En el marco de la “Operación Escudo Guaraní”, fuerzas de seguridad pertenecientes al Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi - FTC) destruyeron unos 186 mil kilos de marihuana en la localidad de Amaro Cué, distrito de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.
Estos trabajos de erradicación de los cultivos ilícitos se realizaron con el apoyo del Ejército Paraguayo, la Armada Paraguaya y el Ministerio Público.
Con este esfuerzo coordinado entre las instituciones permitió alcanzar la eliminación de 5 campamentos precarios utilizados por las estructuras criminales para la producción ilícita.
Con la intervención, se sacó de circulación un total de 186.000 kilos de la droga, generando un impacto económico devastador para los narcotraficantes: un perjuicio de USD 4.500.000 en el mercado nacional y de USD 22.500.000 en el extranjero.
El trabajo conjunto reafirma el compromiso de las instituciones en la lucha contra el crimen organizado, debilitando sus estructuras, desgastando su cadena logística y protegiendo la seguridad y el bienestar de la población paraguaya, señalaron en un comunicado.
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Acusan y piden juicio oral para hermano de político liberal
El fiscal de Fernando de la Mora, Armin Echeguren, presentó una acusación por abuso sexual en niños y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la elevación a juicio oral y público del proceso penal contra el hermano de un político liberal, quien aspira a la intendencia de una ciudad del Departamento Central.
La acusación fue radicada ante el juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, quien ya fijó la audiencia preliminar para el próximo 28 de agosto a las 08:30. En dicha diligencia judicial se definirá si el acusado enfrentará un juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
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El representante de la Fiscalía reabrió la causa y, tras hallar elementos de prueba contundentes, presentó la acusación formal contra el procesado, miembro de una familia liberal con antecedentes en la función pública en los más altos cargos electivos. Entre las pruebas ofrecidas se encuentran diversos testimonios y pericias de profesionales que evaluaron a la víctima.
Asimismo, el abogado Luis Fernando Ayala presentó una querella adhesiva en representación de la madre de la víctima, quien actualmente tiene 11 años de edad. La querella se sumó al pedido de que el proceso sea elevado a juicio oral y público.
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¡Insólito! Por error, mujer se llevó un auto ajeno y hasta la llave le calzaba
Una enfermera se llevó el auto de una paciente por error y se dio cuenta hasta que lo denunciaron como robado en redes sociales en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Los vehículos eran idénticos y la llave que tenía la mujer funcionaba para arrancar ambos rodados.
Según el reporte policial, el hecho se registró en el predio del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde ambos rodados estaban estacionado a metros de distancia, tanto el de la enfermera como el de la paciente. Se trata de dos autos de la marca Toyota modelo Corolla de color dorado, pero con números de chapa diferentes.
La profesional de salud terminó su turno y salió del centro asistencial, fue hasta el estacionamiento, con su llave abrió el rodado y lo arrancó, para luego ir hasta su vivienda. Cuando por fin se disponía a descansar vio en redes sociales sobre un caso de robo vehicular ocurrido en el centro asistencial.
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La descripción de automóvil robado coincidía con el de ella, hasta que volvió a salir para corroborar la situación. En ese momento se dio cuenta de que fue ella quien tomó otro auto, volvió a arrancar y fue de nuevo hasta el hospital. Ahí se topó con agentes de la Policía Nacional y explicó lo que ocurrió.
En el estacionamiento se encontraba su rodado, cuyas características eran similares al que se llevó. Lo extraño de la situación es que la llave que portaba la funcionaba arrancaba en ambos. Finalmente, se aclaró la situación, devolvió el auto ajeno, se llevó el suyo, y se pudo constatar que no fue un robo.
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Quirófanos fantasmas en IPS: “Es muy factible que haya más imputaciones”, advierte fiscal
El fiscal Julio Ortiz se constituyó este viernes hasta el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de la indagación sobre las obras fallidas de quirófanos modulares que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
Durante el procedimiento se verificó los insumos entregados por la empresa Neighpart S.A. “Vemos que hasta la fecha no hay una construcción, entonces la imputación tiene sustento, ya que se basa en este punto, no hay quirófanos modulares, lo que sí se encontró fueron algunos productos o objetos. Es muy factible que haya más imputaciones, personas comprometidas en esto”, indicó en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ortiz agregó que “si es necesario imputar a alguien más, que no haya dudas que lo haré”. El procedimiento fiscal fue acompañado por el presidente de la previsional, Isaías Fretes, y el arquitecto Gustavo Masi, quien se desempeñó en el cargo de director de Infraestructura de la institución.
En la ocasión, Masi detalló que hasta el momento solo fueron entregados equipos de climatización, mientras que las estructuras de los quirófanos no llegaron a ejecutarse. La obra quedó paralizada luego de detectarse que la estructura del edificio no soportaría el peso de los equipos.
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Masi incluso dijo que no se realizaron previamente los estudios estructurales necesarios. En la causa ya se encuentran imputados por lesión de confianza los expresidentes de la previsional Vicente Bataglia y Jorge Brítez.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística, y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Madre e hijo murieron antes del incendio, revela autopsia
La autopsia practicada a la mujer y su hijo de 12 años, hallados muertos el domingo tras un incendio en la vivienda en la que residían en la colonia Tupa Rendá del distrito de Abaí, departamento de Caazapá, confirmaron que ya habían fallecido antes del siniestro. El fuego habría sido originado presuntamente por la expareja de la víctima, Ángel Roberto Lugo Sánchez (32).
Así lo informó el titular de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir. El profesional mencionó que los cuerpos se encontraban calcinados.
Explicó que la autopsia descubrió que la mujer falleció debido a un “degüello homicida efectuado con un cuchillo liso” que afectó ambos paquetes vásculonerviosos, en tanto que, la muerte del niño se produjo como “consecuencia de un estrangulamiento producido con un cable eléctrico”.
En cuanto al último, el médico forense señaló que una vez muerto, y debido al fuego, la parte plástica que envuelve el cable se derritió, quedando expuesto solo el material metálico que se encuentra en el interior del componente eléctrico.
El principal detenido fue imputado por la fiscal Lisa Baeza por feminicidio y homicidio doloso debido a su presunta implicancia en el fallecimiento de su expareja, Vilma Rosana Cabello (38) y del hijo de esta, Leandro Alves Martínez.
La agente fiscal pidió la prisión preventiva del imputado, ya que los resultados de la autopsia fortalecen la “hipótesis de que el imputado ocasionó el siniestro para eliminar las evidencias que pudieran existir luego de que perpetró el feminicidio de su expareja de 38 años y el homicidio del niño de 12 años”, indica la publicación de la Fiscalía
El juez Carlos Flores admitió la imputación e hizo lugar al pedido realizado por el Ministerio Público.
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