La empresa de transporte Magno SA expresó sus disculpas por la situación vivida por una pasajera de la Línea 12 y su mascota durante un viaje, en el que fueron obligadas a descender del bus.
En la mañana de hoy jueves, un video se hizo viral en las redes sociales donde se observa a una mujer obligada por agentes de la Policía Nacional a descender de la unidad de transporte de la Línea 12 por viajar con su gatito que iba dentro de una jaula transportadora.
Ante esta situación, a través de un comunicado, la empresa reconoce que ha cometido un error debido al desconocimiento de la normativa vigente, ya que el conductor se encontraba guiándose por una ley anterior que no permitía el traslado de animales.
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“Hoy sabemos que la Ley de Protección Animal 7513/25, sí autoriza el transporte y traslado de animales, bajo las condiciones establecidas en la ley”, señala el documento, por lo que lamenta profundamente el mal momento generado tanto para la señora como para su gatito.
El escrito explica que a partir de ese hecho, la empresa actualizará sus criterios internos, según la ley, y procederá a la capacitación del personal. “De ahora en adelante se permitirá el traslado de las mascotas”, señala.
Al respecto, el director de Defensa Animal, Héctor Rubin lamentó el hecho ocurrido con la situación de la señora y su mascota.
“No fue una actuación correcta. La pasajera llevaba correctamente a la gatita, en un transportador”, expresó Rubin.
Defensa Animal emitió un comunicado en que afirma que ya iniciaron una investigación solicitando explicaciones a la Policía Nacional, comisaría a cargo del procedimiento y autoridades del Viceministerio de Transporte.
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Caso ueno bank: Iglesia pide priorizar a los más vulnerables, actuar con transparencia y evitar la impunidad
La Iglesia pide priorizar a los más vulnerables, empezando por los jubilados y trabajadores, pequeños ahorristas y emprendedores para la recuperación de sus dineros lo antes posible, “sin trámites ni esperas innecesarias”, con especial ayuda a los adultos mayores, manifestaron los obispos en un comunicado dado a conocer este miércoles tras la crisis financiera desatada con la resolución de ueno bank.
Asimismo, expresaron su cercanía a las personas y familias afectadas. “Miles de personas se quedaron sin acceso a su dinero: el sueldo del trabajador, la jubilación del abuelo, la caja del pequeño negocio, el ahorro de toda una vida. Detrás de cada depósito hay esfuerzos, proyectos y esperanzas que deben ser respetados”, recordaron.
El mensaje dirigido a la ciudadanía fue emitido en el marco de la 250.ª Asamblea General Ordinaria, por los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), dando su postura ante la realidad nacional y los recientes acontecimientos.
Los religiosos católicos también reclaman transparencia en la información sobre dinero público y de la previsional. “Que se informe con claridad cuánto dinero, cuánto dinero del IPS y del Estado estaba en este banco y cómo se va a proteger, con participación de las partes interesadas. Ese dinero es del pueblo”, puntualizaron.
Hacen un llamado a las autoridades a impartir justicia sin dar lugar a la impunidad. ”Que el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría y el propio Banco Central investiguen a fondo, sin importar cargos ni cercanías al poder. Que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades y, si se comprueban, se apliquen las sanciones que manda la ley y se repare el daño causado”, sentenciaron.
Por otra parte, invitan a la ciudadanía a estar alerta. “Invitamos a todos a seguir de cerca las decisiones de las autoridades, con responsabilidad y respeto para que la verdad salga a la luz. La corrupción y la impunidad no pueden tener lugar en el Paraguay”, subrayaron.
Finalmente, piden a las parroquias acompañar a los afectados y les ayuden con los trámites, atendiendo a no caer en manos de estafadores. “No entreguen sus claves a nadie que prometa ‘recuperar’ su dinero”, advierten.
Los obispos, por su parte, se unen en oración rogando superar este difícil momento que afronta nuestro país.
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Vicepresidente pide celeridad y firmeza en proceso de resolución de ueno bank
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana emitió un comunicado en el cual insta al Banco Central del Paraguay (BCP), a actuar con celeridad y firmeza en el proceso de resolución de ueno bank, garantizando la protección de ahorristas y afectados.
“La Vicepresidencia de la República considera imprescindible que las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) actúen con la máxima firmeza, celeridad y rigor ante la delicada situación que atraviesa la entidad ueno bank, colocando en el centro de todas las decisiones la protección de los ahorristas y sus recursos”, menciona el escrito del vicepresidente.
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Alliana también insistió en la determinación de los responsables y que los mismos respondan ante los afectados. “El Poder Ejecutivo debe mantener una posición férrea para que se determinen las responsabilidades correspondientes y quienes resulten responsables respondan ante la ley y ante los ciudadanos afectados”, refirió.
Igualmente, pidió mano firme, normalizar la situación y restablecer la confianza en el sistema financiero. “Mano firme y medidas urgentes y absoluta prioridad a los ahorristas. No debe escatimarse ningún esfuerzo institucional, dentro del marco legal, hasta alcanzar la normalización de esta situación y preservar la confianza en el sistema financiero nacional”, puntualizó.
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ARP pide garantías para la propiedad privada tras avance judicial en el caso Pindó
A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.
El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.
A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.
“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.
Legalidad sobre la ocupación
Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.
Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.
“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.
Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.
En juicio se establecerán responsabilidades
Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.
De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.
“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.
Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.
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MDS atribuye diferencias en almuerzos de Hambre Cero a ajustes periódicos
El Ministerio de Desarrollo Social defendió la gestión del programa Hambre Cero, ante cuestionamientos sobre las cantidades de almuerzos servidos. Mediante un comunicado divulgado este lunes, explicaron que las diferencias entre la cantidad de alumnos registrados y los almuerzos servidos responden a controles y ajustes periódicos. Aseguró que ningún estudiante quedó sin almuerzo, según el informe de la Contraloría.
En ese sentido, mencionan que a dos años de la implementación del programa Hambre Cero, se está proveyendo de alimentos a alrededor de 1.050.000 estudiantes, en más de 7.000 escuelas del país. Mencionan además, que se realizan verificaciones diarias y ajustes quincenales en la provisión de alimentos escolares para evitar sobrantes y racionalizar los recursos públicos.
Explicaron que durante este tiempo que se lleva ejecutando de forma exitosa el programa de alimentación escolar el ministerio de Desarrollo Social ha registrado una incidencia económica sobre los sectores involucrados en la provisión de alimentos, especialmente la agricultura familiar, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), dedicadas a la producción de insumos alimenticios y servicios, que a su vez impacta de manera directa en la generación de empleos.
En el comunicado señalan que la cantidad de alumnos prevista para el programa Hambre Cero se estableció tomando como referencia los datos del Registro Único de Estudiantes (RUE) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), correspondientes a 2023, que sirvieron de base para las licitaciones.
“Las diferencias puntuales respecto a cantidades de alumnos de algunas escuelas y la cantidad de almuerzos servidos se deben a los ajustes realizados tras los controles y verificaciones que se realizan diariamente, donde la prioridad es evitar sobrantes de comida y salvaguardar los recursos públicos”, expresa en uno de los puntos de la aclaratoria.
Finalmente, desde el ente social destacan que estos ajustes quincenales en las órdenes de servicio permiten racionalizar los recursos destinados a Hambre Cero y ampliar la cobertura a estudiantes de la Educación Media en Asunción, Central y Presidente Hayes. Asimismo, la institución indicó que, según el informe mencionado, la Contraloría General de la República constató que ningún alumno quedó sin almuerzo.
“Los ajustes que se hacen cada 15 días con las Órdenes de Servicio emitidas aseguran la racionalización de los recursos. El ministerio de Desarrollo Social reafirma su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los fondos del programa”, concluye el comunicado.
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