La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.

La campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia cerró ayer domingo con la izquierda amenazada de perder el poder frente a la derecha conservadora en medio de una grave crisis de violencia. El senador izquierdista Iván Cepeda, puntero en las encuestas, realizó un acto multitudinario en Barranquilla (norte), donde prometió ampliar la inversión en asuntos sociales “para poner el Estado al servicio” de los “excluidos”.

Por primera vez en el gobierno, la izquierda propone profundizar los programas de asistencia estatal impulsados por el presidente Gustavo Petro, quien está impedido por ley de buscar la reelección. Miles se congregaron en la ciudad caribeña para aplaudir a Cepeda, un filósofo y defensor de derechos humanos de 63 años.

Las encuestas prevén un balotaje el 21 de junio entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de derecha cuya principal bandera es la mano dura contra los grupos armados ilegales. En una plaza de toros llena en Medellín (noroeste), el opositor enarboló las banderas contra el crimen financiado por el narcotráfico.

Colombia atraviesa por el peor pico de inseguridad en una década al término del gobierno de Petro, que intentó negociar la paz con organizaciones guerrilleras, paramilitares y narcos que se fortalecieron tras el pacto de paz que desarmó a las FARC, entonces la mayor guerrilla del continente.

La campaña estuvo marcada por la muerte en agosto pasado tras un atentado a bala del senador de derecha Miguel Uribe, que aspiraba a ser candidato presidencial. “A la gente como ustedes, protección, y a los bandidos, muerte o cárcel”, clamó de la Espriella, de 47 años, dentro de una urna de cristal antibalas desde la que da sus discursos.

“Vamos a derrotar el comunismo”, “vamos a hacer grande a esta nación”, aseguró el candidato, un profeso admirador de Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. La senadora opositora Paloma Valencia, que aparece en un tercer escalón en las encuestas, realizó su acto en un coliseo de Bogotá.

Cercana al influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), la dirigente de 50 años planteó dos caminos para Colombia: “Entregarnos a los violentos con la continuidad de la paz total”, la política de Petro de negociar con las organizaciones armadas, o “la autoridad y el orden”. “¡Sí se puede!”, gritaban los seguidores de la que podría ser la primera presidenta de la historia del país.

Fuente: AFP.

Un hombre de 71 años de edad acabó con la vida de su yerno tras un suceso de violencia familiar. El hecho se registró en la localidad de Callejón Santa Rosa, distrito de Horqueta. Surge como presunto autor del hecho Victoriano Sosa Franco (71), quien fue aprehendido tras confesar haber disparado contra su yerno, Justo Germán Cardozo Torres (39), quien falleció.

De acuerdo al informe de la Comisaría 3ª, el incidente ocurrió alrededor de las 19:00 del sábado. Sosa Franco manifestó a los intervinientes que su yerno llegó al domicilio en estado etílico, agredió a uno de sus hijos con un palo y los amenazó de muerte. Ante el peligro, el septuagenario extrajo un rifle calibre .22 de su habitación y efectuó un disparo que impactó en el abdomen de Cardozo.

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La policía trasladó a la víctima aún con vida al Hospital Distrital de Horqueta, donde la doctora Milagros Ramírez confirmó su deceso minutos después. En el sitio se incautó el rifle utilizado y un cartucho sin percutir. La médica forense, Fanny Melgarejo, determinó como causa de muerte un “traumatismo abdominal cerrado producido por proyectil de arma de fuego”.

El fallecido contaba con antecedentes penales por violencia familiar en el año 2021, tentativa de homicidio en 2017 y hurto agravado. El supuesto autor se encuentra recluido en la Comisaría 3ª de Horqueta a disposición del Ministerio Público, bajo la unidad de la fiscal Ana María Otero. El cuerpo de la víctima fue entregado a su esposa tras los peritajes de Criminalística.

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Al menos 25 personas entre civiles y policías murieron el jueves en dos ataques del crimen organizado en el norte de Honduras, informaron las autoridades, en momentos en que el país alista una ofensiva contra esas bandas. El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas.

Esa localidad se halla bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan dos fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades. “Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida”, dijo a la televisora local HCH Yuri Mora, vocero de la fiscalía.

En tanto, en Omoa (departamento de Cortés), región fronteriza con Guatemala, la policía nacional reportó cinco agentes y un civil muertos en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes. “Los encontramos en un sector montañoso de la frontera entre Honduras y Guatemala (...), ahí les habrían quitado la vida”, dijo a la AFP el portavoz de la policía hondureña, Edgardo Barahona.

Más temprano, la policía reportó un civil fallecido en ese hecho.

El presidente del país, Nasry Asfura, aseguró en un mensaje a la nación que van “a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas (...). Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune”.

Ambos ataques ocurrieron en la misma semana en que el Congreso aprobó una serie de reformas para combatir la violencia criminal, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.

Las medidas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y permite catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.

Al parecer “las personas asesinadas (en Trujillo) eran empleados de un grupo armado”, dijo telefónicamente a la AFP un líder campesino de una comunidad colindante con Rigores, la aldea donde ocurrió la matanza, que pidió mantener su nombre en reserva.

Videos difundidos más temprano por un canal regional mostraron varios cuerpos ensangrentados y esparcidos en una de las haciendas.

“Es una escena dantesca”, señaló a periodistas el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien indicó que las víctimas al parecer “fueron ejecutadas con fusiles y escopetas”.

Varios de los fallecidos fueron trasladados a sus viviendas por familiares, informó la fiscalía en un comunicado, lo que ha dificultado su labor.

“Son campesinos miembros del Movimiento Campesino de Rigores”, comentó por su parte a la AFP Adilia Castro, líder comunitaria de la zona.

A raíz de los ataques, la embajada de Alemania en Honduras pidió a sus ciudadanos mantener una “precaución especial” en las zonas afectadas.

Sobre los hechos en Trujillo, el ministro sostuvo que se trata de un suceso inédito en una zona que, sin embargo, está “en conflicto desde hace muchos años” por el accionar de bandas dedicadas al narcotráfico y la invasión de terrenos agrícolas.

El jefe de la policía de Trujillo, Carlos Rojas, explicó a un noticiero local que estas organizaciones ocupan y explotan ilegalmente dos fincas de palma africana.

“Pertenecían a una corporación y con el tiempo se fueron apoderando. Ese dinero les permite dotarse de armas para controlar la zona”, señaló Rojas.

Por años, el movimiento campesino en la zona ha acusado a empresas agroindustriales de auspiciar a esos grupos y simular la ocupación para evitar que las tierras pasen a manos de los pobladores.

Debido al revés en Omoa, el gobierno suspendió al director y otros dos altos oficiales de la división antipandillas porque el operativo que terminó con el secuestro y el asesinato de los policías no siguió los “protocolos de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial”.

Fuente: AFP.