El caso de la perrita Canela volvió a generar controversia luego de que la Dirección de Defensa Animal cuestionara una resolución judicial que ordena su retorno a su familia anterior, pese a denuncias de presuntas condiciones de riesgo en el entorno donde vivía.

El titular de la Dirección de Defensa Animal, Héctor Rubín, expresó su preocupación por la decisión de la jueza Carmen Román y advirtió que el animal podría volver a una situación insegura. Según señaló, la vivienda no contaría con condiciones adecuadas para la tenencia responsable de mascotas.

“Para mí sí corre peligro. Yo personalmente estuve en esa casa y verifiqué que no es segura, no están las condiciones”, afirmó Rubín a la 780 AM, quien indicó que en el lugar había otras mascotas, como gatos, que no estarían vacunados ni contarían con documentación sanitaria.

El funcionario sostuvo además que durante las verificaciones realizadas se solicitaron documentos vinculados a la salud y tenencia de Canela, sin que —según su versión— fueran presentados en su totalidad. En ese sentido, insistió en que el caso ya había sido advertido previamente en actas e informes técnicos.

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Rubín también cuestionó la fundamentación de la decisión judicial y afirmó que la institución a su cargo fue parte activa del proceso de seguimiento del caso. “Se está diciendo que no se hizo el trabajo, pero nosotros venimos interviniendo desde el inicio”, señaló.

El caso Canela ya había generado amplia repercusión pública debido a que la perrita fue víctima de una grave lesión en el hocico tras una explosión, situación por la cual debió someterse a complejas intervenciones quirúrgicas y un largo proceso de recuperación.

Desde la Dirección de Defensa Animal sostienen que el animal logró una mejoría significativa bajo el cuidado de su actual rescatista y cuidadora, a quien identifican como Diana Camarasa, y consideran que su permanencia en ese entorno sería lo más adecuado para su bienestar.

“Canela con su cuidadora está bien, pero cuando es separada presenta problemas de conducta y alimentación”, afirmaron desde la institución a la 780 AM, insistiendo en que el bienestar del animal debe ser el eje central de la decisión.

El caso continúa en evaluación en el ámbito judicial, mientras crece la discusión pública sobre los criterios de tenencia, protección animal y el alcance de las decisiones en situaciones de maltrato o rescate.

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La directora de la organización Olfateando Huellas, Diana Camarasa Delgado, denunció ser víctima de supuesto acoso y amedrentamiento tras negarse a entregar a la perrita Canela a sus antiguos dueños, como lo dispuso la jueza Carmen Rossana Román.

“Hoy (jueves) estuvieron en mi propiedad la exdueña de Canela junto con su abogado, policías y un ñembo adiestrador canino de nombre Pablo Olmos, a quien en su momento le dimos mucho trabajo por medio de la fundación”, indicó a través de la página oficial de la organización protectora de animales.

Añadió que dichas personas estuvieron sacando fotos y realizando filmaciones de su propiedad con intenciones desconocidas, incluso entraron en el predio vecino, al parecer buscando alguna cosa, precisó Camarasa.

“Me siento acosada, amedrentada y con miedo de que le suceda algo a mis animales. Quiero dejar constancia por este medio y también lo haré de manera formal, por si mi propiedad sea dañada, mis animales sean perjudicados o para lo que hubiere lugar”, expresó la protectora de animales.

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Por otro lado, informó que Canela ya no se encuentra en su propiedad y que la información sobre su destino será manejada por los medios legales que corresponda.

La resolución de la jueza Penal de la Adolescencia de Luque de devolver a sus antiguos dueños a Canela generó un fuerte rechazo ciudadano así como la indignación de grupos proteccionistas y organizaciones de defensa animal.

La Dirección de Defensa y Bienestar Animal rechazó la medida argumentando que el entorno familiar falló en el deber del cuidado y resguardo de la mascota. Sin embargo, la jueza argumentó que la familia no tuvo responsabilidad directa en la agresión al animal, el cual perdió la mandíbula a causa de la explosión de un petardo en la boca.

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La decisión judicial que ordena el retorno de Canela a la familia que la tenía cuando sufrió la explosión que destruyó su mandíbula sigue generando una fuerte reacción ciudadana. Sin embargo, más allá de la resolución en sí, fueron las explicaciones brindadas por la jueza Carmen Román las que encendieron aún más el debate.

Durante una entrevista concedida a Canal 9, la magistrada defendió su decisión argumentando que Canela tiene una familia y que, conforme a su interpretación de la normativa vigente, corresponde que vuelva con ella. “Al contar con una familia es lo que corresponde, que vuelva con la familia”, sostuvo Román.

Las declaraciones provocaron cuestionamientos inmediatos de los conductores del programa, quienes insistieron en un aspecto que para muchos ciudadanos resulta central: las condiciones en las que se encontraba el animal cuando sufrió la gravísima lesión que conmocionó al país.

Canela perdió parte del hocico tras un brutal episodio y desde entonces su recuperación ha dependido de tratamientos veterinarios especializados, cirugías y cuidados permanentes financiados gracias a la movilización de cientos de personas y de la fundación Olfateando Huellas liderada por Diana Camarasa.

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Uno de los puntos más criticados de la entrevista fue cuando la jueza afirmó que no corresponde privar a la perra de su familia por una cuestión económica. “No podemos nosotros, porque sea de nivel económico bajo, privarle a Canela de su familia”, expresó.

Ante las consultas sobre si el juzgado verificó la capacidad económica de los propietarios para sostener un tratamiento que requiere importantes recursos mensuales, la magistrada respondió que si los dueños se opusieron a entregar definitivamente al animal, se presume que están en condiciones de hacerse cargo.

Esa explicación fue recibida con incredulidad por parte de los entrevistadores y posteriormente por numerosos usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron que no se hayan expuesto públicamente evaluaciones concretas sobre las condiciones materiales para garantizar la continuidad del tratamiento.

Otro aspecto que generó controversia fue la explicación sobre las circunstancias que derivaron en las lesiones sufridas por Canela. Román sostuvo que el incidente no ocurrió dentro de la vivienda y que los propietarios no fueron quienes protagonizaron directamente el episodio. “Los dueños no fueron los que protagonizaron ese accidente”, afirmó.

Sin embargo, durante la entrevista se le señaló que la vivienda no contaba con un perímetro de protección adecuado para impedir que el animal saliera a la vía pública, situación que para muchos representa precisamente una responsabilidad de sus cuidadores.

Las respuestas de la magistrada fueron interpretadas por numerosos sectores como una priorización del vínculo familiar por encima de las garantías sobre la recuperación y el bienestar futuro del animal.

Mientras continúa la polémica, organizaciones animaleras, ciudadanos y profesionales vinculados a la protección animal mantienen su preocupación por el futuro de Canela, cuyo caso se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la lucha por una mayor protección de los animales en Paraguay.

La discusión ya no gira únicamente en torno al destino de una perra que logró sobrevivir a graves heridas, sino también sobre cuáles deben ser los criterios que prevalezcan cuando la Justicia debe decidir entre la propiedad formal de un animal y las condiciones reales para garantizar su bienestar.

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Este martes, la jueza Carmen Román, quien ordenó la restitución de Canela a sus propietarios originales, informó que la medida fue tomada tras una investigación que duró seis meses y que determinó que la familia original de la perrita no fue la que ocasionó el daño. Hasta el momento está imputado un adolescente que sería vecino de los propietarios.

Según la magistrada, hace seis meses el Ministerio Público abrió la investigación en el caso y fue la familia la que solicitó en su momento que Canela les sea devuelta. En ese periodo de tiempo se pudo constatar que sus dueños intentaron involucrarse y colaborar con el tratamiento de la afectada, pero no le permitieron.

Existe una carpeta fiscal en la que se presentaron todas las evidencias como circuito cerrado, testimonios testificales, información de la institución que asistió a la can y hay un menor de 17 años imputado en el caso.

“Canela sufrió esas agresiones, pero no fue en el entorno familiar y no fueron hijos de los dueños los que provocaron este daño, no fue así, esa información está totalmente tergiversada. Toda la presión mediática que afectó muchísimo, porque la información era que este adolescente le puso la bomba en la boca”, detalló la jueza, en entrevista con NPY.

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La jueza aseguró que lo mismo está ocurriendo ahora que se libró esta orden, porque la información que está siendo divulgada es que Canela volverá con sus agresores. “En todo momento le pidieron para que puedan dar en adopción a la perrita y la familia original se había negado”, afirmó.

Además, explicó que el hecho fue provocado por un adolescente del barrio que vive a cuadras de la casa de la familia y que pasaba por ahí, como era motivo de fiestas de fin de año, utilizó un explosivo en este caso un cebollón. “Prendió la pirotecnia la cual tiró y Canela salió de la casa detrás de ese destello. No pasó dentro del domicilio, ella cruzó la calle”, manifestó.

Agregó que al ver lo ocurrido, la familia asistió a su perrita e incluso hicieron llegar su aporte monetario para su tratamiento. “Luego les llegó la prohibición de que se puedan acercar, lo que les imposibilitó seguir el proceso de recuperación e intervenciones a la que fue sometida”, resaltó.

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Román resaltó que existe una ley que obliga a las personas a cumplir los mandatos judiciales y que en el caso de que no entreguen a Canela, la persona que la tiene estaría en desacato.“Existe una resolución fundada argumentada y existe una ley que nos obliga a todos a cumplir lo que establece un mandato judicial. Se llegó a la conclusión de que no fueron los dueños los que generaron esa agresión, entonces, no existe una razón del por qué sacarle de su entorno familiar”, finalizó la jueza.

Canela había sido sometida a varias cirugías, incluida la colocación de una prótesis mandibular, y se encontraba en proceso de recuperación bajo supervisión veterinaria especializada luego de que sufriera graves heridas al estallar un “cebollón” en su hocico el 1 de enero pasado.

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