El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pide a productores tomar medidas preventivas ante el ingreso este jueves de un frente frío que generará un descenso importante de la temperatura, con una mínima que estará por debajo de 8 °C en los próximos días, y que podría afectar a los cultivos y al ganado.

Debido a la probabilidad de heladas, que se darían en varios puntos del territorio nacional el domingo y lunes, la institución recomienda a los agricultores ajustar las fechas de siembra y optar por variedades resistentes a las bajas temperaturas, a fin de reducir el impacto en los cultivos.

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Se aconseja mantener la cobertura vegetal y conservar la humedad del suelo para proteger las parcelas. En cuanto a la producción de hortalizas, se sugiere aplicar mantas térmicas o implementar riego nocturno como mecanismo de protección con los días fríos.

A fin de preservar la salud animal y mantener la productividad, el MAG insta a los productores ganaderos a brindar refugio adecuado contra el frío y el viento, asegurar la alimentación suficiente y de calidad, acceso permanente a agua limpia, así como evitar traslados innecesarios en horas de mayor frío.

Entre las medidas también se encuentran prestar especial atención a crías y animales preñados, mantener un sistema de control constante y cuidar las pasturas para evitar el sobrepastoreo y conservar la cobertura vegetal para reducir el impacto de las heladas.

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En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.

El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.

Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.

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En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.

Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.

Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.

Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.

En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.

Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.

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El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.

Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.

En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.

En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.

Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.

Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.

“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.

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La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, dijo que “la prioridad uno” para el gobierno de Santiago Peña es el transporte público, por lo que a partir de fin de año comenzará a ser implementado el decreto reglamentario de la Reforma del Transporte Público. Esta área fue uno de los puntos exigidos ayer por el mandatario, durante la reunión del Consejo de Ministros.

La secretaria de Estado asistió a una entrevista en el programa “Arriba hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, donde aseguró que una vez que arranque, en diciembre próximo, el proceso de transformación del transporte público ya no va a parar más en el futuro.

“Después de la reunión de ayer, creo que quedó claro que el tema transporte está como número uno en la agenda del presidente de la República y número uno en la agenda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y de todos los actores que nos vemos involucrados en este tema, ya sea Ministerio de Economía, el sector privado”, destacó.

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No obstante, señaló que están muy conscientes de la necesidad imperante del ciudadano de contar con un sistema de transporte digno. Dijo que, desde el primer día de este gobierno se viene trabajando en esta reforma que hoy ya se cuenta con una ley vigente, que después de 25 años está ofreciendo realmente una reforma contundente.

“La ley es el marco jurídico que permite implementar los cambios. El siguiente paso y que nos encontramos hoy es el decreto reglamentario que está siendo trabajado en la presidencia de la República, para que el presidente Peña lo firme y se están haciendo los últimos ajustes y posterior a eso comienzan con las licitaciones para la renovación de la flota, la compra de buses, y la licitación de las nuevas unidades funcionales que sería la operación de itinerarios”, precisó.

“Lo digo con mucha humildad, por más que los cambios son pequeños; hemos introducido la primera flota de buses eléctricos hoy con tres líneas ya totalmente operativas. Hemos entregado a la ciudadanía un servicio que era demandado hace años, que es el servicio nocturno; con contamos con cuatro líneas Búhos que va desde las 22:00 hasta las 4:00 de la mañana, que cuentan con buses nuevos y eléctricos además con Policía acompañando el viaje dentro de cada bus; sumado al servicio del Grupo Lince”, resaltó.

La ministra Centurión refirió que no solo se está cambiando la flota, o cambiar la gobernanza y contratos del sistema; sino que además se está invirtiendo en infraestructura urbana. Resaltó que el actual gobierno es el que está realizando la mayor inversión histórica en el área Central con obras que ya están en ejecución y no son solo proyectos.

“Tenemos 300 kilómetros de caminos pavimentados en Central, el tridente de Luque que son obras monumentales que son la triplicación de la E025, el viaducto que llega a la Ecovía, la duplicación del Tapé Tujá. La avenida Avelino Martínez arranca este lunes 4 de mayo con obras. Los dos contratistas ya están totalmente posicionados en el terreno. Así como la D017 que es la exruta 01, más la duplicación de la ruta PY01″, precisó.

“Falta mucho, claro que falta muchísimo; pero realmente me compromete y siento que el mensaje fue clarísimo: esto es prioridad para el gobierno y hace que todos los actores se alineen y le demos este sentido de urgencia que requiere la ciudadanía. Los cambios en el transporte son muy sensibles, aquí no hay un bigbang, porque los procesos son muy largos, y por eso recién a fin de año arranca”, comentó.

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La Unión Europea ha desplegado una Misión de Seguimiento Electoral (EFM) en Paraguay, cuya observación se desarrolla del 6 de abril al 3 de mayo de 2026. Este miércoles llevó adelante una mesa de trabajo en la que debatieron sobre las oportunidades para adoptar las recomendaciones de la UE antes del próximo ciclo electoral.

Esta misión, que está encabezada por Gabriel Mato, miembro del Parlamento Europeo y jefe de Observadores de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE) en 2023, emitió un comunicado respecto a la observaciones que llevó adelante. Destacó que a pesar de algunos avances en materia electoral, queda camino por recorrer de cara a la implementación de las recomendaciones relacionadas con la reforma legal.

Agregó que el mandato de la EFM es evaluar los avances en las reformas electorales y el grado en que se implementaron las 20 recomendaciones formuladas por la MOE UE en 2023. Además de reuniones bilaterales con diversas partes interesadas.

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Entre las recomendaciones que aún faltan por avanzar, incluyen la armonización de la legislación electoral para abordar ambigüedades y vacíos, así como aumentar la transparencia en la financiación de campañas o reducir las posibilidades de financiación ilícita, incluido el adelanto de los subsidios de campaña a los candidatos.

“De igual manera, no se han adoptado medidas efectivas para garantizar la participación política equitativa de las mujeres en la vida pública. A pesar de la ausencia de reformas legales y antes de las próximas elecciones, aún existe margen para adoptar actualizaciones técnicas que requieren un proceso de toma de decisiones simplificado”, menciona parte del documento.

Por tanto, señalan que desde la EFM exhorta a las autoridades a revisar, por ejemplo, las condiciones del voto asistido, actualmente en consideración para su implementación.

Para garantizar un proceso electoral creíble, transparente e inclusivo en 2028, Gabriel Mato alentó a las autoridades “a llevar a cabo una campaña integral de educación electoral que permita a los votantes comprender la importancia de su participación política, al tiempo que se clarifique el uso de la tecnología electoral. Esta información debe difundirse ampliamente en todo el país y no limitarse a las zonas urbanas”, expresó.

No obstante, la EFM elogió las recientes iniciativas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que promueven la participación electoral de las comunidades indígenas, como su identificación en el padrón electoral y campañas específicas de educación electoral.

Por otra parte, señalan que dos proyectos de ley en materia de medios de comunicación, relativos a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, se encuentran actualmente en consideración en el Congreso.

Al respecto, indicó que la EFM respalda la participación activa de los profesionales de los medios en este debate y subraya la importancia de garantizar la libertad de expresión y de prensa en la legislación.

Agregan que los interlocutores compartieron con la EFM sus preocupaciones sobre el posible impacto de la ley recientemente aprobada en la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los asuntos electorales, particularmente como observadores nacionales.

Al respecto, Gabriel Mato declaró ante los medios de prensa presentes, que “es importante garantizar un entorno electoral que fomente la participación de la sociedad civil, tanto agentes de educación cívica como observadores nacionales, en consonancia con las dos recomendaciones de la MOE UE 2023″, acotó.

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