El agente fiscal de Emboscada, Christian Benítez Cáceres, formuló una imputación en contra de un hombre por el supuesto hecho punible de homicidio doloso, ocurrido en la ciudad de Arroyos y Esteros. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del procesado.
De acuerdo con la investigación, el hecho se habría registrado el 8 de septiembre de 2024 en la ribera del arroyo Yhú, a la altura del km 78 de la Ruta PY03, ocasión en la que el imputado se encontraba con su hermano. Tras una discusión, la víctima fue incendiada, sufriendo lesiones graves que derivaron en su posterior fallecimiento.
El imputado contaba con una orden de detención desde el año 2024 y fue aprehendido el 16 de enero de 2026 por personal de la Policía Nacional. Luego de su detención, el Ministerio Público procedió a formular la imputación correspondiente y a continuar con las diligencias para el esclarecimiento del hecho.
La Fiscalía tendrá seis meses para presentar su requerimiento conclusivo, que puede ser la acusación contra el imputado o una salida procesal si no se reúnen todos los elementos para presentar la acusación pertinente.
Podes leer: Un adulto mayor y su perro mueren arrollados por la imprudencia al volante
Dejanos tu comentario
Areguá: capturan a sospechoso de transferir G. 350 millones de cuenta de sanatorio y a otra persona
Este viernes, la Policía Nacional de Areguá localizó y detuvo a un hombre que habría recibido G. 350 millones tras vulnerar la cuenta bancaria del Sanatorio San José de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. El hombre también fue denunciado por otra persona de quien se transfirió G. 6 millones.
Según el reporte policial, la aprehensión de esta persona se logró en plena vía pública del barrio Villa Salvador de la ciudad de Areguá, donde se detuvo a Joaquín Andrés Duarte Ojeda, quien estaba siendo investigado luego de que se transfirió la suma de 350 millones de guaraníes de la cuenta bancaria de un sanatorio que habría sido hackeado.
“Esta personas era buscada por la vulneración de una cuenta bancaria y es investigada por supuesto hecho punible de estafa mediante delitos informáticos”, expresó el comisario Oscar Olmedo Lesmo, jefe de gabinete de delitos económicos, en entrevista con el corresponsal de Nación Media.
Lea también: Embajada de Israel entregó equipos médicos a hospital de Itacurubí del Rosario
Indicó que el gerente del sanatorio constató el faltante de dinero y al corroborar se pudo verificar que se realizó primeramente una transferencia de G. 250 millones a nombre de Duarte Ojeda y luego se volvió a realizar la transacción por valor de 100 millones de guaraníes.
“También se recibió la denuncia de otra persona de quien fue vulnerada su cuenta y la víctima se dio cuenta de que se realizó una transferencia de G. 6 millones que no había autorizado. Justamente cayó en la cuenta de Joaquín Andrés Duarte Ojeda”, resaltó.
Confirmó que todo lo actuado se comunicó al Ministerio Público desde donde se dispuso su traslado del detenido hasta el Departamento de Delitos Económicos de Ciudad del Este. Así también, se labró acta del procedimiento y se realizó el diagnóstico médico del sospechoso en el Hospital Distrital de Areguá.
Te puede interesar: Policía captura a pareja de “macheteros” que asaltaba a vecinos en Lambaré
Dejanos tu comentario
Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
Dejanos tu comentario
Guairá: imputan a un abuelo y a su nieto por el crimen de joven que estaba desaparecido
La fiscal Rocío Raquel Rivas imputó por la supuesta comisión del hecho punible de homicidio doloso contra Victoriano Duarte (74) y su nieto, un adolescente de 16 años, en el caso de la muerte y posterior ocultamiento del cuerpo de Cristhian Sosa Oviedo (27), quien contaba con orden de búsqueda y localización.
La desaparición de la víctima fue reportada por la familia el pasado 30 de julio en zona de Melgarejo, distrito de Independencia, departamento de Guairá, y su cuerpo fue hallado enterrado el lunes último en un predio de la misma localidad.
La agente del Ministerio Público pidió la imposición del arresto domiciliario para el adulto mayor, fundamentada en la prohibición establecida en el artículo 238 del Código Procesal Penal, que prohíbe decretar la prisión preventiva a personas mayores de setenta años y ordena aplicar medidas cautelares sustitutivas idóneas.
En el caso del adolescente, solicitó al Juzgado Penal de la Adolescencia como medida provisoria su internación transitoria en el Centro Educativo Sembrador y requirió la realización de los estudios psicosociales y socioambientales de rigor con profesionales forenses del Poder Judicial para evaluar su grado de madurez psicosocial, de acuerdo con el acta de imputación.
Pistas claves
Señala también que la investigación del paradero del joven de 27 años condujo a los intervinientes hacia el adulto mayor, quien quedó bajo sospecha tras entregar de manera inexplicable a la familia del desaparecido la bicicleta que la víctima utilizaba para desplazarse.
Esta pista permitió orientar el trabajo de los investigadores hacia el nieto adolescente, quien tras ser aprehendido confesó su participación en el crimen.
Posteriormente, el adulto mayor brindó datos que posibilitaron el hallazgo del cuerpo en una zona boscosa de Melgarejo, en el camino a Kurusu Pe, donde los intervinientes hallaron primeramente las prendas y calzados de la víctima
La inspección médica primaria determinó como causa de muerte un traumatismo de cráneo encefálico grave. Menciona que el hecho ocurrió el 30 de julio, alrededor de las 18:30, en el interior de una vivienda de Melgarejo, donde Sosa Oviedo habría ingresado a una habitación donde supuestamente intentó abusar sexualmente de la madre del adolescente.
Al percatarse de la situación, el adolescente forcejeó con el hombre y le propinó un golpe con un hacha en la zona frontal de la cabeza, provocándole la muerte de manera inmediata. Al día siguiente, 5:00 aproximadamente, junto al abuelo habrían arrastrado el cuerpo sin vida con una cuerda hacia una zona boscosa ubicada a unos 100 metros de la vivienda, donde lo enterraron en una fosa.
Te puede interesar: Mitad de semana con ambiente fresco y tiempo inestable, según Meteorología
Dejanos tu comentario
Caso Tajy: admisión de culpa de excolaboradores de Prieto confirma la solidez de la acusación
El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esto refuerza la teoría del Ministerio Público, efectivamente estas personas prefieren reconocer (su culpabilidad) antes que someterse a un juicio oral y público porque ahí supone una pena mucho mayor”, refirió Corbeta, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. La Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas, que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de una empresa sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.
Lea también: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para expresidentes del IPS
El representante del Ministerio Público refirió que “el reconocimiento de los propios actores que estuvieron en el proceso también fortalece y robustece nuestro requerimiento conclusivo y nuestra investigación porque finalmente estas personas optan por una salida procesal antes de someterse a un juicio, esto significa que los hechos han ocurrido”.
Corbeta mencionó que, “en un eventual juicio oral, estas personas se exponían a una pena mínima de tres años y medio para arriba. Son cómplices, tienen una reprochabilidad o culpabilidad reducida con relación al principal acusado que es el exintendente”.
Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del Partido Yo Creo y candidato a la presidencia de la República para el 2028 enfrentará también el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en el marco de la causa denominada Tía Chela, por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia.
“En el caso de la causa Tía Chela, ninguno de los acusados optó por la salida alternativa, todos pretendieron acompañar al exintendente a juicio oral. Las mismas personas que ayer admitieron su culpabilidad en el caso Tajy también están acusados en la causa de Tía Chela y la realización del juicio se torna un poco compleja porque, al haber tantas personas, lógicamente puede ocasionar suspensiones reiteradas”, comentó el fiscal.
Prieto se expone a 10 años de cárcel
Corbeta estimó que el juicio oral y público contra Prieto en la causa Tajy podría desarrollarse a finales del presente año o principios del 2027. “En este caso hay varios tipos penales, Prieto podría exponerse a una pena de 10 años si se prueba la administración en provecho propio e incluso superior si se prueba los demás tipos penales que son lesión de confianza y asociación criminal”, sentenció.
Te puede interesar: Paraguay y EE. UU. suscriben acuerdo estratégico en materia nuclear