Este miércoles, la Fiscalía formuló imputación contra la mujer, cuyo hijo de 5 años fue internado tras una grave intoxicación con cocaína en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. La mujer fue detenida y el menor entregado a sus abuelos.

La fiscal Katia Uemura imputó a la mujer de 23 años por falta al deber de cuidado, luego de que su hijo fuera internado de urgencia por presentar signos de intoxicación por presunta cocaína. La misma contaba con medida sustitutiva de libertad por un hecho de posesión y comercialización de drogas del año 2025.

Según la defensora pública Leticia Sosa Colmán, la madre del niño fue detenida y en su poder se encontró drogas, además, estaba bajo los efectos de estas sustancias. “Se le hizo una inspección médica al niño y aparentemente no tenía signos de maltrato”, detalló en entrevista con Telefuturo.

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Afirmó que se solicitó que se realice un test a la madre, así como también al hijo y ambos dieron positivo a consumo de drogas. “El resultado fue positivo para la mamá con cocaína y marihuana. El niño también con cocaína”, informó la defensora. La mujer fue enviada al penal y el menor entregado a sus abuelos.

El menor fue ingresado a la urgencia del Hospital de Pedro Juan Caballero en compañía de la madre y la Defensoría Pública bajo el protocolo de falta al deber del cuidado. La Fiscalía investiga cómo llegó la droga a manos del niño, si fue accidental o le fue proveído por la madre.

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Ciudad del Este. Agencia Regional:

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), regional Ciudad del Este, y el fiscal Elvio Aguilera Vázquez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N.º 1 de Alto Paraná, realizaron un operativo en una reserva forestal del distrito de Ñacunday, donde destruyeron seis hectáreas de plantaciones de marihuana durante el fin de semana.

La intervención fue en la colonia Mbareté, en la reserva forestal perteneciente a la empresa Agrotoro SA., al sur del departamento de Alto Paraná.

Durante el procedimiento, fueron destruidas dos parcelas de plantaciones de marihuana en etapa de crecimiento, cada una con una extensión aproximada de tres hectáreas de cultivos ilícitos, según informe de la Fiscalía.

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En el lugar, también desmantelaron un campamento utilizado por quienes estuvieron cultivando, junto con diversos enseres personales.

Asimismo, los agentes hallaron otras evidencias relacionadas con la actividad ilícita, entre ellas una zaranda de fabricación casera, una fumigadora de la marca Jacto, dos máquinas sembradoras, seis trampas caseras, tipo “cazabobo”, y tres municiones sin percutir, de calibre 28.

De acuerdo con el informe oficial, todos los objetos encontrados como evidencias fueron destruidos en el sitio, conforme a disposición fiscal. En el operativo participaron también agentes de fuerzas especiales en apoyo.

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En un documento de 84 páginas, este viernes, desde el Ministerio Público informaron que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acta de imputación en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. También fueron imputados:

1. Sebastián Martínez Insfrán
2. Sonia Barrios Ramírez
3. Walter Hugo García Méndez
4. Salem Esgaib Zugaib
5. Lucía Elizabeth Lisboa de Torales
6. Valeria Fabiana Romero
7. Hugo Benítez Vázque
8. Karen González Vergara
9. Fredy Guzmán Martínez
10. y Cinthia Noelia Alen Guerrero

Todos ellos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices.

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Según breve relato, se le atribuye a Prieto Vallejos un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276, resultantes de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora de la Lic. Cinthia Noelia Alen, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Luego de los trámites de rigor, la Fiscalía requiere la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva sobre los imputados, indicaron.

“En ese contexto, nos encontramos ante la presencia de suficientes elementos de convicción que nos indican la existencia de un hecho punible y nos hallamos ante la suficiente sospecha de la participación de los imputados en su perpetración quienes habrían colaborado con el jefe comunal en la disminución patrimonial de la comuna”, explicaron los agentes fiscales.

Por tanto, a continuación indicaron que se aplican las siguientes medidas cautelares:

• Fianza personal o caución real adecuada sobre los imputados por la suma que el Juzgado estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se investigan.
• Prohibición de salida del país.
• Fijación de un domicilio procesal y teléfonos para las notificaciones personales a los imputados.
• La obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
• y cualquier otra medida que sea compatible con la naturaleza del caso.

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Desde el Ministerio Püblico informaron este viernes que la agente fiscal Yeimy Adle, especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó imputación contra un ciudadano brasileño de 34 años, representante legal de la firma Salto Diamante S.A., de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

“Es en el marco de la causa que investiga sobre la supuesta comisión del hecho punible de evasión de impuestos y producción de documentos no auténticos”, aclararon desde la Fiscalía.

Mediante los datos colectados, según la investigación fiscal, el 13 de agosto de 2024 el sospechado habría presentado ante la administración tributaria facturas presumiblemente falsas.

“Dichos documentos habrían sido utilizados para respaldar créditos fiscales del IVA correspondientes a febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2023, así como costos y gastos del IRE del mismo año, obteniendo presuntamente un beneficio impositivo indebido al evadir el pago de G. 1.600.307.708 en impuestos”, informaron.

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Según indicaron, la conducta del hoy investigado se subsumiría en el tipo legal de producción de documento no auténtico, previsto y penado en el artículo 246, inciso 1º, en la modalidad de uso; así como también, en el tipo legal de Evasión de impuestos, conforme a lo establecido en el artículo 261, inciso 1″, ambos del Código Penal; en concordancia con el artículo 29, inciso 1º del mismo cuerpo legal.

Tras la presentación de los documentos, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal la notificación correspondiente al imputado, de conformidad a lo establecido en los artículos 301, inciso 6) y 303 del Código Procesal Penal

Finalmente, también expusieron que debe señalarse la fecha en la cual se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 347.

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