Este sábado, desde el Ministerio Público informaron que la Unidad Fiscal Especializada del Medio Ambiente, a cargo del fiscal Irán Suárez, realizó una verificación en la compañía Cerrito, jurisdicción del distrito de Benjamín Aceval, tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre el funcionamiento irregular de un vertedero en el lugar.

Según indicaron, la presentación fue realizada por la pobladora Noelia Aguiar, quien advirtió sobre el impacto ambiental que estaría generando la acumulación de desechos.

“El procedimiento se llevó a cabo con el apoyo de agentes policiales y técnicos de la Dirección de Delitos Ambientales del Ministerio Público (DEDA), explicaron.

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Durante la inspección, las autoridades constataron la presencia de una considerable cantidad de residuos sólidos arrojados en un predio privado que no cuenta con habilitación legal ni permiso administrativo para ser utilizado como sitio de disposición final de basura.

Desde la Fiscalía señalaron que, una vez finalizadas las evaluaciones técnicas y recibidos los informes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), además de los dictámenes de la DEDA, se avanzará en la toma de decisiones correspondientes dentro del proceso investigativo, incluyendo la posible imputación de los responsables si se configuran hechos punibles contra el medio ambiente.

En este contexto, cabe recordar que las normativas vigentes de la Municipalidad de Asunción prohíben expresamente la creación y utilización de vertederos clandestinos, ya sea en espacios públicos o privados.

Estas disposiciones municipales establecen sanciones que van desde multas económicas significativas hasta la clausura del inmueble y la obligación de remediar el daño ambiental causado.

En los casos más graves, las infracciones pueden derivar en denuncias penales, especialmente cuando se pone en riesgo la salud pública o se afecta el equilibrio ambiental.

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Las autoridades reiteraron que la gestión adecuada de los residuos es una responsabilidad compartida y advirtieron que continuarán los controles para prevenir prácticas ilegales que atenten contra el medio ambiente y la calidad de vida de la población.