Durante la última semana, las intervenciones ejecutadas por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en distintas regiones del territorio nacional derivaron en la incautación de más de 22 toneladas de drogas, además de la desarticulación de puntos de distribución y la detención de varios involucrados. La serie de operativos a nivel país permitieron impactar de manera directa tanto en estructuras de microtráfico urbano como en esquemas de producción y logística del narcotráfico.

La operación “Éxtaz1s” fue uno de los procedimientos más relevantes por lograr la mayor incautación de drogas sintéticas en zona urbana, con la interceptación de un distribuidor que transportaba unas 50.000 pastillas de éxtasis (MDMA), equivalentes a aproximadamente 25 kilos. Este cargamento, destinado a circuitos de consumo en eventos y entornos nocturnos, representaría un perjuicio económico superior a los G. 5.000 millones para las estructuras criminales.

En paralelo, las acciones contra el microtráfico permitieron la desarticulación de focos de distribución en Asunción, Central y Caaguazú, con la incautación de dosis de cocaína tipo crack y clorhidrato, listas para su comercialización. Estas intervenciones, aunque de menor volumen, resultan claves para reducir la disponibilidad inmediata de drogas en comunidades vulnerables y entornos urbanos.

En el departamento de Amambay, los equipos operativos se internaron en zonas boscosas donde lograron la erradicación de más de 21 toneladas de marihuana, además de la destrucción de campamentos y centros de acopio utilizados por estructuras dedicadas a la producción. A este resultado se suma la incautación de 1.443 kilos de marihuana prensada en Pedro Juan Caballero, detectada durante controles preventivos, evitando su traslado hacia mercados internacionales.

Creció entre sicarios que lo protegían en el violento entorno propiciado por su padre, el narcotraficante Pablo Escobar. Su hijo, Sebastián Marroquín, muestra ahora en una serie sobre su propia infancia que “sí es posible cambiar” y tomar otro camino distinto al del crimen.

“Dear killer nannies: criado por sicarios”, que se estrenará el 1 de abril en Disney+, cuenta la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo del temido narcotraficante colombiano, un niño solitario que vive en un mundo de lujo en Medellín, rodeado de los mercenarios contratados por su padre para protegerlo.

En los tres primeros episodios, proyectados esta semana en el festival Series Mania de Lille (Francia), se ve a Juampi, de siete años, vivir entre estas personas armadas y, al mismo tiempo, descubrir que su padre no es quien creía.

“No es una historia que fue creada para glorificar la actividad criminal de mi padre, en absoluto, sino para invitar a otros a que vean que sí es posible cambiar y que sí es posible tomar un camino distinto muy a pesar de aquel que te dejan trazado tus padres”, explica Sebastián Marroquín, cuyo nombre de nacimiento es Juan Pablo Escobar, en una entrevista con AFP por videoconferencia, al margen de Series Mania.

“Es una historia de redención”, resume quien tuvo que cambiar de identidad, como el resto de la familia Escobar, tras la muerte de su padre en 1993 abatido por las fuerzas de seguridad colombianas.

Marroquín ha criticado en varias ocasiones el impacto de series como “Narcos” o “El patrón del mal” de Netflix por la imagen un tanto romántica de su padre y la influencia en los jóvenes, algunos de los cuales todavía quieren ser como él.

“Aprendí que hay que enfrentar nuestras propias historias, que no se trata de negarlas, sino que hay que utilizarlas para bien, para dejar un mensaje claro, inequívoco a la juventud”, asevera este hombre de 49 años.

“La historia de mi padre es una historia para no repetir y nadie mejor que él para mostrarnos el camino que no debemos de recorrer”, zanja sobre su progenitor, que fue uno de los capos narcotraficantes más poderosos de Colombia.

Marroquín, cocreador de la serie junto a Sebastián Ortega y Pablo Farina, insiste en que es la historia de “ese niño que fue creciendo y que fue atravesando un montón de situaciones violentas y etapas de su vida que fueron muy traumáticas y que podrían ser muy traumáticas para cualquier otra persona, sobre todo para un niño”.

La serie, que cuenta con ocho episodios, muestra “la soledad y la incertidumbre” del niño, dice Ortega en declaraciones a AFP. “Hay una catarata de emociones que van y que vienen entre el amor, la diversión y la violencia, donde muchas veces solamente están divididas por fracciones de segundo”. Los primeros capítulos muestran algunos momentos cruciales en la vida del joven Juampi, como cuando ya adolescente reacciona impulsivamente tras conocer la muerte de su padre.

“Yo hoy soy un hombre de paz, soy un arquitecto, un diseñador industrial, un escritor, una persona que a través del ejemplo ha demostrado que se puede cambiar, que se puede elegir un camino diferente”, reitera Marroquín, que ha escrito varios libros sobre su padre y también da conferencias sobre las terribles consecuencias del narcotráfico.

Fuente: AFP.

El gobierno de Uruguay presentó el jueves un plan de seguridad pública centrado en la lucha contra el narcotráfico, que prevé ampliar las competencias de las fuerzas armadas y aumentar la presencia militar en las fronteras. Es “una estrategia nacional de seguridad”, dijo el presidente izquierdista Yamandú Orsi, al dar a conocer la iniciativa, que para su puesta en marcha requiere aún aprobación del Congreso.

Uruguay, un pequeño país sudamericano de 3,5 millones de habitantes considerado uno de los más pacíficos de Latinoamérica, ha registrado un repunte de la criminalidad en los últimos años, atribuido en gran parte a un aumento del narcotráfico. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el gobierno pretende ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico y la vigilancia de las fronteras.

“Queremos ampliar el ámbito de jurisdicción que le corresponde a las Fuerzas Armadas”, afirmó junto a Orsi. También se busca ampliar las competencias de la vigilancia castrense. “Esto se traduce en un centro de comando unificado en seguridad de fronteras que va a compartir la información que recaban los medios tecnológicos”, de las Fuerzas Armadas y la Policía, precisó Negro.

El ministro destacó que, desde la llegada de Orsi al poder, en marzo de 2025, se incautaron más 9 toneladas de droga y más de 250 millones de dólares en sustancias, efectivo y bienes.

Uruguay no produce cocaína, pero en los últimos años se detectaron en puertos europeos grandes cargamentos de droga que pasaron por Montevideo, lo que parece indicar que el país se convirtió en un lugar de acopio.

Al aumento de homicidios relacionados con el narcotráfico se sumó en 2025 una nueva señal de alerta cuando la fiscal de Corte y reconocida fiscal de estupefacientes sufrió un atentado a su casa, que se saldó sin heridos.

La Policía detuvo a varias personas en relación con el caso, pero apuntó como uno de los posibles autores intelectuales al uruguayo Sebastián Marset. Considerado uno de los máximos capos del narcotráfico en el Cono Sur americano, Marset fue capturado este mes en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos.

El gobierno de Oris pretende también penas más duras para el porte ilegal de armas en lugares públicos, y nuevo soporte tecnológico para luchar contra la violencia de género y los ciberdelitos.

También se plantea avanzar en la construcción de dos cárceles de máxima seguridad anunciadas por Orsi este mes, al cumplir un año en el cargo. Uruguay es uno de los países de Sudamérica con mayores tasas de población carcelaria, con cerca de 17.000 personas, y 10,3 homicidios cada 100.000 habitantes en 2025.

Fuente: AFP.

Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.