N.

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Afirmó que con ayuda de testigos, vídeos captados y más averiguaciones pudieron dar con las supuestas autoras del hecho, que serían otras dos menores, también alumnas del mismo colegio. Estas fueron capturadas, trasladadas hasta la comisaría y puestas a disposición de las autoridades competentes.

“Primero se habló de que tenían armas blancas y también se habló de botellas rotas, pero no logramos ubicar en el sitio o poder de las adolescentes. El fiscal interviniente dispuso que las menores sean entregadas a sus madres, nadie dijo absolutamente nada al momento de procedimiento”, aclaró.

Refirió que la menor que resultó herida fue trasladada hasta un centro asistencial, que se encuentra fuera de peligro y fue entregada a su madre. “La víctima no pudo prestar declaración en ese momento debido al estado de shock”, puntualizó el comisario.

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La madre de la víctima relató que su hija ya recibió amenazas por parte de una de estas adolescentes que fueron capturadas y que durante la jornada de hoy, presentó el problema a una de las maestras, situación que habría originado la discusión a la salida de la institución educativa.

“Esta persona ya la había amenazado por Instagram y mi hija guardó todas las capturas de esas amenazas, hoy habló con la docente por una amenaza de muerte, no fue cualquier amenaza. Ella tiene tres puntos en la parte frontal de la cabeza, actualmente no puede reconocer a algunas personas y no recuerda bien lo que pasó”, expresó.

Confirmó que realizarán la denuncia correspondiente y que se haga la investigación a profundidad la situación por la que está pasando su hija. Pidió a las autoridades de la institución educativa y Fiscalía que tomen cartas en el asunto porque teme por la vida de su hija.

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