Fiscalizadores del Ministerio de Trabajo iniciaron esta semana inspecciones laborales dirigidas a verificar el cumplimiento del pago de aguinaldo correspondiente al período 2025. Los controles se llevaron a cabo en 13 establecimientos correspondientes a diferentes rubros.
Según expresiones de la ministra Mónica Recalde, la finalidad es subsanar irregularidades en caso de ser detectadas y “que se abone al trabajador lo que corresponde”.
Los equipos de inspección verificaron, además, el cumplimiento de otros derechos laborales fundamentales, como los aportes a la seguridad social, con el fin de garantizar la cobertura de salud y jubilación de los trabajadores.
Asimismo, se controló el régimen salarial, incluyendo el respeto al salario mínimo legal, el pago de horas extraordinarias y los recargos correspondientes por trabajo nocturno y por prestación de servicios en días feriados.
Desde el Ministerio de Trabajo informaron que el aguinaldo debe ser cobrado antes del 31 de diciembre, el cual debe ser abonado por el empleador en efectivo o vía banco. No se pueden entregar canastas o vales a cambio del aguinaldo.
En caso de no recibir este beneficio, a partir del 2 de enero, los afectados pueden hacer sus denuncias al (0993) 308.100. Los infractores se exponen a fuertes multas. Falsear documentación, como recibos de salarios y/o aguinaldo, constituye un delito.
La de presencia activa del Ministerio de Trabajo busca asegurar que el aguinaldo haya sido abonado en tiempo y forma, conforme a la normativa laboral vigente.
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Ajuste salarial: no hubo consenso y decisión queda en manos del Ejecutivo
Tras la presentación del informe técnico y las recomendaciones finales elaboradas por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), el presidente de la República, Santiago Peña, informó que ya recibió a Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que el Gobierno se encuentra analizando las distintas posturas presentadas por los sectores involucrados para tomar una decisión que contemple tanto la protección del poder adquisitivo de los trabajadores como la estabilidad económica y laboral del país.
Reunión tripartita finalizó sin acuerdo
El presidente de la Conasam, Jorge Rivas, confirmó que durante las sesiones del organismo técnico no se alcanzó un consenso entre representantes de trabajadores y empleadores respecto al porcentaje de reajuste.
No obstante, destacó que el proceso incluyó un análisis técnico amplio sobre la evolución histórica del salario mínimo desde la década de 1990 hasta el 2025, además de la variación registrada durante el presente año, con apoyo del Ministerio de Trabajo y del Observatorio Laboral.
Rivas calificó el trabajo realizado como “profundo, serio y muy sólido” y resaltó los avances institucionales alcanzados dentro del organismo, como la elaboración de un reglamento interno y la formalización de memorias técnicas para fortalecer los procesos de análisis y recomendación.
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Diferencias entre sindicatos y empresarios
La falta de acuerdo respondió principalmente a las diferencias existentes entre las propuestas planteadas por trabajadores y empleadores. Las centrales obreras sostienen que el salario mínimo perdió capacidad adquisitiva frente al aumento del costo de vida y plantean un reajuste del 20 %, equivalente a aproximadamente G. 547.000 adicionales sobre el salario vigente.
Por su parte, el sector empresarial considera que el ajuste debe estar vinculado a la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Banco Central del Paraguay (BCP), proponiendo un incremento cercano al 2,4 %, equivalente a casi G.70.000. Con la recepción oficial de las actas, recomendaciones y antecedentes técnicos de la Conasam, la decisión final queda ahora en manos del Poder Ejecutivo, que deberá anunciar en los próximos días el porcentaje de reajuste que regirá desde julio.
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Última reunión sobre el salario mínimo determinará propuesta de aumento al Ejecutivo
Este miércoles, en horas de la mañana, se desarrollará la última reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) para determinar la propuesta que será elevada al Poder Ejecutivo. Desde el inicio de los encuentros no hubo un acuerdo entre el sector de los trabajadores y el de los empleadores sobre la variación de la remuneración básica.
José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), conversó con “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970/Nación Media y explicó que los obreros están reclamando un reajuste de 22,3 %, unos G. 646.000, con base en cálculos realizados sobre la base de los datos del Banco Central del Paraguay (BCP).
Por su parte, se sabe que los empleadores se mantienen en la posición de mantener la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) como medida, es decir aplicar un incremento del 2,4 %, lo que representa G. 69.577.
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Sobre lo mencionado, Pineda manifestó que lo más probable es que al término de la reunión fijada para las 10:30, el Ministerio de Trabajo eleve las dos propuestas al Ejecutivo y sea el presidente de la República, Santiago Peña, quien determine el incremento del salario mínimo, que actualmente se encuentra en G. 2.899.048. La suba debe ser establecida antes del final de este mes de junio y tendrá que regir desde julio.
Sorpresa anunciada
En la víspera, el diputado Hugo Meza, en conversación con los medios de comunicación, adelantó que Santiago Peña dará una muy buena noticia sobre el reajuste del salario mínimo vigente en los próximos días. El legislador no dio detalles de lo que consistiría esta decisión, pero sí confirmó que será una “señal enorme” para el trabajador.
“Tengo una conversación con el presidente de la República; él no está de acuerdo con los cálculos que se vienen haciendo. No voy a robarle la primicia; creo que esta vez él va a dar una información bastante importante. Por primera vez se va a estar enviando una señal enorme a un reconocimiento al trabajador”, fueron las expresiones del legislador.
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OIT aprueba convenio para garantizar trabajo decente en plataformas digitales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) un histórico convenio internacional orientado a garantizar condiciones de empleo decente para los trabajadores de plataformas digitales, un sector en crecimiento a nivel global que incluye a repartidores, conductores y prestadores de servicios contratados mediante aplicaciones.
La decisión fue adoptada durante el plenario de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en el marco de la asamblea anual de la OIT, donde representantes de gobiernos, sindicatos y empleadores respaldaron el texto con 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones.
La sesión fue presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, en un hecho considerado histórico por organismos laborales internacionales, debido al avance que representa en la regulación de nuevas formas de empleo vinculadas a las tecnologías digitales.
El convenio, resultado de varios años de debates y negociaciones, establece un marco de protección para los trabajadores de plataformas, con el objetivo de equipararlos al resto de empleados en aspectos fundamentales como salario mínimo, acceso a la seguridad social y protección frente a despidos arbitrarios.
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Entre los principales derechos reconocidos figuran la libertad sindical y el derecho a la organización, la negociación colectiva entre trabajadores y empresas, además del acceso a mecanismos de protección social y coberturas básicas.
Asimismo, el documento contempla garantías relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, el derecho a una remuneración justa por las tareas realizadas y mayor transparencia sobre los algoritmos utilizados por las plataformas para asignar viajes o pedidos.
Otro de los puntos destacados es la protección frente a decisiones automatizadas que puedan afectar el acceso al trabajo, así como la creación de mecanismos para reclamar y defender derechos laborales.
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OIT adopta convenio inédito para proteger a trabajadores de plataformas digitales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de la ONU, adoptó ayer viernes el primer acuerdo en el mundo sobre la protección de los trabajadores a tiempo parcial de las plataformas digitales. En 2023 el Banco Mundial estimó que había hasta 435 millones de trabajadores de plataformas digitales (gig online) en el mundo, que en gran medida han quedado fuera de las protecciones laborales.
El crecimiento de estas plataformas durante las últimas décadas ha abierto nuevos mercados para las empresas y creado oportunidades de empleo e ingresos, “ofreciendo cierta flexibilidad a algunos trabajadores y caracterizándose por bajas barreras de entrada”, según la OIT. Pero las condiciones a veces dejan que desear, ya que están reguladas por contratos de prestación de servicios o autónomos, en vez de ser asalariados de las empresas.
Las compañías que están detrás de las aplicaciones controlan el trabajo por encargo mediante algoritmos que asignan tareas, fijan la remuneración, evalúan el desempeño e incluso despiden a los trabajadores. Esto les permite, en muchos casos, ignorar aspectos como los requisitos de salario mínimo, la seguridad en el lugar de trabajo y el acceso a la seguridad social.
El acuerdo de la OIT tiene como objetivo ampliar las protecciones laborales a millones de personas en todo el mundo que trabajan a través de plataformas digitales, en ámbitos como el reparto de comida y los servicios de transporte. Según el texto, se aplica a todos independientemente de su situación laboral.
“Exigir responsabilidades”
El convenio marca “un punto de inflexión para los trabajadores de plataformas”, afirmó Lena Simet, asesora principal de justicia económica de Human Rights Watch, que siguió las negociaciones. Establecería “la primera norma mundial para proteger sus derechos y exigir responsabilidades a las plataformas de trabajo digitales”, señaló.
El convenio fue adoptado en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra. “Delegados, ¿puedo entonces considerar que la conferencia adopta el convenio en su totalidad? Adoptado”, declaró el presidente de la conferencia, Juan Castillo, mientras hacía sonar el mazo.
El texto fue aprobado por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones. Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que Argentina, Bangladesh, Reino Unido, India, Rusia y Chile están entre los que se abstuvieron.
Países como India, Bangladés y Estados Unidos estimaron que el convenio debía aplicarse de manera flexible. El representante de India llamó a preservar “la flexibilidad de los Estados miembros para diseñar y adaptar políticas en función de su contexto socioeconómico y de su desarrollo tecnológico”.
“Esto es especialmente importante para apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las start-ups”, precisó. Estados Unidos recomendó “prudencia respecto a la adopción de regulaciones vinculantes en sectores de la economía en rápida transformación”. Esto es válido para las plataformas “donde normas demasiado rígidas obstaculizan la innovación y perjudican a los trabajadores a los que se supone deben ayudar”, señaló el representante estadounidense.
El texto pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar derechos fundamentales, como “la libertad de asociación”, la negociación colectiva, “la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio” y “la abolición efectiva del trabajo infantil”. La OIT es única en el sistema de las Naciones Unidas, ya que sus 187 Estados miembros están representados por igual por gobiernos, empleadores y trabajadores.
Fuente: AFP.