Este viernes, el Ministerio Público junto con la Policía Nacional realizaron una serie de allanamientos en el marco de la investigación por supuesta trata de personas con fines laborales a tres locales del centro de rehabilitación Remar. Esta intervención se realizó luego de una denuncia por presunta explotación infantil.
El operativo estuvo encabezado por la fiscal Carina Sánchez, de la unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas, quien se presentó hasta el local principal de este centro que se encuentra en la ciudad de Fernando de la Mora. Otras dos intervenciones se desarrollaron en otros puntos.
Desde la institución informaron que recibieron una denuncia por presunta trata de personas con fines laborales. En el caso en particular el reporte indica que hacen trabajar a menores de edad por largas horas, que realizan trabajos forzosos y en muy precarias condiciones atentando contras su salud física.
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En el marco de las investigaciones y con el objetivo de recabar elementos de convicción, verificar las condiciones de permanencia y trabajo de las personas que se encontrarían en los lugares intervenidos, también buscan individualizar a posibles responsables del hecho investigado.
Los procedimientos son llevados adelante por tres agentes fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas, quienes intervinieron en simultáneo tres locales con el acompañamiento de personal policial y el apoyo de otras instituciones.
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Jugador de Cienciano realiza grave denuncia
El volante uruguayo Santiago Arias, del Cienciano de Perú, denunció que un alto directivo del Montevideo City Torque supuestamente ofreció dinero a los jugadores del club peruano para que se hicieran expulsar en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
La supuesta dádiva se habría hecho en el marco del encuentro disputado el jueves en la capital uruguaya, donde Montevideo City Torque se impuso por 3-0 (global 3-2) y clasificó por primera vez a la semifinal del torneo regional.
Arias contó sobre la supuesta propuesta irregular al regresar a Perú el viernes y en medio de publicaciones del City Torque en redes sociales que hinchas de Cienciano consideraron burlescas y provocadoras.
En uno de los mensajes en la red X el cuadro uruguayo señaló que el equipo cusqueño habría destacado únicamente por jugar en la altura de Cusco (3.400 metros sobre el nivel del mar).
“Les faltó poner (en los mensajes, ndlr) que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros”, dijo Arias, de 31 años, al canal Inka Digital TV.
El mediocampista consideró “muy fuerte” lo sucedido y aseguró que el plantel de Cienciano, campeón de la Sudamericana en 2003, rechazó “rotundamente” la supuesta propuesta.
El charrúa aseguró que la proposición vino de parte del “presidente” del City Torque, aunque ese club no tiene esa figura en su organigrama. Sin embargo, consideró que sus rivales fueron justos ganadores de la serie.
CANALE RENUEVA CON LANÚS
El defensor mundialista paraguayo José Canale renovó su contrato con Lanús de la Argentina hasta diciembre de 2028.
La firma del nuevo vínculo se dio en las oficinas de La Fortaleza con por el presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón.
Canale acumula 78 partidos oficiales y 6 goles convertidos con la camiseta granate. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.
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Milei envía al Congreso proyecto para endurecer sanciones por explotación de recursos en Malvinas
El presidente argentino, Javier Milei, envió este jueves al Congreso un proyecto de ley que endurece las sanciones por la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización de Buenos Aires.
El proyecto se inscribe en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas en el archipiélago en el Atlántico sur, bajo control británico desde 1833.
La denominada “ley de defensa de la soberanía nacional” prohíbe la explotación de cualquier recurso natural en las Malvinas sin la autorización de Buenos Aires y contempla penas de hasta 20 años de prisión, ampliando las de hasta 15 años que se encuentran vigentes desde 2011.
La proyectada ley tiene por objeto castigar a quienes explotan recursos naturales “de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse”, indica el texto.
También permite a los infractores suspender las acciones penales en su contra si cesan las actividades prohibidas y pagan una multa o se comprometen a invertir en Argentina.
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El miércoles, una jueza argentina ordenó la suspensión del proyecto petrolero Sea Lion, de la británica Rockhopper y la israelí Navitas, que prevé comenzar a producir crudo en 2028 en aguas próximas a las islas.
El Reino Unido no reconoce la jurisdicción argentina sobre las Malvinas. El propio proyecto admite las dificultades para hacer efectivas las sanciones y propone habilitar juicios en ausencia.
La soberanía sobre las Malvinas es un tema central de la identidad de los argentinos, que perdieron en 1982 una guerra contra Reino Unido tras intentar recuperar las islas.
Milei, quien buscará la reelección en 2027, dijo el miércoles que “hay que ser muy estúpido” para suponer que su renovado interés en el tema responde a oportunismo político.
El proyecto de ley remitido por Milei crea también un Consejo de Seguridad Nacional que amplía el margen de acción de las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas y prevé su utilización para proteger “infraestructuras críticas”, en sectores como energía, salud y centros de datos.
Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio, una medida que según Buenos Aires los británicos no están cumpliendo.
- Fuente: AFP
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Presunta trata en Asunción: ciudadanos brasileños serían explotados laboralmente
El comisario Humberto Aquino, jefe del Departamento Especializado en la Lucha contra la Trata, dio detalles de la investigación por presunta trata internacional de personas con fines de explotación laboral, en base a una denuncia hecha por un brasileño.
Las autoridades investigan la situación migratoria y laboral de unas 200 personas que se encontraban trabajando en un edificio ubicado sobre avenida Aviadores del Chaco casi Santa Teresa de Asunción.
La Dirección contra la Trata de Personas en conjunto con otros organismos de seguridad y control ejecutaron una intervención en el Edificio Aura Paraguay, por presunta trata internacional de personas con fines de explotación laboral.
El jefe policial explicó que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un ciudadano brasileño que llegó a través de la Cancillería y fue derivada al Ministerio Público. “Esa denuncia pasó a la Cancillería y derivó a la Fiscalía. Entonces, nosotros, de la Unidad Especializada de Trata de Personas, procedimos a la investigación”, relató en la 1020 AM.
Una vez conseguida la información sobre el lugar y la forma en que trabajaban, procedieron a allanar el local con una orden del Juzgado Penal de Garantías encabezado por la fiscal María Isabel Arnold.
Los agentes encontraron a alrededor de 200 personas trabajando en un call center. “Constatamos que se encontraban cerca de 200 personas, específicamente ciudadanos brasileños y algunos paraguayos, trabajando en diferentes niveles del edificio”, mencionó el investigador.
Precisamente, lo más llamativo para los intervinientes fue la cantidad de personas que se encontraban en el lugar, la mayoría ciudadanos brasileños. “Todos tenían su forma de captar clientes a fin de darle una inversión dentro del territorio nacional a sus conciudadanos brasileños”, puntualizó.
Las primeras informaciones señalan que la empresa sospechosa realizaba rotaciones constantes de personal y estaría implicada en esquemas de estafa, lavado de dinero y tráfico de personas. Según Aquino, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó la presencia de ciudadanos extranjeros en situación irregular y algunas personas no contaban con la documentación laboral correspondiente.
“Convocamos al Ministerio del Trabajo y a la Dirección Nacional de Migraciones. Y comprobaron que existían ciudadanos brasileños en situación irregular dentro del territorio nacional. Y se presume que estaban también en forma irregular porque algunas personas no contaban con la documentación correspondiente”.
En el procedimiento, incautaron documentos y equipos informáticos para la investigación.
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La ONU denuncia la concentración de poderes en Nicaragua
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó el miércoles la concentración de poderes por parte del Ejecutivo y del partido en el poder en Nicaragua, país donde gobiernan con mano de hierro desde 2007 el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
“El poder está cada vez más concentrado en manos del Ejecutivo y del partido gobernante”, advirtió el miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con motivo de la publicación de un informe que detalla “el desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas y del Estado de derecho” en Nicaragua.
Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, y su esposa, Rosario Murillo, cinco años más joven, gobiernan con mano dura, particularmente tras las protestas de 2018 que dejaron al menos 300 muertos, según la ONU.
El informe divulgado el miércoles documenta una “toma de control casi total”, así como “abusos sistemáticos de poder que han debilitado los contrapesos institucionales”, declaró el Alto Comisionado, citado en un comunicado.
El texto recuerda que a principios de setiembre, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma constitucional que impide a los opositores participar en las elecciones, blindando aún más el poder del presidente Ortega.
Según el informe, “el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuenta actualmente con mayoría absoluta en el poder legislativo, en los 153 municipios y en ambos consejos regionales de las regiones autónomas de la Costa Caribe”.
Un análisis de las 185 votaciones plenarias registradas en el sitio web oficial de la Asamblea Nacional entre junio de 2025 y mayo de 2026, indica que “no hubo votos en contra ni abstenciones, ni siquiera entre los 15 diputados de partidos que no forman parte oficialmente de la coalición de gobierno”.
El reporte subraya que “este hecho refleja un contexto más amplio de concentración del poder político y la ausencia efectiva de una práctica democrática pluralista”.
Los autores también remarcaron las detenciones arbitrarias como principal herramienta de represión y registraron al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia atribuidas a las autoridades.
El informe, al referirse a “una impunidad generalizada”, indica que estas cifras, no exhaustivas, podrían ser más elevadas debido especialmente a la falta de acceso al país, a la negativa de las autoridades a cooperar y al temor a represalias entre las víctimas y los testigos.
Durante el último año, cuatro nuevas organizaciones de la sociedad civil se han visto obligadas a cerrar, elevando a 5.539 el número de entidades disueltas arbitrariamente en los últimos ocho años.
Las autoridades también ordenaron el cierre de un nuevo medio de comunicación, elevando al menos a 56 el número de medios clausurados en el mismo período.
“Casi no queda nada por cerrar”, comentó el Alto Comisionado. “La situación es absolutamente indefendible”, añadió Türk.
- Fuente: AFP
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