Senacsa informó que culminó con resultados satisfactorios, en el marco del proceso de habilitación.

La auditoría oficial de Turquía a los estable­cimientos paraguayos exportadores de carne bovina culminó con resultados satis­factorios, en el marco del pro­ceso de habilitación sanitaria para el acceso de la proteína nacional a ese mercado.

Así lo informó el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) tras la misión que se desarrolló del 3 al 7 de agosto. Durante la auditoría, la delegación ofi­cial evaluó el sistema de con­trol sanitario, la trazabilidad y las condiciones de inocuidad de los establecimientos fri­goríficos habilitados para la exportación de carne bovina.

Durante la misión, la dele­gación oficial evaluó el sis­tema de control sanitario, la trazabilidad y las condi­ciones de inocuidad en los establecimientos frigoríficos habilitados para la exporta­ción. “La auditoría demos­tró solidez y confiabilidad del Senacsa respaldado por el trabajo conjunto entre el sector público y privado”, mencionaron desde el orga­nismo veterinario.

La comitiva oficial también realizó una visita a la Emba­jada de Turquía. La delegación estuvo compuesta por representantes del Minis­terio de Agricultura y Silvi­cultura, quienes completa­ron con éxito la semana de reuniones y exámenes junto con el Senacsa como parte del proceso de evaluación para el acceso de la carne bovina paraguaya.

En junio pasado nuestro país fue aprobado como mercado elegible para la exportación de carne bovina y bovinos en pie a este destino, lo que representó un avance impor­tante en el proceso de aper­tura de un nuevo comprador de los productos pecuarios nacionales.

Ambas partes habían coin­cidido en la importancia de culminar el proceso durante el segundo semestre de este año, de manera a iniciar los envíos de carne bovina al mercado turco y reforzar los vínculos comerciales y de cooperación sanitaria entre ambos países.

Senacsa destacó que este avance fue posible mediante el trabajo coordinado entre la institución, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Paraguay en Turquía, cuya gestión fue considerada decisiva dentro del proceso de habilitación sanitaria.

El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.

Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.

En conversación con el programa “Arriba Hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/ Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.

Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.

Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación —principalmente cables e insumos eléctricos— fueron resguardados en el Hospital Central.

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Señaló que al hacer el control del inventario se encontró que había un faltante de cables importante. Recordó que en la administración pública todo faltante ya constituye la posibilidad de un daño patrimonial.

“Hemos presentado la denuncia en la fiscalía barrial, junto con la asesoría jurídica el día de ayer. Es la primera denuncia formal que realiza la gestión del actual presidente del IPS el Dr. Isaías Fretes. Pero finalmente, el doctor Fretes cuando realiza sus recorridas o recibe mucha información sobre las irregularidades que existen y sobre eso ya ha encargado unas 30 auditorías desde que asumió la presidencia del IPS”, precisó.

Mencionó que mediante estas auditorías que se está llevando adelante están en el proceso de juntar las evidencias de las denuncias que se está recibiendo. Aunque reconoció que varias de esas denuncias no tienen sustento.

Señaló además que, justamente por eso, es que se somete primeramente a un proceso de auditoría y si dentro de ese proceso se encuentras las evidencias suficientes del hecho y que amerita una denuncia penal pasan a la siguiente etapa que es presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

“Lastimosamente vinimos a encontrarnos en esta situación y ante estas irregularidades que verdaderamente me sorprende, porque estos quirófanos, modulares, que el presidente fue descubriendo en sus recorridos realmente representa una situación muy grave en relación con la misión que tiene el IPS que es de salvar vidas”, acotó.

Mencionó que estuvo analizando auditorías anteriores, donde ya se mencionaban una muy mala planificación de la dirección de este instituto, porque se preveía la instalación de quirófanos y modulares en el edificio en zonas donde no iba a poder soportar el peso de esos equipos, luego se decidió llevar a otros lugares donde tampoco el terreno era adecuado y finalmente quedaron abandonados esos equipos.

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La titular de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, Griselda Figueredo, se refirió a la situación de las inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS) tras detectarse que dos entidades financieras se encuentran levemente fuera de los límites de diversificación exigidos.

Figueredo descartó la existencia de irregularidades y mencionó que se trata de un proceso técnico de adaptación a las nuevas normas vigentes. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de que la previsional avance hacia una mayor diversificación de su portafolio para reducir la concentración de sus fondos en el sistema financiero paraguayo.

“El IPS tiene colocados sus fondos en casi todo el sistema financiero. Lo que nosotros hemos hecho es una nota aclaratoria a una consulta realizada por IPS con relación a los límites de inversiones, realizamos algunas apreciaciones con relación a la concentración que tiene que ver de los fondos previsionales y la postura que le hemos planteado es que se debería evitar la concentración de los fondos, sobre todo entre el Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) y bonos”, afirmó este martes en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La previsional consultó sobre la interpretación de los límites de inversión establecidos en la Ley n.º 7235. Figueredo agregó que “resulta que por decimales dos entidades están por fuera de los límites (Sudameris y ueno bank). En esta etapa de implementación de la Superintendencia estamos trabajando netamente en el proceso de reglamentación, entonces no podemos hablar de que existan irregularidades“.

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Señaló que este tipo de situaciones pueden presentarse debido a la dinámica de las inversiones y que, ante eventuales excesos, corresponde que las entidades establezcan planes de adecuación para retornar a los límites fijados dentro de los plazos establecidos. “Todas las disposiciones de la ley requieren de una reglamentación, cada uno de los artículos establecen y obligan a que haya una reglamentación para que exista una implementación y para todos estos casos siempre está el proceso que se denomina plan de adecuación“, puntualizó.

La superintendenta acotó: "Esto es un ejercicio que será permanente de acá en adelante, no hay que preocuparse. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es sentar las bases regulatorias, estamos dictando las reglamentaciones y tomando posturas con relación a la interpretación que tenemos que dar a cada artículo de la ley. En este momento estamos en la etapa de implementación de la norma en donde todos estamos aprendiendo y estableciendo los nuevos límites o parámetros sobre los cuales debemos manejarnos”.

Añadió que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones trabaja en reglamentar aspectos pendientes, como la clasificación de los depósitos a la vista, debido a que algunas cuentas tienen un uso operativo, como el pago de salarios, proveedores y jubilaciones, mientras que otras pueden estar vinculadas directamente con la administración de inversiones.

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El presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, anunció la realización de auditorías internas y externas para investigar presuntas irregularidades en los procesos de licitación relacionados con la compra de equipos eléctricos adquiridos en 2019.

Dichos equipos estaban destinados a la construcción de una subestación eléctrica, proyecto que finalmente no pudo concretarse debido a la falta de los permisos necesarios para completar el trazado de la línea de conexión hasta el Banco Central del Paraguay (BCP).

Durante una inspección, las autoridades comprobaron que parte de los materiales ya no coincide con el inventario original, por lo que iniciarán una auditoría para deslindar responsabilidades.

“¿Cómo se puede robar una cosa enorme como esta?”, expresó el presidente del IPS, quien también anunció que la próxima semana se tendrá una estimación del valor de los equipos faltantes.

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Además, la previsional analiza un convenio con la Ande para recuperar parte de la inversión mediante el aprovechamiento de los materiales que aún permanecen almacenados.

Según las autoridades en enero de este año se realizó un inventario de los materiales, pero al abrirse hoy el contenedor se comprobó que había faltantes, ya que habría sido objeto de robos.

¿Cómo se puede robar una cosa enorme como ésta. Hubo el consentimiento de alguien. Quiere decir que acá vino un camión grande, alguien dio el visto bueno, alzó eso y llevó a vender?, cuestionó Fretes.

Insistió que se buscará concretar un acuerdo con las autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), en un intento por recuperar al menos una parte del dinero invertido en el frustrado plan.

Dicho convenio contempla un mecanismo de canje, mediante el cual los cables en desuso serían entregados a la Ande como parte del pago correspondiente al consumo de energía eléctrica.

Según los datos preliminares, los cables hallados estarían valuados en más de G. 20.000 millones. Estos materiales permanecen a la intemperie y según el inventario, faltarían varios rollos, por lo que no se descarta un presunto robo.

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