Este martes, la Policía Nacional realizó un allanamiento en un hogar de ancianos en la ciudad de Capiatá y detuvo a una mujer que se encargaba de la administración luego de que fue descubierta intentando sacar préstamos de bancos. El procedimiento estuvo acompañado por el fiscal Gerardo Chamorro.

Según el reporte policial el procedimiento se realizó durante la jornada de hoy en el barrio Yvyraró de la citada ciudad. Esto luego de que recibieron una serie de denuncias contra la mujer que era encargada del hogar donde residen varios ancianos, que fueron víctimas de esta persona.

La sospechas de apropiación se dio luego de que Sandra Iralada, administradora de hogar, llegó hasta sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) e intentó retirar la suma de G. 50 millones que había en la cuenta de unos de los residentes, que había fallecido en el hospital.

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“Se trata de un hecho de lesión de confianza, violación del derecho y deber de cuidado, y otros. Llegamos a esta clínica que alberga a personas de la tercera edad y el día de la fecha se procedió a la detención de la misma”, apuntó el comisario Héctor Molinas, a los medios de comunicación.

Los funcionarios del banco reportaron esta situación a la Policía Nacional que inició una investigación que fue encabezada por el fiscal Gerardo Chamorro, quien acompañó el procedimiento en la jornada de hoy. “Esta persona tenía varias facilidades porque contaba con un poder para que pueda proceder a las compras de cada uno”, detalló.

Agregó que esta situación fue aprovechada por esta mujer, que tenía acceso a las tarjetas de los ancianos para la compra de insumos, productos de higiene, entre otros productos. “A veces vaciaba las cuentas bancarias y hacía desfalcos en las cuentas de estas personas de la tercera edad”, puntualizó.

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Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales y coordinador del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), confirmó que se está avanzando de manera muy positiva para dar con los autores intelectuales del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Remarcó que esta investigación, que continúa abierta, no solo es una prioridad para la Fiscalía paraguaya, sino que para toda la comunidad jurídica internacional penal.

Brindó estas declaraciones durante el acto de homenaje que se llevó a cabo este sábado frente al busto del fiscal Pecci en el Ministerio Público de Asunción, en el marco del cuarto aniversario de su asesinato en Colombia, con la presencia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, así como Maricel Albertini, madre de Pecci, y los fiscales Francisco Cabrera, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo, que integran el ECI.

“Este equipo está en permanente contacto con sus pares de Colombia, y toda información que surja respecto al caso debe ser compartido por los dos equipos de la fiscalía paraguaya y colombiana”, manifestó Rolón ante la prensa, puntualizando que la carpeta fiscal que aún sigue vigente y que su contenido es “altamente confidencial”.

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A su turno, el fiscal adjunto Manuel Doldán explicó que, a partir de las declaraciones del fallecido sicario colombiano Francisco Correa Galeano, se formó una carpeta fiscal el 9 de octubre del 2023, en la cual se han registrado muchísimas actividades de cooperación internacional que ya fueron divulgadas.

Recordó que el 21 de octubre del 2024 se constituyó el Equipo Conjunto de Investigación como una herramienta de vanguardia en materia de cooperación internacional que permite desplegar investigaciones conjuntas, coordinadas y estratégicas con las autoridades competentes de la investigación penal en Colombia.

Como novedad, el fiscal Doldán informó que este mismo equipo conjunto mantuvo una reunión presencial en Panamá, como territorio neutral, en marzo pasado, que no se dio a conocer mediáticamente, sobre la base de guardar sigilo de las diligencias investigativas.

“Los equipos conjuntos de Paraguay y Colombia nos reunimos en la ciudad de Panamá, una ciudad neutral bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de Naciones Unidas, y hemos estado trabajando en ese lugar donde se afianzaron las capacidades investigativas de ambos países, se concentraron las diligencias investigativas y se exploraron aspectos que fueron dejados de lado a lo largo de la investigación, principalmente en territorio colombiano”, precisó.

“Desde luego, por cuestiones de sigilo y confidencialidad judicial sobre todo en la necesidad de preservar los actos investigativos y diligencias sensibles no podemos contar las particularidades y especificaciones muy claras”, expresó.

Remarcó que se está avanzando de manera muy positiva para dar con los autores intelectuales responsables de la muerte del fiscal Marcelo Pecci. “Sí, podemos decir que bajo la necesidad del sigilo que nos impone el instrumento de cooperación técnica, así como la investigación de la envergadura como esta, que es transnacional, vinculada sin lugar a dudas al crimen organizado, esto nos exige celo absoluto de parte de los fiscales y una prudencia investigativa en la que estamos comprometidos en mantenerla hasta el final”, aseguró.

“Este caso va a terminar cuando todas las personas, todos los participantes del hecho tengan una condena ejemplar”, remarcó. En cuanto a la hipótesis de que la orden de asesinar al fiscal Pecci habría salido de Paraguay, Doldán señaló que es una variable positiva, lógica y que está siendo manejada desde el Ministerio Público.

Mencionó que se ha formalizado una cooperación con los Estados Unidos, también es de carácter reservado. Doldán señaló que está en permanente contacto con el Departamento de Justicia y aguardando que se levante el recelo judicial en Virginia para comenzar a compartir información en el marco de la detención de Sebastián Marset. Precisó que el ECI está llevando adelante el trabajo de rastreo de fuentes financieras.

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Un Tribunal de Sentencia condenó a 25 años de cárcel a una mujer tras ser hallada culpable del asesinato de su esposo. La fiscal del caso, Nadia Millán Cattebeke, presentó todos los elementos probatorios necesarios para lograr la sentencia condenatoria. La condenada fue identificada como Elva Rosa Mereles de Florentín, hallada responsable del homicidio de su cónyuge.

El Tribunal consideró contundentes las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales desvirtuaron la coartada de la mujer. El crimen ocurrió el 18 de octubre de 2022, aproximadamente a las 19:30, en una vivienda de la fracción Aurora de Limpio. Según la investigación fiscal, Elva Mereles solicitó a la hija de ambos que se encerrara en su habitación para hacer sus tareas.

Aprovechando que su marido estaba acostado en la cama, la mujer le propinó una estocada con un cuchillo en el lado izquierdo del pecho. Posteriormente, con el fin de ocultar el crimen, la sentenciada desordenó la habitación para simular un robo y pidió auxilio a su hija, alegando que dos asaltantes habían ingresado a la casa exigiendo dinero y apuñalando a su padre. Ambas salieron a la calle a pedir ayuda a los vecinos manteniendo la misma versión.

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La víctima fue trasladada al Hospital de Limpio, donde se constató su deceso. Durante el juicio oral, la fiscal Nadia Millán logró demostrar que la versión del asalto carecía de sustento.

Entre los elementos probatorios clave destacaron los análisis de cámaras de seguridad de la zona, que confirmaron que ninguna persona ajena a la familia ingresó a la propiedad en el horario del crimen. Asimismo, los vecinos manifestaron no haber observado movimientos extraños ni la huida de sospechosos. En el registro de la vivienda, se encontró el arma homicida y una sábana con restos de sangre oculta en el interior de la heladera de la casa conyugal.

Las averiguaciones fiscales determinaron que el motivo del asesinato fue de índole pasional y patrimonial: se probó que Mereles mantenía una relación sentimental con otra persona y, ante la negativa de su esposo de abandonar el hogar, la mujer tomó la determinación de terminar con su vida. La sentencia de 25 años de cárcel responde a la gravedad del hecho y al grado de planificación empleado por la hoy condenada.

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El Ministerio Público informó sobre un procedimiento realizado en el marco de una investigación por presuntos hechos de extorsión y cohecho pasivo agravado. El operativo derivó en la detención de una mujer, tras una entrega vigilada de dinero en el estacionamiento de un conocido shopping en la ciudad de San Lorenzo, seguido de un allanamiento en el juzgado penal de Garantías de dicha ciudad.

La intervención estuvo a cargo de la agente fiscal Yeimi Adle, de la Unidad Especializada Anticorrupción, con el acompañamiento de personal de la Policía Nacional. La causa se originó a partir de una denuncia que señalaba la supuesta solicitud de dinero por parte de una funcionaria judicial, quien habría ofrecido intermediar para la obtención de medidas sustitutivas a la prisión a favor de una persona procesada en una causa penal.

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De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento incluyó la coordinación de una entrega vigilada de dinero, diligencia que permitió la detención de la sospechosa. En prosecución de las averiguaciones, se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la sección Estadística y de la secretaría del juzgado penal de Garantías n.º 1 de la jurisdicción de San Lorenzo, en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado penal de Garantías especializado en delitos económicos del primer turno.

Durante el operativo se incautaron documentos originales, copias certificadas y dispositivos de almacenamiento con información relevante para el esclarecimiento del hecho. Asimismo, se autorizó la extracción de datos de equipos informáticos para profundizar el análisis de los elementos colectados. El Ministerio Público prosigue con las diligencias para determinar la participación de otras personas y esclarecer plenamente las circunstancias del caso.

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