La Fiscalía investiga el crimen del exdirigente campesino de Marina Cue, identificado como Leonor Rivas Torres (69), quien fue hallado muerto en su vivienda el viernes 2 de enero por la noche, en la ciudad de Curuguaty.
Un joven oriundo de Encarnación, quien había pedido alojamiento a Rivas surge como principal sospechoso del homicidio. La víctima presentó signos de golpes en la cabeza y el pecho, según los investigadores. También se investiga la desaparición del vehículo del dirigente social.
Los vecinos alertaron al Sistema 911 que había un olor nauseabundo en el lugar y cuando llegaron los agentes encontraron el cuerpo sin vida del campesino, tendido en la cama.
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El fiscal Carlos Giandinotto investiga la cercanía que podría haber tenido con el joven encarnaceno que ya fue identificado, pero por prudencia no se emitió aún ni una orden de captura, pese a que hay indicios fuertes de que la última comunicación que tuvo Rivas fue con este desconocido quien le pidió refugio hasta conseguir supuestamente un trabajo en la zona.
“Conforme a los indicios levantados en el momento con el médico forense, el personal de Criminalística se observa el cuerpo de una persona de sexo masculino, la data de la muerte aproximada es 24 horas. El mismo presenta dos heridas contusas que son golpes penetrantes con hundimiento de cráneo lado izquierdo y una herida leve en el pecho lado izquierdo”, señaló el fiscal Giandinotto al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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En el Congreso brasileño investigarán al hijo de Lula por presunto fraude a pensiones
Una comisión especial del Congreso de Brasil aprobó este jueves investigar las cuentas bancarias de un hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sospechas de beneficiarse de un esquema de fraude al sistema de pensionados.
A la votación le siguió una trifulca entre legisladores opositores y oficialistas, que denunciaron irregularidades en el procedimiento.
El grupo de diputados y senadores brasileños investiga desde el año pasado un caso de descuentos no autorizados en los recibos de jubilaciones y pensiones, realizados por sindicatos y otras asociaciones con la posible connivencia de funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
La comisión aprobó el levantamiento del secreto bancario de Fabio Luis Lula da Silva, hijo del mandatario izquierdista y conocido como “Lulinha”.
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Según la resolución aprobada por los legisladores, existe “la sospecha” de que “Lulinha” fue “socio oculto” en emprendimientos “financiados con recursos supuestamente desviados del INSS”.
El documento, que cita una investigación de la policía, también menciona un pago de 300.000 reales (unos 58.000 dólares), del cual “Lulinha” podría ser destinatario.
Estas comisiones del Congreso brasileño tienen facultades de abrir pesquisas independientemente de las autoridades judiciales.
Tras la votación, el Partido de los Trabajadores de Lula presentó un pedido para anularla, indicó su asesoría a la AFP.
El escándalo estalló luego de que la Contraloría general detectó descuentos indebidos de las pensiones por servicios como asistencia jurídica que muchos jubilados afirman no haber aprobado o que nunca recibieron.
La pesquisa se concentra en hasta 6.300 millones de reales (unos 1.100 millones de dólares) descontados entre 2019 y 2024. Una parte aún no determinada de ese monto se habría debitado de forma ilícita.
El ministro de Seguridad Social de Lula renunció en mayo pasado por ese caso.
El mandatario izquierdista ha dicho que todos los responsables deben responder ante las autoridades sin excepciones.
“Nadie quedará exento. Si un hijo mío estuviese involucrado, será investigado”, dijo a periodistas en diciembre.
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Lula, que fue encarcelado en 2018 por un escándalo de corrupción antes de que su condena fuera anulada, aspira este año a la reelección en las presidenciales de octubre.
Fuente: AFP
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Condenan a 76 años de cárcel a políticos que ordenaron asesinato de Marielle Franco en Brasil
La corte suprema de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión cada uno a dos exparlamentarios que ordenaron el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un homicidio que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Rio de Janeiro.
Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su chofer también murió.
El exdiputado Chiquinho Brazao, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, exlegislador de Rio, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la corte.
Los Brazao, “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este caso que conmocionó a Brasil.
Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones ilegales dentro de los barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.
Según la corte, la mujer fue asesinada para dar un “recado” a la clase política carioca.
Familiares suyos reaccionaron con llanto y abrazos tras conocer la pena contra los Brazao, al terminar este juicio abierto el martes en Brasilia, constató la AFP.
Política, racismo y misoginia
Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
El martes la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.
“Quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao. La corte, de su lado, señaló el “racismo” y la “misoginia” de los condenados.
Marielle Franco era “una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos”, relató Moraes.
Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.
La investigación se basó en la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía que disparó una ametralladora contra Franco y que fue condenado a 78 años de prisión por el crimen en 2024.
Error de cálculo
“Este proceso me ha hecho mucho daño espiritualmente, mucho daño psicológicamente”, expresó a su vez la magistrada Carmen Lucia, única mujer de la corte suprema.
“¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”, enfatizó la jueza. Según la corte, los hermanos Brazao “no esperaban tal repercusión” tras el asesinato de Franco.
El lunes un grupo de 16 especialistas de la ONU afirmó en una carta que “los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados”.
- Fuente: AFP
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Investigan asalto y toma de rehén en casa de cambios en Ciudad del Este
La Policía Nacional investiga el violento asalto con toma de rehén a un local de casa de cambios de Ciudad del Este, Alto Paraná, donde delincuentes se llevaron una fuerte suma de dinero. Afirman que existieron una serie de situaciones que facilitaron el robo, como que no sonó la alarma y el dinero estaba a la vista.
Según el comisario Francisco Rolón, el hecho se reportó durante la tarde de ayer y fue tomado de rehén el gerente del local que estaba por llegar a su vivienda. Así también, se pudo constatar que el dinero no estaba en la caja fuerte como debía.
“Los funcionarios que reciben el dinero deberían meter en la caja fuerte, pero no se hizo. El gerente se retiró y antes dejó el dinero que ingresó a última hora sobre el escritorio”, explicó Rolón, en entrevista con la 1080 AM.
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Afirmó que el gerente refirió que ya estaba a metros de llegar a su casa cuando fue interceptado por una camioneta de color plateado con chapa argentina, abordaron su vehículo para volver hacia el centro y le solicitaron que llame al personal de seguridad que tomó la guardia.
“El rehén se niega a llamar al guardia y uno de los hombres sacó un papel con el número del trabajador desde su celular. Se hizo pasar por él y le manifestó que estaba volviendo para ingresar nuevamente, llegaron e ingresaron con las dos camionetas y redujeron al guardia de 70 años”, indicó.
Agregó que propietario es el único que puede autorizar el ingreso a la casa de cambios fuera del horario de trabajo. “No se activó el sistema de alarma. El gerente es familiar del dueño del local, es hijo de la hermana del propietario, su sobrino directo y tal vez eso hizo que el guardia abra”, puntualizó.
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Sin duda, políticos son culpables de crimen de Marielle Franco, señala Fiscalía de Brasil
La fiscalía de Brasil afirmó que “no hay duda” de la culpabilidad de los dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, durante el inicio el martes de un juicio, ocho años después de este crimen que conmocionó al país.
Ícono de la causa negra y LGTB y ferviente opositora a las milicias que operan en Rio, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Rio de Janeiro, la ciudad de la que era concejala.
Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes. El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.
La fiscalía acusa al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Rio, de haber ordenado este homicidio.
Con las pruebas presentadas “no hay duda” de la “autoría delictiva” de los hermanos en los homicidios, dijo a los jueces de la corte suprema en Brasilia el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand.
Según la acusación, Franco se oponía en el concejo municipal a propuestas defendidas por los hermanos para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de Rio.
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Ella misma procedente de una favela, esta referente izquierdista defendía los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB.
“Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao”, apuntó el vicefiscal.
Pasar la página de la impunidad
Cuatro magistrados votarán por la condena o absolución en este juicio que se realiza en la sede del máximo tribunal, con la presencia de legisladores y periodistas, constató la AFP.
Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y ministra de Igualdad Racial del gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al juicio, al igual que otros miembros de su familia.
Hay que “investigar y castigar”, dijo a periodistas Anielle Franco, antes de entrar en la sala. Debe dejar de ser “admisible que una concejala sea asesinada”, agregó.
Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
Beneficiadas por apoyos políticos de alto nivel, se han apropiado además de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales.
“Personas que se consideraban intocables están hoy en el banco de los acusados”, observó Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil. El país, dijo, “tiene una oportunidad de pasar la página de la impunidad”.
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La corte también juzga a otros tres acusados por su presunta implicación en el asesinato: el excomisario Rivaldo Barbosa, el expolicía Ronald Paulo de Alves y Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Rio.
Barbosa está acusado de haber “trabajado para garantizar la impunidad de los autores intelectuales”.
Acuerdo de colaboración
En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de prisión a Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Franco con una ametralladora.
Disparó contra la concejala y su chofer desde un vehículo conducido por su cómplice Élcio Queiroz, quien fue condenado a 59 años de reclusión.
Durante el juicio, Lessa dijo haberse “vuelto loco” con la suma de varios millones de dólares que le ofrecieron para cometer el crimen.
Los hermanos Brazao niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración alcanzado por Lessa con la justicia para confesar.
El juez Alexandre De Moraes será el primero en votar en este juicio, para el que aún está prevista una eventual última sesión el miércoles.
Este magistrado, tan poderoso como divisivo, ya estuvo a cargo de otro juicio histórico, en el que el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.
- Fuente: AFP
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