La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.

Desde el Poder Legisla­tivo apuntan a abrir el diálogo para bus­car posibles alternativas ante la deuda del Gobierno con empresas proveedoras del Estado, como son las firmas constructoras y las farma­céuticas, planteándose una ampliación en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Se estima que la deuda acumu­lada superaría los USD 1.000 millones. La diputada Cris­tina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó a La Nación/Nación Media que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.

“Nosotros tenemos que sen­tarnos primero a hablar con las respectivas ministras de carteras, ver realmente la deuda que existe, porque nosotros estamos entrando ahora en abril, mayo, y ya se pueden presentar las ampliaciones presupuesta­rias”, manifestó. Apuntó a un proyecto que amplíe el presu­puesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) de ser necesario. “Para hacer las ampliaciones presupuestarias podemos ir viendo con el Minis­terio de Economía cuánto tene­mos la disponibilidad y para ver cuánto todavía tenemos dispo­nible el PGN para ellos y si va faltar vemos una ampliación presupuestaria o también se puede hacer una modificación del presupuesto”, explicó.

Villalba adelantó que la comi­sión asesora también convo­cará al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernán­dez Valdovinos, para anali­zar esta situación. “Ya hemos conversado en la Comisión de Presupuesto, este martes o el otro martes está previsto la ida del ministro de Econo­mía y vamos a abordar con él cuánto es lo que dispone­mos, cuánto es lo que falta y cuál sería el mecanismo para poder ver las partidas presu­puestarias para ir ajustando, no en forma completa, pero sí en forma gradual”, detalló.

Por otra parte, sostuvo que, desde la Cámara de Diputa­dos, el espíritu es de seguir apoyando la administra­ción del presidente Santiago Peña. “El Gobierno de Para­guay sabe que tenemos la muy buena predisposición para poder ayudar. Nosotros esta­mos abiertos al diálogo, noso­tros sí queremos reunirnos en forma institucional, tanto con los ministros de carteras como con las empresas afec­tadas, en este caso las vialeras y farmacéuticas”, sentenció.

El diputado Rodrigo Gamarra sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años.

El diputado Rodrigo Gama­rra se refirió al problema que enfrenta el gobierno con las deudas, principalmente a proveedores farmacéuticos y obras. Sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años y el actual gobierno heredó varias de esas deudas.

“Lo primero que hay que decir con claridad es que este no es un problema nuevo, es un pro­blema estructural que Para­guay arrastra hace años. De hecho, al inicio de este gobierno, desde el Congreso ya se había acompañado un proceso para honrar deudas acumuladas de administra­ciones anteriores por mon­tos muy importantes. Preten­der instalar que esto apareció ahora es faltar a la verdad”, señaló para La Nación.

Agregó que en la actualidad “este gobierno hizo algo dis­tinto: reconocer el problema y poner sobre la mesa un plan concreto de solución. Hoy hay un compromiso claro de ordenar las cuentas, establecer un cronograma de pagos y dar previsibilidad a los provee­dores”. Aseguró además que existe una decisión política de fondo: “pagar las deudas sin subir impuestos y sin trasla­dar este problema al próximo gobierno, eso es responsabi­lidad, no improvisación”, expresó.

Mientras tanto, aseguró que su postura no es defensa a los retrasos de las deudas, ya que esta no es la situación ideal, pero también hay que entender el contexto real: “el Estado no puede detenerse mientras ordena sus compro­misos”, y “el desafío no es ele­gir a quién pagar, sino soste­ner el funcionamiento de los servicios y al mismo tiempo normalizar gradualmente la deuda”.

Por otra parte, cuestionó a los que solo atacan sin pro­poner soluciones concretas. “Gobernar no es teoría (como dictan muchos que nunca ganaron nada y no adminis­traron ni un almacén). Es administrar realidades com­plejas, ingresos que dependen de variables externas, como el comercio o el tipo de cambio, y gastos rígidos en guaraníes que no pueden detenerse de un día para otro”, refirió

Finalmente, aseguró que desde el Congreso Nacional la intención es seguir apo­yando al Gobierno. “Desde el Parlamento, nuestro rol no es agravar la situación con dis­cursos alarmistas o simplifi­caciones oportunistas, sino acompañar soluciones: gene­rar herramientas financieras, facilitar acuerdos y garanti­zar que este proceso de nor­malización se cumpla porque al final, es fácil hablar y hacer ruido, lo difícil es sentarse y solucionar el problema”, pun­tualizó.

Desde el Poder Legislativo apuntan a abrir el diálogo para buscar posibles alternativas ante la deuda del Gobierno con empresas proveedoras del Estado, como son las firmas constructoras y las farmacéuticas, planteándose una ampliación en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Se estima que la deuda acumulada superaría los USD 1.000 millones.

La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó a La Nación/Nación Media que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas. “Nosotros tenemos que sentarnos primero a hablar con las respectivas ministras de carteras, ver realmente la deuda que existe, porque nosotros estamos entrando ahora en abril, mayo, y ya se pueden presentar las ampliaciones presupuestarias”, manifestó.

Apuntó a un proyecto que amplíe el presupuesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de ser necesario. “Para hacer las ampliaciones presupuestarias podemos ir viendo con el Ministerio de Economía cuánto tenemos la disponibilidad y para ver cuánto todavía tenemos disponible el PGN para ellos y si va faltar vemos una ampliación presupuestaria o también se puede hacer una modificación del presupuesto”, explicó.

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Villalba adelantó que la comisión asesora también convocará al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, para analizar esta situación. “Ya hemos conversado en la Comisión de Presupuesto, este martes o el otro martes está previsto la ida del ministro de Economía y vamos a abordar con él cuánto es lo que disponemos, cuánto es lo que falta y cuál sería el mecanismo para poder ver las partidas presupuestarias para ir ajustando, no en forma completa, pero sí en forma gradual”, detalló.

Por otra parte, sostuvo que, desde la Cámara de Diputados, el espíritu es de seguir apoyando la administración del presidente Santiago Peña. “El Gobierno de Paraguay sabe que tenemos la muy buena predisposición para poder ayudar. Nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros sí queremos reunirnos en forma institucional, tanto con los ministros de carteras como con las empresas afectadas, en este caso las vialeras y farmacéuticas”, sentenció.

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La deuda global del Estado con proveedores del sector salud, que incluye medicamentos, insumos hospitalarios y servicios médicos, asciende a cerca de USD 1.000 millones, según representantes de la industria farmacéutica, en medio de negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para definir mecanismos de pago que eviten la interrupción del suministro.

El viceministro de Administración Financiera del MEF, Óscar Lovera, mantuvo una reunión con representantes del sector farmacéutico y la Comisión de Salud del Senado, en la que se analizaron alternativas financieras para saldar los compromisos pendientes, que rondan los USD 775 millones solo en medicamentos. De acuerdo con Rocío Figueroa, de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), el objetivo es encontrar una salida que garantice el abastecimiento y brinde previsibilidad a las empresas.

Durante el encuentro, las farmacéuticas plantearon distintas opciones de pago, mientras que el MEF expuso que actualmente se encuentra trabajando en la implementación de un esquema de factoraje como posible herramienta para canalizar los pagos. “Estamos desarrollando un instrumento que sea válido para ambas partes”, señaló Lovera tras la reunión.

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El viceministro explicó que el diseño del mecanismo aún está en proceso, ya que se debe evaluar el “apetito” del sistema financiero antes de definir los montos y condiciones de operación. En ese sentido, indicó que también se trabaja en un plan de priorización del pago de deudas, donde el sector salud figura entre los más sensibles.

Hasta el momento, el MEF no emitió una comunicación oficial sobre el esquema definitivo de cancelación de las obligaciones, mientras continúan las conversaciones con los distintos actores involucrados.

Desde el sector advierten que la definición de un mecanismo de pago es clave para evitar el riesgo de desabastecimiento, en un contexto donde la sostenibilidad financiera de los proveedores depende del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció la implementación de un esquema financiero basado en factoraje y emisión de letras del Tesoro con garantía soberana, con el objetivo de regularizar deudas con empresas constructoras y asegurar la continuidad de las obras públicas sin generar nuevos retrasos.

La ministra Claudia Centurión explicó que la estrategia contempla la cesión de certificados de obra a entidades financieras, lo que permitirá a las empresas cobrar de forma anticipada sin presionar directamente el presupuesto vigente. “Es un mecanismo diferente, diseñado para dar previsibilidad a los pagos y sostener el ritmo de ejecución”, afirmó.

El esquema prevé la emisión por USD 150 millones, respaldados por garantía soberana a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte de una solución estructural para evitar la acumulación de pasivos con el sector vial. Según detalló, el instrumento cubrirá capital y se espera interés por parte de entidades bancarias locales en su colocación.

Centurión señaló además que el borrador del instrumento ya fue remitido al sector privado para recibir observaciones y ajustes antes de su implementación.

En paralelo, la ministra añadió que el Gobierno evalúa un proyecto de ley que permita al MEF emitir bonos para honrar cerca de USD 80 millones en intereses acumulados de administraciones anteriores.

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La titular del MOPC indicó que entre enero y marzo se canceló una parte de los compromisos pendientes, lo que permitió reducir la deuda con las empresas viales.

También indicó que el presupuesto contempla un piso de USD 460 millones para el sector, con prioridad en el cumplimiento de obligaciones y la prevención de nuevos atrasos, según lo conversado con el ministro de Economía.

“Estamos enfocados en gastar lo que se tiene. El objetivo es mantener el nivel de inversión, pero sin volver a acumular deuda”, remarcó.

La ministra destacó que cerca del 70 % de los proyectos de infraestructura se ejecutan con financiamiento externo o esquemas de inversión mixta.

Entre las principales iniciativas mencionó la Alianza Público-Privada (APP) de la ruta PY01, así como adjudicaciones recientes en la ruta PY10 por alrededor de USD 120 millones, con respaldo de BID Invest.

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