La Cámara de Senadores remitió para su promulgación el Registro Nacional de Estudiantes “superdotados”.

La Cámara de Senadores sancionó la propuesta que dispone la “identificación, inscripción y asistencia, en la educación básica y supe­rior, de los estudiantes con altas capacidades”, más conocidos como “superdo­tados”. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto con la aprobación inicial de Diputados.

El pleno del Senado solo logró reunir 15 de los 30 votos necesarios para rati­ficar su rechazo al proyecto que es impulsado por los diputados liberales Luis Federico Franco Alfaro, Carlos Alberto Pereira Rieve y la colorada María Cristina Villalba.

Los senadores argumentan que, de promulgarse, gene­rará una duplicidad legisla­tiva innecesaria debido a la existencia de la Ley de Edu­cación Inclusiva. La misma contempla la creación de un Registro Nacional de Estu­diantes con alta capaci­dad intelectual y faculta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a estable­cer acuerdos con gobiernos departamentales y munici­pales para el desarrollo con­junto del proceso de identifi­cación y seguimiento.

En el proyecto se establece la identificación temprana para la atención individua­lizada, oportuna y com­pleta para la debida ins­cripción y asistencia, en la educación básica y media, de los estudiantes con altas capacidades.

El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.

Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.

Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.

No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.

A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.

Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.

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Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.

Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.

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La fiscal Teresa Sosa informó este miércoles que siguen con las investigaciones en el caso de títulos falsos y se presume que existiría una red que están emitiendo estos documentos. Hasta el momento se estima que estarían involucrados unos 1.500 docentes y que de comprobarse la falsedad, estos documentos serían anulados.

Hasta el momento se tienen detectados 250 títulos apócrifos que fueron otorgados como licenciaturas en Ciencias de la Educación y otros 300 fueron denunciados, en todos los casos estarían involucrados docentes. La representante del Ministerio Público manifestó que existiría una red que estaría facilitando la inscripción de estos.

“En el 2024 el Ministerio de Educación y Ciencias hizo una denuncia sobre presuntos títulos falsos que habrían presentado unos docentes y así obtuvieron su matricula de docentes, a raíz de esa denuncia comenzamos a trabajar con el MEC. Nos tomó estos dos años comprender el modus operandi”, detalló Sosa, en entrevista con canal Trece.

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Afirmó que dentro de esa causa solicitó una auditoría al MEC porque existía la presunción de que hayan sido inscriptos más títulos en ese periodo de tiempo. Ya se logró ubicar a los docentes que hicieron uso de estos documentos no auténticos mediante la inscripción ante el MEC para obtener sus matrículas.

“Teníamos la información de que aproximadamente había 1.500 títulos falsos, entonces, para que se inicie una nueva causa, pero ya tenemos clara todas las diligencias investigativas que hay que realizar y la investigación será más rápida”, expresó.

Confirmó que actualmente se tienen a tres profesores imputados que habrían realizado ese trabajo y se sospecha que lo hicieron con apoyo de funcionarios que trabajan en el sector administrativo de la cartera educativa. Las autoridades continúan con las auditorias e investigaciones.

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Tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez informó sobre las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la calidad académica y ordenar el sistema de educación superior.

En conferencia de prensa, el ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades, tras detectarse inconsistencias durante los procesos de verificación.

Indicó que la Fiscalía comunicó que aproximadamente la mitad de esos documentos presentan una procedencia desconocida, por lo que continúan las investigaciones correspondientes.

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El ministro informó que el MEC inició una auditoría integral en el ámbito de la educación superior con el objetivo de identificar posibles falencias administrativas, fortalecer los procesos internos y determinar eventuales responsabilidades en los casos investigados.

Señaló que los primeros resultados preliminares estarán disponibles en los próximos días y reiteró que todas las acciones impulsadas buscan consolidar un sistema educativo más transparente, confiable y alineado con los estándares de calidad requeridos para el desarrollo del país.

“Estamos en una actitud dialoguista, pero también firme para poner orden al sistema de educación superior, establecer reglas claras y garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad”, afirmó.

Luis Ramírez resaltó que las nuevas exigencias implementadas permitieron avanzar en la depuración del sistema universitario y fortalecer los procesos de acreditación.

Como resultado, 1.080 carreras fueron cerradas al no reunir las condiciones necesarias para continuar funcionando o no cumplir con los requisitos establecidos para su habilitación y acreditación.

Asimismo, señaló que actualmente se registra uno de los niveles más altos de acreditación de carreras, impulsado por la aplicación de controles más rigurosos para la habilitación y funcionamiento de programas académicos.

El titular del MEC destacó además la implementación del Registro Único del Estudiante de Educación Superior, una herramienta que permite contar con información detallada sobre toda la trayectoria académica de los estudiantes desde el año 2024.

Explicó que este sistema registra datos sobre matrículas, asignaturas cursadas, docentes y evaluaciones, fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad y control dentro del sistema universitario.

Según indicó, esta herramienta permitirá prevenir irregularidades, mejorar los procesos de verificación y generar información más detallada para la toma de decisiones.

Asimismo, explicó que las medidas adoptadas forman parte de un amplio proceso orientado a consolidar un sistema universitario con reglas claras, mecanismos de supervisión efectivos y mayores garantías para estudiantes y profesionales.

Destacó el trabajo coordinado entre el MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y el Ministerio Público.

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