Una mujer de 42 años fue víctima de una presunta agresión por parte de un hombre identificado como Cristhian Zaracho, de 36 años. La víctima, Gloria Isabel González, acusó golpes de puño y patadas, de acuerdo con el reporte policial.
El hecho se registró en un asentamiento denominado Yvaga Rape de la ciudad Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. Debido a los golpes que recibió la mujer, la misma quedó imposibilitada de movilizarse por sus propios medios y permaneció en el lugar hasta que fue socorrida.
Personal de la comisaría de la zona intervino en el caso. Bomberos voluntarios acudieron al asentamiento y trasladaron a la víctima hasta el centro asistencial de la zona para recibir atención tras las lesiones sufridas, según reportó la 91.5 FM de San Pedro.
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Hay que señalar que el hecho generó el repudio de la ciudadanía, además de preocupación ante la ola de violencia contra las mujeres. En ese contexto, hay que añadir que representantes de la Policía Nacional, del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y otras instituciones del Estado se encuentran articulando acciones ante aumento de violencia y feminicidios registrados en el país.
En la última reunión realizada en el marco de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (Previm), las instituciones analizaron la situación actual de los feminicidios a nivel nacional, en base a datos preliminares del primer mes del 2026.
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Hombre atropelló e intentó estrangular a su pareja en J. Augusto Saldívar
Este lunes, se divulgó videos de como un hombre atropelló e intentó acabar con la vida de su pareja en la ciudad de J. Augusto Saldívar todo habría ocurrido frente a una iglesia cuyo miembros auxiliaron a la víctima. Hasta el momento la mujer no se presentó a declarar y no se sabe si recibió asistencia médica, pero el atacante ya está detenido.
La denuncia fue presentada por vecinos del barrio Santa María quienes entregaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona ante las autoridades, luego de que fueron testigos de cómo Hugo Rotela, de 43 años, atropelló y luego agredió a su esposa Cecilia Duarte, de 38 años, en plena vía pública.
En las imágenes se puede ver que la mujer bajó del automóvil tras una aparente discusión que mantuvo con su pareja y corrió, en ese momento el hombre retrocedió y retomó el camino. Cuando la alcanzó Rotela la arrolló y lanzó por varios metros, pero la mujer sobrevivió y se levantó. En ese momento, el agresor detuvo la marcha de su rodado.
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Estacionó, bajó de su auto y golpeó brutalmente a la víctima, seguidamente la tomó del cuello e intentó estrangularla. Afortunadamente, todo ocurrió frente a una iglesia donde había varias personas y uno de ellos salió para ayudar a la mujer. Tomó al hombre del cuello y lo golpeó para que la soltara.
Rotela fue detenido y se encuentra a disposición del Ministerio Público, pero hasta la fecha su esposa no presentó denuncia formal y tampoco fue a un centro asistencial, para recibir atención médica tras el fuerte golpe que tuvo.
“No estamos pudiendo contar con la declaración de la víctima, pero el agresor está detenido. Tenemos la declaración de los testigos que presenciaron el hecho y tenemos las filmaciones, lastimosamente no estamos pudiendo dar con la mujer”, expresó el fiscal Ángel Gill, en entrevista con Telefuturo.
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Cooperativismo gana protagonismo en la industrialización del interior
El cooperativismo se posiciona como una herramienta clave para impulsar la industrialización y el desarrollo económico en el interior del país. Así lo señaló el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, durante una visita realizada a una organización productiva del sector lácteo en el departamento de San Pedro, donde se presentó un proyecto orientado a modernizar la cadena de valor de la leche y sus derivados.
La actividad formó parte de la agenda de recorridos del titular del MIC por distintos sectores productivos, con el objetivo de conocer de cerca las iniciativas que buscan agregar valor a la producción primaria y fortalecer la competitividad de las economías regionales.
Durante la jornada se presentó un proyecto de modernización de la cadena láctea nacional, impulsado con el apoyo de la República de China (Taiwán) a través del programa Fomipymes. La iniciativa apunta a mejorar la calidad, la presentación y la trazabilidad de los productos lácteos elaborados por pequeños productores, con el objetivo de facilitar su acceso a nuevos mercados.
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Entre los principales ejes del proyecto se encuentran la estandarización de los productos, el fortalecimiento de la identidad visual de las marcas y la implementación de sistemas de trazabilidad, herramientas consideradas claves para consolidar la calidad de productos tradicionales como el queso Paraguay y posicionarlos en mercados más amplios.
El ministro destacó que el cooperativismo representa una vía eficaz para impulsar el desarrollo productivo en las comunidades rurales.
“El cooperativismo es la forma más rápida de generar riqueza para todos los paraguayos. Si lo vemos como una herramienta para industrializar la materia prima que producimos en el campo y llegar a mercados internacionales, es un camino que tiene el éxito prácticamente asegurado”, expresó.
Actualmente, más de 100 productores participan en la producción de leche y derivados, cuyos productos ya se comercializan en distintos mercados del país. Según explicó el ministro, los lácteos elaborados por estos productores se distribuyen en ferias y puntos de venta en Asunción y ciudades del interior, entre ellas Pedro Juan Caballero.
La visita también contó con la participación del viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, y del embajador de Taiwán en Paraguay, Iván Lee, quienes acompañaron la jornada de trabajo y destacaron la importancia de fortalecer las cadenas productivas locales mediante cooperación internacional y asistencia técnica.
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#8M: la violencia contra la mujer no termina el día de la agresión
La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.
Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.
Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.
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En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.
La importancia de las 72 horas
Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.
En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.
Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.
La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.
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Atención digna
Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.
Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.
Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.
No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.
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8-M: informe sobre “la violencia que deja huellas” en la sociedad
El Ministerio Público, a través de un análisis del Observatorio, difundió un informe donde visibiliza cinco hechos punibles en los que predominan las víctimas mujeres -niñas, adolescentes y jóvenes- registrados entre los años 2021 y 2025 en Paraguay, evidenciando el fuerte impacto que estos delitos generan en la vida de las afectadas.
Durante este periodo de cinco años se registraron 17.305 denuncias de abuso sexual en niños, 6.507 casos de coacción sexual y violación, 782 casos de acoso sexual y 671 casos de proxenetismo. A estos delitos se suman 38.794 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario y 172.722 denuncias por violencia familiar.
En el contexto del 8M, Día Internacional de la Mujer, que se recuerda hoy, la Fiscalía expone estos hechos punibles que reflejan una problemática estructural que trasciende el ámbito penal. La violencia contra niñas y adolescentes genera profundas consecuencias psicológicas, sociales y económicas que pueden extenderse durante toda la vida de las víctimas.
Comprender estas consecuencias resulta fundamental para dimensionar el impacto real del fenómeno, explicó la psicóloga Soledad Barge, integrante del equipo técnico del Observatorio del Ministerio Público.
ETAPAS CRÍTICAS
La infancia y la adolescencia temprana constituyen etapas clave para la formación de la personalidad, la autoestima y las habilidades sociales. Cuando una niña es víctima de abuso sexual durante estos períodos, se produce una alteración profunda en los procesos de desarrollo psicológico. La exposición a la violencia sexual en la infancia se asocia con mayores niveles de depresión, ansiedad, estrés postraumático y conductas autodestructivas.
El trauma puede manifestarse de diversas maneras, tales como recuerdos intrusivos, miedo persistente, dificultades para confiar en otras personas –especialmente en los adultos–, así como problemas en la regulación emocional.